"CASO BRUGAL"; ORTIZ GARANTIZÓ LA RECALIFICACIÓN DE SUELOS A LA CAM EN UNA OPERACIÓN

Un exdirectivo de la caja, imputado en Brugal, admite al juez el hecho

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

Daniel Gil, exdirector General de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), admitió ayer ante el juez una empresa de la caja y otra firma del promotor Enrique Ortiz compraron suelo rústico en el paraje de Agua Amarga con la expectativa de su posterior recalificación. El ejecutivo de la caja declaró, en calidad de imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado dirige la instrucción de la pieza del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El directivo de la CAM declaró ante el juez por espacio de una hora. Según los letrados de la acusación popular, EU y PSPV, Gil se negó a responder a las preguntas de estas partes y eludió las del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, vinculadas con las escuchas. Sobre este punto el acusado respondió que "no recordaba absolutamente nada".

Gil se ciñó así al guión del resto de imputados que evitan responder a cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas hasta que la Audiencia no se pronuncie sobre su legalidad. Las defensas han adoptado esta estrategia a raíz de la decisión del instructor general del sumario, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela de anular algunas de las escuchas.

Los abogados de las acusaciones populares señalaron que El directivo de la CAM admitió ante el juez una operación de compra de suelo de la entidad con Ortiz, en concreto unos 200.000 metros cuadrados en la zona de Agua Amarga. El directivo, según esas parte, "Señaló que la compra se realizó con miras a la reclasificación del suelo, pero que ese extremo lo dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa de Ortiz".

El imputado, en cambio, rechazó disponer de información privilegiada sobre el PGOU de Alicante y también si Ortiz disponía de datos secretos facilitados por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, o la concejal de Urbanismo y ahora regidora, Sonia Castedo.

En su escrito de acusación inicial, el fiscal acusa a Daniel Gil de disponer de información privilegiada del PGOU y en concreto sobre el proyecto denominado Ciudad de la Economía planteado en la zona Agua Amarga. Briones basa su acusación en las conversaciones, recogidas en las escuchas, entre Gil y Ortiz, en el que refieren al proyecto de la Ciudad de la Economía como "un traje a medida" para la CAM. En otro pasaje de las escuchas, Ortiz comunica al directivo de la caja que una reunión con Castedo, la regidora dio "apoyo total" al proyecto.

Según el fiscal, la operación de compra de suelo se formalizó con una trama de tres empresas: la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones S. L., propiedad de la CAM y en cuyos órganos de administración se encontraba Gil, Camservi Obras y Servicios, propiedad de Ortiz; Dreamview, cuyos máximos accionistas son las dos primeras sociedades.

Los interrogatorios a los imputados en esta trama del PGOU de Alicante proseguirán el próximo jueves, día 28, con la declaración de un abogado y el empresario Bernardo Campos, amigo de Alperi. El juez ha interrogado como imputados al redactor del PGOU, Jesús Quesada, el empresario Ortiz y a su mujer. Castedo y Alperi aún no han sido imputados, aunque sí están acusados de supuesto cohecho por parte del fiscal.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; CAMPS DA LA ESPANTADA PARA NO TRAGAR CON EL APAÑO DE RAJOY

Francisco Camps, tras anunciar su dimisión / TANIA CASTRO

El presidente valenciano se derrumbó con el trato ya listo y facilitó así una salida a Rajoy
El líder del PP había aceptado que Camps siguiera en el poder con antecedentes penales
El letrado de Camps llegó a presentar en el tribunal el escrito en el que se reconocía culpable

* EDITORIAL: No muy honorable
* Convicto y confeso, blog de Fernando Garea
* Tarde, muy tarde, por Josep Torrent
 
Carlos E. Cué / Joaquín Ferrandis Madrid / Valencia

Le apoyó por delante, por detrás, al lado, se tragó todos los sapos por él, vinculó el futuro político de ambos, le aclamó en plazas de toros cuando todo el mundo sabía que lo quería ver dimitido. Nunca le pidió que se fuera. Esperó y esperó, confiado en que algún momento la presión lo reventaría. En que moriría sin que nadie lo matase. Y sobre todo sin que él se manchase las manos. Tuvo que esperar dos años, cuatro meses y un día, pero Mariano Rajoy, sin mover un músculo, vio ayer cómo caía por su propio peso, y sin hacer él nada, como pasó con el extesorero Luis Bárcenas, la última gran pieza del caso Gürtel: dimitió Francisco Camps.

El presidente de la Generalitat se resistió hasta el último momento. Y Rajoy, consciente de que no podía forzar su dimisión directamente, buscó una salida intermedia, aunque muy difícil de defender. En varias conversaciones en los últimos días, tanto el líder del PP como otros interlocutores le explicaron a Camps que la dirección nacional no podía permitirse un juicio en otoño, en plena campaña. Así que, si no quería dimitir —y no quería— solo quedaba una salida: declararse culpable, aceptar la multa más alta que le pidieran, y evitar el juicio.

Rajoy aceptaba así que Camps se convirtiera en el único presidente autonómico con antecedentes penales de la democracia española, nada menos que por cohecho, esto es por corrupción. Es más, le dejaba a él decidir. Pero para facilitar las cosas, Génova empezó a trabajar para que saliera adelante ese apaño. “Es el mal menor”, explicaban.

El abogado del dirigente llegó a presentar el escrito de culpabilidad

Rajoy ya había renunciado a su oportunidad real para resolver el problema en marzo, cuando podía no haberle confirmado como candidato. Los estatutos del PP le dan ese último poder al líder. Pero una vez más, no lo ejerció, prefirió esperar, como siempre, y entonces quedó a merced del president. Él tenía la última palabra.

Además de Camps, que nunca estuvo del todo convencido, porque quería ir a juicio, el problema principal era Ricardo Costa. El exsecretario general no quería admitir su culpabilidad porque eso podía facilitar su condena en el caso de financiación ilegal, con penas no de multas sino de cárcel.

El equipo de Rajoy puso en marcha la red para afianzar el apaño. Dolores de Cospedal llamó a última hora de la noche del martes a Costa, y le pidió un sacrificio. A cambio, le garantizó una compensación, un reconocimiento y un buen trato político en el futuro. Costa aceptó, a regañadientes y contra el criterio de su abogado.

Todos, Rajoy y Cospedal incluidos, se fueron a la cama pensando que el president se declararía culpable. Rajoy y Camps hablaron también a última hora, y aunque ambos coincidieron en que la solución no era buena, decidieron seguir adelante. Nadie en los últimos días descartaba la dimisión del todo, porque veían a Camps muy tocado, pero le habían visto tantas veces resistir y resistir que no lo querían creer. Por eso se resolvió que se declaraba culpable. Allí estaba Federico Trillo, siempre cerca de Camps desde el martes por la tarde, para garantizar que su entorno, mucho más resistente, no le convencía de que fuera a juicio. Rajoy no controló nunca la situación, todo estaba en el aire hasta el último momento.

Rajoy habló con Camps y todo quedó arreglado para que se "conformara"

Nada más despertar, comenzó una mañana de esperpento. Costa ya había cedido, pero con una condición: que él iba a firmar con Camps. En ningún caso antes. No se fiaba. Ya le habían engañado otras veces. El president llegó a prometerle que le metería en el Gobierno autonómico. Nada.

Varios periódicos daban cuenta en sus portadas del apaño, y los comentaristas empezaban a criticarlo. En el entorno de Camps se instalaba una realidad: el arreglo no eliminaría la presión mediática, lo que peor lleva un president que en los últimos dos años apenas ha aceptado preguntas de la prensa y que llevaba cinco días encerrado cancelando agendas. Su estado anímico se deterioraba por minutos, según los muchos dirigentes que han hablado con él en las últimas horas.

Aún así, a primera hora de la mañana, todo marchaba según lo previsto. Los abogados de tres de los cuatro imputados, Víctor Campos, Rafael Betoret y Francisco Camps llegaban al Tribunal Superior de Justicia de Valencia con sus documentos para “conformarse”, el término técnico para reconocer el delito. El letrado de Camps, y por tanto no un hombre enviado por Génova sino alguien de su absoluta confianza, llegó a presentar en el tribunal el escrito en el que reconocía el delito y anunció que estaba a la espera de que su cliente viniera a firmarlo. Costa esperaba acontecimientos, y nunca presentó el escrito.

Al final, el presidente no fue capaz de ir ante las cámaras a admitir la condena

El documento sin la firma del imputado no vale. Así que empezaron a desfilar. Primero Campos, que firmó, después Betoret, que también lo hizo... ¿Y Camps? Todo el mundo le esperaba, la expectación iba creciendo, y también la presión. El tribunal se llenó de cámaras y redactores que aguardaban a pleno sol. Pasaban las horas, y el juzgado iba a cerrar.

Entonces el esperpento alcanzó su cénit. El juzgado anunció que el abogado de Camps había comunicado que el president se disponía a acudir para firmar el documento que había presentado su abogado, esto es para reconocerse culpable. Pidió así el favor de que ampliaran el horario de cierre. Le había costado mucho decidirse, pero parecía hecho. El juzgado aceptó esperar nada menos que para recibir al president de la Generalitat, que seguía refugiado en el palacio presidencial con Trillo y Juan Cotino, dos hombres religiosos como él, cercanos al Opus Dei, que han estado casi siempre con él en los días más duros.

Muchos de los que han hablado con él estos meses aseguran que Camps se ha llegado a tomar el caso como una especie de martirio, como un prueba, y que se ha refugiado en la fe para resistir. Algunos incluso señalan que realmente estaba al límite de la resistencia psíquica.

Cuando todo parecía decidido, algo pasó. Se repitió el caso de Bárcenas. El extesorero dimitió un día en que su mujer lloraba porque no podía salir de casa con todas las cámaras esperando a la puerta. Camps se rindió al ver que tenía que declararse culpable y hacer el paseíllo rodeado de cámaras, admitir su falta, pagar la multa y explicarlo antes los ciudadanos. Acorralado, consciente de que casi todo el partido quería que se marchara hace mucho tiempo, se derrumbó. Decidió dimitir para no declararse culpable, para seguir con el juicio y tratar de defenderse. Para no admitir ante todos lo que ya todos reconocen incluso en público: que mintió, ante el juez, el Parlamento y los ciudadanos. “No quería ser un presidente condenado, ahora se siente liberado”, comentaba alguien que habló con él.

Cospedal convenció a Costa, que pidió que su jefe declarase con él

Su decisión, comunicada a las 17.30 con su gobierno en pleno a la espalda y Trillo y Rita Barberá de espectadores, deja a los pies de los caballos a Campos y Betoret. Ambos se han declarado culpables —y eso no tiene marcha atrás— porque el PP les dijo que Camps también lo haría. Costa se salvó por su desconfianza, y ahora él y Camps tratarán de defender su inocencia en el futuro juicio mientras otros dos imputados con las mismas pruebas reconocen su culpabilidad.

Sin haber jugado el partido, el resultado puede parecer muy bueno para Rajoy. Se quita el peso de Camps, que pese a su dimisión de ayer del Gobierno y del PP pretende mantener su escaño en el Parlament de cara al futuro; despeja su camino a La Moncloa y coloca de sucesor a Alberto Fabra, que siempre fue el favorito de Génova una vez que Rita Barberá rechazó el encargo. Se le colocó en las listas autonómicas por si acaso, aunque nadie contempló nunca en serio que Camps cayera.

Sin embargo, aunque políticamente empezó a resolverse ayer, el caso Gürtel en Valencia no ha hecho más que empezar. Queda por juzgar toda la financiación ilegal, las desviaciones y comisiones en la visita del Papa, y los contratos irregulares de todo tipo con la trama. El caso de los trajes era solo el principio. Pero ha sido suficiente, dos años después, para hacer dimitir al responsable de haber llevado la trama a Valencia: Francisco Camps, el amigo del alma de Álvaro Pérez, el Bigotes.

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UN EX DIRECTIVO DE CAM NIEGA LA IMPLICACIÓN DE LA CAJA EN LA RAMA DE BRUGAL RELATIVA AL PGOU

Declara en el juzgado de Alicante

* Ha rechazado contestar cualquier pregunta relacionada con las escuchas
* Admite que la CAM negoció con Ortiz pero niega información privilegiada

Juan Nieto | Daniel Moltó | Alicante

El ex director de inversiones inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, ha negado este jueves ante el juez cualquier vinculación de la entidad bancaria con la supuesta trama de corrupción en torno a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, investigada en una de las piezas separadas del sumario del Caso Brugal.

Gil es uno de los implicados en el caso según el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, quien le atribuye los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario y de tráfico de influencias, por unos terrenos en la partida de Aguamarga para el proyecto frustrado de la Ciudad de la Economía, en beneficio del empresario Enrique Ortiz.

El fiscal considera responsable de los mismos delitos al director general adjunto y director de sociedades participadas de Bancaja cuando se investigaron los hechos, José Cortina, a quien considera responsable de influenciar, diseñar y conseguir, a través del constructor Ortiz, que se revolviera a su medida aspectos relevantes de la redacción del PGOU para salir beneficiado con unos terrenos en La Condomina. Su declaración, prevista para este miércoles, 20 de julio, ha sido aplazada hasta octubre.

Rechaza las escuchas
El ex alto cargo de CAM ha acudido acompañado por su abogado para prestar declaración ante el titular del juzgado de Instrucción número 5, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del caso en Alicante.

El ex directivo se ha negado a contestar a cualquier pregunta relacionada con las escuchas telefónicas llevadas a cabo por la Policía, pues según ha reiterado, estas conversaciones están pendientes de anulación. También se ha negado a escuchar las grabaciones después de que el fiscal se lo haya sugerido tras asegurar que no recordaba esas conversaciones.

Gil ha admitido que la Cam tuvo negocios a través de una sociedad del empresario Enrique Ortiz, pero ha negado haber recibido cualquier tipo de información o instrucción a través del Ayuntamiento, así como cualquier reunión o encuentro con responsables del área de Urbanismo o de Alcaldía.

elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA COMUNICABA A GIL TODAS SUS OPERACIONES URBANÍSTICAS PRIVADAS EN MARBELLA

Nuevo argumento del ex asesor

* El ex alcalde marbellí fue también su socio en negocios inmobiliarios

José Carlos Villanueva | Málaga

El principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha introducido este miércoles un argumento novedoso, no empleado nunca hasta ahora. Ha asegurado que él le comunicaba personalmente al ex alcalde Jesús Gil "todas" sus operaciones urbanísticas de índole privado acometidas en el municipio, al margen de su actividad pública como responsable del urbanismo marbellí.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, Roca se ha referido concretamente a la compraventa de la finca La Concepción, en 1997, operación en la que Gil y Gil se convirtió en su socio mayoritario, con un 50% de las acciones de la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas, junto a su peón de confianza en las sociedades municipales, José Luis Jiménez -ya fallecido- con un 25%. Se trata del mismo porcentaje de acciones que ostentó el exasesor urbanístico.

En la compra de dos parcelas que sumaban 1,2 millones de metros cuadrados Gil participó a través de la sociedad Mizar , administrada por su hija Miriam; mientras que Jiménez lo hacía mediante la empresa Gestión Safiso.

Gil, Roca y Jiménez pretendieron la recalificación de dichos terrenos, calificados como suelo rústico no urbanizable en el PGOU vigente entonces de 1986, para poder construir 1.6000 viviendas, campo de golf y un hotel. Todo ello en base a la revisión de dicho plan, llevada a cabo en 1998 contra el criterio de la Junta de Andalucía.

Las dos fincas fueron adquiridas en 1997 por más de 500 millones de las antiguas pesetas y la escritura pública se formalizó a comienzos de 1998. El negocio iba a ser redondo. Tal y como ha recordado Roca, "se trata de unos terrenos a menos de 1.000 metros de Puerto Banús". Los hechos se enmarcan en un caso de presunto blanqueo de capitales.

En los primeros meses de 2003 los terrenos fueron ofrecidos al mejor postor, al ser rechazada la recalificación en el nuevo PGOU de la Junta de Andalucía. Jesús Gil y José Luis Jiménez recuperaron la inversión, pero Roca mantuvo siempre la idea de quedarse en la sociedad propietaria, Aragonesas de Finanzas Jacetanas.

Plan de Ordenación Territorial
A preguntas del fiscal Roca ha reconocido que dichos terrenos se ofrecían con la calificación de "urbanizables". Lo cierto es que dicho acusado ha hecho hincapié, ya a preguntas de su abogada, Rocío Amigo, en que en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) dejaba como urbanizables los terrenos, incluso tras estallar la llamada operación 'Malaya' en marzo de 2006.

De hecho, EL MUNDO desveló en mayo de 2006 que el POTA, impulsado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, aplicaba a la finca La Concepción, en manos de testaferros de Roca, la protección más suave de las tres contempladas , como es la de "zona de interés territorial", inferior a las zonas de protección ambiental 1 y 2.

Así pues, en dicha parcela aún cabían determinadas "actuaciones singulares de excelencia turística", como recoge la normativa, tales como un campo de golf, un hotel, así como viviendas unifamiliares de lujo.

La Junta, a través del arquitecto redactor del POTA, José Seguí, decidió dar mayor protección a los suelos a raíz de la operación 'Malaya', desencadenada a finales de marzo de 2006, ya que en el anterior documento del POTA, previo al presentado en mayo de 2006, era una zona no protegida en la que se daba luz verde a las 1.600 viviendas y el campo de golf.

Todo ello a raíz de un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. en la que figuran algunos de los testaferros de Roca que ahora se sientan en el banquillo junto a él.

El documento del POTA previo al definitivo dejaba vía libre a cualquier desarrollo urbanístico, a pesar de que el arquitecto redactor del Avance del PGOU de Marbella, Manuel González Fustegueras, no había cedido a las presiones de Roca y otorgaba la máxima protección ambiental a la parcela de La Concepción.

El criterio de Fustegueras no fue seguido por el arquitecto José Seguí, quien ya había mantenido reuniones con Roca meses antes de su detención. El urbanista sólo se decidió a otorgar mayor protección a los terrenos cuando saltó el escándalo de corrupción en el Consistorio marbellí y la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. salió a relucir.

El presidente del tribunal del caso 'Malaya', José Godino, ha dado por concluido el periodo de sesiones de la vista oral hasta el próximo 5 de septiembre, una vez concluida la declaración de Roca.

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* Quién es quién en 'Malaya'

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"CASO GÜRTEL"; CAMPS RENUNCIA A ACEPTAR LA CONDENA POR COHECHO Y SE ENFRENTARÁ A UN JURADO POPULAR

Camps abandona el Palau de la Generalitat tras anunciar su dimisión | Vicent Bosch

Tras dimitir como jefe del Consell

Presenta un escrito ante el TSJ en el que rechaza aceptar la pena por cohecho

Agencias | Valencia

Francisco Camps lo insinuó durante la intervención ante los medios en la que anunció su dimisión: "quedo liberado para defenderme donde corresponda de todas estas infamias e insidias". Dejaba entrever el "completamente inocente" ex jefe del Consell que acudirá a juicio para defender su honor. Este jueves se ha confirmado la decisión de Camps de no declararse culpable en la 'causa de los trajes'.

El abogado de Francisco Camps ha presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano un escrito donde el dimitido presidente rechaza aceptar la pena más alta prevista para el delito de cohecho pasivo impropio por la que está procesado en la llamada 'causa de los trajes' del caso Gürtel.

Según han confirmado fuentes del TSJCV, el letrado que lleva la defensa de Camps, Javier Boix, presentó el miércoles en el Palacio de Justicia un escrito de su cliente donde éste aceptaba la acusación, pero estaba sin firmar y el entonces aún presidente de la Generalitat finalmente no acudió a ratificarlo en persona, como es obligatorio.

Sí lo hicieron, durante la mañana del miércoles, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, quienes aceptaron la acusación de haber recibido supuestamente regalos (sobre todo prendas de vestir) de los cabecillas de la trama Gürtel.

Respecto al cuarto procesado en la citada 'causa de los trajes', el ex secretario general del PPCV y actual secretario general del grupo popular en las Cortes, Ricardo Costa, su defensa aún no se ha pronunciado sobre si acepta o no su culpabilidad ante la acusación por el delito de cohecho pasivo impropio.

Quizás no haga falta que Costa se pronuncie, pues la negativa de Camps a conformarse con la pena más alta deja sin efecto lo realizado por Campos y Betoret, al necesitarse las cuatro conformidades para evitar la celebración del juicio oral con jurado que abrió, el pasado viernes, el magistrado del TSJCV José Flors en su auto de procesamiento del presidente y los otros ex altos cargos de la Generalitat y del PPCV.

El magistrado Juan Climent, como presidente del tribunal del jurado, requerirá a estos cuatro procesados el pago de la fianza, que deberán depositar personalmente. Climent, en el caso de que Costa también rechace la conformidad -como ha hecho este jueves la defensa de Camps-, requerirá a todos ellos a que depositen la fianza establecida en el auto de apertura de juicio oral.

Esta fianza, que deberán depositar en persona los imputados ante el TSJCV, corresponde a la pena máxima que pedía el fiscal más un tercio, lo que en el caso de Francisco Camps alcanza los 55.000 euros.

El proceso para la convocatoria del juicio oral discurre en paralelo a estos movimientos, y continuará con la designación formal del presiente del tribunal del jurado, al que las partes podrán plantear cuestiones previas que éste podrá o no resolver antes del juicio; se dictará un auto en el que señalará los hechos que van a ser juzgados y se fijará la fecha de la vista, el trámite final antes de la celebración del juicio.

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Auto de apertura del juicio oral | Cronología | Preguntas

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A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, Roca se ha referido concretamente a la compraventa de la finca La Concepción, en 1997, operación en la que Gil y Gil se convirtió en su socio mayoritario, con un 50% de las acciones de la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas, junto a su peón de confianza en las sociedades municipales, José Luis Jiménez -ya fallecido- con un 25%. Se trata del mismo porcentaje de acciones que ostentó el exasesor urbanístico.

En la compra de dos parcelas que sumaban 1,2 millones de metros cuadrados Gil participó a través de la sociedad Mizar , administrada por su hija Miriam; mientras que Jiménez lo hacía mediante la empresa Gestión Safiso.

Gil, Roca y Jiménez pretendieron la recalificación de dichos terrenos, calificados como suelo rústico no urbanizable en el PGOU vigente entonces de 1986, para poder construir 1.6000 viviendas, campo de golf y un hotel. Todo ello en base a la revisión de dicho plan, llevada a cabo en 1998 contra el criterio de la Junta de Andalucía.

Las dos fincas fueron adquiridas en 1997 por más de 500 millones de las antiguas pesetas y la escritura pública se formalizó a comienzos de 1998. El negocio iba a ser redondo. Tal y como ha recordado Roca, "se trata de unos terrenos a menos de 1.000 metros de Puerto Banús". Los hechos se enmarcan en un caso de presunto blanqueo de capitales.
En los primeros meses de 2003 los terrenos fueron ofrecidos al mejor postor, al ser rechazada la recalificación en el nuevo PGOU de la Junta de Andalucía. Jesús Gil y José Luis Jiménez recuperaron la inversión, pero Roca mantuvo siempre la idea de quedarse en la sociedad propietaria, Aragonesas de Finanzas Jacetanas.

Plan de Ordenación Territorial
A preguntas del fiscal Roca ha reconocido que dichos terrenos se ofrecían con la calificación de "urbanizables". Lo cierto es que dicho acusado ha hecho hincapié, ya a preguntas de su abogada, Rocío Amigo, en que en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) dejaba como urbanizables los terrenos, incluso tras estallar la llamada operación 'Malaya' en marzo de 2006.

De hecho, EL MUNDO desveló en mayo de 2006 que el POTA, impulsado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, aplicaba a la finca La Concepción, en manos de testaferros de Roca, la protección más suave de las tres contempladas , como es la de "zona de interés territorial", inferior a las zonas de protección ambiental 1 y 2.

Así pues, en dicha parcela aún cabían determinadas "actuaciones singulares de excelencia turística", como recoge la normativa, tales como un campo de golf, un hotel, así como viviendas unifamiliares de lujo.

La Junta, a través del arquitecto redactor del POTA, José Seguí, decidió dar mayor protección a los suelos a raíz de la operación 'Malaya', desencadenada a finales de marzo de 2006, ya que en el anterior documento del POTA, previo al presentado en mayo de 2006, era una zona no protegida en la que se daba luz verde a las 1.600 viviendas y el campo de golf.

Todo ello a raíz de un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. en la que figuran algunos de los testaferros de Roca que ahora se sientan en el banquillo junto a él.

El documento del POTA previo al definitivo dejaba vía libre a cualquier desarrollo urbanístico, a pesar de que el arquitecto redactor del Avance del PGOU de Marbella, Manuel González Fustegueras, no había cedido a las presiones de Roca y otorgaba la máxima protección ambiental a la parcela de La Concepción.

El criterio de Fustegueras no fue seguido por el arquitecto José Seguí, quien ya había mantenido reuniones con Roca meses antes de su detención. El urbanista sólo se decidió a otorgar mayor protección a los terrenos cuando saltó el escándalo de corrupción en el Consistorio marbellí y la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L. salió a relucir.

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"CASO GÜRTEL"; CAMPS DIMITE COMO JEFE DEL CONSELL

Francisco Camps, durante la comparecencia en la que ha anunciado su dimisión. | Benito Pajares

Un 'sacrificio personal' por Rajoy y el PP

* Deja su cargo después de más de ocho años al frente del Gobierno valenciano
* Dimite como 'sacrificio personal' para que Mariano Rajoy sea presidente
* Dice que es 'completamente inocente de las barbaridades que se han dicho'
* 'Allá los miserables que no han sabido ver un proyecto de futuro'
* 'No podrán demostrar nada porque no lo hay; estoy liberado para defenderme'
* Francisco Camps también ha dejado la presidencia del PP valenciano

Iván Pérez | Francisco Álvarez | Marisol Hernández | Valencia

El líder del PP valenciano, Francisco Camps, ha anunciado esta tarde su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, después de que horas antes decidiera no acudir al juzgado para pagar la multa y asumir su culpabilidad en el 'caso de los trajes'. Camps también ha dimitido como presidente del PPCV.

Un "sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno y el PP gobierne España", así ha argumentado Camps su decisión de abandonar el Ejecutivo valenciano. Una decisión "firme, personal y sentida", y un "sacrificio político y familiar" de un Francisco Camps que ha insistido en que es "completamente inocente de las barbaridades que se han dicho de mí".

En la misma línea, y en referencia a la trama corrupta que le ha salpicado a él y a parte de su partido, Camps aseguró que "no podrán demostrar nada porque no hay nada. Estoy liberado para defenderme donde corresponda de todas estas infamias e insidias", con lo que ha dado a entender que no admitirá su culpabilidad en la 'causa de los trajes', como este miércoles han hecho Campos y Betoret, y que irá a juicio para demostrar su pretendida inocencia.

Un proceso 'brutal' que es 'falso'
El ya ex jefe del Consell defendió igualmente la inocencia de los otros tres imputados en la 'causa de los trajes', el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, y los situó, como en su caso, en el saco de las víctimas de un "absurdo proceso brutal que es falso". "Muchos bajarán la cabeza por las barbaridades que han ido contando durante estos dos años", añadió.

Camps dijo estar "harto de que no se hable de nuestra gente, nuestra cultura, nuestra industria, nuestro turismo y de la proyección y la grandeza de nuestra tierra" y envió un recado a sus detractores: "allá los miserables que no han sabido ver un proyecto de futuro".

Francisco Camps agradeció "las miles y miles y miles de muestras de apoyo y cercanía" que ha recibido tras ganar las recientes elecciones autonómicas y afirmó que se marcha "sin rencor ni dolor en el corazón, con menos de lo que vine". Camps defendió su condición de "muy honorable", que dijo haber llevado "con orgullo" y se despidió de la legión mediática sin aceptar preguntas, tónica predominante en los últimos tiempos.
 

Cambio de opinión
Francisco Camps ha sorprendido con la comparecencia después de que, al filo de las 15 horas, decidiera no acudir al TSJCV a presentar su escrito de conformidad, lo que suponía aceptar su culpabilidad en el proceso, así la multa exigida por la acusación popular.

Otros dos imputados, el que fuera vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret habían cumplido con este cometido horas antes. Es más, el propio abogado de Camps esperaba a su representado desde las 8 de la mañana con el escrito de conformidad en la mano. Pero nunca llegó.

El todavía jefe del Consell se echó para atrás tras confirmar que iba en camino. Costa tampoco había acudido al TSJCV, a pesar de asegurar que acataría las directrices del partido. Poco después los rumores de una dimisión comenzaron a tomar fuerza.

En este nuevo escenario, el acuerdo de conformidad suscrito por Betoret y Campos está ahora en el aire. Porque Camps ya insinuado que defenderá su inocencia (es decir, que no pagará la multa como inicialmente se había especulado), lo que conduce directamente al juicio. Para evitarlo era imprescindible que los cuatro imputados aceptaran su culpabilidad. Y no ha ocurrido.

Camps ha dejado el cargo al frente del Gobierno valenciano recién iniciada su tercera legislatura al frente del Ejecutivo autonómico y después de más de ocho años como presidente.

Acorralado por la sombra de 'Gürtel'
La dimisión de Camps es el último capítulo de un serial que ha perseguido al jefe del Consell desde febrero de 2009. El día 19 de aquel mes apareció por primera vez su nombre vinculado a la trama destapada en Madrid. Una imputada aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él. "Saldremos de esta", dijo el jefe del Consell.

Apenas un mes después, Garzón envió parte del caso Gürtel al TSJ de Valencia tras imputar a Camps, Costa, Campos y Betoret. El juez dijo que el presidente de la Comunidad Valenciana había recibido trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market, regentada por Álvaro Pérez 'El Bigotes'. "Claro que me pago mis trajes", sentenció Camps días después rodeado de toda la cúpula del PP.

Las grabaciones de la Policía acreditaron la relación de Camps con 'El Bigotes'. La conversación del presidente valenciano llamando "amiguito del alma" al empresario y diciéndole aquello de "te quiero un huevo" han perseguido a Camps durante estos años.

Francisco Camps y el resto de imputados desfilaron por el TSJ en mayo de 2009 para declarar como imputados. El presidente aseguró que su ropa la pagó en efectivo con el dinero que le administra su mujer y que no tiene factura porque nunca la pide. "Llevo muchos años no pidiendo ni ticket ni factura cuando he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a protocolo", explicó en su declaración.

El dirigente 'popular' consiguió el archivo de la causa en primera instancia por parte del TSJ, pero el Supremo lo reabrió en mayo del año pasado. Para entonces ya había caído Ricardo Costa, apartado de la secretaría general del partido y suspendido de militancia por Génova por su "actitud" ante las revelaciones del sumario.

El informe del juez revelaba que hasta ocho consellers, varios altos cargos y hasta los padres y suegros de Camps recibieron regalos de la trama.

Desde que el Supremo ordenó seguir investigando a Camps, toda la actualidad en torno al presidente circuló entre la bronca continua en las Cortes Valencianas y la irregular escenificación del apoyo de Rajoy a su barón. Camps ha peleado tanto por defender su inocencia como por sobrevivir al frente del PP valenciano. Lo segundo lo consiguió. Ganar las elecciones también.

Ahora, Camps ha cedido a la presión política, mediática y judicial y ha dejado su cargo, forzado en buena parte por la dirección nacional del partido, que instó al líder 'popular' a presentarse ante el TSJ y admitir su culpabilidad en la 'causa de los trajes' para evitar así el juicio. El temor de Mariano Rajoy, que podría estar cerca de la Presidencia del Gobierno según las encuestas, es que el juicio a Camps, Costa, Campos y Betoret tuviera lugar en plena campaña electoral.

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"CASO GÜRTEL"; CAMPS ALEGA AHORA QUE PUDO RECIBIR LOS TRAJES COMO PRESIDENTE DEL PP

El president, Francisco Camps. efe

Su abogado defiende ante el juez que pagó las prendas, pero desliza que si aceptó regalos no fue como jefe del Consell. Camps evitaría así la acusación de cohecho

BELÉN TOLEDO VALENCIA

Francisco Camps, president valenciano, ha introducido una variación en su estrategia de defensa en el llamado caso de los trajes. Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo siempre había sostenido, tanto en público como ante el juez, que él pagó en efectivo las prendas de vestir y que en ningún caso fue agasajado por los empre-sarios de la presunta trama Gürtel. Pero, el pasado martes, su abogado aportó otra posible versión de los hechos. Afirmó, según fuentes jurídicas cercanas al caso, que su cliente no recibió regalo alguno, pero añadió que, de haberlos recibido, habría sido en calidad de presidente del PP valenciano.

El letrado, Javier Boix, hizo estas consideraciones en la vista preliminar que se celebró el martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde el caso se instruye desde hace más de dos años. En esta, cada una de las partes personadas debía exponer ante el juez, José Flors, sus conclusiones. En los próximos días, el instructor decidirá si abre juicio contra Camps.

Hasta ahora, el president había defendido que pagó en metálico

El matiz introducido por el abogado del president podría beneficiarle desde el punto de vista jurídico, pero le perjudicaría notablemente en el ámbi-to político. En estos momentos, Camps está acusado de recibir varios miles de euros en trajes de los empresarios de la trama Gürtel. Estos supuestos hechos le han valido la imputación de cohecho pasivo impropio, un delito recogido en el artículo 426 del Código Penal. Es la modalidad más leve del soborno y afecta a las "autoridades o cargos públicos" que acepten regalos "en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".

El abogado pretende que el juez crea que Camps recibió las presuntas dádivas como presidente de un partido político y no como "autoridad" (presidente autonómico). Así, conseguiría que los hechos dejaran de ser considerados delitos. Y, por tanto, no habría juicio. Si la estrategia de Boix triunfa, Camps evitaría la imagen de un presidente regional sentado en el banquillo, en lo que sería el primer juicio por corrupción a un mandatario autonómico en la historia de la democracia.

La parte negativa de esta estrategia para el jefe del Consellsería que su imagen política se vería perjudicada, ya que él mismo estaría admitiendo que mintió. En marzo de 2009, un mes después de que estallara el escándalo, Camps negó tajantemente las acusaciones: "Yo me pago mis trajes", dijo. Tampoco se admitía ninguna sombra de duda en el escrito de conclusiones que su abogado presentó ante el juez el pasado marzo, en el que se afirmaba que "mi mandante [cliente] nunca ha recibido los regalos que se relacionan [...]. En los casos en que efectivamente ha adquirido cualquier prenda, las ha abonado, siempre y en todo caso".

Camps mintió en la sede parlamentaria cuando dijo que no conocía a 'el Bigotes'
 

En calidad de amigo
El letrado introdujo, además, una segunda posibilidad. Recordó al juez que las "acusaciones mediáticas" retrataron una supuesta amistad entre Álvaro Pérez, el Bigotes, el principal empresario de la trama en Valencia, y Francisco Camps. En consecuencia, su abogado, según las mismas fuentes, pidió al juez que, en el caso de que considerara probado que el president recibió los regalos, se inclinara por la posibilidad de que fue en calidad de amigo.

Esta segunda opción deslizada por el abogado es todavía más incómoda para su cliente. El 21 de mayo de 2009, Camps sostuvo en Les Corts Valencianes que no había mantenido "ninguna relación" con las empresas de la trama Gürtel.

Durante esa misma sesión parlamentaria, el president valenciano dijo: "Ni el escudo más potente que permitiese que yo no dijese una verdad lo aceptaría". "Siempre digo la verdad, siempre", afirmó tajante. Ahora, en boca de su abogado, el president acepta ser considerado amigo de Pérez, si esto le va a ayudar a salvarse del juicio.

No es la primera vez que los hechos ponen en evidencia que Camps mintió cuando afirmó que no había tenido ningún contacto con la red corrupta. En el citado escrito de conclusiones que su letrado presentó en marzo, Camps reconoció que conocía a el Bigotes desde el año 2002, "en atención a la realización de eventos" del PP. Además, numerosos medios publicaron el contenido de una conversación incluida en el sumario judicial en la que el dirigente conservador y el empresario cruzaban comentarios como "te quiero un huevo" o "amiguito del alma".
 

Presunta falsificación
Según fuentes conocedoras del caso, en la vista preliminar del martes, dos de los testigos el informático y el sastre de la tienda donde se compraron los trajes aseguraron que el dueño del establecimiento ordenó que se manipularan facturas para borrar el nombre de Camps de los tiquets pendientes de pago, de forma que pareciera que habían sido pagados en efectivo.

El sastre, José Tomás, añadió que la presunta falsificación se produjo días después de que el dirigente del PP Federico Trillo visitara al propietario de las tiendas. Según fuentes jurídicas, la acusación popular, ejercida por el PSOE, estudiará si a partir de estos testimonios se podría deducir la comisión de otro presunto delito.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat evitaron ayer comentar el giro en la estrategia de defensa de Camps.

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público.es

"CASO GÜRTEL"; LOS EXALCALDES DE BOADILLA SE CULPAN MUTUAMENTE DE NEGOCIAR CON CORREA

Siguero reconoce que tuvo contacto con empresas de la trama corrupta

TONO CALLEJA - Madrid

La decisión de poner en marcha la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) en Boadilla del Monte, una de las adjudicaciones millonarias investigadas en el caso Gürtel, fue del exalcalde del municipio Arturo González Panero. Así se expresó en su declaración ante el magistrado del caso, Antonio Pedreira, el exregidor Juan Siguero, imputado en la causa y sustituto de Panero cuando este fue imputado por su participación en la trama: "El anterior alcalde, González Panero, me comunicó que interesaba la oficina y nos desplazamos a Majadahonda en el coche del Ayuntamiento para ver las instalaciones", dijo Siguero al juez. Pese a acudir a Majadahonda no se entrevistaron con ningún cargo de este Consistorio: "No recuerdo bien con quién nos reunimos. Imagino que con las personas que estuvieran ahí: Isabel Jordán y otras", testificó.

De esta forma, Juan Siguero contradice las declaraciones realizadas por su predecesor en el cargo de alcalde de Boadilla, quien en declaraciones a EL PAÍS le acusó de contratar con el Gürtel: "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine. El juez tendría que investigarle a él antes que a mí".

No obstante, Siguero reconoce como verídica parte de la denuncia realizada por González Panero contra él. Así, dijo que envió a un empleado de Correa los pliegos del concurso por correo electrónico, e incluso que solicitó a Isabel Jordán [otra asalariada de Correa] un trabajo para su mujer. Pero lo hizo después de que Panero se lo encargara: "Se me encomienda, por parte del alcalde, realizar el pliego de condiciones para poder licitar el concurso". Y fue entonces, relató Siguero, cuando tomó contacto con los empleados del presunto cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa, a quien negó conocer: "Hago consultas a Javier Nombela [empleado de Correa e imputado en el Gürtel] sobre el coste del servicio y cuántas personas pueden hacer falta".

Preguntado por la fiscal sobre de qué conocía a Nombela, Siguero contestó tras la insistencia de la responsable del Ministerio Público: "Le conocía de antes, imagino que me lo presentó el anterior alcalde de Boadilla [González Panero], pero no recuerdo bien...". Y justificó también que enviara a la empresa de Correa todos los pliegos y que incluso les pidiera que le comunicaran el presupuesto de la OAC antes de la adjudicación: "No todos los técnicos tienen la capacidad de conocer todas las materias. A veces hay que consultar con las empresas locales". También reconoció ser el autor de otro correo electrónico a Nombela en el que este le debía confirmar la cantidad económica a pagar.

La Oficina de Atención Ciudadana (OAC) fue adjudicada finalmente a la empresa Easy Concept por más de 600.000 euros anuales durante un periodo de 14 años. "Tras iniciarse el servicio, la encargada de gestionarlo fue la concejal de Participación Ciudadana, Isabel Fernández Guzmán", dijo Siguero. Nada más estallar la operación policial, Siguero la cerró.

En su declaración ante Pedreira del 24 de febrero, que se alargó durante más de hora y media, Siguero también aborda otras presuntas adjudicaciones irregulares del Consistorio.

- Recogida de basuras. Las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sufi pagaron el 2% del presupuesto a Correa, según el sumario. Siguero reconoció haber elaborado "junto con los técnicos" los pliegos que sirvieron para la adjudicación a las empresas FCC y Sufi, que según el sumario pagaron varios actos del PP en el municipio. Entre otros, uno presidido por la entonces candidata Esperanza Aguirre en el que presentó el metro ligero. En este sentido, dijo, a preguntas de la fiscal, que era "normal" en Boadilla que las empresas pagaran el 2% para publicitar la gestión, y que estas cláusulas aparecieran en los pliegos. No obstante, aseguró desconocer si siempre ese 2% iba a parar a las empresas de Correa, tal y como asegura la investigación realizada por la policía judicial, con lo que de esta forma se estaría enmascarando la comisión del presunto cerebro de la trama corrupta.

- Parcela de José Luis Ulibarri. Siguero dijo no recordar bien su participación en la adjudicación de unas parcelas municipales por las que el empresario José Luis Ulibarri ofreció 35 millones de euros, un precio muy inferior al que realmente valían esos terrenos. Además, incumplió los plazos de ejecución para la construcción de viviendas: "Si fui miembro de la mesa de contratación... probablemente. No lo recuerdo, no recuerdo haber elaborado ningún informe técnico". No obstante, a preguntas de la abogada de Arturo González Panero recordó que el responsable de hacer los pliegos de esta parcela era el concejal Francisco Sánchez Arranz. En su declaración ante el magistrado Siguero, al igual que Ulibarri y Arturo González Panero, recordó que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras una querella del edil de Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo, reconocía que "todo estaba perfectamente en regla". En ese momento de la declaración Pedreira preguntó si era la sala de lo Contencioso-administrativo, algo que confirmó Siguero. Precisamente Pedreira había formado parte del tribunal, también formado por los magistrados Emilio Fernández Castro y Javier Casas Estévez, que avaló la adjudicación de Panero. Pero al no estar de acuerdo, Pedreira emitió un voto particular en el que solicitaba la admisión a trámite de la querella de Galindo y la declaración como imputado del exalcalde de Boadilla del Monte.

 - Locales comerciales Siglo XXI. Estas superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está intervenida judicialmente. Siguero reconoció haber sido el autor de la cesión de la parcela desde el Ayuntamiento a la EMSV, presidida entonces por el que fuera concejal del PP del municipio Alfonso Bosch: "Yo, como concejal de Hacienda, lo único que hago es una cesión de terrenos del Ayuntamiento a la empresa del suelo. Y ahí termina mi competencia porque en ese momento yo no era miembro de la EMSV".

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* Tema: Caso Gürtel
* El dueño de Martinsa, ante el juez
* Fotografía: Los exalcaldes
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"LA TRAMA DE LOS ERE"; OTROS DOS "INTRUSOS" EN LOS ERE SE ACOGEN A SU DERECHO A NO DECLARAR ANTE LA JUEZA

Del expediente de la empresa Intersur

Efe | Sevilla

Los dos "intrusos" citados este jueves por la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos se han acogido a su derecho a no declarar y se han ratificado en lo que ya manifestaron en su día ante la policía judicial.

Según han informado fuentes del caso, la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha informado a estos dos "intrusos", que fueron incluidos de forma irregular en las ayudas sociolaborales de dos empresas, de que se les imputan a cada uno un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación en su condición de "extraneus" al no ser funcionarios.

Los dos prejubilados citados son el ex militante del PSOE de Camas (Sevilla) Ricardo M.B., que fue incluido en el ERE de la empresa Intersur sin haber trabajado nunca en ella, y Antonio M.S., concuñado del ex militante socialista José A.L. y también de Antonio Rivas, ex alcalde de Camas y ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, ambos igualmente imputados en esta causa.

Estas comparecencias se han producido después de que el pasado viernes la juez citara a los tres primeros "intrusos" del total de 72 detectados por la Junta de Andalucía y que decidieron igualmente acogerse a su derecho a no declarar.

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"CASO GÜRTEL"; EL PRESIDENTE DE MARTINSA Y EL EX ALCALDE DE BOADILLA SIGUEN IMPUTADOS POR EL TSJM

Se niegan a declarar

Efe | Madrid

El presidente de Martinsa, Fernando Martín, al ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y los empresarios José Luis Ulibarri y Amando Mayo continúan imputados en el caso Gürtel después de haber acudido este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Aunque de los cuatro imputados solo dos -Ulibarri y Mayo- han contestado a las preguntas del juez instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, todos ellos han ido esta mañana a la sede del Tribunal madrileño y no han pedido aplazamientos como en otras ocasiones.

El primero en comparecer ha sido el presidente de Martinsa en relación con la actuación de su empresa en un proyecto urbanístico en la localidad de Arganda del Rey (Madrid) en 2006, pero Martín, que sigue imputado por los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo, solo ha hecho una declaración ante Pedreira para defender la legalidad de esa operación.

"La adjudicación de Arganda se hizo con la más estricta legalidad, con transparencia", ha afirmado Fernando Martín a la salida del TSJM, y ha añadido que sobre ese tema ya hay sentencias judiciales que acreditan que todo se hizo correctamente.

La Policía atribuye al presidente de la constructora Martinsa el pago de 12.870.000 euros en 2006 al cabecilla de la trama, Francisco Correa, como comisión para lograr la adjudicación de la citada operación urbanística.

Después, a través de una nota, Martín ha explicado que se ha acogido a su derecho a no declarar por entender que el TSJM no es competente para la instrucción del caso.

En la nota reitera que "ni él ni la compañía tienen relación alguna con los hechos que se relatan en el informe de la Policía, que no tiene nada que ocultar y que las pruebas demostrarán que se actuó correctamente", a lo que añade que la adjudicación en Arganda se hizo con transparencia.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Victoria Moreno, ha comentado que con ese proyecto el consistorio dejó de ganar 30 millones de euros que, según ella, pudieron ir a la trama Gürtel.

El ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, que sigue imputado por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad en documento público, malversación, prevaricación y cohecho, tampoco ha querido declarar.

Su citación de este jueves se refería al delito contra la Hacienda Pública por los fondos de una cuenta en un banco suizo, abierta en junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A., empresa de él y su ex mujer, Elena Villarroya, y en la que habría fondos recibidos por González Panero por la adjudicación de contratos públicos, según la investigación.

Al empresario Amando Mayo el juez le sigue imputando los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo, los mismos que a Martín pues ambos, junto al empresario Manuel Salinas, habrían pagado a Correa 12 millones de euros en 2004 a través de una cuenta en Mónaco, según la Policía.

Fuentes jurídicas han informado de que Mayo ha dicho a Pedreira que no tiene nada que ver con esa acusación y que Martín le debe 2 millones de euros.

El último en comparecer ha sido José Luis Ulibarri, que ha quedado imputado por un delito contra la Hacienda Pública, además de los que ya estaba acusado -falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo-.
Su abogado, Ignacio Peláez, ha señalado que Ulibarri no eludió el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial, tal y como dice Pedreira, y que el supuesto delito está prescrito.

Por su parte, José Antonio Choclán, el abogado de Correa, que ha ido a las declaraciones, ha comentado que su defendido está "mal" y que se siente "agraviado".

"No entendemos esta situación de rigor" por la que Correa lleva dos años y medio en prisión, es algo "absolutamente injusto", según Choclán, quien ha añadido que la prisión provisional bajo fianza de 15 millones de euros impuesta a su defendido es "excepcional" y jurídicamente no se puede explicar.

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* La Policía dice que Martinsa pagó 12 millones a Correa
* El ex alcalde de Boadilla elude su citación y su ex mujer no declara

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CAMPS ADMITE QUE PUDO HABER RECIBIDO LOS TRAJES COMO REGALO DE LA TRAMA GÜRTEL

El letrado del presidente de la Generalitat dice que los pudo recibir como presidente del PP

MARÍA FABRA - Castellón 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha cambiado su versión. Ayer, en boca de su abogado, admitió la posibilidad de haber recibido el regalo de los trajes de la trama Gürtel, después de más dos años negando esta posibilidad. Lo hizo en la exposición de las conclusiones provisionales del proceso, durante la vista preliminar tras la que se decidirá si se abre juicio o se archiva la causa.

El letrado mantuvo, como primera opción, que Camps no recibió las dádivas pero, posteriormente, adujo que de haberlas recibido lo habría hecho como presidente del PP regional y no como presidente de la Generalitat Valenciana. Este cambio de estatus se expone ya que, como cargo orgánico en un partido no podría ser autor de un delito de cohecho, limitado a los funcionarios o cargos públicos.

Hasta ahora, Camps había afirmado que "lo de los trajes nunca ha sido cierto", "yo me pago mis trajes", o lo de los trajes "es un montaje de los socialistas". Ahora, Camps cambia su versión para tratar de buscar una salida jurídica que le posibilitaría librarse de sentarse en el banquillo de los acusados. Así, jurídicamente, y tras las pruebas que ayer se mostraron en la vista que certificarían el pago de los trajes por parte de la trama que encabezadaza Francisco Correa, Francisco Camps ha querido dejar abierta una puerta que, de ser considerada, le libraría del banquillo. Sin embargo, políticamente, sería admitir que ha mentido durante los dos años que ha durado el proceso y que, además, recibió los regalos.

Ahora es el magistrado José Flors el que deberá dilucidar si las dos condiciones de Camps, la de presidente de la Generalitat y presidente del PP regional, se pueden separar, si existe una dicotomía o, por el contrario, son indisolubles.

No es la primera vez que se utiliza esta argumentación en el caso Gürtel. Otro de los imputados, Ricardo Costa, lleva meses arguyendo esta posibilidad y, de hecho, en su declaración ante el juez, mantuvo que "parece ser que todos los presuntos trajes que se me imputan son anteriores a mi fecha de elección como portavoz del grupo popular", es decir, cuando solo tenía cargos orgánicos dentro del PP valenciano. La tesis de Costa se ha desplegado también en el hecho de que, aun siendo diputado autonómico (que le otorga la condición de funcionario), no ha formado parte del Gobierno que, supuestamente, adjudicó contratos a las empresas de la trama a la vez que admitían los regalos.

También el propio letrado de Camps, en algunos de las decenas de recursos que ha presentado ante los tribunales, alegaba que "siendo cierto que mi representado es el presidente de la Generalitat Valenciana, también es cierto que ostenta un relevante cargo en un partido político (...) no se encuentro ningún elemento fáctico que permita concluir que los supuestos regalos tengan que ver con la condición de autoridad de mi mandante y no con la que ostenta en el mencionado partido". Y alegaba "más bien esto último sería más lógico y sería a lo que apuntarían las continuas referencias al mismo en las actuaciones".

La causa de los trajes, que forma parte del caso Gürtel, fue archivada hace dos años por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y posteriormente reabierta por el Supremo. En aquel auto de sobreseimiento del TSJCV se produjo un voto particular que también hacía esta referencia a las distintas condiciones de los imputados. En él, el magistrado indicaba no estar convencido de que los hechos imputados a Camps, Campos y Betoret "no sean constitutivos de delito" pero añadía que sí compartía el sobreseimiento de Ricardo Costa, "dada su condición de diputado en las Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad Valenciana".

   
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* El informático de Forever manipuló las cuentas para encubrir a Camps

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"CASO GÜRTEL"; EL ABOGADO DE CAMPS ALEGA QUE SI RECIBIÓ REGALOS FUE COMO LÍDER DEL PP Y NO COMO PRESIDENTE

Audiencia preliminar

* Su defensa cambia la versión dos años después del 'Claro que pago mis trajes'
* El delito de cohecho impropio sólo afecta a funcionarios o cargos públicos

G. Peñalosa | M. Gasparet | Valencia

Hace ahora dos años y pico, le preguntaron públicamente a Francisco Camps: "Señor Camps, ¿se paga usted sus trajes?". Y Camps, rodeado de toda la cúpula del Partido Popular dijo y repitió con media sonrisa: "Claro que me pago mis trajes, yo me pago mis trajes".

Han pasado esos dos años y pico y el presidente valenciano siempre había mantenido la misma versión. Públicamente no había nada de nada y ante el juez insistía en que siempre paga su ropa en metálico y no guarda factura porque nunca la pide para evitar que alguien piense que lo carga a protocolo.

La versión de Camps, sin embargo, ha virado en el último instante. Durante la audiencia preliminar celebrada este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la que decidirá si el presidente es o no juzgado por un presunto delito de cohecho impropio por haber recibido supuestamente varias prendas de ropa pagadas por las empresas de la trama Gürtel, la defensa de Camps aportó un nuevo argumento.

El abogado del dirigente valenciano repitió que Camps se paga sus trajes y que lo hace en efectivo pero aceptó que en caso de haber recibido algún regalo, siempre habría sido en calidad de presidente del PP valenciano y no de jefe del gobierno valenciano.

Mantuvo su defensa que las "acusaciones mediáticas" insisten en que Camps es "amigo" de Álvaro Pérez 'El Bigotes' ("amiguito del alma", según las conversaciones grabadas por la Policía) y por tanto, si Camps hubiese recibido regalos de las empresas de Gürtel sería "en calidad de amigo".

Creen sus abogados que ese condicionante eliminaría cualquier rastro de delito de cohecho impropio porque sólo se contempla ese delito para funcionarios o cargos públicos, es decir para el Camps presidente de la Generalitat.

No obstante, fuentes del entorno de Camps han asegurado que ha producido ningún cambio en la estrategia de defensa y que los argumentos introducidos por sus letrados son, en realidad, meros formalismos.

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* Cronología: La rama valenciana del caso Gürtel, paso a paso
* Preguntas con respuesta (o no) del caso 'Gürtel' en Valencia

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