lunes, 28 de febrero de 2011

EL EX CONCEJAL QUE DESTAPÓ EL "CASO BRUGAL" ACUSA AL LÍDER DE LA TRAMA DE EXTORSIÓN

Jesús Ferrández declara ante el juez que el industrial Fenoll manipuló la grabación del supuesto soborno de la basura de Orihuela

SANTIAGO NAVARRO - Orihuela

Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela y primer imputado en el sumario del caso Brugal, ha declarado este mañana ante el juez instructor que el empresario Ángel Fenoll, al que se considera uno de los cabecillas principales de la trama corrupta en torno al negocio de la basura, manipuló la grabación que dio pie a la investigación, y le extorsionó con ella. "He reiterado al juez que todo fue una encerrona y que Fenoll manipuló la cinta para extorsionarme", ha afirmado Fernández a la salida del juzgado.

La investigación comenzó en marzo de 2007 a raíz de una conversación entre Ferrández y Fenoll que grabó este último. En esa cinta el entonces concejal aseguraba que una de las empresas aspirantes a adjudicarse el servicio de basuras de Orihuela, Urbaser, estaba dispuesta supuestamente a ofrecer 100 millones de las antiguas pesetas por quedarse con la concesión. Fenoll, que también aspiraba al contrato, difundió en los medios de comunicación esta grabación y la llevó a la Fiscalía Anticorrupción, que ha tirado de ese hilo hasta lanzar una segunda fase del caso Brugal en la que se ha imputado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, también por contratos ligados a la basura y al urbanismo de Alicante.

Según ha reiterado esta mañana Ferrández, el objetivo de Fenoll era extorsionarle. "En aquellos momentos estaba claro que yo sobraba en la política y fue a por mí", ha afirmado. El exconcejal asegura que Fenoll manipuló el contenido de la grabación para presionarle en relación con la adjudicación.

El Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP,declaró el concurso desierto tras divulgarse la grabación. En octubre de 2008, tras plantear de nuevo el concurso, el servicio se adjudicó a una UTE liderada por Sufi. La investigación del caso Brugal sostiene que las otras dos firmas de la UTE son empresas tapadera de Fenoll.
  
Más información:
* El juez retoma la investigación de la trama Brugal
* El oscuro negocio de las basuras

CUATRO CAJAS SECRETAS PRUEBAN LA COMPRA DE POLÍTICOS DEL PP POR LA TRAMA GÜRTEL

La policía detalla al juez en un informe el dinero hallado en distintos bancos - La firma beneficiada por el Gobierno valenciano dio dos millones en 'caja b'

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

Consulta las 35 conversaciones claves de la trama

Un informe policial remitido al juez Antonio Pedreira hace varias semanas sobre el contenido de cuatro cajas de seguridad que la red Gürtel tenía en varios bancos revelan que Orange Market, la filial de la trama corrupta en Valencia, es una de las que más dinero negro proporcionó para, entre otras cosas, el pago de comisiones ilegales a políticos del PP por favorecer los negocios de Francisco Correa.

En solo dos años, entre abril de 2006 y septiembre de 2008, Orange Market suministró 1.950.000 euros a la caja b de la red. Ese dinero fue a parar a su vez a un depósito de seguridad desde el que se pagaban las comisiones ilegales a los políticos del PP. Esta firma había logrado hasta 2008 contratos, muchos de ellos concedidos a dedo, por seis millones de euros de la Administración gobernada por Francisco Camps (imputado por supuesto cohecho al recibir regalos de la trama). Además, Orange Market se encargaba en exclusiva de los actos electorales del PP valenciano e intermedió en un contrato multimillonario adjudicado por la televisión autonómica, cuyo director general también recibía regalos, para la visita del Papa a Valencia.

El viaje de Benedicto XVI en 2006 permitió al jefe de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, llevarse en comisiones la mitad de los 6,3 millones de euros que costó el evento a las arcas públicas. El dinero de la escenografía salió de la televisión valenciana, cuyo ex director general se saltó todas las normas, según la policía, para adjudicar las labores de acústica e imagen del acto a una empresa que la trama puso de pantalla, la constructora Teconsa. Con parte del botín, la red compró coches y casas.

También aparecen pagos a políticos en el citado informe policial, que analiza el contenido de las cajas de seguridad y lo enlaza con los apuntes que el contable de la trama, José Luis Izquierdo, ocultó en una memoria USB por orden del exsecretario de Organización del PP de Galicia y lugarteniente de la red, Pablo Crespo. La investigación refleja una entrega de 300.000 euros al exalcalde de la localidad de Arganda del Rey, Ginés López, uno de los cuatro alcaldes de grandes poblaciones de Madrid que han tenido que dejar el cargo tras ser imputados por aceptar suculentos sobornos de Correa a cambio de amañar contratos de sus ayuntamientos. También ilustra otro soborno de 25.000 euros (en el sumario constan más entregas) al exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo. Este logró que todos los actos de Aguirre fueran organizados por la trama corrupta, bien directamente o a través de empresas pantalla. Por cada acto, Correa cobraba de las arcas públicas madrileñas casi el doble de lo que realmente costaban. De estas cajas secretas salieron los 600.000 euros entregados a Jacobo Gordón, otro de los imputados y exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, para que adquiriese una finca en el municipio de La Nucia, Alicante. Y de ahí también salieron otros 30.000 euros para Cesar Tomas Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, municipio madrileño en el que han dimitido los dos últimos alcaldes, del PP, por su implicación en la red.

El 'pen drive' delator
Lo hallado en las cajas de seguridad conecta con el contenido de la memoria USB (pen drive) del contable. En su declaración a la policía, Izquierdo dijo ignorar el origen del dinero opaco de las cajas de seguridad, si bien subrayó que en alguna ocasión el número dos de la red, Pablo Crespo, le comentó que procedía de Orange Market y de personas y empresas cuya identidad le ocultaban.

El archivo llamado caja b actual.xls contiene, por ejemplo, anotaciones y dinero procedente de la actividad desplegada en Valencia por Orange Market, que también canalizó dinero de las grandes empresas valencianas que abonaban a la trama parte de las facturas que le debía el PP por organizarle sus actos. En ese archivo "constan comisiones" procedentes de la denominada por la organización Caja B Orange.xls, sobre el "sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

La instrucción ha destapado delitos electorales del PP valenciano y ha descubierto en sus cuentas 2,5 millones de dinero no declarado al fisco. En ese archivo informático de Izquierdo figura, por ejemplo, la referencia "OPA", que se refiere al dinero percibido por la organización con motivo de la adjudicación a Teconsa del contrato de sonido e imagen del viaje papal.

La policía concluye en su informe sobre el dinero opaco hallado en las cajas secretas: "Hubo una masiva utilización de medios de pago de alta liquidez, como es el dinero en efectivo, sistema que se sitúa en el inicio del proceso de blanqueo de capitales". La trama movió muchos billetes de 500 euros, lo que favoreció "el transporte y ocultación" del dinero "procedente de actividades ilícitas, y en el caso de Correa de la recepción de comisiones por intermediación en la adjudicación de obras públicas".

El dinero negro de las cajas de seguridad, zanja el informe policial, lo movían los cabecillas y el personal de confianza de la red, de tal forma que se nutrían entre sí y a la vez alimentaban la caja b de la sede central de la organización en un piso de la madrileña calle de Serrano, con el que se pagan, entre otras cosas, "las comisiones a los políticos implicados".

Dinero negro

- La investigación del caso Gürtel acredita el cobro de dinero negro (no declarado a Hacienda) por las empresas de Francisco Correa.

- En Valencia, los ingresos opacos, según la contabilidad de la red en esa comunidad, Orange Market, procedían:

- De actos electorales del PP, que la trama corrupta cobraba en dinero b.

- De comisiones por su intermediación para que la constructora Teconsa lograra un contrato de la televisión pública valenciana por casi siete millones de euros por la visita del Papa a Valencia.

UN IMPUTADO EN BRUGAL ASEGURA ANTE EL JUEZ QUE LAS GRABACIONES FUERON "MANIPULADAS"

El exedil del Centro Liberal Renovador

Efe | Orihuela (Alicante)

El exconcejal del Centro Liberal Renovador (CLR) de Orihuela Jesús Ferrández, que este lunes ha sido interrogado por un juez de la ciudad por supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de basuras de la ciudad, ha afirmado que la grabación que le relaciona con la causa está "manipulada".

El titular del juzgado número tres de Orihuela, Carlos San Martín, ha tomado declaración a Ferrández en relación a una de las piezas del 'caso Brugal' centrada en supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso de basuras de la ciudad de Orihuela.

El Ministerio Fiscal investiga el contenido de las grabaciones de las conversaciones mantenidas por el empresario Ángel Fenoll -imputado por el 'caso Brugal'- y Ferrández sobre la adjudicación de la contrata de basuras en la localidad de la Vega Baja.

A su salida del juzgado, Ferrández, que ha comparecido por espacio de unos treinta minutos aproximadamente, ha señalado a los periodistas que la causa por la que este lunes se le ha citado a declarar ante el juez "es una manipulación" que se le hizo, a él mismo, "en su momento", y ha añadido que "así" lo ha manifestado ante el magistrado.

"Vamos a demostrar a lo largo del procedimiento que ha habido manipulación porque hay un informe que así lo acredita", ha subrayado el exconcejal de CLR.

Ferrández ha incidido en que existe "una extorsión directa" hacia su persona porque en el momento en que salieron a la luz las grabaciones que, presuntamente, le relacionaban con Fenoll y la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, había que "quitarle -a Ferrández- de en medio".

Según ha recordado el antiguo edil, el 24 de abril de 2007 él mismo declaró que las cintas que le implicaban en la mencionada pieza desgajada del 'caso Brugal' "estaban manipuladas", un testimonio que este lunes ha ratificado ante el juez San Martín, a pesar de que ha confesado su intención inicial de "no declarar".

"El primero que fui a la Fiscalía a presentar una denuncia por manipulación fui yo, lo que pasa es que la gente se olvida de las cosas", ha insistido.

Así, ha criticado que "los medios de comunicación" le "han puesto como el artificiero de todo lo que ha sucedido".

Ferrández ha sentenciado que va a "demostrar que esa manipulación ha existido".


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RECUPERAN MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS DE LA TRAMA URBANÍSTICA DE LLÍBER

Los fondos fueron desviados a Andorra

* La operación 'Ruinas' se saldó con la detención de 18 personas en 2008
* La trama consistió en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
* El valor de las estafas podría haber alcanzado los 90.000.000 euros

Europa Press | Alicante

Agentes de la Guardia Civil de Alicante han recuperado 2.410.747 euros desviados a Andorra por la trama urbanística de Llíber (Alicante) consistente en la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, operación que se ha saldado con la detención de 18 personas de diferentes edades y nacionalidad, según ha informado en un comunicado la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.

La operación, denominada 'Ruinas', comenzó durante el mes diciembre de 2008, cuando el instituto armado tuvo conocimiento de que en el término municipal de Llíber se construían viviendas en terrenos calificados como no urbanizables y en parcelas que carecían de las dimensiones legales suficientes para poder llevarse a cabo las mismas, ya que todas ellas eran inferiores a los 10.000 metros cuadrados exigidos por la Ley.

La Guardia Civil estima que la trama urbanística habría llegado a construir unas 300 viviendas, con precios que oscilaban entre los 250.000 y 665.000 euros cada una. Para la concesión de la licencia de construcción, el instituto armado ha apuntado que había que entregar siempre por adelantado, en efectivo y sobre cerrado, sin percibir factura alguna, una importante suma de dinero para hacerla llegar supuestamente al arquitecto técnico municipal de Llíber.

Todas las detenciones se han llevado a cabo por supuestas irregularidades urbanísticas cometidas entre los años 2000 y 2003 y el valor de las estafas podría alcanzar los 90.000.000 euros.

El grupo de personas implicadas llegaba a controlar todas las operaciones y transacciones, desde la petición de las licencias hasta la captación de clientes, asesoramiento legal y venta, por lo que se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, estafa, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.
 
Colaboración internacional
El análisis de la documentación bancaria sobre entidades ubicadas en el Principado de Andorra halladas en dos registros domiciliarios en el marco de la operación hizo sospechar a los agentes que el dinero en efectivo percibido supuestamente por las licencia de construcción, pudiera haberse desviado e ese país.

En este sentido, en enero de 2010, se solicitó a través del juzgado de Denia (Alicante), una Comisión Rogatoria Internacional al Principado de Andorra con la finalidad de localizar el dinero entregado por los perjudicados.

Así, una de las medidas tomadas fue el bloqueo preventivo y control de movimientos de las cuentas, así como el control de cualquier bien o derecho existente en el Principado a nombre de los investigados.

En diligencias incoadas por la Administración de Justicia del Principado de Andorra se confirmó a la Guardia Civil en febrero de 2011, que el arquitecto técnico municipal de Llíber y su esposa poseían tres cuentas bancarias, utilizada una de ellas como cuenta nodriza que recibía siempre imposiciones en efectivo.

En concreto, los movimientos registrados entre agosto de 2002 y septiembre de 2009 sumaron un valor de 2.410.747 euros, de los cuales 2.300.000 fueron ingresados entre agosto de 2002 y febrero de 2003, coincidiendo con el período investigado de mayores irregularidades urbanísticas.


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ANTIFRAUDE INVESTIGA A LA DIPUTACIÓN DE GIRONA EN EL MARCO DE LA TRAMA DE GISA

Investigación bajo secreto de sumario

Marta Rodríguez Font | Girona

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) investiga varias adjudicaciones de obra de la Diputación de Girona dentro de la trama de concesión irregular en que está involucrado un alto cargo de la empresa constructora de la Generalitat, GISA.

La Diputación y el Ayuntamiento de Girona han confirmado que meses atrás la oficina Antifraude les solicitó información relacionada con varias adjudicaciones de obra pública en la provincia. Desde las dos instituciones han mantenido que sin saber para qué era en ese momento, les remitieron toda la información solicitada.

Con el objetivo de averiguar si desde la Diputación o del Ayuntamiento de Girona se podía haber favorecido a determinadas empresas de la demarcación con la adjudicación de obras públicas en carreteras, la oficina Antifraude les solicitó la información referente a qué empresas habían sido adjudicadas determinadas obras públicas en un periodo de unos 2 años.

Ante las informaciones aparecidas los últimos días que apuntan al fraude y soborno en la adjudicación de obras públicas a determinado grupo de empresas de la provincia de Girona, la Junta de Portavoces de la Diputación, se ha reunido este mediodía con carácter extraordinario, y ha emitido un comunicado en el que han explicado que a finales del pasado diciembre, este ente supra-municipal recibió un requerimiento informativo de la Oficina Antifraude en relación con diversas adjudicaciones de obra.

La Diputación remitió de inmediato toda la información requerida y que este organismo, "está dispuesto a colaborar de manera estrecha y rigurosa con las entidades policiales y judiciales" que investigan la trama de un grupo de empresas que supuestamente pactaban los precios para presentarse a los concursos de obra pública que adjudicaba la empresa pública GISA. A pesar de ello, desde la Diputación también ha solicitado que se respete el principio de presunción de inocencia.

Por su parte desde el Ayuntamiento gerundense también se ha confirmado que hace meses la oficina Antifraude se puso en contacto con ellos y les solicitó los expedientes de contratación de 14 obras hechas entre los años 2009 y 2010 llevadas a cabo por algunas de las empresas que están siendo investigadas.

La alcaldesa de Girona Anna Pagans, ha manifestado que "es una labor de oficina de secretaria, que cuando la Institución, en este caso la oficina anti-fraude solicita información, se la damos, no sabíamos para qué era, es lógico, ellos no lo deben decir porqué es su trabajo, por lo que se considera un trámite más".

El pasado viernes el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Barcelona decretó la libertad provisional con cargos para los dos detenidos hasta el momento por la Guardia Civil, el gerente de Gisa, Jordi Vergé y un alto cargo de la empresa de Verges, Rubau Tarrés, Juan Mozo, que siguen imputados por un delito de soborno y alteración de precios de concursos y subastas públicas.

La investigación policial considera que decenas de empresas del sector de las comarcas gerundenses habrían tejido un entramado para formar un monopolio que les permitía repartirse casi la totalidad de las adjudicaciones de obra pública de la provincia. La investigación policial sigue abierta y el juez mantiene las diligencias bajo secreto de sumario.


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"OPERACIÓN PICNIC"; PASA A DISPOSICIÓN JUDICIAL LA EX PRESIDENTA DE EMAYA CRISTINA CERDÓ

Cristina Cerdó (izquierda), y Paula Cortés llegan a los juzgados. | Pep Vicens
También ex regidora de Medio Ambiente en Cort

* Fue detenida ayer noche en el marco de la operación que investiga la utilización de fondos públicos para captar votos para Unió Mallorquina

Europa Press | Palma

La ex regidora de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Palma y ex presidenta de Emaya, Cristina Cerdó, ha pasado a las 9.00 horas de esta mañana a disposición judicial tras haber sido detenida la pasada noche en el marco de la operación Pinic que investiga la supuesta trama de corrupción consistente en la utilización de fondos públicos para captar votos para UM.

Asimismo, junto a Cerdó ha pasado a disposición judicial la ex responsable de Medio Ambiente y número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, después de que se haya agotado el plazo de 72 horas en el cual una persona puede permanecer detenida por la Policía tras su arresto el pasado viernes.

Ambas serán interrogadas por el juez titular del Juzgado de instrucción número 12 de Palma, Francisco José Pérez.

Por su parte, la Policía Nacional puso en libertad con cargos a cuatro de los cinco detenidos que aún permanecían en los calabozos en el marco de la Operación Picnic, a excepción de Cortés.

Posteriormente, agentes de la Policía procedieron por la noche al arresto de quien fuera número 2 de UM en el Consistorio de Palma. Concretamente, tras ser interrogados por los agentes y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán se imputa un delito de malversación de fondos públicos a las seis personas que han quedado en libertad (cuatro de ellas el domingo, una el sábado y otra el jueves), así como a Cerdó y Cortés.

De este modo, este domingo fue puesto en libertad el coordinador del área de Medio Ambiente del Consistorio, Salvador Maimó (detenido el viernes); el ex director general de Formación Enric Molina; una militante de UM que fue contratada para realizar actividades en la Regiduría de Medio Ambiente A.S.M. y otra ex trabajadora de la misma Regiduría M.M.C, todos ellos arrestados el sábado.

Durante la operación, también fue detenida el pasado jueves la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, si bien, posteriormente, fue puesta en libertad, mientras que este sábado también fue arrestado un hombre M.N., aunque también fue puesto en libertad.

Las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la nueva operación de presunta corrupción, bautizada como 'Picnic' e iniciada este viernes por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que Unió Mallorquina (UM) contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las pesquisas se centran en si pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública, a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente, de acuerdo a las pesquisas, a la captación de afiliados para UM. De hecho, otra de las arrestadas en el marco de esta operación policial, Paula Cortés, quien fuera número 2 de la ex concejala de Medio Ambiente Cristina Cerdó, ya fue interrogada por el juez instructor del caso Maquillaje sobre el programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

Además
    * Bloc: 'Pactar con UM es imposible'
    * El PP pide a Calvo que asuma su responsabilidad

elmundo.es

"OPERACIÓN PICNIC"; DETIENEN AL EX CONSELLER DE DEPORTES DE UNIÓ MALLORQUINA MATEU CAÑELLAS

Eduardo Colom | Esteban Urreitztieta | Palma

La Policía Nacional ha detenido al ex conseller de Deportes de Unió Mallorquina Mateu Cañellas por su presunta implicación en la Operación Picnic. Cañellas permanece en estos momentos en dependencias policiales.

La operación Picnic investiga la captación irregular de afiliados de UM con dinero público y la contrataciones 'fantasma' a empleados que no ejercían ninguna labor.

Cañellas ha llegado flanqueado por varios agentes de la Policía Nacional, visiblemente afectado, si bien no estaba esposado, según informa Europa Press. El ex conseller ha hecho aparición ante los numerosos medios de comunicación que esperan a que finalice la contratación de la ex responsable de Medio Ambiente y ex número 4 de UM en Palma, Paula Cortés, quien está siendo interrogada después de lo que fuera la ex regidora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Cristina Cerdó, quien fue detenida la pasada noche.

La pasada noche también fue detenida la ex gerente de Emaya Cristina Cerdó, que comparece ante el juez junto a Paula Cortés, quien fuera la primera detenida tras los registros efectuados en la sede de UM.

Además
    * Calvo no cree que UM se haya regenerado

elmundo.es

IMPUTADA LA ALCALDESA SOCIALISTA DE GRAZALEMA POR EL COBRO DE COMISIONES

CÁDIZ | En las obras de desvío del río Guadalete

* La juez cree que pudo incurrir en cohecho y prevaricación, entre otros delitos
* La alcaldesa cobró presuntamente comisiones en las obras de desvío del río

Andros Lozano | Jerez

La alcaldesa de la localidad gaditana de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, está imputada por cinco delitos en el caso judicial que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de la población serrana. La juez le involucra en el supuesto cobro de comisiones que puso al descubierto la 'operación Pinsapar' en 2006.

Lara fue quien en un principio puso una denuncia contra diversos promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el antiguo cauce del Guadalete tras desviarlo, porque le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".

La posterior investigación llevó a la cárcel al arquitecto y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Sin embargo, ambos lograron eludir la prisión al pagar una fianza de 50.000 euros.

Meses más tarde, el juzgado de Ubrique inició diligencias y a las seis personas que estaban imputadas se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces imputó un supuesto delito de prevaricación. Fue entonces cuando la alcaldesa declaró como testigo.

Durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva jueza a principios de 2010, el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa, a la que le imputa un total de cinco delitos: cohecho, prevaricación, falsedad, actuación contra la ordenación del territorio y denuncia falsa.


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LA CONCEJALA DE OBRAS DE PEDRO CASTRO DECLARA COMO IMPUTADA EL 11 DE MARZO

Por una supuesta adjudicación irregular

Europa Press | Madrid

La concejala de Obras de Getafe, Cristina González, ha sido citada a declarar el próximo 2 de marzo ante el Juzgado número 7 de la localidad en calidad de imputada para aclarar si adjudicó la construcción de un aparcamiento a la empresa de su marido, José Miguel Vieito.

Junto a ella, deberá prestar declaración su esposo y presidente de la cooperativa Jilguero, según establece una providencia fechada el 18 de febrero.

El PP denunció en julio de 2009 que la concejala de Obras vulneró la ley al votar en una Junta de Gobierno local la adjudicación del aparcamiento a la cooperativa presidida por su marido y en la que el padre y la madre figuraban como secretario y tesorera.

Junto con la concejala de Obras, los populares acusaron al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y al concejal de Hacienda, David Castro, de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por la presunta irregularidad en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos para beneficiar supuestamente a empresarios afines al PSOE.

Pese a que en abril de 2010 la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso, un mes después el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que el representante del Ministerio Público no profundizó en el asunto.

El 14 de septiembre de 2010 la Fiscalía del Área de Getafe emitió un escrito en el que ponía de manifiesto que los hechos podrían ser "constitutivos de delito", por lo que pedía la apertura de diligencias para esclarecer los hechos. Poco menos de un año después, el juez ha citado a González y a su marido como imputados, si bien en su providencia no precisa de qué delito se les acusa.

La denuncia se interpuso después de que el Ayuntamiento de Getafe adjudicase la construcción de un aparcamiento ubicado en la calle Jilguero que iba a estar dotado de 461 plazas a la empresa 'Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña', cuyo presidente es el marido de González.

A pesar de que el plazo de explotación iba a ser de 40 años, poco después de modificó el pliego y el plazo de construcción y de explotación se amplió a 60 años. Los 'populares' recuerdan que tanto en el concurso de 2007 como en el cambio del contrato la concejala voto a favor.

Antes de que el magistrado citara a la concejala y a su marido, la representante legal del alcalde de Getafe, Pedro Castro, señala en un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del aparcamiento a la Cooperativa Jilguero "actuando con imparcialidad y publicidad".

Tras recordar que "en algún momento" han formado parte del Consejo Rector de la cooperativa el marido, el padre y la madre de González, destaca que "en la actualidad no ocupan cargo alguno" en la misma y subraya que la edil "no participa en la adopción de ningún acuerdo ni sus competencias tienen relación alguna con el asunto", ya que por aquel entonces se ocupaba de los asuntos de Juventud y Mujer.

Finalmente, defiende que el contrato celebrado con la sociedad cooperativa Jilguero 2005 "resulta en todo ajustado a Derecho" y que "la decisión política del Plan de Aparcamiento 2005-2008 se ha llevado con toda transparencia y publicidad". "Por lo tanto, no ha habido trato de favor alguno hacia esta cooperativa ni nada que se acerque a la irregularidad", resume.


elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL EX DELEGADO DE EMPLEO, IMPUTADO EN MERCASEVILLA, DIMITE DE SUS CARGOS EN EL PSOE

Antonio Rivas (a la derecha) llega al juzgado acompañado de su abogado. | ELMUNDO.es
Pide la suspensión temporal de militancia

* Rivas ha solicitado la suspensión temporal de militancia hasta el juicio
* La Fiscalía mantuvo su imputación por el cobro de comisiones ilegales
* Griñán considera ahora "perfecto" la dimisión del ex delegado de la Junta

Europa Press | Sevilla

El ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, imputado en el 'caso Mercasevilla', ha presentado la pasada noche su dimisión como miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE y secretario local en Camas (Sevilla) y ha solicitado también la suspensión temporal de militancia hasta que se celebre el juicio, según han confirmado fuentes socialistas.

Esta decisión se produce después de que el pasado miércoles la Fiscalía mantuviese su imputación por cohecho en relación con el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el mercado central de abastos de la ciudad hispalense, Mercasevilla, por el que le reclama sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses tanto a Rivas como a los otros tres acusados, el ex director general de la lonja Fernando Mellet, su antiguo director adjunto, Daniel Ponce, y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos.

Además este fin de semana ha trascendido que el secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, figura como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la firma textil 'Intersur S.L.' en la que no había trabajado, según informó ELMUNDO.es.

El propio García Prieto explicó este domingo a Europa Press que si bien goza de una póliza de seguro de rentas, "no conozco, ni sé dónde está o a qué se dedica" 'Intersur S.L.', una empresa en la que el secretario de Política Municipal del PSOE camero dice no haber trabajado jamás. En la citada póliza, según García Prieto, figura él mismo "como tomador y receptor" y la Administración autonómica en el papel de pagadora, por lo que "no conozco a esta empresa" ni tampoco figuraría en la documentación que obra en poder de este miembro del Comité ejecutivo del PSOE de Camas.

A este respecto, el presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, ha considerado "perfecto" que el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado por un presunto delito de cohecho en el 'caso Mercasevilla', haya "asumido su responsabilidad" presentando su dimisión de todos sus cargos orgánicos en el partido "hasta que se aclaren las cosas".

Asimismo, en una entrevista con Canal Sur Radio, Griñán ha asegurado que le parece "censurable sin ningún tipo de dudas" el caso del secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, que figura como prejubilado en el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la firma textil 'Intersur S.L.' en la que no había trabajado, pero ha querido dejar claro que "hay miles de personas que se han beneficiado de ayudas por desempleo anticrisis de la empresa que las han percibido de forma legal".


domingo, 27 de febrero de 2011

"BALEARES SA": LA CORRUPCIÓN AFECTA A DECENAS DE EXDIRIGENTES DE UM, PP Y PSOE

A. M. - Palma de Mallorca

Los casos por supuesta corrupción que se investigan en los juzgados de Baleares afectan a decenas de ex cargos públicos y empresarios. Figuran, junto a los exmandatarios Jaume Matas y María Antònia Munar, personas como el decorador de él y la esteticista de ella. También el gerente de la Funeraria de Palma, empresarios de recogidas de basuras, y hasta una cantante de ópera.

- PP. Con el 43% de los votos en las islas, más de dos décadas en el poder y unos 20.000 militantes, al PP le atañen una decena de causas abiertas, desde el caso Andratx (70 piezas penales distintas) hasta el caso Palma Arena (con 25 causas separadas). Medio centenar de excargos y exmilitantes del PP están imputados, entre ellos dos expresidentes autonómicos (Jaume Matas y su mentor, el histórico Gabriel Cañellas, que cayó en 1995 por un escándalo de cobro de comisiones), así como cuatro exconsejeros: Juan Flaquer, José Juan Cardona, Francisco Fiol y Luis Ramis de Ayreflor. En la cárcel cumplen condena el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el exdirector del Territorio del Gobierno Matas, Jaume Massot, y el ex número dos de Palma, Rodrigo de Santos.

- PSOE. Los socialistas arrastran la imputación del presidente de Ibiza Xico Tarrés y del alcalde de Sant Josep, Josep Marí Agustinet por una causa abierta en 2007.

- Unió Mallorquina. Alrededor de UM, partido bisagra que ha decidido Gobiernos en Baleares durante dos décadas, flotan más de seis causas por supuesta corrupción que afectan a sus tres exlíderes: la expresidenta del Parlamento Maria Antònia Munar, el exconsejero balear Miquel Nadal y el exconsejero de Mallorca Miquel Àngel Flaquer. Condenado en prisión está Tomeu Vicens, ex secretario general de UM. Además están imputados los exconsejeros autonómicos Xisco Buils, Miquel Àngel Grimalt y Mateu Cañellas. También se investiga a cuatro exalcaldes, dos exconsejeros insulares y el excontable del partido.


"CASO PICNIC"; UNIÓN MALLORQUINA ABONÓ VISITAS CON DINERO PÚBLICO PARA CAPTAR MILITANTES

Detenidos tres excargos del partido 'bisagra' en el Ayuntamiento de Palma

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Un juez de instrucción, dos fiscales anticorrupción y una decena de policías ocuparon ayer durante ocho horas la sede central de Unió Mallorquina (UM) en Palma de Mallorca para desarticular una supuesta trama de captación de militantes sufragada con fondos públicos. Unas 3.000 personas fueron invitadas a excursiones por UM como forma de comprar su apoyo, según la fiscalía.

3.000 personas fueron invitadas a excursiones, según la fiscalía

El llamado caso Picnic, que se saldó ayer con tres detenidos, supone una nueva vuelta de tuerca -a 90 días de las elecciones municipales y autonómicas- por parte de la Fiscalía Anticorrupción al partido bisagra en Baleares: entre 1983 y 2010 UM ha decidido o participado en las mayorías políticas de las islas, alternativamente con derecha e izquierda.

Unió Mallorquina se queja del "espectáculo mediático judicial" y "el sufrimiento" de sus bases, según su líder, Josep Melià, que afirmó que "la nueva UM" no tiene nada que ver con este episodio. Uno de los detenidos, Salvador Maimó, es miembro del Consejo Político Nacional y fue asesor de Medio Ambiente de Palma. Los otros arrestados son Catalina Payeras, exgerente del organismo municipal de Palma implicado en la trama (quedó en libertad horas después tras colaborar con la policía); y Paula Cortés, excoordinadora de Medio Ambiente del ayuntamiento.

Ex altos cargos y militantes de UM (que obtuvo el 6,9% de los votos en 2007) protagonizan seis casos judiciales de corrupción. Las cúpulas del partido han ido cayendo sucesivamente tras su imputación; dos decenas de exautoridades están bajo investigación penal. El ex secretario general Tomeu Vicens cumple cárcel por malversación.

El registro judicial de ayer se realizó para buscar pistas o documentos de una presunta organización delictiva de carácter clientelar integrada por militantes de UM que, cobrando nóminas públicas del Ayuntamiento, se dedicaban a captar votantes y afiliados. Tras las elecciones de 2007, al pactar UM con el PSOE-Bloc y mandar a su anterior socio, el PP, a la oposición, exigió controlar ciertas áreas de gestión de Palma, Mallorca y Baleares: los departamentos que mayores partidas manejaban y los que más empresas públicas tenían con capacidad de contratar. Desde Turismo hasta la recogida de basuras; Medio Ambiente y Deportes, Puertos o Caza, y la televisión autonómica IB3.

El PSOE rompió finalmente con UM en febrero de 2010, al ser imputada la exlíder María Antònia Munar; su sucesor, Miquel Nadal -que la delató-; los consejeros de Gobierno Xisco Buils, Miquel Ángel Grimalt y Mateu Cañellas; y altos cargos de Turismo. Las investigaciones judiciales y las confesiones de arrepentidos -empresarios y políticos- han ayudado a desentrañar el supuesto mecanismo para derivar una parte de los fondos oficiales a potenciar la red militante y a ampliar la base electoral, según consta en los sumarios.

La investigación del caso Picnic calcula que unos 3.000 vecinos de Palma fueron invitadas a excursiones por la maquinaria supuestamente corrupta de UM. La malla se extendió desde el Instituto Municipal de Ocupación y Formación (IMFOF), cuya misión oficial era dar información medioambiental casa por casa y en centros públicos.

Eberhard Grosske, concejal de Izquierda Unida que asumió el control del IMFOF tras la ruptura de UM con el PSOE hace un año, encargó una auditoria y enumeró hasta 12 empleados que operaban fuera de la institución, en una sede propia y a las órdenes de UM. El empresario Arbona Repic de Sóller ha entregado los tacógrafos de sus autobuses para documentar los cientos de viajes de merendola realizados.

De la candidatura al Ayuntamiento de Palma con la que UM concurrió en 2007, los cuatro primeros candidatos han sido luego imputados en diferentes causas.
  

EL EXDIRECTOR DE ATLAS CAPITAL COMPARECERÁ ANTE EL JUEZ POR EL "CASO BOMSAI"

Está citado el miércoles

Efe | Palma

El juez instructor del "caso Bomsai" ha citado a declarar el próximo miércoles 2 de marzo al que fue director general hasta diciembre de 2009 de la consultora Atlas Capital, Pablo Cervera, como imputado en este caso de supuesta corrupción.

Cervera ya había sido citado en febrero por el juez, pero su declaración se pospuso y se ha fijado ahora en marzo junto a la de otros dos testigos, que tendrán que declarar el día 7.

En esta causa se indaga un supuesto desvío de fondos durante la anterior legislatura del PP en la adjudicación de dos obras públicas por parte de Caib Patrimoni, y se centra en el banco de inversión y asesoramiento Atlas Capital, que realizó trabajos de asesoría técnica supuestamente innecesarios y por un procedimiento irregular por valor de 609.000 euros.

En su querella, la Fiscalía considera a los principales imputados en la causa responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho ya que la empresa pública decidió contratar a Atlas cuando se contaba con los servicios jurídicos y económicos de la Conselleria de Economía, así como con los de la Comunidad Autónoma, por lo que el gasto resultó "absolutamente innecesario".

Además, el ministerio fiscal indica que es "patente" la "indefinición del objeto" del contrato con Atlas y tilda de "disparate" el que se establecieran unos "honorarios de éxito", por lo que considera que este contrato se hizo incurriendo en el delito de prevaricación.

Entre los principales imputados figuran el exconseller de Economía y Hacienda del Govern balear Lluís Ramis de Ayreflor (PP) -en libertad bajo fianza-, y los ex directores generales de Emergencias y Tributos, Joan Pol y Jorge Sainz de Baranda, respectivamente, todos ellos miembros del consejo de administración de Caib Patrimoni.

También figura imputado el ex gerente de Caib Patrimoni Jaume Vidal, expulsado junto a Pol y Sainz de Baranda del PP a raíz de su imputación en esta causa. Ramis de Ayreflor se dio de baja en el PP tras serle impuesta la fianza


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"OPERACIÓN PICNIC"; EN LIBERTAD CON CARGOS TODOS LOS DETENIDOS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

* Seis de los siete detenidos ya están en libertad
* Los fiscales anticorrupción continúan interrogando a Paula Cortés

Europa Press | Palma

La Policía Nacional ha puesto en libertad con cargos a cuatro de los cinco detenidos que aún permanecían en los calabozos en el marco de la Operación Picnic, a excepción de la ex responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y ex número 4 de UM en la capital balear, Paula Cortés, quien aún continúa arrestada y en estos momentos está siendo interrogada por los agentes y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, que decidirán si la dejan en libertad o si pasa a disposición judicial mañana por la mañana.

Así lo han informado fuentes policiales, que han señalado que a las seis personas que han quedado en libertad (cuatro de ellas esta tarde, una el sábado y otra el jueves) se les imputa un delito de malversación de fondos públicos.

De este modo, este domingo fue puesto en libertad el coordinador del área de Medio Ambiente del Consistorio, Salvador Maimó (detenido el viernes); el ex director general de Formación Enric Molina; una militante de UM que fue contratada para realizar actividades en la Regiduría de Medio Ambiente A.S.M. y otra ex trabajadora de la misma Regiduría M.M.C, todos ellos arrestados el sábado.

Durante la operación, también fue detenida el pasado jueves la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, si bien, posteriormente, fue puesta en libertad, mientras que este sábado también fue arrestado un hombre M.N., aunque también fue puesto en libertad.

Así, Cortés y Maimó han sido los únicos que han permanecido dos noches en los calabozos y aún se desconoce si la ex responsable de Medio Ambiente del Consistorio pasará una tercera noche, a la espera de pasar a disposición judicial.

Las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la nueva operación de presunta corrupción, bautizada como 'Picnic' e iniciada este viernes por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que Unió Mallorquina (UM) contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las pesquisas se centran en si pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública, a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente, de acuerdo a las pesquisas, a la captación de afiliados para UM. De hecho, otra de las arrestadas en el marco de esta operación policial, Paula Cortés, quien fuera número 2 de la ex concejala de Medio Ambiente Cristina Cerdó, ya fue interrogada por el juez instructor del caso Maquillaje sobre el programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

EL FISCAL PIDE EL ARCHIVO DEL CASO DE LOS MERINOS Y EL ALCALDE SE MUESTRA "SATISFECHO"

Está acusado de prevaricación

* IU ha anunciado que recurrirá el posible archivo de la causa

Europa Press | Málaga

El alcalde de Ronda (Málaga), Antonio Marín Lara, se ha mostrado "satisfecho" tras conocer que la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa que se sigue contra él en el Juzgado número 2 del municipio por un delito de prevaricación cometido presuntamente al aprobar por decreto el proyecto de urbanización de lujo de Los Merinos-Norte.

No obstante, Marín Lara, que ha reconocido estar algo contrariado por haberse enterado de este informe a través de la prensa, ha afirmado este sábado a Europa Press que "por respeto" a la jueza que instruye la causa no se pronunciará sobre estos hechos hasta que haya una resolución.

En cuanto a las consideraciones que la Fiscalía hace en su informe acerca de que la decisión del alcalde puede ser legal, pero atenta contra principios morales y ecológicos, tal y como ha informado 'La Opinión de Málaga', Marín Lara no ha querido pronunciarse e incide en que no hay pruebas para poder acusarle de prevaricación.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Rafael Ruiz, se ha mostrado "sorprendido" por los términos del escrito de petición de sobreseimiento de la Fiscalía. De hecho, ha anunciado que recurrirán el posible archivo de la causa y "vamos a tratar de aportar las pruebas que el fiscal cree que no tiene para poder acusar al alcalde de un delito".

Ruiz sí que ha dado importancia a "los tirones de orejas" de la Fiscalía hacia la actuación del alcalde. En este sentido, desde la coalición interpretan esta parte como la demostración de que las irregularidades que ellos denunciaron han existido, aunque el ministerio público no haya encontrado las evidencias necesarias de que fueron cometidas "a sabiendas" para que, de este modo, se pueda hablar de un delito de prevaricación.

El representante de IU ha señalado a Europa Press que espera que "todo esto no tenga nada que ver con el cambio de partido del alcalde", y es que en el momento del inicio del procedimiento, Marín Lara, ahora en el PSOE, militaba en el PA y mantenía un acuerdo de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Ronda.

Incluso, el Gobierno andaluz llevó todo este proceso a los juzgados para pedir la paralización de las obras, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no atendió aquella petición.

viernes, 25 de febrero de 2011

EL JUEZ DEL "CASO GÜRTEL" IMPUTA CUATRO DELITOS AL ANTERIOR ALCALDE DE BOADILLA

Siguero reconoce ante Pedreira que envió pliegos de contratas solo a la trama

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

El exalcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), apeló ayer a su desmemoria en la declaración que prestó ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Ante las preguntas de las partes relacionadas con los supuestos chanchullos por adjudicaciones irregulares de contratas a la red que dirigía Francisco Correa, Siguero respondió con frases como "no recuerdo" y otras del tipo "me remito a los informes técnicos", según asistentes al interrogatorio.
     
El instructor no fijó ninguna medida cautelar contra el imputado

Tras dos horas de declaración, Siguero salió del Tribunal Superior de Madrid con la imputación por parte del juez de cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero como él forzado a dimitir por su implicación con la trama. Sobre este pesa una fianza de 1,8 millones. Pedreira no fijó ninguna medida cautelar contra Siguero.

Un informe policial atribuye a Siguero haber facilitado a la red Gürtel datos previos sobre contratas que luego sacó a concurso el Ayuntamiento. "Participó en el diseño de los pliegos ad hoc" para el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, adjudicado a una empresa Gürtel por más de 600.000.

Ayer, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Siguero reconoció que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo envió a una empresa de la trama. En concreto, admitió que le envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red y, hasta 2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La fiscalía le preguntó si remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban por esa contrata. Su respuesta fue no. También admitió que El Albondiguilla fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama.

A Siguero se le preguntó también sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La adjudicación fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en comisiones 1.050.000 euros.

El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo- . Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, la firma adjudicataria tuvo la mejor puntuación; en el segundo, quedó en tercer lugar. Se tuvo en cuenta el informe más favorable. Uno de los redactores del informe, Juan Carlos Rey, según el sumario, era una persona de total confianza de González Panero. Preguntado por esta contrata dijo que no recordaba y se remitió, sin más, a los informes técnicos.
  
Más información:
    * Tema: Caso Gürtel
    * Fotografía: Declaración en el 'caso Gürtel'

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LIBERTAD PROVISIONAL PARA LOS DOS DETENIDOS POR LA ADJUDICACIÓN DE CARRETERAS EN GIRONA

El consejero de Territorio dice que la investigación ha provocado "sorpresa" en la Generalitat

PERE RÍOS - Barcelona

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha afirmado hoy que las presuntas irregularidades que la justicia esta investigando en la empresa pública GISA han provocado "sorpresa" en la Generalitat y que, de momento, se está a la espera de conocer con exactitud la dimensión del caso. Recoder ha subrayado que la Generalitat está completamente "a disposición" del juzgado que se encarga del caso. Los dos detenidos ayer por la Guardia Civil tras el registro de la sede de Barcelona de la constructora pública GISA, que gestiona la adjudicación de las obras de la Generalitat, han quedado en libertad provisional. Ambos están imputados por un delito de soborno y de alteración de precios de concursos y subastas públicas. Uno de los arrestados es Jordi Vergé, gerente de Carreteras en Girona de esta empresa pública. La fiscalía había solicitado prisión incomunicada.

Las detenciones y el registro culminaron una investigación abierta hace meses en el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona impulsada por la fiscalía de delitos económicos tras la pista casual que apareció en otro proceso judicial que tramita ese juzgado. Ese proceso se refiere a la adjudicación irregular durante la época de Jordi Pujol de unas obras de construcción de un dique del puerto de la capital catalana en el que las constructoras adjudicatarias supuestamente obtuvieron grandes beneficios al facturar toneladas de materiales que, en realidad, no se emplearon, pero que sí cobraron.

Fuentes de la investigación explicaron que en ese proceso de las obras del dique aparece una conversación telefónica en la que se hace referencia a la adjudicación de carreteras, principalmente en Girona, por parte de la empresa pública GISA. Ese hecho, unido a un anónimo que llegó al juzgado, puso en alerta a la fiscalía y a la juez del caso, que encargó la investigación a la Guardia Civil. Al mismo tiempo, la juez solicitó el pasado mes de noviembre la colaboración de la Oficina Antifraude de Cataluña para que analizara los informes financieros de las constructoras beneficiarias de la adjudicación de esas carreteras en Girona, la mayoría de ellas pequeñas empresas. Las adjudicaciones que están bajo sospecha se realizaron entre los años 2007 y 2010, en la época del tripartito.

Hace tres semanas la Oficina Antifraude entregó esos informes sobre la actividad de las empresas beneficiarias a la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil y ayer se decidió registrar la sede de GISA y realizar las detenciones. El caso se encuentra bajo secreto de sumario, aunque sí trascendió que el registro de la en la empresa pública se centró en el contenido del ordenador de Jordi Vergé y que los agentes se llevaron una copia del disco duro.

El Departamento de Economía informó ayer de que el fiscal había solicitado documentación referente al trabajo de la empresa en Girona de 2007 a 2010. Uno de los tres detenidos ayer quedó en libertad a las pocas horas.


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"CASO MAQUILLAJE"; LA POLICÍA DETIENE A UN MIEMBRO DE UM TRAS EL REGISTRO DE SU SEDE EN PALMA Y LA DE UNA EMPRESA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO



La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta financiación irregular

ANDREU MANRESA - Palma

Nueva nube de sospecha sobre Unió Mallorquina (UM), cuya imagen ha recibido otro duro golpe a menos de 100 días de las elecciones. La sede central del partido en Palma, está siendo registrada desde primera hora de la mañana por orden judicial, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción que trabaja con expertos del Grupo de Delincuencia Económica y especialistas en informática.

La acción pretende hallar pistas o documentos de una supuesta trama delictiva ligada a una presunta financiación ilegal, con supuesta compra de votos con pagos y contratos laborales hechas por las instituciones y empresas contratadas.

La sede de UM no es el único lugar que está registrando la Policía Judial. Los agentes también han entrado en las oficinas del Intituto Municipal de Formación y Ocupación (IMOF), una empresa pública controlada por los regionalistas hasta febrero de 2010, y la plataforma de la que el partido presuntamente se valía para realizar los contratos objeto de la investigación.

La operación ya se ha saldado con una detención. La de Paula Cortés, número dos de la que fuera líder de UM en Palma, Cristina Cerdó. Cortés fue coordinadora del área de medio ambiente del Ayuntamiento de la localidad y gestionaba una red de informadores medioambientales, subvencionada presuntamente por UM, que se había contratado a través del INFOB. Su arresto no ha sido el único. Anoche, la exgerente del organismo, Catalina Palleras, fue detenida e interrogada sobre una supuesta contratación irregular en empresas municipales controladas por UM. Palleras que, según fuentes de la investigación, se avino a contar todo lo que sabía a cambio de un mejor trato penal, quedó en libertad sin cargos.

No es el único escándalo en el que está inmersa UM, excargos y políticos en ejercicio de esa formación están sometidos a investigación y pendientes de juicios por diferentes causas penales por supuesta corrupción. Un exsecretario general, Tomeu Vicens, está en la cárcel con una condena firme por malversación y los tres últimos presidentes, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, están imputados en diferentes causas.

La operación dirigida por el juez Antonio Rotger, el fiscal Pedro Horrach y el comisario Antonio Cerdá, ha causado gran expectación desde que ha trascendido. No en vano, las oficinas de UM están en la populosa calle comercial de la Via Sindicato.

UM fue partido clave de la política y el poder en Baleares -ayudando alternativamente al PP o a la izquierda- desde 1983 hasta febrero de 2011, cuando el PSOE expulsó a sus políticos de los pactos de Gobierno por la multiplicación de sus escándalos de supuesta corrupción. La formación nacionalista logró 28.178 sufragios entre 700.000 electores, un 6,9%, en 2007. Con esta fuerza de palanca UM ejerció de nuevo de bisagra y mandó a la oposición a un PP que había obtenido el 47% de los votos, dando al PSOE las presidencias de Baleares, Mallorca y Palma. Sin este apoyo, la izquierda habría quedado en la oposición en la inmensa mayoría de instituciones de las islas.

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AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN PARA EL ALCALDE POPULAR DE PIÉLAGOS POR PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

"La sentencia ha tardado más que la del 11-M y llega a dos meses de las elecciones", se queja el regidor cántabro

NATALIA JUNQUERA - Madrid

El juzgado de lo penal número dos de Santander ha condenado al alcalde de Piélagos (Cantabria), José Manuel Pacheco, del PP, a un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación urbanística.

"Dicen que he dado unas licencias que no debía haber dado. Yo creo que no es así. Yo no me he llevado un euro por todo esto. Voy a recurrir", ha asegurado Pacheco en conversación con este diario. "Soy inocente, pero hay tantos culpables en la calle y tantos inocentes en la cárcel... El juicio fue en junio y la sentencia llega ahora, a dos meses de las elecciones. Ha tardado más que la del 11-M. ¿A quién quieren engañar?".

Pacheco, que gobierna en Piélagos desde hace 21 años, asegura que la inhabilitación no le afecta porque ya no pensaba volver a presentarse a las próximas elecciones municipales y autonómicas. "Pero no quiero irme así. Tengo la completa seguridad de que tengo la razón en este asunto, por eso voy a recurrir".

El alcalde ha sido condenado por 15 licencias de construcción que otorgó entre 2004 y 2005 vulnerando la normativa urbanística vigente y en contra de las advertencias del arquitecto municipal y los servicios jurídicos.

Este no es el primer revés judicial para Pacheco. Los tribunales ya han ordenado la demolición de casi 400 viviendas en cinco urbanizaciones de Liencres y el Alto del Cuco. Esta última fue la quinta sentencia de derribo que afrontó el municipio.

LA JUEZA DESOYE AL FISCAL Y DEJA EN LIBERTAD AL GERENTE DE LA CONSTRUCTORA DE LA GENERALITAT

Fachada de la sede de GISA en Barcelona.| Efe
Irregularidades en la adjudicación de obra pública

* También ha quedado en libertad Joan Mozo, de la constructora Rubau Tarrès
* Ambos están acusados de cohecho y se han negado a prestar declaración

Germán González | Barcelona

La juez ha dejado en libertad con cargos a Joan Vergé, gerente de carreteras de Girona de GISA y al empresario de la constructora Rubau Tarrès, Joan Mozo. La Fiscalía reclamaba su ingreso en prisión.

Ambos están acusados de los delitos de cohecho y maniobras parar conseguir concursos y subastas públicas y se han negado a declarar explicitando que no lo harán hasta que se levante el secreto de la causa y conozcan explícitamente por qué hechos se les acusa.

Se les ha impuesto la obligación de presentarse una vez al mes en el juzgado.

La investigación estudia posibles irregularidades en la adjudicación de obras en carreteras de la provincia de Girona por parte de GISA. Rubau Tarrès está precisamente afincada en Girona y es una empresa creada en 1971 especializada en obra pública y ha recibido adjudicaciones de GISA en el periodo investigado, que va desde 2007 a la actualidad.


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"CASO MAQUILLAJE"; LA POLICÍA DETIENE A LA EXGERENTE DEL IMFOF ANTES DEL REGISTRO DE UM

Contrataciones fantasma en UM

Efe | Palma

La policía detuvo anoche e interrogó a la exgerente del IMFOF (Instituto Municipal de Formación y Ocupación) del Ayuntamiento de Palma Catalina Palleras, antes del inicio esta mañana del registro a la sede central de UM en Palma, han informado fuentes jurídicas.

Tras su declaración ante la policía, que la preguntó sobre supuesta contratación irregular en empresas municipales controladas por Unió Mallorquina, Palleras quedó en libertad con cargos, indicaron las fuentes.

El IMFOF es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Palma que se dedica, según expone en su propia web, a fomentar al ocupación en Palma, favorecer la creación de empresas e impulsar los sectores productivos de la economía local.

El abogado de la exgerente no ha querido hacer declaraciones porque el asunto está bajo secreto judicial.

El titular del juzgado de instrucción número 8 de Palma, Antonio Rotger, ha ordenado el registro de UM, que comenzó a las 8:30 horas, y se encuentra en el interior de la sede política.

A las dos y media de la madrugada, el juez dictó el auto de registro de la sede de Unió Mallorquina y de otras oficinas en las que la policía recaba esta mañana información para la investigación.

En el registro de la sede de Unió Mallorquina (UM), en la céntrica calle Sindicat de Palma, se encuentra también el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.


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"CASO MAQUILLAJE"; REGISTRAN LA SEDE DE UM PARA INVESTIGAR LA CONTABILIDAD B DESTAPADA POR EL MUNDO

La Policía Judicial a su entrada en la sede de UM en Palma. Pep Vicens

Habrá más registros a lo largo del día

* Investigan la captación irregular de votos y las contrataciones fantasma
* El registro ha durado 7 horas y se han incautado abundante documentación
* Hasta el momento hay tres detenidos en la operación

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Policía Judicial ha registrado este viernes durante 7 horas la sede de Unió Mallorquina (UM) para investigar la contabilidad B del partido desvelada por EL MUNDO con la que se llevó a cabo la compra de votos durante las pasadas elecciones. Los agentes han acudido al local junto al fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Está previsto que haya más registros a lo largo del día.

El registro se produce por orden del titular de juzgado de instrucción número 8 de Palma Antoni Rotger a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, informa Europa Press. Esta es la primera vez que se registra la sede de un partido político en la historia democrática de Baleares.

Tras siete horas de registro, la policía ha salido a las 15:37 horas de la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, con media docena de cajas de documentación. A la misma hora han salido de la sede de UM los fiscales anticorrupción encargados del caso, quienes llevaban toda la mañana en el registro del partido político.

Las investigaciones se enmarcan dentro del caso Maquillaje y se centran en una presunta compra de votos a nivel municipal durante las pasadas elecciones y en la contratación de militantes de UM en diferentes cargos del ayuntamiento a pesar de que en estos cargos ellos no tenían ninguna función, sino que se dedicaban a labores de partido.

Los registros se dan después de que este diario adelantara que UM compró el voto gitano de las barriadas más populares de Palma, entre las que destacaron las de Son Gotleu y La Soledad, mediante sobres repletos de billetes de 500 euros que fueron entregados a uno de sus cabecillas en plena campaña electoral en la propia sede del partido tras pactar con ellos las cantidades en una céntrico taberna de Palma.

El partido que presidía Maria Antònia Munar contactó con varios líderes gitanos de estas zonas, que se ofrecieron a lograr el voto de al menos 20 familias. A cambio, eso sí, exigieron dinero en efectivo para repartir entre los nuevos votantes de la formación nacionalista que con sus tres diputados desbancó al PP de Jaume Matas y entregó el poder al PSOE de Francesc Antich.

EL MUNDO/El Día de Baleares también destapó la colocación de empleados fantasma en las empresas relacionadas con el entramado audiovisual de Video-U, que fue ordenada y coordinada presuntamente por el ex presidente de UM Miquel Nadal a cambio de la realización de trabajos durante su campaña para acceder a la Alcaldía de Palma en 2007.

Según pudo saber este diario, fue el ex conseller de Turismo del Govern de Antich quien urdió el sistema para gratificar a quienes le ayudaron durante su candidatura para optar a la Alcaldía de Palma.

Este fue el método empleado para premiar, por citar algunos ejemplos, al hermano del ex conseller de Deportes Mateu Cañellas, que acabó prestando servicios para Nadal; o al presidente de la Casa Argentina en Baleares. A este último se le fichó como asesor de una de las empresas del grupo de Video-U, Ambbit Digital, durante varios meses pese a no tener, al igual que ocurre con el hermano de Cañellas, experiencia alguna en el sector audiovisual. En el caso de Jorge Joaquín Mandado, el principal objetivo de su fichaje pasaba por la captación de votos entre sus compatriotas censados en Baleares y acabó siendo colocado por UM como director gerente de la Fundación Illesport en el Govern presidido por Francesc Antich.

La sede como caja fuerte
UM utilizaba su propia sede para custodiar las comisiones que cobraba en efectivo a sus proveedores y con las que posteriormente financió la pasada campaña electoral.

Algunos de los principales contratistas del Consell de Mallorca, que presidía la histórica líder de la formación nacionalista Maria Antònia Munar, realizaban entregas de sobres en mano a las secretarias de sus altos cargos durante los meses previos a los comicios autonómicos y municipales de 2007, en los que UM obtuvo tres diputados que acabaron convirtiéndose en la llave para que el PSOE de Francesc Antich lograse el Gobierno de Baleares.

Acto seguido, las secretarias tenían orden de sus superiores políticos de depositar el dinero en la sede central de la formación política.

Entre quienes entregaban en mano los fondos se encontraban las administradoras de la productora audiovisual Video-U, adquiridas mediante testaferros por Munar y su delfín Miquel Nadal, y a la que desviaron cinco millones de euros públicos del Consell de Mallorca mediante el pretexto de programas de radio y televisión que nunca se llevaron a cabo.

Una vez en el partido, se colocaban en casilleros sobres con cantidades que rondaban los 300 euros con los nombres de los activistas de UM que se encargaban de pedir el voto puerta a puerta y que, en el seno de la formación nacionalista, fueron bautizaron como biblieros. Con el resto del dinero en efectivo se abonaba todo tipo de gastos derivados de los comicios, desde cenas a los catering de los mítines que se organizaban.

Además
* El Govern está preocupado
* Melià: 'No afecta a nadie de la nueva UM'
* Los casilleros
* ¿Queda algún papel?
* Detienen a la mano derecha de Cerdó

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