"CASO MERCASEVILLA"; EL EX CONSEJERO DE EMPLEO NIEGA QUE LA SUBVENCIÓN FUERA PARA LOS EMPRESARIOS DE LA RAZA

Fueron los que denunciaron el cobro de comisiones
El ex consejero de Empleo niega que la subvención fuera para los empresarios de La Raza

* Antonio Fernández ha declarado como testigo por el cobro de comisiones ilegales
* Asegura que los 900.000 euros se iban a destinar a la Fundación Mercasevilla
* El ex consejero 'siempre creyó' que los empresarios eran asesores técnicos

Europa Press | Sevilla

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha testificado este lunes ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya, que el ex sindicalista jiennense Juan Lanzas "no tuvo papel ninguno" en la subvención excepcional concedida por su departamento a la Fundación Socioasistencial del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, para la creación de una escuela de hostelería.

Igualmente, ha defendido que "no tiene sentido" que los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce reclamasen supuestamente comisiones ilegales por la concesión de este proyecto al grupo hostelero 'La Raza', dado que el destinatario de la subvención era la propia fundación y no el grupo empresarial.

Fernández ha prestado declaración en calidad de testigo ante la juez Mercedes Alaya durante algo más de dos horas, tiempo en el que, según el acta de declaraciones, su comparecencia se ha centrado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta del posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce sobre dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza'. Al término de su comparecencia, el ex consejero de empleo ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación y tan solo ha manifestado sentirse "contentísimo" por haber comparecido ante al juez.

Por su parte, el abogado defensor del ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, imputado en estas diligencias a cuenta de la alusión a él que contiene la grabación sonora que reveló el caso, ha defendido a las puertas de los juzgados que la declaración del ex consejero de Empleo ha sido "enormemente clara y objetiva, muy típico de un político tan avezado como es el señor Fernández".

Sesión 'esclarecedora'
Así, Francisco Baena Bocanegra ha destacado que "fundamentalmente, lo que ha venido es a clarificar todo el sistema de subvenciones por el que discurre formalmente este tipo de subvenciones excepcionales" y ha insistido en que se ha tratado de "una sesión muy tranquila y enriquecedora para el esclarecimiento de la verdad".

De cualquier forma, y según el acta de declaración, la comparecencia de Antonio Fernández ha estado centrada en los 450.000 euros supuestamente reclamados por Mellet y Ponce a dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza' a cambio de la concesión de un proyecto de escuela de hostelería subvencionado por la Consejería de Empleo, extremo investigado por la citada instancia judicial en unas diligencias en las que figuran como imputados ambos ex directivos, Antonio Rivas y la funcionaria Regla Pereira.

Durante su comparecencia, Antonio Fernández ha reconocido que por motivos de su antiguo cargo, conoce al ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, apuntado por el PP como posible mediador o "conseguidor" de subvenciones autonómicas y familiar del titular de la empresa jiennense que prestó labores de asesoramiento en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Mercasevilla, un procedimiento también investigado por la juez Mercedes Alaya en otras diligencias.

No obstante, y ante a las tesis de los empresarios del grupo hostelero, Antonio Fernández ha declarado que desconoce si el ex sindicalista asistió a algún encuentro con los cargos de su departamento en cuanto a la promoción de ayudas como la acordada para esta escuela de hostelería, pero sí ha defendido que "nunca podría asistir a las reuniones como asesor, nunca en esa calidad".
 

Dinero para formar mano de obra
A tal efecto, ha defendido que Juan Lanzas "no tuvo papel ninguno en la tramitación de la subvención excepcional" resuelta por la Consejería de Empleo para la escuela de hostelería en cuestión, un proyecto que, según ha declarado, surgió a iniciativa de la Federación provincial de Hostelería y del propio Antonio Rivas al objeto de formar a "mano de obra especializada" para este sector.

Igualmente, ha señalado Fernández que no le consta que Lanzas "haya intervenido como negociador en ningún expediente de concesión de subvención excepcional ni en ningún expediente de regulación de empleo. Sí ha admitido que "coincidió" con Lanzas en lo que refiere al "expediente" correspondiente a la empresa jiennense Cárnicas Molina, perteneciente al grupo Primayor Andalucía.

Además, Antonio Fernández ha defendido que la destinataria de esta subvención excepcional librada por la Consejería de Empleo para esta escuela de hostelería en cuestión era la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, porque de la documentación expuesta por la representación jurídica del PP en su papel de acusación, "no se desprende que la explotadora de la escuela de hostelería iba a ser el grupo 'La Raza'. Lo único que consta es que las instalaciones donde se iba a ubicar habían sido cedidas por 'Restauraciones Alazar S.L.'.

A tal efecto, ha defendido que "nunca se le dijo que fuera el grupo 'La Raza' la entidad que iba a explotar la escuela de hostelería, sino la propia fundación. Al hilo, ha atribuido al grupo empresarial el papel de "asesor técnico" en el proyecto porque alega desconocer "los acuerdos privados que pudieran existir entre la fundación, la Federación de Empresarios de Hostelería y el grupo 'La Raza'.

Comisiones ilegales 'sin sentido'
Bajo la premisa de que la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla era la destinataria final y única de esta subvención excepcional, Antonio Fernández ha defendido que "no tiene sentido" que en torno al cobro de la ayuda fuera orquestada una petición de comisiones ilegales.

Antonio Fernández ha corroborado también al ex director general de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes Doblado, porque éste último, desde el citado cargo, "nunca puede comprometer la cantidad de 900.000 euros" para una ayuda como la aplicada al proyecto de la escuela de hostelería, competencia que según ha defendido corresponde al propio consejero de Empleo. En ese sentido, señala que lo que Fuentes Doblado hizo fue "proponer" esta cantidad en base a una "estimación del gasto" de la mencionada iniciativa.

elmundo.es

"CASO MALAYA"; EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN DICE QUE ROCA BLANQUEÓ EN EL "PELOTAZO" DE CRUCERO MANÚS 1,6 MILLONES

* "Hay una verdadera organización dedicada a ocultar sus bienes", dice el fiscal

José Carlos Villanueva | Málaga

El fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha concretado este lunes, durante el juicio oral por el caso 'Malaya', que el principal acusado, Juan Antonio Roca, blanqueó 1,6 millones de euros. Se trata sólo de la cifra que el Ministerio Público atribuye al 'pelotazo' de Crucero Banús, el primero de los bloques del macrosumario que se está enjuiciando actualmente.

La intervención del acusador público se ha producido a petición del presidente del tribunal, José Godino, después de que a lo largo de la sesión los abogados defensores trataran de cuantificar el volumen de lo blanqueado, mediante sus preguntas dirigidas a los agentes policiales de la Udyco que han testificado.

"Podemos afirmar que hay una verdadera organización dedicada a ocultar los bienes de Roca en determinadas inversiones", ha denunciado López Caballero durante su exposición para referirse al ex asesor urbanístico y los numerosos testaferros de éste.

No menos relevante es la afirmación del mencionado fiscal sobre que a Roca, en su condición de ex cargo municipal, se le imputa blanqueo de capitales porque -sostiene López Caballero- "realizó inversiones que no se corresponden con la fuente lícita de las ganancias que se le suponen", en referencia a sus ingresos como gerente de Urbanismo en Marbella.

Para el fiscal del caso "hay una verdadera operación en común" para el blanqueo de capitales, dentro de toda la macrocausa de 'Malaya', que tiene uno de sus episodios en la pieza que se juzga estos días sobre Crucero Banús.

Como ya es sabido Roca, el ex primer teniente de alcalde del GIL Pedro Roman, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito compraron una parcela en 2001, por 4,3 millones de euros. Meses después, ya en 2002- ya recalificada de uso comercial a apartamentos en ocho plantas, locales y garajes- la vendieron por 10,3, con lo que la plusvalía fue de 6,3 millones.

Dinero de procedencia 'opaca'
Durante su declaración, al comienzo del juicio, Roca aseguró que la inversión que llevó a cabo en la compraventa de dicha parcela, a través de la sociedad suiza Lispag A.G. y una fundación en Liechtnstein, la hizo mediante "dinero de procedencia opaca", que no declaró al fisco español. De ahí, según dijo, la causa de no tributar tampoco por el beneficio obtenido en la compraventa de Crucero Banús.

El fiscal sitúa al abogado Hoffman como "integrante" de la estructura de blanqueo de Roca. No en vano el ex juez instructor, Miguel Ángel Torres, le calificó como "testaferro internacional" del ex asesor urbanístico. A Hoffman se le imputa haber blanqueado 2 millones de euros en dicha operación y 22 millones en el global del macrosumario de la trama de corrupción municipal marbellí.

Uno de los agentes de Udyco que ha declarado sitúa las aportaciones de Pedro Román y Roca, en la inversión inmobiliaria, como de "procedencia ilícita". Al ser preguntado por el origen del dinero se ha basado en "el convencimiento de que provenía de un delito de cohecho", en forma de sobornos recibidos, principalmente, por el ex asesor.

Por su parte, el abogado de la Junta de Andalucía ha aclarado, a petición del tribunal, que el Ejecutivo autonómico acusa también de blanqueo al promotor José Ávila Rojas, comprador de la parcela de Crucero Banús, "porque era consciente de que las participaciones que compraba eran fruto de delitos cometidos por el resto de acusados".

El abogado defensor de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha insistido con sus preguntas en tratar de demostrar que Roca, entre 2000 y 2001, "no estaba incurso en actos de corrupción". Con tal argumento pretende ahondar en la tesis de que su cliente no tenía por qué desconfiar del que se convirtió en su socio inmobiliario.

Vázquez obvia, entre otros, el caso 'Saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999, en el que Roca aparecía junto a Jesús Gil como responsable del desvío de más de 4.400 millones de las antiguas pesetas de los fondos municipales a cuentas privadas. Ello ocasionó un gran escándalo con repercusión nacional y Anticorrupción abrió diligencias. Actualmente, el principal acusado en 'Malaya' cumple condena firme de seis años de prisión, precisamente por el asunto que destapó este periódico.

elmundo.es

"OPERACIÓN ORQUESTA"; TRASLADAN A DEPENDENCIAS POLICIALES A LOS DETENIDOS EN LA COSTA DA MORTE

A CORUÑA

    * Los alcaldes pasarán la noche en dependencias policiales en A Coruña
    * La Policía sacó diversas cajas de documentación de los consistorios
    * El juez de Corcubión inspeccionó el coche y la vivienda del alcalde de Cee
    * Detenidos varios empresarios; el juez acude a la sede de la constructora

Europa Press | Cee (A Coruña)

Los detenidos en el marco de la denominada 'Operación Orquesta' pasarán la noche en dependencias policiales en la ciudad de A Coruña, mientras prosiguen las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Corcubión.

Los alcaldes de Cee, Mazaricos y Fisterra (A Coruña) fueron detenidos este lunes, junto a otros dos ediles de este último municipio y tres empresarios de la zona por supuesta corrupción en la adjudicación de obras, por lo que se les imputan delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsificación en documento.

A las dependencias policiales ya han sido trasladados algunos de los detenidos, mientras que el juez Andrés Lago Louro y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) proseguían a las 20.00 horas del lunes con el registro de la sede de la empresa Ogando, ubicada en la parroquia de Senande, en el municipio coruñés de Muxía. En el registro de este inmueble, en cuya planta inferior tiene la sede la constructora y en la superior es vivienda familiar, estaban presentes el responsable de la firma, D. Ogando, y su hijo, que también trabaja para la empresa familiar.

Los detenidos son el alcalde de Cee, Ramón Ramiro Vigo, que representa a un partido independiente que cuenta con dos concejales -después de que otro se haya pasado al grupo de los no adscritos- y que gobierna en coalición con el PSdeG.

También fueron detenidos el alcalde de Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro, del PP, así como su compañero de partido y regidor de Fisterra, José Manuel Traba Fernández, junto a dos concejales del equipo de gobierno de este ayuntamiento.

Los tres empresarios arrestados son el dueño de la constructora D. Ogando -que desarrolla obras para ayuntamientos de la Costa da Morte- y su hijo, así como un promotor de espectáculos, J.L., que, según fuentes consultadas por Europa Press, se dedica a contratar orquestas para eventos y también a la compra y venta de terrenos.
 

Abundante documentación
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han indicado que las diligencias ordenadas por el titular del juzgado número dos de Corcubión podrían haber derivado de escuchas telefónicas iniciadas a raíz de otra causa y han confirmado que la documentación incautada en los registros de este lunes es abundante y ahora se iniciará su análisis en profundidad para determinar si ha existido algún posible cobro de comisiones irregulares. Además, han apuntado que la investigación, sobre la que se ha decretado el secreto de sumario, arrancó hace "más de un año".

La UDEF desplegó este lunes un amplio dispositivo que llevó furgones policiales a las casas consistoriales de Cee, Fisterra y Mazaricos, así como a la sede de la referida constructora de Muxía. En total se realizaron ocho registros en los mencionados ayuntamientos y en domicilios de los implicados.

El operativo arrancó a primera hora de la mañana, de forma que los agentes de la Policía Nacional identificaron en los tres consistorios a todos los funcionarios y empleados e impidieron el acceso de ciudadanos ajenos a las dependencias municipales. Tanto la documentación material incautada en los diversos registros como aquella que se pudo extraer de ordenadores es abundante.

Empresa familiar
D. Ogando es una empresa familiar dedicada a la construcción y que es muy conocida en la zona de la Costa da Morte porque su dueño lleva "toda vida" en el negocio. Según las fuentes consultadas, no es extraño que desarrolle obra pública para ayuntamientos de la zona.

Al respecto, la teniente de alcalde de Cee (A Coruña), la socialista Amancia Trillo, ha declarado a Europa Press que no tiene constancia de "ninguna actuación irregular" en su municipio por parte de la empresa Construcciones D.Ogando, ubicada en Muxía (A Coruña), con la que tiene contratada la obra de la Casa de la Cultura.

Trillo explicó que la constructora de Muxía está realizando "la última fase de la Casa de la Cultura", que está a punto de terminar. Además, ha señalado que esta constructora ha realizado anteriormente obras en el campo de fútbol de Cee y también ha llevado a cabo actuaciones para otros municipios de la zona.

No obstante, ha incidido en que no le consta que haya realizado actuaciones irregulares. "No temo nada porque no hay nada irregular", ha afirmado, al tiempo que ha trasladado su colaboración "en lo que haga falta" en el marco de la investigación.
 

El alcalde de Muxía, 'impactado'
Por su parte, el alcalde de Muxía, Félix Porto, ha asegurado a Europa Press que se encuentra "impactado" por la noticia de las detenciones. Asimismo, ha afirmado que le constaba que la empresa investigada "trabajaba mucho" para el ayuntamiento de Fisterra y que, a raíz de la operación desarrollada este lunes se enteró de que también lo hacía para el Consistorio de Cee, pero que desconoce la relación con el de Mazaricos.

Porto señaló que su relación con los tres alcaldes detenidos es "humanamente excepcional" y manifestó su "respeto institucional" hacia ambos. "Ni en un mal sueño pensaría esto", ha declarado.

El enorme despliegue policial, que llevó hasta seis furgones policiales por ejemplo a Cee, generó una gran expectación entre los vecinos, que a lo largo de la jornada se acercaron hasta las inmediaciones de la Casa Consistorial, donde se apostaron también un nutrido grupo de medios de comunicación.

Además
    * Operación anticorrupción en la Costa da Morte

elmundo.es

"OPERACIÓN ORQUESTA"; DETENIDOS TRES ALCALDES DE LA COSTA DA MORTE EN UNA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN

A CORUÑA

    * Son los regidores de las localidades de Cee, Fisterra y Mazaricos
    * También han sido arrestados dos concejales y tres industriales de la zona
    * Están acusados de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho
    * El juzgado de Corcubión ha intervenido los ayuntamientos y registra las sedes

Marcos Nebreda | A Coruña

Al menos ocho personas han sido detenidas en el marco de la 'operación Orquesta', que la Audiencia Nacional desarrolla en varios ayuntamientos de la coruñesa Costa da Morte. La Policía no descarta que se puedan producir nuevas detenciones en las próximas horas.

Entre los arrestados figura el alcalde y dos concejales de Finisterre, el alcalde de Cee y el alcalde de Mazaricos, así como tres industriales de la zona. Se les acusa de delitos contra la Administración Pública, tales como tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, así como de falsificación en documento.

Desde primera hora del lunes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desplazó a los ayuntamientos para llevar a cabo registros, que en total han sido ocho, en los tres consistorios y en varios domicilios. La orden de intervención fue dada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión.

Según fuentes consultadas por ELMUNDO.es, el detenido alcalde de Cee, Ramón Vigo, se encuentra en estos momentos en dependencias del ayuntamiento junto al juez de Corcubión. Les acompañan además la secretaria, la interventora municipal y dos administrativos. A las puertas de la sede consistorial se encuentran también cuatro furgones de la UIP (Unidad de Intervención Policia) así como dos agentes, que han impedido la entrada a los funcionarios.

Las mismas fuentes aseguran que se lleva más de un año trabajando en esta investigación que ahora comienza a ser visible con el operativo de detenciones. Sobre la operación se ha decretado el secreto del sumario.
 

Registros en ayuntamientos y domicilios
Por su parte, fuentes municipales señalaron que en Fisterra al menos 15 agentes se presentaron en varios furgones y tomaron el control del edificio. Algunos entraron para llevar a cabo los registros mientras que otros permanecieron fuera, para restringir el acceso. También en el Ayuntamiento de Mazaricos fuentes municipales corroboraron que 10 o 12 agentes acudieron al edificio, donde procedieron a un registro. En estos momentos, el alcalde también está reunido con los agentes judiciales, informa Adriana Blanco.

El alcalde de Cee es el independiente Ramón Ramiro Vigo, que cuenta con dos concejales desde que un tercero se pasó al grupo de los no adscritos y gobierna en coalición con el PSdeG desde el inicio de la presente legislatura municipal. Es candidato a las próximas municipales. Mazaricos y Fisterra están en manos de los 'populares' José Manuel Santos Maneiro y José Manuel Traba respectivamente.

Los registros en estas localidades coruñesas supuestamente estarían relacionados con la adjudicación de obras a la Constructora Ogando de Muxía (A Coruña), que se habría beneficiado de la adjudicación de obras en condiciones supuestamente irregulares.

La teniente de alcalde de Cee descarta cualquier actuación irregular
La primer teniente de alcalde de Cee, la socialista Amancia Trillo, ha afirmado que tiene "plena confianza" en el alcalde del municipio, Ramón Vigo, detenido por la Policía en el interior del consistorio.

La responsable socialista en Cee dice que se ha enterado "por los medios" y que se personó de inmediato en el ayuntamiento, al que ha intentado entrar varias veces sin éxito. Trillo descarta cualquier actuación irregular o sospechosa, y califica de "sorpresa total" la intervención de la Justicia.

En declaraciones a los periodistas que se agolpan a la puerta del consistorio, Trillo ha señalado que nadie le ha comentado oficialmente la causa que ha motivado esta intervención policial y ha indicado que ha preferido esperar en los aledaños del edificio "por si se requiere su colaboración".

En el interior del inmueble permanece el alcalde, el interventor, el tesorero y dos funcionarios, ha confirmado la vicealcaldesa.

elmundo.es

EL JUEZ ABRE JUICIO ORAL CONTRA BELLVER POR PREVARICACIÓN

El concejal de Urbanismo de Valencia está acusado de aprobar un aparcamiento bajo un jardín protegido sin el informe preceptivo de patrimonio.-La fiscalía pide ocho años y medio de inhabilitación 

 Valencia 

El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, del PP, está a un paso de sentarse en el banquillo. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, Josep Lluís Albiñana, ha acordado la apertura de juicio oral contra el edil por los supuestos delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa. Bellver está acusado de aprobar un aparcamiento bajo un jardín protegido sin el informe preceptivo de patrimonio. Por ello, la fiscalía de Valencia solicita para él ocho años y medio de inhabilitación para cargo público al considerar que concedió de forma ilegal la licencia de construcción del aparcamiento subterráneo que afecta al subsuelo de los Jardines de Monforte, un bien especialmente protegido. Para el ministerio público, el responsable de Urbanismo de Valencia sabía que tenía que pedir un informe sobre la actuación a la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Cultura, pero no lo hizo.

La misma pena pide la fiscalía para otros cuatro imputados a los que el juez también abre el juicio oral: Pedro García Rabasa, secretario del Ayuntamiento de Valencia; Juan Casañ, jefe de servicio de Circulación y Transporte; María José Gasull, arquitecto técnico y Juan Antonio Altés, jefe de servicio de Planeamiento.

Bellver firmó en 2004 el expediente que concedió la licencia para la construcción de un aparcamiento en las calles de Severo Ochoa y de Monforte. Adjudicó la obra a una empresa de Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal. El permiso se concedió sin tener en cuenta en la tramitación que los Jardines de Monforte gozan de una protección especial que se remota a la década de los cuarenta del siglo pasado. En su declaración ante el juez, Bellver aseguró que no sabía que debía pedir el informe de Patrimonio, y señaló como responsables a los técnicos.

El auto de apertura del juicio oral indica también que el Ayuntamiento de Valencia, de cuyo equipo de gobierno forma parte Bellver, puede personarse como parte perjudicada en el proceso. Ello es así porque de culminar el proceso con una sentencia condenatoria quedaría anulada la licencia que acordó el Consistorio. Contra el auto del juzgado cabe recurso.

Más información: Fiscalía acusa a Bellver por prevaricación y pide 8,5 años de inhabilitación

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elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; FLORS PIDE A LAS PARTES QUE PRESENTEN SUS CONCLUSIONES CONTRA CAMPS

Los escándalos que afectan al PP

El juez del TSJ decidirá después si abre juicio por los regalos de 'El Bigotes' a miembros del PP y de la Generalitat valenciana.- El presidente pide al fiscal que aplique "la doctrina Bono o la doctrina Chaves"
IGNACIO ZAFRA - Valencia

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia José Flors ha dado un plazo de cinco días a las acusaciones para que presenten sus conclusiones finales en el caso abierto contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres ex altos cargos del PP y del Gobierno regional por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al aceptar regalos de la trama Gürtel.

Una vez cubierto el plazo para las acusaciones (socialistas valencianos y fiscalía) dará el mismo tiempo a las defensas. A continuación, Flors decidirá si cierra el caso o abre juicio oral. En 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivó la causa aunque el Tribunal Supremo ordenó reabrirla meses después.

Poco después de conocer la noticia, el propio Camps ha pedido al fiscal que aplique "la doctrina Bono o la doctrina Chaves", en referencia a los casos abiertos contra el presidente del Congreso y el vicepresidente tercero del Gobierno y que han sido archivados. Así, ha dicho Camps, el fiscal evidenciará que no tiene "una doble vara de medir" en función de la militancia política de los implicados.

Tras criticar que "una vez más" se haya enterado de novedades judiciales en esta causa por los medios de comunicación, ha añadido que el fiscal tiene en su caso todas las "opciones favorables" para pedir el archivo. "Desde el mes de mayo las pruebas tanto testificales como documentales me han venido machaconamente dando la razón", ha apuntado.

El magistrado del TSJ rechazó recientemente la práctica de nuevas pruebas que habían pedido Camps, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Sobre todos ellos pesan las acusaciones de haber recibido regalos de la trama Gürtel.

Tras divulgarse la providencia de Flors, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, se ha mostrado convencido de que Camps se sentará en el banquillo de los acusados por el caso de los trajes, aunque no antes de las elecciones. A juicio de Luna, el magistrado "ha decidido dar un paso adelante en la instrucción del procedimiento" y "lo ha hecho un poco motivado por los intentos de dilatar el procedimiento que se estaban comenzando a observar en la defensa de Camps y los otros inculpados", algo que no es "nada nuevo". Según Luna, los populares se dedican a "presentar recursos, a enmarañarlos y en este caso, es evidente que Camps tiene mucho interés en que se alarguen todos los procesos para conseguir la nominación formal de su partido" a la presidencia de la Generalitat porque "aún no la tiene".

Para el portavoz socialista, las pruebas reunidas en la causa con "suficientemente contundentes" contra Camps y, a su juicio, no hay "ninguna duda" de que "acabará sentándose en el banquillo" aunque no sea antes de las elecciones. Luna ha defendido que esta situación inhabilita a Camps para ser candidato y que debería haber dejado la presidencia de la Generalitat "hace muchos meses".

A estas declaraciones ha respondido el diputado del PP en el Parlamento valenciano José Marí Olano, para quien no existen "pruebas de cargo" que justifiquen mantener abierta la causa contra el presidente de la Generalitat. El diputado ha insistido en que hay "pruebas de descargo" como los dos informes periciales que obran en la causa y "muchos" testimonios "contundentes" que justificarían que la fiscalía pidiera el archivo de la causa. Y en la misma línea de Camps, ha instado a la fiscalía a que demuestre "que actúa imparcialmente y con sujeción al principio de legalidad", ya que existe "acerbo probatorio" suficiente para el archivo.

Está pendiente, por otra parte, que el TSJ valenciano acepte o no el resto del caso que afecta a los dirigentes políticos valencianos, y que está relacionado con una presunta financiación ilegal, después de que el magistrado del TSJ de Madrid Antonio Pedreira se inhibiera y enviara el asunto a Valencia tras encontrar indicios de hasta siete delitos en la actuación de la cúpula del PP y de la Generalitat.

Más información: Personaje: Francisco Camps Ortiz Personaje: Ricardo Costa Climent Tema: Caso Gürtel

El 'caso Gürtel', paso a paso

Gráfico: La facturación de Orange Market y los regalos a altos cargos valencianos - 12-05-2010

 

elpaís.com

"CASO PONIENTE"; EMPRESA DEL EX INTERVENTOR EJIDENSE INGRESÓ 4,8 MILLONES EN SUPUESTAS COMISIONES", SEGÚN SUMARIO

José Alemán justifica ante la juez los "altos ingresos" de su sociedad y dice que eran para "ayudar a su familia" Los ingresos principales de Sistemas de Dirección SL provenían de las subcontratas de Elsur, propiedad de los principales empresarios imputados

ALMERÍA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sociedad 'Sistemas de Dirección SL', de la que es administrador único el ex interventor municipal de El Ejido (Almería) José Alemán, ingresó entre 2002 y 2007 al menos 4,8 millones de euros por supuestos servicios de asesoramiento de las empresas de los principales imputados en la presunta trama corrupta, que facturaban "importantes cantidades" al Ayuntamiento, vía directa, o indirectamente a través de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur).

   Así se recoge en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado contenido en las actuaciones de la causa que instruye el Juzgado número 2 de la capital, en el que se apunta, además, que no sería "aventurado" asegurar que Alemán "ha venido utilizando a sus amistades para facilitar la contratación" del Consistorio y Elsur "hacía las sociedades que son objeto de facturación por parte de Sistemas de Dirección SL".

   Alemán, a quien la Fiscalía señala en sus diligencias, a las que tuvo acceso Europa Press, como el "cabecilla" de la presunta trama, creó un 'modus operandi' para "cobrar comisiones" consistente en "encubrir mediante la facturación de servicios, presuntamente inexistentes, a todas aquellas sociedades que las pagan por favorecer, desde su puesto en el consejo de administración la contratación de aquellas con Elsur".

   Bajo el epígrafe "enriquecimiento del ex interventor municipal", la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada detalla que Sistemas de Dirección SL tuvo como principales clientes en el citado periodo, por una parte, a dos sociedades del denominado 'Grupo Galán', que encabeza el también imputado empresario madrileño, Juan Antonio Galán, y de las que ingresó un monto aproximado de 2,17 millones de euros.

   En concreto, el dinero provino de GP Santander y Multigestión Nuevo Ejido, que a su vez facturaban a las subcontratas "irregulares" de la empresa municipal Jardines del Alcor, Jardines del Poniente, y Lobelia Gestión, que en el mismo periodo facturaron a Elsur la cuantía de 27,4 millones de euros. Figura, asimismo, en las actuaciones que la sociedad de Alemán recibió otros 334.000 euros de la Sociedad de Aparcamientos y Señalización, también administrada por Galán.

   Hay que recordar que la investigación ha determinado que, supuestamente, los distintos clanes que formaban la trama y el Grupo Abengoa llegaron a constituir un "grupo criminal perfectamente estructurado" con la "finalidad" de "retraer dinero proveniente del Ayuntamiento de El Ejido "sirviéndose" de Elsur y articulando "una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar" a través de sociedades patrimoniales.

   Otro cliente principal de 'Sistemas de Dirección SL' es la empresa Contenedores Lirola, que le pagó por supuestos servicios de asesoramiento 1,8 millones de euros entre 2002 y 2007. Los tres propietarios de la empresa fueron detenidos en el mes de diciembre, dos meses después de la detención de 20 imputados, entre ellos el alcalde, Juan Enciso (PAL), y puestos en libertad tras el pago de fianzas individuales de 50.000 euros.

SERVICIOS "INEXISTENTES" Y FACTURAS "FALSAS"

   Las actuaciones subrayan el "alto costo" de los citados servicios, lo que añadido a la "escasez de personal, tanto en número de empleados como en cualificación de los mismos" lleva necesariamente a sostener a la instructora de la causa que tales servicios "no se prestan y que las facturas, en caso de haberlas, son notoriamente falsas, por ser inexistentes los mismos".

   Figura en la lista de ingresos de la sociedad del ex interventor municipal una mercantil bajo la denominación 'Colaboradora de Gestión y recaudación' que, según consta en el Registro Mercantil, tiene como objeto social "los cobros de deudas y confección de facturas". Factura casi exclusivamente al Consistorio ejidense y a Elsur y realizó pagos a Sistemas de Dirección SL por valor de más de 500.000 euros.

   En esta línea, las diligencias de investigación de la Fiscalía recogen que los fondos que recibió la sociedad de Alemán, a quien no le constan propiedades a su nombre y sobre el que se apunta una "disonancia" entre sus ingresos y los gastos que dispensa que atribuye al papel de "testaferro" de su mujer, Isabel Carrasco, fueron empleados en la adquisición de "numerosos inmuebles" y, en menor medida, a la compra de activos mobiliarios y vehículos.

   A la Agencia Tributaria le "llama la atención" pagos realizados a una agencia de viajes por valor de 177.000 y 29.000 euros o al hotel Ritz de Madrid por valor de 110.000 euros, que relaciona con la boda entre Alemán y Carrasco, también imputada, a la que acudieron como invitados algunos de los principales implicados en la presunta trama corrupta al tiempo que los enfrenta con unos ingresos declarados que en esos años no superaron los 97.000 euros anuales.  

   Concluye la Fiscalía que Sistemas de Dirección SL está compuesta por familiares y señala que la contratación de estas por parte de Alemán, quien encabeza unos de los seis clanes implicados en la presunta trama y permanece en libertad provisional tras el pago de una fianza de 600.000 euros, se debería, "además de a factores sentimentales, al ánimo de dotara la empresa de una apariencia de legalidad tendente a enmascarar una posible facturación irregular o ficticia".

   En su primera y única declaración ante la juez tras ser arrestado el 20 de octubre de 2009, el ex interventor municipal "insistió" en que las cantidades facturadas por su empresa a otras sociedades del "grupo Galán" son "cantidades normales que se corresponden con los servicios prestados y con la calidad y cantidad de los mismos. Al tiempo, justificó "los altos ingresos obtenidos" con la mercantil familiar en su intención de "ayudar a la familia y a su hermano".

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"CASO PONIENTE"; LA TRAMA DE EMPRESAS DE EL EJIDO FACTURÓ 93 MILLONES A ELSUR

La investigación ve un grupo estructurado para desviar dinero público a seis clanesALMERÍA

La presunta trama corrupta que investiga el «caso Poniente» facturó con subcontrataciones en su mayoría «irregulares» de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), en la que el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) tiene un 30 por ciento de participación y sustentada con dinero público, alrededor de 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007.

Según se recoge en las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, a las que tuvo acceso Europa Press, las entidades beneficiadas, administradas por los principales imputados a los que la instrucción divide en seis clanes y el Grupo Abengoa, obtuvieron unos «superbeneficios no justificados» de Elsur mediante «precios inflados» y una «sobrefacturación».

Entre los acreedores y proveedores de la empresa municipal, clave en la supuesta trama que mantuvo encarcelado durante ocho meses al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, destaca la presencia de Francisco José Aguilera, cuñado del regidor, quien facturó como persona física a Elsur en cuatro años un total de tres millones de euros, a los que hay que sumar 550. 000 euros facturados «directamente» al Ayuntamiento entre los años 2002 y 2005.

«Grupo Amate»

Sin embargo, tal y como se señala en el sumario sobre el que la jueza instructora alzó el secreto este lunes, la cuantía «más importante» de pagos recibidos corresponde a las seis sociedades que integran el denominado Grupo Amate, que encabeza el empresario sevillano José Amate, en prisión provisional tras el pago de una fianza de 600.000 euros y director económico de Elsur. Un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) señala a Amate como «individuo aglutinador» en torno a quien se gestó un «grupo criminal perfectamente estructurado» con la «finalidad» —sostiene— de retraer dinero proveniente del Ayuntamiento de El Ejido «sirviéndose» de la empresa municipal y articulando «una serie de artificios para encubrir el verdadero origen de los fondos e integrar dicho flujo monetario en su entorno familiar».

El «desvío patrimonial» desde las arcas municipales a Elsur, que tal y como subraya el fiscal está presidida por el regidor ejidense, y de ésta, vía canon que experimentó un incremento exponencial de 16,7 millones a 36,5 millones de euros entre 2002 y 2007, a las subcontratas implicadas en la trama, se hizo con una «facturación innecesaria» y usando métodos para «ennegrecer una gran cantidad de dinero y ocultarlo».

En el caso de Amate, las sociedades a través de las que actuó son Alseconsa Indalo SL, Jarbauros Obras y Servicios SL, Merfaoran Servicios SL, Carseal Servicios SL, Francenta Servicios SL y Mafran Obras y Servicios mientras que el denominado «grupo Galán», también principal en la presunta trama, habría facturado de Elsur a través de las empresas Lobelia Gestión, Jardines del Alcor y Jardines del Poniente un total de 27,4 millones de euros.

Por otra parte, el informe establece una «relación» entre la obtención por parte del alcalde, Juan Enciso (PAL), de un premio de cerca de 100.000 euros en un sorteo de la ONCE en 2004 y un posible blanqueo de capitales, al tiempo que califica este hecho como una «constante» en los imputados.

En los ingresos que percibió Enciso, imputado por la supuesta comisión de hasta cinco delitos, entre los años 2001 y 2007 destaca, entre los «tradicionales», la percepción de 99.000 euros por el sorteo de la ONCE que se celebró el 3 de marzo de 2004, una «constante», añade, en el grupo de personas investigadas en la causa. La Agencia Tributaria resalta en su informe, al que tuvo acceso Europa Press, que la «obtención de premios en juegos de azar está estrechamente relacionado con actividades de blanqueo de capitales».

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"CASO PONIENTE"; EL CUÑADO DE ENCISO CONSIGUIÓ MÁS DE TRES MILLONES Y MEDIO EN CONTRATOS DE ELSUR Y DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERÍA)

MIGUEL CÁRCELES Y JOSÉ MARÍA GRANADOS | ALMERÍA

La gestión económica de Elsur, la subcontratación de servicios a empresas «afines» al alcalde, Juan Enciso, y los pagos de algunas de las subcontratas investigadas a Sistemas de Dirección, una empresa del entonces interventor del Ayuntamiento de El Ejido, centran la mayor parte de los informes económicos que constan en las actuaciones judiciales incluidas en el sumario del Caso Poniente. Existen diversos informes de tributarios y de intervención de los técnicos ligados a Anticorrupción que resultan demoledores.

Un informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, fechado el 4 de noviembre de 2008 asegura que «las prácticas del Ayuntamiento [...] corroboradas por los numerosos datos que constan en la documentación analizada y en los proporcionados por la AEAT [Agencia Tributaria] se ponen de manifiesto variadas y graves irregularidades».

Por ejemplo, enumera el informe, «la forma de gestión desarrollada» en Elsur «deja en buena medida al arbitrio de los subcontratistas», y éstos se habrían centrado más «en la búsqueda de beneficios por cualquier medio, lícito o ilícito, que en el desempeño de los servicios». En el informe se habla de que el Ayuntamiento ha «favorecido» la subcontratación «sistemática» de los servicios adjudicados a Elsur «puesto que los beneficiarios principales han sido personas ligadas al propio Ayuntamiento o a su círculo de intereses». Y que, «a la vista del Ayuntamiento» se habría producido una «masiva cesión ilegal de trabajadores entre las subcontratas y la empresa adjudicataria Elsur sin que el Ayuntamiento lo haya impedido».

«El Ayuntamiento se ha dotado de un instrumento que amplía considerablemente el campo de actuación de los subcontratistas de su círculo de intereses», asevera el informe de los técnicos del Ministerio. Resume el documento que, de este modo, con Elsur, el Ayuntamiento «crea una empresa con minoría pública, lo que la exime de los procedimientos y controles públicos, manteniendo el control de la gestión». Y que dicha compañía –cuya propiedad comparte con Agua y Gestión de Servicios Ambientales, una empresa mayoritariamente participada por el Grupo Abengoa que ostenta el 70% del capital social– no tiene estructura para poder «ejercer los servicios y actividades asumidas». Por ello, subcontrata «incluso las prestaciones principales». Ylas empresas subcontratadas, al menos las que pertenecen a los tres grupos mayores beneficiarios –dice el informe– «se benefician de una gestión complaciente con sus intereses». Algo que les permite «una facturación sobrevalorada con servicios inexistentes o manipulados».

De la documentación analizada entonces por los técnicos de Hacienda, surgen «varias referencias a empresas pertenecientes o vinculadas, directa o indirectamente al alcalde o a otros cargos del Ayuntamiento». Por ejemplo, la de Francisco Javier Aguilera Callejón. «Es cuñado del alcalde», advierte de primeras el informe, que continúa alertando de que «ha realizado y facturado servicios para el Ayuntamiento y para Elsur». Concretamente, según la tabla reproducida en el informe, habría recibido 3.589.000 euros «redondeados» por servicios prestados, bien al Ayuntamiento, bien a Elsur, entre los años 2002 y 2007. Los servicios prestados por Aguilera a ambas entidades durante esos seis años «además de aumentar fuertemente, se han ido desplazando hacia Elsur, de forma que en 2006 ya no aparece facturación al Ayuntamiento», informa la Intervención General del Estado.

Sin embargo, advierten los técnicos de Hacienda que «las obras y servicios adjudicados lo han sido sin publicidad ni concurrencia, requisitos exigidos en toda contratación de las Administraciones Públicas». Y además, que se «ha fraccionado el gasto en pequeñas partidas», algo que les habría permitido «eludir buena parte del procedimiento de contratación». «El fraccionamiento está prohibido», sancionan los técnicos.

Además, también se habrían detectado otras irregularidades. «Se han incumplido en puntos esenciales el procedimiento establecido para la aprobación del gasto» y «los precios de los servicios prestados y las unidades de obra o servicios realizados son los que factura el contratista, que son admitidos sin contraste por la administración».

«Repartidor de negocio»
El documento elaborado por los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado, habla de que «en los datos analizados» predominan los pagos a las subcontratistas «lo que concuerda con el papel asignado a Elsur como intermediario repartidor del negocio que surge de la gestión de los servicios públicos y de las obras y servicios del Ayuntamiento». De este modo, relata que los principales grupos empresariales en torno a los que gira la investigación habrían facturado a Elsur más de 90 millones de euros entre los años 2002 y 2007. El que más, el que el informe denomina como «grupo Amate». Sus seis sociedades (Alseconsan Indalo, Jarbauros Servicios, Merfaoran Servicios, Mafran Obras y Servicios, Carseal Servicios y Fracenta Servicios)«han facturado a Elsur» durante el sexenio investigado «un total de 41,2 millones de euros». Le seguirían las empresas del «grupo Galán» (Jardines del Poniente, Jardines del Alcor y Lobelia Gestión), que según los técnicos del Ministerio habrían facturado a Elsur casi 27,4 millones entre 2002 y 2007.

Además de la facturación del cuñado del alcalde, Francisco Javier Aguilera –cifrada en Elsur en unos 3 millones de euros– también se agregan las empresas del «grupo Abengoa». «Ha facturado a través de 3 sociedades un total de 21,2 millones de euros» en los seis años analizados por el documento. «Los datos que constan en la documentación reflejan que no cobra dividendos, a los que tendría derecho como titular del 70% del capital». Así, los técnicos estatales plantean «como hipótesis» que «cabe sospechar que las cantidades cobradas por el grupo Abengoa podrán corresponder a una compensación por renunciar a la gestión de Elsur y al cobro del 70% de los beneficios».

Otro informe de esta misma unidad, en esta ocasión fechado dos meses después, en enero de 2009, habla de una sobrefacturación en las subcontratas de Elsur. «Si sumamos las cantidades que se recogen en nuestros informes [...] referidas a las subcontratas de los grupos Amate y Galán como pagos a patrimoniales, pagos a facturadores falsos y ‘moduleros’, podemos estimar en al menos 10.000.000 de euros el sobreprecio acumulado del canon», informan los técnicos del Ministerio de Hacienda en otro documento también incluido en el sumario del Caso Poniente.

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"OPERACIÓN PONIENTE"; LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO APUNTA A QUE ABENGOA "RENUNCIÓ A UNA GESTIÓN SOLVENTE " DE ELSUR

El enriquecimiento y despilfarro del ex interventor José Alemán y las tramas familiares ya aparecían en el informe de la Fiscalía y la justificación de la intervención de las llamadas telefónicas a los imputados

Los primeros datos recabados de la parte del sumario de la Operación que ha sido liberado por la la juez de instrucción 2 Monserrat Peña, no aportan novedades sobre lo ya publicado cuando fue levantado el secreto sobre las llamadas telefónicas intervenidas en este caso que suma 60 imputados, ente los que figuran el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, su interventor José Alemán, y sus familiares más directos, así como un grupo de empresarios y también sus familias.

Ahora vuelve a aparecer el informe policial en el que se relata qué fue encontrado en casa de Alemán tras un registro, como por ejemplo relojes por valor de medio millón de euros, o plumas estilográficas y joyas en general muy valiosas. Sí es novedad, por ejemplo, lo que dieron de sí otros registros en otras viviendas, y que dieron como resultado, por citar un detalle, que se localizara un broche de oro valorado en 45.000 euros.

Tampoco resulta novedoso que el entramado familiar y societario, que ya fue una de las peculiaridades de este caso en el que se imputan delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, falsedad documental, y malversación, se mezclen unas cosas y otras.

Los informes destacan por un lado a Enciso, estando imputada su esposa, hija y yerno; en el caso de Alemán, a su esposa se une también su propio hermano y su cuñada; José Amate también tiene imputada a su esposa e hijos, como le ocurre a Juan Galán, a los que hay que añadir los tres hermanos Lirola, y luego todo el entramado de Abengoa, la empresa que mediante Agua y Gestión, ostenta el 70% del accionariado de la empresa mixta de servicios municipales del Ayuntamiento de El Ejido Elsur, que es el eje de la investigación.

Sobre las sociedades constituidas entre unos y otros ya se conocían datos, y lo que revelan los primeros documentos de esta nueva parte del sumario conocida, es el modo en que actuaron en ellas, ya que aportan informes de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado, datos de Registro Mercantil, Catastro, bases de datos policiales y declaraciones de personas concretas.

La Intervención General de la Administración del Estado realizó una auditoriá de Elsur desde 2002 a 2007, y apunta a que el Grupo Abengoa podría estar en Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU y Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, y añade que de una auditoría se extrae que "Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU, accionista mayoritaria de Elsur, recibe negocio como subcontratistas de la propia Elsur mientras que la otra mercantil, Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, cobra de Elsur por los gastos de gestión del grupo"."Se confirma, así, que el grupo Abengoa ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y ha accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros", concluye este informe.

Como ejemplo pone que el negocio se ha "basado en el pago a otras empresas que prestan servicios, además de irregular, encarece la gestión con las comisiones y plusvalías de los intermediarios". Eso pudo encarecer el canon cobrado por Elsur hasta en 10 millones de euros.

Pero ese mismo informe tampoco deja en buen lugar al Ayuntamiento, de quien comenta que teniendo el 30% del accionariado, soportó situaciones perjudiciales para sus intereses. Uno de los motivos podría ser -según también señala- era esquivar la ley de Haciendas Locales en cuanto al tope de endeudamiento.

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"CASO PONIENTE"; LAS SUBCONTRATAS ENCARECIERON LOS SERVICIOS DE ELSUR EN "AL MENOS" 10 MILLONES DE EUROS

EL EJIDO

Un informe de la Intervención del Estado dicta que la gestión de Elsur «favoreció la ocultación de situaciones irregulares en el Ayuntamiento»

MIGUEL CÁRCELES Y JOSÉ MARÍA GRANADOS almeria@ideal.es | ALMERÍA.
  

Las decisiones tomadas en la gestión de la empresa Elsur habrían podido «favorecer la ocultación de situaciones irregulares en el Ayuntamiento además de beneficiar [...] a grupos y personas afines al alcalde». Así lo recoge un informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, un organismo dependiente de la Intervención del Estado y, a su vez, del Ministerio de Economía y Hacienda. Texto este incluido en las investigaciones del Caso Poniente. Un documento que incluye, como observación provisional que «el Ayuntamiento ha ocultado su situación real de endeudamiento a los efectos del cumplimiento de las normas que rigen las haciendas locales y, en especial, las presupuestarias».

En dicho informe, fechado en enero de 2009 -unos nueve meses antes de que se llevara a cabo la Operación Poniente que culminó con la detención, entre otros, del alcalde ejidense, Juan Enciso, así como del ex interventor municipal, José Alemán- analiza la documentación de las cuentas auditadas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido (Elsur) entre los años 2002 y 2007 que constan en el Registro Mercantil y el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre la compañía fechado en 2008. Teniendo en cuenta dichos números, la Intervención del Estado indica que, según sus evaluaciones indirectas, «el canon general» -principal ingreso de Elsur- «es suficiente para pagar magníficamente a los subcontratistas y, aún así, obtener beneficios». «Si sumamos las cantidades que se recogen en nuestros informes [...] referidas a las subcontratas de los grupos Amate y Galán como pagos a patrimoniales, pagos a facturadores falsos y 'moduleros', podemos estimar en al menos 10.000.000 de euros el sobreprecio acumulado del canon», indica el informe. Además, agrega que «esta cantidad podría incrementarse sustancialmente con otras (pagos cruzados, pagos simulados a otras del grupo o de grupos afines, gastos no imputables a la explotación, etc.) que, sin duda, ocultan beneficios de las subcontratistas». De este modo, una de las conclusiones del informe indica que el Ayuntamiento ha estado pagando a Elsur en el periodo analizado un canon general «sumamente excesivo» por los servicios encomendados.
 

Casi la mitad del gasto
En el estado de gastos, el epígrafe 'otros gastos externos' alcanza, según el informe, el 47%. «En él se registran principalmente los pagos a las subcontratas», indica el informe del Ministerio de Hacienda, que considera este bloque «desproporcionado» y que «obedece al tipo de gestión desarrollado, basado en el pago a otras empresas que prestan los servicios». Según la Intervención de Estado, esta situación, «además de irregular, puede encarecer la gestión en las comisiones y plusvalías de los subcontratistas intermediarios».

En cambio, indica el documento -uno de los encargados por la Fiscalía Anticorrupción y que culminaron en la judicialización del caso- el epígrafe de gastos de personal, que «alcanza el 18,1%» de los gastos totales de explotación, «parece en principio inferior al habitual en este tipo de empresas, porque se emplea al personal de las subcontratas». «A pesar de ello, el personal empleado por Elsur se ha incrementado en 2007 en 43 personas, un 21%», indica la Intervención. «La AEAT ha constatado una 'recolocación' en Elsur de unas 97 personas procedentes de las sociedades del 'grupo Amate' a lo largo de los años 2002 a 2007».

Ahora bien, el análisis efectuado por los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, a pesar de que las «condiciones teóricas» en las que se desenvuelve la gestión financiera de Elsur parecen «óptimas» para una gestión «saneada, casi ideal», las cifras reflejadas en las cuentas «no se corresponden con dicha situación». A pesar de un negocio «asegurado» para 25 años, «estable», «sin competencia» y «con la solvencia de una Administración pública», en todos los años los gastos financieros superaron los ingresos, «lo que ha supuesto en conjunto unos 2.432.000 euros soportados por Elsur». «Esta carga tiene su origen en el endeudamiento de Elsur, forzado por su principal cliente y creador, el Ayuntamiento».

«¿Cómo es posible que una empresa que obtiene beneficios todos los años esté tan extraordinariamente endeudada?», pregunta el informe. La «principal causa» de esta «desaforada situación» es que «su principal cliente, el Ayuntamiento, no sólo no paga a tiempo los servicios recibidos sino que además le obliga a anticiparle cánones futuros». Algo que estaría conllevando que se estuviera «traspasando así el endeudamiento del Ayuntamiento a Elsur». «También le obliga a financiar obras del propio Ayuntamiento», añade el texto, que cifra la deuda del Consistorio a Elsur al cierre de 2007 en más de 60 millones de euros.

Consecuencias
Los accionistas estarían soportando una situación «desfavorable para sus intereses» y «provocada por causas ajenas al objeto social y al interés de la sociedad». La sociedad «tiene sus fuentes de ingresos futuros hipotecadas», «está pagando unos gastos financieros ajenos» y su endeudamiento «tan extraordinario» condiciona «negativamente la viabilidad futura y la solvencia de la empresa». En cuanto a las razones de «por qué los accionistas» -el Ayuntamiento en un 30% y el grupo Abengoa en un 70%- «soportan esta situación tan desfavorable para sus intereses», la Intervención cree haber encontrado «un importante indicio» en las cuentas auditadas de 2007 y en dos empresas del grupo: Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU y Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA. De este modo, la primera, «accionista mayoritaria de Elsur, recibe negocio como subcontratista de la propia Elsur». Y otra empresa del grupo, la segunda, «cobra de Elsur por los 'gastos de gestión del grupo». «Se confirma así que el grupo Abengoa ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros», indica el informe.

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"CASO PONIENTE"; UNA TRAMA MILLONARIA DE SEIS FAMILIAS Y HASTA UNA TREINTENA DE EMPRESAS

El sumario recoge y define la participación de media docena de grupos fundamentales en la investigación del Caso Poniente

I. Gómez · M. J. Uroz / Almería |

El sumario incluye un resumen de la responsabilidad e implicación de cada uno de los grupos familiares en torno a los que gira la trama.

Juan Enciso Ruiz

Tiene participaciones sociales en la mercantil Enciso y Aguilera SL, la que a su vez participa en la mercantil Gestora Ejidense SL. Figura como consejero en un número importante de sociedades participadas y propiedad del presidente de Elsur, sociedad que presenta múltiples irregularidades en su facturación, evidenciándose indicios que apuntan a una sobrefacturación de las que resultan beneficiados cargos de las sociedades reseñadas y empresarios. La obtención de permiso de azar está estrechamente relacionado con actividades de blanqueo de capitales, siendo la obtención de premios una constante en le grupo de personas investigadas. Destaca la compra venta de numerosos bienes inmuebles, y sólo consta un préstamo hipotecario en Cajamar por 257.040 euros. Destaca también la compra de un barco valorada en 83.373 euros.

José Alemán
No tiene patrimonio ni propiedades a nivel personal, si bien controla la sociedad Sistemas de Dirección SL. Su mujer, Isabel Carrasco, ha adquirido un importante número de inmuebles, un hecho que denotaría un cierto ánimo por parte de Alemán de ocultar su patrimonio utilizando a personas interpuestas para tal labor. Alemán, a través de Sistemas de Dirección SL facturó a importantes contratistas de Elsur y el Ayuntamiento de El Ejido, quienes para acceder a dichos contratos debían facturar posteriormente a Sistemas de Dirección mediante el pago de comisiones ilegales.

José Amate
Ocupa un cargo de dirección dentro de Elsur SA. Controla un entramado societario cuyo principal aporte económico lo obtiene de Elsur. Este trasvase monetario no se efectúa de forma directa hacia las empresas en las que figuran como poseedores de las participaciones sociales, tanto su mujer, como sus tres hijos, sino que lo efectúa a través de empresas interpuestas, al frente de las cuales coloca a diferentes testaferros como sus yernos, quienes ostentan la participaciones sociales y administración de varias de las sociedades .

Juan Antonio Galán
Controla un entramado empresarial cuya principal fuente de financiación proviene de la facturación que efectúa al Ayuntamiento de El Ejido, la empresa participada de Elsur y Desarrollo Urbanístico de El Ejido SL, mercantil del Ayuntamiento. La facturación total de todas las empresas del grupo para los años analizados asciende a 30,9 millones de euros. Además de forma indirecta, factura mediante Clabert Gestión SL alrededor de 4,9 millones de euros a la mercantil colaboradora de Gestión y Recaudación SL, que obtiene contratos con el Ayuntamiento de El Ejido por 17,7 millones de euros.

Ambrosio Cuevas
Parece desempeñar una labor de administración bajo la dependencia de Juan Antonio Galán. entre los ingresos que recibe se encuentran los de la sociedad Agencia de Consultoría y Gestión, dedicada a la elaboración de informes y estudios y que factura importantes cantidades. Los pagos pudieran tener relación con que Cuevas mantuviera relaciones comerciales con Enciso. Las actividades de Ambrosio Cuevas presentan similitudes con las relacionadas con el blanqueo de capitales, como lo suponen la obtención y premios de juegos de azar y la operación de aumento de capital en la sociedad Gestora Urbanística del Alcor, en la que ha podido ser testaferro.

Jesús Aragón
En lo referente a los ingresos recibidos se detecta la presencia de las sociedades controladas por Galán. Estos pagos comienzan en 2003 hasta 2007. Los pagos ascienden a 54 millones de euro por cada año.

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"SUMARIO DEL CASO PONIENTE"; ENCISO "FAVORECIÓ" A TRAVÉS DE ELSUR A "AFINES" Y "OCULTÓ SITUACIONES IRREGULARES"

ALMERÍA, 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), habría "favorecido" en su condición de presidente del consejo de administración de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) la "ocultación de situaciones irregulares" en el seno del Consistorio y habría "beneficiado", además, a grupos mercantiles y personas "afines" a él.

Así se recoge en un informe incluido en las actuaciones del caso 'Poniente' en el que técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado analizan a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la gestión económica de Elsur entre los años 2002 y 2007, que califican de "desaforada". Este análisis, entre otros, motivó que se autorizara la intervención de los teléfonos de los principales imputados en abril de 2009.

El citado informe, al que tuvo acceso Europa Press, señala que sólo en atención a estos presuntos intereses de Enciso se explica por qué el Ayuntamiento, con un 30 por ciento de las acciones de Elsur, "soportó una situación tan desfavorable para sus intereses" y "ocultó" --ahonda-- la cifra "real de endeudamiento a los efectos de cumplir las normas que rigen las haciendas locales y, en especial, las presupuestarias".

La auditoria incluida en diligencias de investigación de la Fiscalía califica de "desproporcionado" el bloque de gastos externos que arrojan las cuentas de Elsur y que significan el 47 por ciento del total, destinado, sobre todo, al pago de las subcontratas propiedad de los principales empresarios implicados en la supuesta trama de corrupción de política, lo que, "sin duda" según subraya, "oculta beneficios de las subcontratistas".

En concreto, y tras apuntar que este tipo de gestión "basado en el pago a otras empresas que prestan servicios, además de irregular, encarece la gestión con las comisiones y plusvalías de los intermediarios", recoge que la suma de los pagos a las sociedades administradas por José Amate y Juan Antonio Galán como "facturadores falsos o moduleros" se traduce en alrededor de 10 millones de euros en sobreprecio acumulado del canon que Elsur percibe anualmente de las arcas municipales.

Sobre la gestión de la empresa municipal, cuya situación de conflicto laboral e impago de salarios llevó a sus casi 400 trabajadores a iniciar un paro indefinido este lunes, el informe cuestiona también la actuación del Grupo Abengoa, compañía que ostenta el 70 por ciento del accionariado al considerar "impensable" que un grupo empresarial "de su nivel" pudiese soportar una situación "tan desfavorable a sus intereses". 

La Intervención General de la Administración del Estado señala, en esta línea, que la razón de tal actitud del Grupo Abengoa podría estar en dos empresas del citado grupo; Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU y Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA.

Las auditorias de las cuentas de ambas confirmarían de este modo, según destaca el informe, la hipótesis de que "Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU, accionista mayoritaria de Elsur, recibe negocio como subcontratistas de la propia Elsur mientras que la otra mercantil, Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, cobra de Elsur por los gastos de gestión del grupo".

"Se confirma, así, --concluye-- que el grupo Abengoa ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y ha accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros".

La juez instructora del caso 'Poniente', incoado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales, decretó este lunes el levantamiento del secreto que pesaba sobre la casi totalidad de las actuaciones, en concreto una decena de tomos, aunque aún no ha liberado otros dos tomos que contienen diligencias ampliatorias.

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"CASO PONIENTE"; HACIENDA DETECTA QUE ENCISO DECLARÓ MÁS GASTOS QUE INGRESOS DESDE EL AÑO 2003

En la primera toma de declaración, el alcalde de El Ejido afirmó percibir 3.500 euros de sueldo, además de más de 65.000 al mes por sus invernaderos

M.C. Y J.M.G. / ALMERÍA

Nadie puede sobrevivir si tiene que pagar más de lo que gana. Esta situación llamó la atención del Ministerio Fiscal, que habría detectado que en las declaraciones de la Renta presentadas por el alcalde de El Ejido desde el año 2003, Juan Enciso declaraba tener más gastos que ingresos. Así se desprende del acta de declaración ante la magistrada instructora del Caso Poniente, Montserrat Peña, fechada el 30 de diciembre de 2009. Se trata de la segunda vez en la que Enciso se somete a preguntas de juez, fiscal y letrado de la defensa, a petición propia. Después de someterse a la escucha de diversas conversaciones 'pinchadas' sobre las que se le pidió explicaciones -por ejemplo una en la que dice respecto a Amate que «tanto ha tirado de la olla que se le va a acabar»-, fue preguntado por el Ministerio Fiscal «por la renta negativa que le sale en Hacienda al declarante a lo largo de los años 2003 y siguientes, dado que los gastos superan con mucho a los ingresos». Según el acta, recogida en las actuaciones judiciales sobre las que el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha levantado el secreto, Enciso manifiesta «que no está de acuerdo con eso». Que durante esos años tiene unos «ingresos importantes» ya que «los invernaderos funcionaban». De hecho, habla de que en los números que maneja el fiscal «debe haber un error». «Hacienda puede cometer un error», incluye el texto.

 
No obstante, el fiscal insiste y pregunta «de qué ha vivido durante esos años en los que constan en las bases de datos de Hacienda rendimientos negativos si sumamos los ingresos y restamos los gastos». Enciso, recoge el acta, manifestó que «tiene más ingresos de los que constan» y que «todos los ha declarado a Hacienda», así como que «también tenía préstamos y pólizas bancarias que no constan».

 
Dos meses antes, tres días después de su detención, Enciso había declarado, según recoge el acta de dicho encuentro, que como alcalde de El Ejido «percibe unos 3.500 euros mensuales», que su esposa «percibe mensualmente los ingresos de la sociedad patrimonial que tiene» y que, unos 16.000 metros cuadrados de invernaderos, le permiten obtener «entre los 65.000 y 70.000 euros mensuales» -a su vez que da cuenta de las diferentes sociedades en las que él o su esposa participan-.

 
Elsur y escuchas
El alcalde considera un «cargo honorífico» la presidencia del consejo de administración de Elsur y que sus funciones «no eran las de un cargo ejecutivo». Asimismo indicó que «no tomó conocimiento del pliego de condiciones de la constitución de Elsur y de su contrato con el Ayuntamiento», así como de que «en ningún apartado se hace constar que Elsur no pueda subcontratar las prestaciones». «Que eso no existe», recoge el acta de la declaración. Asimismo reconoce que Elsur tiene «relaciones comerciales con empresas» que «tienen relaciones comerciales a su vez con otras en las que [...] tiene participación». «Eso ni es ilegal ni está prohibido», dice el sumario sobre la declaración de Enciso.

 
Durante la segunda declaración, Enciso escucha algunas de las grabaciones efectuadas sobre conversaciones telefónicas mantenidas por él. En referencia a la posible intercesión del regidor para «que le quiten una multa de un millón de euros a una persona», Enciso se exonera afirmando que «no puede quitar ninguna multa», que lo que tenía el vecino de El Ejido era una «propuesta del Seprona para una multa».

 
Asimismo, el primer edil indicó, en referencia a las oposiciones a Policía Local en las que habría intercedido, según las escuchas, que «por la mañana» había recibido una llamada para decirle que un chico de El Ejido «había pasado las pruebas de selección» y que él «había dado la cara con la familia».

ideal.es

"CASO PONIENTE"; HACIENDA CONCLUYE QUE ENCISO BENEFICIÓ A EMPRESAS AFINES

LAS REVELACIONES DEL SUMARIO DEL 'CASO PONIENTE'

La Intervención ve excesivo el canon que paga el Ayuntamiento de El Ejido a Elsur

MARTA SOLER - Almería

El informe cuestiona el papel de Agua y Gestión, principal accionista de Elsur

La Intervención del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, llega a esta conclusión a la luz de las cifras de endeudamiento que arroja Elsur entre 2002 y 2007.

En el informe, que consta en el sumario de la operación Poniente, los funcionarios se preguntan cómo es posible "que una empresa que tiene tantos beneficios esté tan extraordinariamente endeudada". Y dan la respuesta: la "principal causa de esta desafortunada situación" es que su principal cliente, el Ayuntamiento de El Ejido, "no solo no paga a tiempo los servicios recibidos", sino que además "le obliga a anticiparle cánones futuros traspasando así el endeudamiento del Ayuntamiento a Elsur". Esta empresa, además, tenía que "financiar obras del propio Ayuntamiento". A 31 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento debe a Elsur más de 60 millones de euros, según consta en este informe, en el que se añade que la empresa municipal debe 85 millones a acreedores.

El principal socio de Elsur (el 70% de las acciones) es Agua y Gestión, formada por Abengoa, Cajasol y Cajasur. El 30% restante es de capital municipal. En el informe se destaca que Agua y Gestión "no ha obtenido dividendos de una empresa que debería tener unos beneficios saneados" al tiempo que está pagando "unos gastos financieros ajenos a su objeto social".

Hacienda también se pregunta el motivo por el que "los accionistas soportan esta situación tan desfavorable para sus intereses provocados por causas ajenas al objeto social y al interés de la sociedad". La Intervención del Estado no encuentra explicación a este hecho -"impensable en un grupo empresarial de su nivel"-, pero apunta que una empresa del grupo Abengoa (Agua y Gestión de Servicios Urbanos) "recibe negocio como subcontratista de Elsur". Además, señala también que otra empresa del mismo grupo, Agua y Gestión de Servicios Ambientales (antes Befesa, aclara el sumario) "cobra de Elsur por los gastos de gestión del grupo".

Hacienda considera "sumamente excesivo" el canon que paga anualmente el Ayuntamiento a Elsur por los servicios encomendados (hasta 32 millones de euros) y que el Consistorio ejidense "soporta parte de los resultados económicos de la mala gestión" y ha "ocultado su situación real de endeudamiento".

Hacienda cree "impensable que decisiones tan manifiestamente contrarias a los intereses de los accionistas sean tomadas por sus representantes en sus órganos de representación de Elsur" y concluye que "a cambio de más negocio, dejan las decisiones en manos del Ayuntamiento". De esta manera, señala a Enciso como principal responsable por su doble condición de alcalde y presidente de Elsur.

A Juan Enciso se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales. Salió en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros tras pasar ocho meses en la cárcel de Albolote (Granada). El sumario revela que Enciso pedía dinero adelantado a dos de los empresarios imputados en la causa, Juan Antonio Galán y José Amate, también imputados en el sumario y propietarios de empresas que subcontrataban con Elsur. En una declaración judicial, Enciso dice que pidió dinero a Galán para pagar los "jornales del invernadero" del que es propietario. El alcalde negó en su declaración la existencia de facturas infladas a cargo del Ayuntamiento. "Todas pasan un filtro y están controladas", aseguró ante la instructora.

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