martes, 11 de enero de 2011

"CASO MAQUILLAJE"; MATEU CAÑELLAS ADMITE QUE CONTRATÓ AL LÍDER ARGENTINO "PORQUE ERA MUY EDUCADO"

En Video-U
 
* Cristina Cerdó niega haber contratado a personas afines a UM

Esteban Urreiztieta | Palma

Mateu Cañellas, ex conseller de Deportes de Unió Mallorquina (UM), ha admitido ante el juez instructor del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, que contrató al líder argentino Jorge Mandado "porque era muy educado".

El grupo audiovisual Video-U, propiedad de la familia de Maria Antònia Munar y de Miquel Nadal, puso en nómina a Jorge Joaquín Mandado, responsable de la Casa Argentina de Baleares, en vísperas de la campaña electoral de 2007. Concretamente fue contratado, tal y como pudo saber este diario, en la sociedad Ambbit Digital, S.L., que forma parte del entramado empresarial que está siendo investigado en el marco de la denominada Operación Maquillaje.

El grupo de Video-U, controlado por Unió Mallorquina (UM) y al que Munar adjudicó más de cuatro millones de euros públicos desde el Consell de Mallorca que presidía con el fin de que surtiese de contenidos a la televisión insular que ella impulsó, fichó como asesor a este argentino a principios de noviembre de 2006 y lo mantuvo hasta el mes de mayo durante el que se celebraron los comicios autónomicos y municipales. Mandado carecía de experiencia en el sector audiovisual.

Cerdó lo niega
La ex presidenta de Emaya, y ex regidora de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, ha asegurado ante el juez que instruye el caso Maquillaje, que no contrató en esta empresa a "personas afines a Unió Mallorquina", al tiempo que ha asegurado que nunca presionó a nadie para que se afiliase a esta formación para poder obtener un puesto de trabajo en la empresa pública, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante su declaración como imputada ante el titular del juzgado de instrucción 2, Juan Ignacio Lope Sola, Cerdó ha admitido que gente de distinta ideología política le habían pedido trabajo pero ha negado que haya proporcionado un empleo a personas próximas al partido regionalista.

De esta forma, Cerdó ha negado haber tenido una participación directa en la supuesta trama en la que militantes y activistas de UM que trabajaban para el partido fueron contratados en empresas proveedoras del Consell, ya que, según ha manifestado, lo que en realidad hacía era derivar a estas personas a otros departamentos para que allí pidieran empleo.

Además
    * Cerdó dice que nunca contrató a nadie de UM

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"CASO MAQUILLAJE"; EL JUEZ CITA A DECLARAR A NADAL Y LLITERES EL 27 DE ENERO COMO IMPUTADOS

Nuevas citaciones

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, ha citado a declarar de nuevo, el próximo 27 de enero, al ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal y al ex director insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, en el marco del caso que investiga un presunto desvío de fondos desde la Administración pública a personas afines a UM y una supuesta financiación irregular de la formación nacionalista, más conocido como caso Maquillaje.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han señalado que Nadal deberá deponer a partir de las 10.00 horas mientras que la comparecencia de Lliteres está fijada a las 12.00. Precisamente, éste último prestó declaración el pasado mes de noviembre, cuando aseguró que "ningún dinero" del Consell se ha desviado a UM, desvinculándose de este modo de los contratos efectuados por las empresas Vídeo U y Ambbit Digital, que presuntamente estaban en manos de la formación, a personas que sólo habrían trabajado para el partido nacionalista.

Lliteres, defendido por el abogado Matías Barón, negó así su participación en la presunta trama urdida por los 'uemitas' para financiar de forma ilegal a la formación, por la que han confesado una docena de imputados que habrían sido contratados de manera fraudulenta por Vídeo U y varios organismos públicos cuando en realidad realizaban trabajos en favor de este partido, principalmente electorales.

Por su parte, Nadal, asistido por el letrado José Zaforteza, se enfrenta en esta causa a los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, y contra él el juez decretó la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y su comparecencia mensual ante el juzgado a fin de evitar que se sustraiga de la acción judicial.

Es más, en el marco de una de las piezas del caso Maquillaje, la Fiscalía anticorrupción reclama sendas penas de seis años de prisión tanto para Nadal como para la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, acusados de desviar 240.000 euros de la Institución supramunicipal durante la pasada legislatura a productoras que presuntamente manejaban a través de supuestos testaferros, que también serán enjuiciados por estos hechos


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"CASO MALAYA"; ROCA DABA INSTRUCCIONES EN "MUCHAS ÁREAS" DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Según la abogada Raquel Escobar

    * Roca tenía poder y daba instrucciones especialmente en Urbanismo y Economía

José Carlos Villanueva | Málaga

La ex asesora jurídica del departamento municipal de Urbanismo de Marbella, Raquel Escobar, ha continuado este martes su declaración como testigo, en el juicio del 'caso Malaya'. Su incriminación hacia el principal acusado, Juan Antonio Roca, ha ido a más: "Daba instrucciones en muchas áreas del Ayuntamiento de Marbella", ha expuesto la que fuera su mano derecha como letrada.

Dichas revelaciones se han producido a preguntas de la abogada defensora de Roca, Rocío Amigo, quien trataba de exonerar al máximo de cualquier poder decisorio a su cliente. Sin embargo, la testigo se ha vuelto aún más contraproducente para la defensa de lo que lo fue el lunes con su breve testimonio ante el fiscal, tras estropearse el sistema de grabación de la sala de vistas y suspenderse la sesión.

Escobar, hija del que fuera presidente del Sevilla F.C. y ex presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, el magistrado Francisco Escobar, ha revelado que el interventor municipal, Juan Antonio Castro, así como el tesorero "acudían al despacho del señor Roca cuando él así lo decidía; al igual que lo hacían otros funcionarios" ,como el secretario del Consistorio, Leopoldo Barrantes, también acusado en este macrojuicio.

Así pues, dicha letrada ha destacado que Roca tenía poder y daba instrucciones especialmente en las áreas de Urbanismo y Economía. Ha ratificado, por tanto, la declaración que prestó en 2007, durante la instrucción del caso, cuando compareció en calidad de imputada.

De hecho, tanto Escobar como la ex abogada de la sociedad municipal Planeamiento 200 S.L., María Castañón, que declaró el lunes también como testigo e incriminó a Roca, fueron en su día imputadas. No obstante, su condición procesal pasó a la de testigos gracias a la gran colaboración que prestaron al entonces juez instructor, Miguel Ángel Torres, así como al fiscal, Juan Carlos López Caballero.

Hasta el momento las declaraciones de ambas abogadas son las únicas claramente incriminatorias que se han producido contra Roca, en el marco del actual bloque del juicio por el pelotazo urbanístico de la operación 'Crucero Banús'.

Aunque Escobar ha hablado en todo momento de la primacía del que fue su jefe, a la hora de dar instrucciones, sí ha matizado en algunas ocasiones -a diferencia de lo que dijo el lunes- que había veces en que el señor Roca especificaba que recibía instrucciones del alcalde, en alusión a Jesús Gil.
 
Jesús Gil
La defensa del ex alcalde Julián Muñoz le ha preguntado a Escobar a qué alcalde se refería y ella ha especificado que «a Jesús Gil», porque fue bajo su mandato, en 1999, cuando se dieron instrucciones desde Alcaldía para aprobar licencias de obras en base a la revisión del PGOU que nunca se aprobó definitivamente.

Durante el interrogatorio, la ex letrada municipal ha concretado que durante el gobierno tripartito que presidió la ex alcaldesa Marisol Yagüe, desde agosto de 2003 a abril de 2006, hubo instrucciones para que no se emitieran informes jurídicos a los proyectos de ejecución, posteriores a los proyectos básicos para la aprobación de licencias de obras.

Escobar se ha referido a que el entonces abogado municipal externo, José Carlos Aguilera, asesor de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, emitió un informe en el que hacía constar que se podía conceder licencias sin tener informes jurídicos -sólo técnicos- sobre proyectos de ejecución. Ha sido al hacer alusión a Aguilera cuando Raquel Escobar ha destacado que García Marcos mostraba mayor interés en los asuntos urbanísticos que el resto de concejales.

Sobre la operación 'Crucero Banús' que se enjuicia la testigo ha declarado que "el proyecto no se ajustaba ni al Plan General de 1986" ni a la revisión posterior del mismo que se hizo. Tras esta declaración comparecen tres peritos de la Agencia Tributaria para analizar el presunto delitos de blanqueo de capitales, así como los delitos fiscales cometidos.

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    * Lea todo sobre el juicio | Quién es quién en 'Malaya'

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"CASO MALAYA"; EL "PELOTAZO" DE CRUCERO BANÚS SIRVIÓ PARA OCULTAR A HACIENDA 6.3 MILLONES

TRIBUNALES

José Carlos Villanueva | Málaga

Tres peritos de la Agencia Tributaria han testificado este martes en el juicio del 'caso Malaya' que se sigue en la Audiencia Provincial de Málaga. La principal conclusión que se extrae de la prueba pericial practicada por el tribunal es que el 'pelotazo' urbanístico enjuiciado, la llamada operación Crucero Banús, permitió a los acusados ocultar a Hacienda los 6,3 millones de beneficios otenidos mediante la plusvalía.

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, los agentes tributarios se han referido a que la sociedad suiza Lispag A.G. , creada por el ex primer teniente de alcalde Pedro Román y el abogado Juan Hoffman, socios de la misma al igual que Juan Antonio Roca y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, fue algo "meramente instrumental, al servicio de la ocultación de capital".

Como ya es sabido los acusados compraron la parcela en 2001 en 4,3 millones de euros y se la vendieron, poco después, al también acusado y promotor José Ávila Rojas en 10,3 millones. Así pues la plusvalía obtenida fue de 6,3 millones y ésta se ocultó de forma "opaca" al fisco, tal y como se ha evidenciado durante la sesión.

Ya el propio Roca había asumido, durante su declaración de finales del año 2010, haber invertido dinero "opaco" en la sociedad Lispag A.G., por lo que de forma implícita estaba reconociendo el delito fiscal, en lo que se interpretó como una especia de 'pacto parcial' con el fiscal en círculos judiciales de Málaga. En el resto de delitos que se le imputan el ex asesor urbanístico no declara nada que le pueda incriminar en ellos.

Los peritos de la Agencia Tributaria también han determinado que Pedro Román, socio mayoritario de Lispag A.G., con un 62% del capital operaba con las personas interpuestas en la misma -los fiduciarios suizos- en la sociedad española Marbella Airways S.L. Tal y como desveló EL MUNDO en 2003 en dicha mercantil figuraba el testaferro y contable de Roca Salvador Gardoqui, también acusado en el macrojuicio del 'caso Malaya'.

Marbella Airways S.L. era la propietaria de un avión privado utilizado por Roca. En la citada sociedad también aparecía el abogado Juan Hoffman, considerado por el ex juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, como el "testaferro internacional" del ex asesor urbanístico marbellí.

Tras lo que se conoce en Derecho como "levantamiento del velo", representado por personas que figuran como fiduciarios en una sociedad, "el rendimiento" de la operación Crucero Banús, que "no es el de Lispag como tal" -han expuesto los peritos- "hay que imputárselo a las personas físicas que están detrás", en alusión a los acusados.

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LA GÜRTEL COBRÓ 13 MILLONES DE COMISIÓN POR UN PELOTAZO

El juez Pedreira desvela la existencia de un pago multimillonario a Francisco Correa sin precedentes en el caso por hacer de 'conseguidor' en una operación inmobiliaria de Martinsa en Arganda (Madrid)

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID

Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, recibió en 2006 en una cuenta de Suiza un pago de 12.870.000 euros. Y los documentos remitidos por ese país presentan esa transferencia como el "cobro de una comisión por intermediación en un desarrollo inmobiliario de Arganda (Madrid) relacionado con la sociedad Martinsa". Así consta en la nueva solicitud de asistencia dirigida ayer a Mónaco por el juez instructor del sumario, Antonio Pedreira. Esos 12,8 millones, cantidad inédita en el caso, se enviaron desde una cuenta radicada en el Principado monegasco a otra abierta a nombre de Golden Chain Properties SA, sociedad panameña de Correa cuyos fondos ha bloqueado Suiza.

En su escrito a Mónaco, Pedreira recuerda lo siguiente: "En esta causa se investiga la adjudicación a la sociedad Martinsa de un proyecto inmobiliario en la localidad de Arganda". Aunque no cita de forma expresa la operación, el magistrado se refiere a la conocida como Unidad de Ejecución 124 de Arganda (UE-124). Es decir, al macroproyecto de 158.000 metros cuadrados adjudicado a Martinsa en diciembre de 2004 por 77 millones de euros, 19 millones menos del valor que una tasación municipal había asignado a los terrenos.

Tras lograr el concurso, Martinsa vendió un tercio por el triple de lo pagado

Fechas encadenadas 
La transferencia de 12.870.000 euros a Golden Chain Properties SA llegó el 30 de junio de 2006 procedente de otra cuenta suiza llamada Soleado y cuya pista sigue igualmente el juez. La cuenta de Soleado operó como puente y se quedó 130.000 euros del cursado desde el origen. Porque el origen de ese dinero, al menos el conocido, se sitúa en una tercera cuenta, de Mónaco y propiedad de Cedargrove Investments SA. El juez busca a sus beneficiarios.

Cuatro meses después de que Golden Chain recibiera el dinero, Correa aludió el 4 de octubre de 2006 al asunto de Arganda. Uno de sus interlocutores, el ex edil del PP José Luis Peñas, grabó la charla a escondidas. Y captó cómo el jefe de la red relataba que Martinsa ya había saldado lo que le debía por ese concepto. Un Correa campechano explicó que, en julio, "cazó y liquidado".

La empresa logró así amortizar en dos años el coste de la compra del suelo


Fue justamente en 2006 cuando Martinsa, hoy en concurso de acreedores, fraguó el pelotazo de Arganda. Dos años después de haber ganado la adjudicación, la inmobiliaria obtuvo 73 millones al vender la tercera parte de los terrenos por cuya totalidad se había comprometido a pagar 77 al Ayuntamiento de Arganda. La semana pasada, Pedreira ordenó a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) analizar "los incidentes que hubieran surgido en la ejecución o en otros trámites posteriores en el expediente" de la UE-124.

Con edificabilidad para 2.600 viviendas, el complejo se trazó en la mejor zona de expansión de Arganda. La mejor porque la Comunidad de Madrid había ubicado allí en 1999 la estación de metro de ese municipio, situado a 30 kilómetros de la capital. El Plan de Ordenación (PGOU) aprobado por Arganda meses antes de las elecciones municipales de ese mismo año ya incluía el macroproyecto. La victoria de los socialistas lo dejó en barbecho. Cuando el PP recuperó el mando local en 2003, reactivó de inmediato la urbanización de la zona. Un año y medio más tarde, Martinsa obtuvo el suelo. Y el ayuntamiento aseguran los socialistas accedió a elevar la edificabilidad inicial (1.600 viviendas) hasta las 2.600 pretendidas por Martinsa.

Aviso a Rajoy y Aguirre

Los documentos suizos atestiguan el cobro del soborno, precisa el instructor
Como adelantó Público en marzo de 2009, la dirección del PP había sido informada con antelación de que Correa preparaba un pelotazo turbio en Arganda. El aviso lo lanzaron quienes manejaban las cuentas del PP: Álvaro Lapuerta, en esas fechas tesorero; y Luis Bárcenas, entonces gerente del partido y ahora imputado en el caso Gürtel.

Fuentes conocedoras de aquel episodio relataron hace año y medio a este diario cómo la reunión se produjo en noviembre de 2004 en la sede central del PP. Su interlocutor inicial era Mariano Rajoy. Pero la presidenta de Madrid y líder regional del PP, Esperanza Aguirre, acabó sumándose al encuentro.

Lapuerta y Bárcenas advirtieron a ambos de que, además de Correa y Martinsa, en la operación estaban implicados dirigentes del PP, entre ellos el alcalde de Arganda, Ginés López; y Benjamín Martín Vasco, diputado regional y entonces presidente de la empresa local de suelo y vivienda. Aguirre aseguran las fuentes consultadas escenificó gran indignación e incredulidad ante el relato de Lapuerta y Bárcenas. Y puso la mano en el fuego por Benjamín Martín Vasco, del que había sido testigo de boda. Poco después de aquel encuentro, Martinsa obtenía la adjudicación el 3 de diciembre de 2004. Tanto López como Martín Vasco constan como imputados de primera hora en el caso Gürtel. Supuestamente, el ex alcalde de Arganda recibió sobornos por 523.439 euros. Martín Vasco, no menos de 345.000 euros.

Ayer, fuentes de la inmobiliaria que preside Fernando Martín negaron que Martinsa pagara comisiones. "No hubo ninguna situación de irregularidad en el concurso", fue el mensaje de la empresa.

Martinsa recuperó el coste vendiendo un tercio del suelo

Un plan resucitado. Viviendas al alza

La portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, explicó ayer a este diario cómo el PP ya planeaba en 1999 desarrollar la Unidad de Ejecución 124 (UE-124), ubicada junto a la única estación de metro del municipio. Pero el PSOE ganó los comicios locales ese año. En 2003, el PP recuperó el proyecto, diseñado en su inicio para 1.600 viviendas. Cuando Martinsa logró la adjudicación, el ayuntamiento accedió a ir aumentando la edificabilidad hasta sobrepasar los 2.600 pisos.

La tasación. Críticas por el bajo precio
Los socialistas de Arganda recurrieron la adjudicación de la UE-124. Uno de sus argumentos radicaba en que "la tasación se hizo a la baja", asegura Moreno. Según la portavoz del PSOE, el valor real de los terrenos podía haber alcanzado los 110 millones en aquellos momentos, en pleno ‘boom' inmobiliario. El PSOE acudió a los tribunales al considerar que los intereses de Arganda se habían visto lesionados, pero tanto los juzgados de lo contencioso como la Audiencia de Madrid desestimaron el recurso.

Condiciones ventajosas. En metálico y en obras
De los 77 millones ofertados con los que Martinsa ganó la adjudicación en 2004, no todos debían abonarse en dinero. La inmobiliaria y el ayuntamiento pactaron que 66 serían entregados en metálico y 11 se saldarían con obras de equipamiento.

Un pase de 73 millones. Pelotazo meteórico
A los dos años de obtener los terrenos, Martinsa hizo lo que, en el argot inmobiliario, se conocía como dar el pase: vendió un tercio del terreno por 73 millones de euros, ahora ya sin trabas urbanísticas. Es decir, por el triple de lo que había pagado en 2004 y sin haber puesto aún un solo ladrillo.

EL JEFE DE COSTAS DE BALEARES "PIERDE" PARTE DEL EXPEDIENTE DEL CHALÉ DE CORREA EN IBIZA

J. A. H. - Madrid

El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado tasar el lujoso chalé que el líder de la trama, Francisco Correa, compró y amplió con dinero opaco y sin licencia previa en Punta Grossa (Ibiza), y que inscribió a nombre de una de sus sociedades, Osiris Patrimonial, para que nadie supiera que era suyo.

Un informe policial fechado el pasado 15 de noviembre revela que faltan documentos clave en el expediente que los agentes reclamaron y les fueron remitidos por el Servicio de Costas y Litoral de la Consejería de Medio Ambiente de Baleares, para determinar de dónde salió el dinero y cómo es posible que se permitieran esas obras de ampliación en un lugar protegido de la isla y pese a las feroces denuncias de vecinos.

Los investigadores sostienen que parte del dinero de las obras del chalé salió del empresario leonés dueño de la firma Teconsa e implicado en el caso, José Luis Ulibarri, amigo de Correa y beneficiario, entre otras obras, de parte del montaje escenográfico de la visita del Papa a Valencia en 2006, que la trama amañó con la Administración valenciana y por el que cosechó más de un millón de euros en comisiones.

El juez también ha pedido que se investiguen las facturas de las obras y su procedencia. A la policía le resulta "extraño" que del expediente remitido por el Gobierno balear falten la escritura de compraventa del chalé y la licencia de la piscina, así como el proyecto técnico que redactó el arquitecto José Torres para intentar legalizar las obras una vez que ya estaban hechas. Según el informe policial, Torres tiene declarado y acreditado que remitió toda la documentación "al señor José María González Ortea, jefe del servicio de Costas y Litoral". Los agentes se pusieron en contacto con González el pasado 10 de noviembre para pedirle explicaciones por la falta de los papeles. Este les manifestó que desconocía "donde puede estar dicha documentación", y que todo lo que "ellos tenían en su poder" sobre ese expediente lo habían "aportado al expediente". Los agentes le preguntaron por qué el último trámite de ese expediente tenía fecha de marzo de 2009, y si nada se había movido desde entonces. El jefe de Costas, según la policía, les indicó que "efectivamente no hicieron más trámites porque no sabían cómo continuarlo al no poder comunicar el estado del expediente a ningún responsable del mismo". Añadió, además, que decidieron "dejarlo parado" al saber que "tenía relación con el caso Gürtel".

La policía dispone de un documento enviado por González sobre el chalé de Correa al Ayuntamiento balear de San Joan de Labritja en el que reconoce haber recibido del arquitecto toda la documentación, incluida la que ahora dice no hallar por ningún sitio. Precisamente, el pasado 26 de mayo, ya con el caso en plena efervescencia pública, ese Ayuntamiento denegó la licencia de obras al chalé de Correa alegando que faltaba esa documentación.

Más información:
    * Personaje: Francisco Correa
    * Tema: Caso Gürtel
    * Las miserias del 'caso Gürtel'


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LAS MISERIAS DEL "CASO GÜRTEL"

El juez Pedreira combate la mayor trama de corrupción de la democracia con la única ayuda de un secretario compartido y funcionarios inexpertos

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

El despacho del juez Antonio Pedreira, donde se investiga la mayor trama de corrupción política destapada en España desde el advenimiento de la democracia, apenas ocupa 40 metros cuadrados. Y, además, es compartido. Junto a Pedreira, en esa apretujada estancia, trabajan también sus colegas de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro.

Los 100.000 folios de la causa irán en dos o tres meses a un juzgado de Madrid

El Supremo ha pedido a Pedreira que le expurgue las escuchas de Garzón

Impresiona ver los montones de diligencias y tomos del caso Gürtel que flanquean la mesa del juez, que se elevan desde el suelo porque no hay espacio ni armarios donde colocar la cascada de diligencias que el asunto genera a diario desde hace muchos meses. "No hay intimidad y tampoco se puede hablar a solas con el juez; sus colegas están al lado y todo se oye", describen fuentes de la investigación que despachan a menudo con Pedreira.

Con más de 60 imputados en Madrid -sin contar los de Valencia y Castilla y León, que aún siguen bajo la lupa de Pedreira a la espera de que adquieran firmeza los autos de inhibición dictados a favor de los tribunales superiores correspondientes-, el caso Gürtel es el mayor latrocinio de dinero público de la reciente historia de España. El juez tiene impuestas fianzas que se acercan a los 200 millones de euros. Nunca hasta ahora habían aflorado tantos aforados y con pruebas tan sólidas contra ellos por haber robado tanto dinero de las arcas públicas.

Pero no es solo una cuestión de intimidad y de exiguo espacio lo que hoy traba el caso. Hay muy pocas manos para una causa que acumula ya más de 100.000 folios. Después de que el juez Baltasar Garzón, instructor inicial del caso, elevase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los 17.000 primeros folios que había instruido, el secretario de la Sala, Francisco de Asís González, exigió más medios para afrontar la avalancha de documentos que, como ha sucedido, se avecinaba. Por escrito y a través del presidente de la Sala, Francisco Vieira, González dio la voz de alarma. Aparte de medios tecnológicos, reclamó a la Consejería de Justicia del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre más funcionarios; al Ministerio de Justicia, dos secretarios más aparte de él; y al Consejo General del Poder Judicial, la asignación de un juez de apoyo. Francisco Granados, consejero de Justicia, reforzó la plantilla con varios funcionarios extraídos de la bolsa de trabajo. Pero son interinos, con contratos renovables mensualmente y sin experiencia en tramitación de causas judiciales. Y menos aún en un asunto tan complejo como este, con una veintena de comisiones rogatorias en diferentes rincones del planeta en busca de los millones evadidos, y reos en manos de algunos de los mejores abogados del país.

Ahora mismo hay un único secretario en la sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior. Jamás había tenido tanto trabajo. No solo se encarga de dar fe y cursar las comunicaciones que dicta Pedreira, sino que también lleva las causas de los otros tres jueces de la Sala y el archivo del tribunal. Para colmo, ahora tendrá que expurgar los 100.000 folios y remitir al Tribunal Supremo la documentación sobre las escuchas que dictó Garzón en la cárcel entre los principales acusados y sus abogados.

Al Supremo le fue enviada toda la causa, pero el instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha pedido que se le facilite ya depurada. Conclusión: el secretario, que está para todo, no da abasto. 20 meses después de llegar el caso al TSJM, el Ministerio de Justicia no ha ampliado el número de secretarios. Y ni visos de que lo haga. Tampoco el Poder Judicial ha accedido a otorgar un juez de apoyo a Pedreira, alegando que legalmente no era posible.

"Hay que dotar a los tribunales de muchos más medios para la lucha contra tramas tan dañinas como esta para la sociedad, y lanzar un mensaje de que el corrupto que la hace, la paga rápidamente", subraya Ángel Galindo, abogado de José Luis Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción puso al descubierto los millonarios sobornos a altos cargos del PP que pagó la trama a cambio de contratas de obras o de actos públicos inflados de precio.

En esta carestía de medios, técnicos y humanos, es muy posible que las decenas de miles de folios del sumario abandonen en dos o tres meses la sede del TSJM para recalar en uno de los juzgados de la plaza de Castilla. ¿Por qué? El caso Gürtel tuvo que abandonarlo Garzón en cuanto vio que entre los imputados había tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y hasta el mismísimo presidente de Valencia, Francisco Camps. Las causas contra aforados autonómicos solo pueden instruirlas los jueces de los tribunales superiores. Es previsible que el ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco no vayan en las listas del PP de las elecciones de mayo y pierdan así su fuero. En ese momento, Pedreira se inhibirá y remitirá el asunto a un juzgado normal de Madrid. No volverá a la Audiencia Nacional, donde empezó con Garzón, ya que los aforados de otras comunidades, Valencia y Castilla y León, para entonces ya estarán previsiblemente en manos de sus respectivos tribunales superiores. Así, la investigación ya no sería supraprovincial, aunque no faltan expertos en derecho que postulan la vuelta del sumario al ex despacho de Garzón.

Pero la opinión más arraigada es que acabará en los juzgados de Madrid. Cuando llegue estará prácticamente instruido, con un auto de transformación de procedimiento abreviado por delante y concreción judicial de hechos a sus autores, y posiblemente también con una decena menos de imputados. El juicio se celebraría así en la Audiencia de Madrid. Pero todo ello si le da tiempo a la exigua plantilla judicial que, con sus penurias, tramita hoy la mayor trama de corrupción de la democracia; esto es, un juez, medio secretario y funcionarios interinos sin apenas experiencia.

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* Tema: Caso Gürtel

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