martes, 1 de marzo de 2011

EL JUEZ DEL "CASO BRUGAL" CITA A TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA

Están imputados en el supuesto amaño del contrato de la basura

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El juez instructor del caso Brugal (trama corrupta relacionada con el negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) sigue adelante con la instrucción de una de las piezas clave del sumario: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, ha citado a declarar a tres ediles del PP oriolano y a tres empresarios más imputados en la causa. Los seis fueron arrestados con motivo de la operación policial ordenada por el juez el 6 de julio de 2010.

Los tres concejales del PP oriolano que tendrán que declarar ante San Martín a lo largo de este mes son Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez. Los tres mantienen sus cargos. El juez les imputa los delitos de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento, adjudicada en octubre de 2008 a una UTE, integrada por la firma Sufi y las empresas Gobancast y Liasur. La investigación sostiene que estas dos últimas empresas son falsas y son la tapadera que permitieron al industrial Ángel Fenoll acceder a la concesión.

Junto a los ediles del PP, el magistrado también interrogará por estos hechos a los empresarios Luis Bracho (gerente de Sufi), Rafael Gregori, intermediario clave de la trama Brugal, y el asesor fiscal Jorge Sanz por su supuesta colaboración con Fenoll para falsificar las empresas de la UTE. Ángel Fenoll, empresario afín al PP, está considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta, cuya investigación se remonta a marzo de 2007.

El detonante del caso Brugal fue una conversación grabada entre Fenoll y el exconcejal del Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández. En esa grabación, el edil confesó al empresario que una firma aspirante al concurso ofrecía un millón de euros a los concejales a cambio del contrato. Fenoll difundió la cinta y el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, aparcó el concurso, que retomó su sucesora, Mónica Lorente, con la adjudicación del contrato en octubre de 2008.La Fiscalía Anticorrupción de Alicante rechaza la petición de las defensas del caso Brugal para que se anulen las actuaciones, y en concreto la piedra angular de las diligencias: las escuchas telefónicas. "Todo lo actuado se ajusta a Derecho", puntualizaron ayer fuentes de este destacamento del ministerio público, que dirige Felipe Briones.

Briones ha presentado ante el instructor, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, su escrito a los 150 recursos planteados los abogados de las 17 partes, hasta ahora, personadas en el sumario. En el sumario hay un total de 17 imputados. Los tres acusados de mayor calado son el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El juez imputa a los tres, entre otros, el delito de cohecho.

El fiscal ha respondido, uno a uno, a los recursos de las partes. En total, el escrito del ministerio público ocupa 1.000 folios, que se suman a los cerca de 20.000 del sumario general, distribuidos en 40 tomos. En sus escritos, Briones defiende la legalidad de las actuaciones practicadas y rechaza la tesis de las defensas sobre una supuesta vulneración de los derechos de los acusados y falta de seguridad jurídica. Este último aspecto, según las defensas, está relacionado con el auto del instructor, firmado el 12 de abril de 2007, que autorizó las primeras escuchas.

Las defensas sostienen que ese auto y los que autorizaron las sucesivas prórrogas de las escuchas, en diferentes lapsos a lo largo de tres años, vulneran el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Si el magistrado rechaza los recursos, las defensas podrán apelar a la Audiencia de Alicante.

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elpaís.com

LA AUDIENCIA DE ALICANTE EXCULPA A LOS DOS EDILES DEL PP IMPUTADOS EN EL "CASO MERCALICANTE"

La investigación arrancó en 2002 por un supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa pública

S. N. - Alicante 

Los políticos han quedado exonerados de posibles responsabilidades penales en el supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la empresa pública Mercalicante, cuya investigación se remonta a septiembre de 2002. La Audiencia de Alicante ha exculpado al concejal Juan Zaragoza y el exedil José María Rodríguez Galant, ambos del PP, que fueron imputados en la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Con anterioridad, en febrero de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya exculpó al exalcalde y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi.

La resolución de la sección primera de la Audiencia de Alicante favorable a los dos ediles populares y que también archiva el caso para dos consejeros de la firma estatal Mercasa se produce a raíz de sendos recursos del fiscal sobre el auto de archivo para esos dos imputados que decretó el juzgado instructor en 2009.

La instrucción del caso Mercalicante se ha relevado como una de las más lentas de los últimos años en Alicante. El retraso en la practica de las diligencias provocó que el pasado febrero el TSJCV amonestara al instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante. Tras la intervención del alto tribunal, el juzgado aceleró las diligencias con el envío a la Audiencias de los recursos de apelación de las partes al archivo de la causa en lo que afectaba a los cargos del PP. La Audiencia ha resuelto los recursos en apenas dos semanas.

Tras la exculpación de los políticos, el principal imputado en el sumario es el exgerente de la empresa agroalimentaria José Emilio Clavero.
   

"CASO MALAYA"; ROCA RECONOCE QUE DABA LAS ÓRDENES EN SU ENTRAMADO SOCIETARIO

El ex asesor urbanístico marbellí cifra en 210 millones de euros su patrimonio antes de la Operación Malaya

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga 

El supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha reconocido esta mañana en el juicio sobre la gran trama de corrupción en Marbella que él "controlaba" y "daba las órdenes" a los supuestos testaferros que había situado al frente de entramado societario bajo el cual se gestionaba su patrimonio, que ha cifrado en "35.000 millones de pesetas" (aproximadamente 210 millones de euros), incluyendo el pasivo y el activo. Roca ha admitido también que, como persona física, no declaró a la Agencia Tributaria los beneficios que le reportaban sus empresas, dedicadas a distintos sectores, desde el inmobiliario al hotelero pasando por las ganaderías.

A preguntas del fiscal Juan Carlos López Caballero, el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella entre 1992 y 2006 ha reconocido como suyas "total o parcialmente" las sociedades que se gestionaban desde la oficina de Maras Asesores y desde el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta, en Madrid.

Sin embargo, Roca, que en algunos momentos del interrogatorio se ha mostrado jactancioso, aunque siempre correcto, ha rechazado de plano la contabilidad de su patrimonio que maneja la Policía. En el caso del análisis de los apuntes hallados en las oficinas de Roca en Maras Asesores, en Marbella, Roca ha manifestado que cuando la Policía "comete un error" al sostener que se han gastado 30 millones de euros. "No quiere decir que se hayan gastado 30 millones, sino que se han movido 30 millones, la policía maneja solo las salidas y no las entradas de dinero. Es un error frecuente", ha afirmado.

El ex asesor ha señalado que por su labor como asesor urbanístico al frente de las empresas municipales Planeamiento 2000 y Gerencia de Obras percibía 12.000 euros mensuales, todos declarados a Hacienda. "Con ese dinero después de impuestos se puede vivir muy bien, llevar a los niños a un buen colegio, permitirse algún viaje", ha asegurado al tribunal.
   
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* Personaje: Juan Antonio Roca
* Tema: Operación Malaya


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"CASO GÜRTEL"; LA FISCALÍA PIDE JUZGAR A CAMPS JUNTO A CORREA Y EL BIGOTES

IGNACIO ZAFRA - Valencia

La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar a los cabecillas de la trama Gürtel en el mismo banquillo que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa por cohecho que se sigue contra él y otros tres altos cargos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. No tiene sentido, argumenta Anticorrupción, juzgar por separado a quienes supuestamente aceptaron trajes y otros regalos y a quienes supuestamente pagaron esos sobornos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.

El juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, se ha inhibido dos veces (en 2009 y el año pasado) a favor del TSJ valenciano: para que juzgue a los sobornadores, y para que investigue el resto de delitos que afectan a la cúpula del Gobierno valenciano. El PP recurrió ambas inhibiciones, que debe resolver la Sala Civil y Penal del TSJ madrileño. La fiscalía pide ahora a la sala que respalde a Pedreira.
    
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    * Personaje: Francisco Camps Ortiz
    * Personaje: Francisco Correa
    * Tema: Caso Gürtel

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"OPERACIÓN PICNIC"; PRISIÓN CON FIANZA PARA LA EXCONCEJAL DE PALMA RELACIONADA CON LA RED DE COMPRA DE VOTOS

El magistrado ordena también el ingreso en la cárcel de la número dos en la Concejalía de Medio Ambiente

EL PAÍS - Madrid

El juez Francisco Pérez ha dictado esta noche prisión provisional eludible con una fianza de 300.000 euros para la exconcejal de Unió Mallorquina (UM) del Ayuntamiento de Palma Cristina Cerdó y de 100.000 euros para su "número 2" en la Concejalía de Medio Ambiente, Paula Cortés.

En ambos casos, el magistrado al frente del juzgado de instrucción número 12 de Palma, hoy en funciones de guardia, ha fijado las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía Anticorrupción tras una larga jornada de declaraciones.

Además, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Angel Subirán han pedido una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros a UM en el marco de la "operación Picnic" , sobre la que el juez no se ha pronunciado y que no se decidirá hoy, según han informado fuentes judiciales.

En esta causa se investiga una trama que contrataba a informadores medioambientales a través de entidades del Ayuntamiento de Palma y que presuntamente trabajaban en realidad para UM en lacaptación de votos y afiliados.

El presidente de UM, Josep Melià, y el secretario general de la formación, Joan Monjo, han acudido a los Juzgados a las 23.00 horas tras haber sido citados por el juez para notificarles la petición de fianza por las posibles responsabilidades patrimoniales que deriven de esta causa.

Melià y Monjo acababan de ofrecer una rueda de prensa en la que habían anunciado la disolución de UM y su constitución como un nuevo partido denominado "Convergència per les Illes Balears".

El juez Pérez ha tomado declaración esta mañana durante dos horas a la exconcejala y expresidenta de Emaya. Poco después, el juez ha citado también a declarar al exconseller de Deportes y Juventud de UM y coordinador de campaña de la formación en Palma en las elecciones de 2007, Mateu Cañellas, que ha sido detenido en su domicilio y esta noche ha sido puesto en libertad con cargos, pero sin medidas cautelares.

También ha prestado declaración la coordinadora de área en la Concejalía de Medio Ambiente de Palma y segunda de Cerdó, Paula Cortés, quien ha defendido en su comparecencia la legalidad de las contrataciones llevadas a cabo, según han informado fuentes jurídicas.

Cerdó, Cañellas y Cortés ocupaban, en ese orden, los puestos segundo, tercero y cuarto de la lista con la que UM concurrió a las últimas elecciones municipales en Palma, una candidatura que encabezó Miquel Nadal, exconcejal y exconseller de Turismo imputado en los casos Voltor y Maquillaje.

El juez ha llamado también a declarar esta tarde en condición de imputados a dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma y a un empresario, que no han llegado a ser detenidos y cuya imputación ha sido sobreseida tras su comparecencia. Los tres continúan en la causa como testigos.

También ha declarado otra funcionaria en calidad de testigo. Los cuatro han sido citados para preguntarles por cuestiones relativas a las declaraciones de Cerdó y Cortés y han empezado a declarar pasadas las 20.30 horas.

Con las nuevas imputaciones, son catorce las personas presuntamente implicadas en el caso de supuesta malversación de fondos municipales en beneficio de UM que está investigando la Justicia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y cuya fase operativa empezó el viernes con un registro en la sede de UM.

UM fue partido clave de la política y el poder en Baleares -ayudando alternativamente al PP o a la izquierda- desde 1983 hasta febrero de 2011, cuando el PSOE expulsó a sus políticos de los pactos de Gobierno por la multiplicación de sus escándalos de supuesta corrupción. La formación nacionalista logró 28.178 sufragios entre 700.000 electores, un 6,9%, en 2007. Con esta fuerza de palanca UM ejerció de nuevo de bisagra y mandó a la oposición a un PP que había obtenido el 47% de los votos, dando al PSOE las presidencias de Baleares, Mallorca y Palma. Sin este apoyo, la izquierda habría quedado en la oposición en la inmensa mayoría de instituciones de las islas.
   
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