miércoles, 29 de diciembre de 2010

EL JUEZ DEL "CASO GÜRTEL" INVESTIGA ADJUDICACIONES DEL GOBIERNO DE AZNAR

Pedreira reclama expedientes de 2002 del Ministerio de Economía y el ICO

TONO CALLEJA - Madrid

La investigación del caso Gürtel , la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de Economía y Hacienda ; al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a Red Eléctrica Española relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Logroño , Zaragoza y Ador (Valencia) y la Junta de Castilla y León .

"Las gestiones ante el FAD tuvieron su efecto. Crédito aprobado por 27 M"

Las pesquisas se amplían a los municipios de Soria, Zaragoza y Ador

El juez ha decidido iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la policía basado en documentos incautados a la red Gürtel que probaban como Correa medió en la búsqueda de negocios para una empresa con los ministerios de Economía y Medio Ambiente.

La red Gürtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca , especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial.

El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca.

Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.

Diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%.

Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador.

Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".

La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.

Más información:

FABRA SE LIBRA DE CUATRO DELITOS FISCALES AL QUEDAR PRESCRITOS

El líder del PP de Castellón está imputado por fraude a Hacienda en 1999, pero no de 2000 a 2003. Continúa con cargos por tráfico de influencias y cohecho

BELÉN TOLEDO VALENCIA

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, quedó ayer libre de cuatro de los siete delitos que pesaban sobre él. En un auto, la Audiencia Provincial considera que debe ser juzgado por presunto tráfico de influencias y también por el supuesto fraude fiscal cometido en 1999. También pudo haber cometido, aunque se formulan algunas reservas, un delito de cohecho. Sin embargo, el tribunal eliminó de la lista de imputaciones cuatro supuestos fraudes fiscales, uno por cada ejercicio desde 2000 a 2003.

El argumento de los magistrados para dar carpetazo a esos cuatro delitos es que han prescrito. El auto no niega en ningún momento las irregularidades halladas en las cuentas de Carlos Fabra, recogidas en un informe incorporado a la causa y elaborado por peritos judiciales, que durante cuatro años rastrearon sus movimientos bancarios. Esa investigación concluyó que el jefe del PP castellonense tuvo entre 1999 y 2004 dos millones de euros de ingresos sin declarar. La cifra asciende a los tres millones y medio si se le añaden las sumas recibidas por su entonces esposa, María Amparo Fernández.

La fiscalía recurrirá la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Supremo

La Audiencia fundamenta su decisión en que no ha habido una imputación formal referente a los cuatro delitos fiscales de los años que van desde 2000 a 2003, de forma que el derecho a la defensa y a la "seguridad jurídica" del acusado no quedan garantizados si ahora se le juzga por esos cargos. El tribunal recuerda que la Agencia Tributaria sí denunció a Fabra por el fraude presuntamente cometido en el año 1999, de forma que la cuenta atrás de la prescripción quedó interrumpida. Pero no sucedió así respecto a los supuestos fraudes de los ejercicios siguientes.

Los argumentos
Según el auto, no basta con la instrucción que el Juzgado número 1 de Nules tiene abierta desde 2004, en la que se investiga a Fabra por delitos contra la Administración Pública. Tampoco es suficiente, según los magistrados, un auto que la propia Audiencia emitió en 2006 para ordenar a los peritos judiciales que investigaran el incremento patrimonial de la familia Fabra y su "incidencia fiscal". Lo que tenía que haber pasado, según el tribunal, es que estos peritos hubieran acabado antes su trabajo, de forma que diera tiempo a formular las imputaciones antes de que prescribieran los delitos. Algo que "de forma sorprendente", indica el auto, "no se ha hecho por el retraso del dictamen".

Los Fabra ingresaron en cinco años 3,5 millones de euros no declarados

Carlos Fabra sí será juzgado, en cambio, por tráfico de influencias, además de por el presunto delito de fraude fiscal cometido en 1999. El auto detalla cómo el dirigente conservador mantuvo varias reuniones en Madrid con funcionarios y altos cargos del Gobierno de José María Aznar entre los que se encontraba el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posadas, o Juan Costa, secretario de Hacienda, además de senadores y diputados, para conseguir que fitosanitarios comercializados por un amigo suyo salieran al mercado, a pesar de que su tramitación llevaba años atascada.

Fabra justificó su interés en que la aprobación del producto era "beneficioso para el sector fitosanitario en la provincia", pero la Audiencia rechaza esta explicación. Además, el auto recuerda que el político castellonense compartió la titularidad de empresas con el fabricante del plaguicida en cuestión. Como indicio clave, el auto constata que el fitosanitario fue súbitamente aprobado sólo tres meses después de las reuniones mantenidas en Madrid.

La Audiencia también dedica un largo razonamiento al delito de cohecho, por el que Fabra es investigado desde hace seis años. Los magistrados consideran que un político comete cohecho sólo cuando cobra o recibe regalos por hacer algo que está dentro de sus funciones. Pero las gestiones que Fabra hizo para conseguir que el fitosanitario de su amigo y socio recibiera el visto bueno del Gobierno no se debieron al poder que le otorga su cargo. Su actuación, dice el tribunal, "pudiera considerarse tráfico de influencias", pero no cohecho. A pesar de llegar a esta conclusión, la Audiencia no declara sobreseído el presunto delito, por lo que, según fuentes jurídicas consultadas, la imputación sigue vigente.

El auto no rebate los informes de los peritos que prueban las ilegalidades

La fiscalía anunció ayer que recurrirá el auto ante el Tribunal Supremo, informa Europa Press. También recurrirá la acusación popular, ejercida por la Unión de Consumidores de España (UCE).

Este será el último trámite de una instrucción que tramita el Juzgado número 1 de Nules y que dura ya seis años. Por ella han desfilado ocho jueces y cuatro fiscales.



FABRA SE JACTA DE ESTAR "ABSUELTO" PORQUE EL JUEZ NO HIZO "LOS DEBERES"

"No me van a poder juzgar", reta el líder del PP de Castellón, imputado por delito fiscal y tráfico de influencias

BELÉN TOLEDO VALENCIA

Carlos Fabra ha vuelto a hacer gala de su peculiar visión de la Justicia al afirmar que el sobreseimiento de un delito por prescripción equivale a la absolución dictada por un juez. El presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial aplicó esta doctrina a su propio caso, después de que la Audiencia Provincial, en un auto conocido el lunes, declarara prescritas cuatro de las siete imputaciones que recaían sobre él. "Me han archivado y eso equivale a la absolución, ¿y por qué?", se preguntó a sí mismo ayer, en una triunfal rueda de prensa, para a continuación aportar un argumento que no puede ser más contundente: "Pues porque no me van a poder juzgar de nada".

El hecho es que, de momento, y si el recurso al Tribunal Supremo que la fiscalía ya ha anunciado no cambia las cosas, entre retrasos y olvidos, y entre los continuos cambios que ha sufrido el caso en el juzgado de Nules (ocho jueces y cuatro fiscales), Fabra se ha librado de cuatro imputaciones. Una circunstancia por la que ayer mostró su alegría: "Tanto el juzgado de Nules, con sus diferentes pasos de juez, como la fiscalía, no han hecho los deberes como deberían y han dejado pasar un tiempo para que esto prescribiera, y ha prescrito", se jactó.

Califica su proceso penal de "sainete" mediático diseñado por Anticorrupción

En en este sentido, el líder del PP de Castellón señaló que durante todo este tiempo ha sufrido "una persecución política y fiscal por encima de lo que una persona humana podría soportar", de la que culpó, como también viene siendo habitual, a sus adversarios políticos y a los medios de comunicación críticos con su gestión. "Lo que pasa es que algunos miembros de la oposición y algunos medios han montado un sainete sobre lo que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción y sus peritos", dijo.

Fabra mostró su "satisfacción" por el aligeramiento de su lista de imputaciones. Desde hace siete años, el político está inmerso en una investigación por cohecho, tráfico de influencias y cinco delitos fiscales (uno por cada año desde 1999 a 2003). El auto de la Audiencia declaró prescritos cuatro de los cinco últimos. El argumento del tribunal es que, si bien el fraude fiscal fue investigado y reflejado en un informe judicial por orden de la propia Audiencia, sólo hubo una denuncia formal en la presunta evasión fiscal, la correspondiente al ejercicio de 1999. Pero nadie, ni la Agencia Tributaria ni el juez instructor, formuló un "acto de interposición judicial", es decir, una comunicación oficial de la imputación que asegurara el derecho a la defensa del imputado.

La Audiencia culpa a los peritos que investigaron al presidente provincial de tardar demasiado en hacer su trabajo. Durante cuatro años, repasaron las cuentas de Fabra y su ex esposa, para llegar a la conclusión de que, en el periodo que va desde 1999 y 2004, tuvieron más de tres millones y medio de euros en ingresos no declarados. Pero, para cuando terminaron su investigación, a mediados de este año, los delitos, según la Audiencia, ya habían prescrito. Al tribunal no le vale la justificación del juez instructor, que afirma que basta con la autorización del inicio de la investigación para que el imputado se dé por enterado.

Reclama dinero a Hacienda

Añade que es Hacienda, la que le adeuda "alguna peseta"
En su comparecencia, el dirigente conservador hizo incluso reproches directos a periodistas presentes en la sala y se resistió a contestar a sus preguntas: "Yo donde tenía que dar las explicaciones, ya las he dado, en el juzgado", afirmó. El político conservador se mostró animado respecto a las imputaciones que le quedan y aseguró que en su declaración de la renta de 1999 "no existe ningún delito". En ese sentido, detalló que ha elaborado una "hoja de cálculo" con sus movimientos bancarios de cada día y cada banco para así justificar que no sólo no le debe nada a Hacienda, sino que "en principio", cree que le "tendría que devolver alguna peseta".

Fabra se lamentó de que ninguno de los líderes de la oposición le haya llamado para pedirle perdón después del auto del lunes, y que tampoco lo hicieran cuando fue absuelto de otro delito por el que fue investigado, el referido a falsificación de documentos. Además, el dirigente pretendió equiparar su caso al de Ángel Luna, portavoz socialista en les Corts, que después de meses pidiendo explicaciones al PP por el caso Gürtel, fue súbitamente acusado por los conservadores por un presunto cohecho por haber permitido que un constructor le pagara una reforma de 4.000 euros en su casa hace 13 años. El juez archivó la querella porque, en el caso de que hubiera habido delito, ya habría prescrito. "Si [la prescripción] vale para el señor Luna, digo yo que también valdrá para el señor Fabra, ¿no?", señaló el líder del PP castellonense.
 
El PP avala su candidatura
El dirigente conservador, entre aplausos de varios representantes del PP provincial, apeló a sus resultados en las elecciones para demostrar que la ciudadanía le apoya y que no da crédito a las sospechas de corrupción que pesan sobre él: "Llevo 16 años de presidente de la Diputación por mayoría absoluta y al término de la legislatura tendremos uno o dos diputados más, superaremos el 54 %", pronosticó.

Arenas sostiene que no habría obstáculos para que repitiera como candidato

La prescripción de cuatro de las siete imputaciones que pesan sobre Fabra animó al responsable de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, a proclamar que su partido no ve ningún "inconveniente" para que repita como candidato en Castellón. "Yo me alegro personalmente", reaccionó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Mientras, el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll -imputado en el caso Brugal por cohecho y fraude fiscal, entre otros delitos- instó "a los que han atacado a Fabra" a "pedir perdón y a disculparse" por la "persecución" a la que, a su juicio, someten a Fabra.

Desde el PSOE, la portavoz del comité electoral, Elena Valenciano, recordó que el presidente de la Diputación de Castellón sigue imputado por "gravísimos delitos" como fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, "los más graves a los que se puede enfrentar un servidor público". "El PP siempre encuentra razones para defender a Fabra que deberían conocer los ciudadanos de Castellón", denunció Valenciano. El coordinador federal de IU, Cayo Lara, calificó de "frustrante para la democracia la lentitud de la Justicia" en el caso Fabra.


CARLOS FABRA COMPARA PRESCRIPCIÓN CON ABSOLUCIÓN

La Audiencia de Castellón dictó el sobreseimiento libre de cuatro de los cinco delitos fiscales de los que estaba acusado.- Arenas y Aguirre defienden al presidente de la diputación

EFE - Castellón

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha dicho hoy que el archivo por parte de la Audiencia Provincial de cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se le acusaba por haber prescrito "es tanto como la absolución".

Asimismo, el también presidente del PP en la provincia de Castellón ha acusado al juzgado de Nules y a la Fiscalía de no haber hecho "los deberes cuando deberían haberlos hecho" porque, ha dicho, "han dejado pasar el tiempo para que esto prescribiera".

En rueda de prensa tras la celebración del pleno de presupuestos de la institución provincial, Fabra ha dicho sentirse "cómodo" y "satisfecho" tras el auto de la Audiencia que sobresee cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se le acusaba -cometidos entre 2000 y 2003- al considerarlos prescritos y que ordena continuar la causa por tráfico de influencias, y ha asegurado que demostrará que en el IRPF de 1999 "no existe ningún delito".

También se ha referido a la decisión de la Audiencia de Castellón el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, que ha asegurado en una entrevista en la cadena Ser que no ve ningún inconveniente en que Fabra trate de revalidar su puesto en las elecciones de mayo. El también vicesecretario general del PP ha respaldado asimismo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado en el TSJ de su comunidad por cohecho, encabece la lista al Parlamento autonómico en los mismos comicios.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha confesado hoy que "se alegra personalmente" del sobreseimiento de la causa contra Fabra. "El juez le ha exonerado", ha asegurado en una rueda de prensa, y ha añadido a continuación: "Yo me alegro personalmente".

Más información:
    * Personaje: Carlos Fabra Carreras
    * Fotografía: Carlos Fabra valora el sobreseimiento libre de cuatro de sus cinco causas