El fiscal acusa a un diputado del PP en Murcia de enriquecerse con 60 pelotazos urbanísticos
C. GUZMÁN
El diputado y exalcalde del ayuntamiento de Totana, en Murcia, Juan Morales, podría enfrentarse a un juicio oral después de que el fiscal remitiera al magistrado instructor del caso Tótem su escrito de acusación en el que pide una multa de 18 millones de euros y una condena de prisión para el político popular, “por haberse aprovechado de su cargo para buscar, de forma desmedida, el beneficio económico particular”.
Según consta en el escrito del representante del Ministerio Fiscal, recogido por el diario La Opinión de Murcia, “en la legislatura 2003-2007, siendo alcalde y aprovechándose de tal condición”, Juan Morales cometió unos hechos que suponen “un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público: usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado buscando de forma desmedida el beneficio económico particular, buscando el trato de favor para sus amistades utilizando los mecanismos necesarios para no dejar rastro de sus quehaceres al margen de la normativa y usando a terceras personas como testaferros con el fin de ocultar que detrás estaba su persona”.
La cruzada de 60 pelotazos urbanísticos
El fiscal explica el aprovechamiento que desde su posición hizo Morales e insiste en que “centralizó” en su persona todas las actuaciones urbanísticas de Totana, entre ellas la tramitación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, iniciando “una cruzada para conseguir firmar el mayor número de convenios urbanísticos”.
Las conclusiones provisionales de la Fiscalía indican que fueron sesenta los convenios tramitados por el exalcalde, consciente de que “podría tener un suculento negocio al explotarlo a nivel particular sabiendo que en el ámbito urbanístico se estaban dando en esa época de bonanza unas plusvalías importantes, denominadas ´pelotazos urbanísticos´”.
Negociaba directamente con los dueños de los terrenos
La Fiscalía indica que Morales contactaba directamente con los propietarios de terrenos para negociar con ellos su venta para facilitar el negocio a los empresarios de la construcción y promotores interesados en construir en estos. A cambio, siempre según la Fiscalía, Morales pedía “sin pudor” compensaciones económicas.
Las jugosas comisiones
Entre las gestiones urbanísticas tramitadas por el exalcalde, la Fiscalía enumera las actuaciones de Morales en torno a convenios urbanísticos y las comisiones que supuestamente pidió, como los tramitados con "las empresas Visanfer S.A. (5.641.972 euros de comisión); Agrupación Actividades e Inversiones Inmobiliarias S.A. (AISA); Frutas Guadalentín (6.519.854 euros de comisión) y Agroproducciones Integradas S.L. (2.122.075 euros de comisión). O la que iba a realizar con la compañía gallega Inmonuar S.L. en el paraje de suelo no urbanizable de El Raiguero, para construir 5.000 casas, llegando a enviar correos a sus amigos y colaboradores en las actuaciones presuntamente ilegales explicándoles online 'la comisión que hemos de percibir' (1.200.000 euros, según el fiscal). Este plan no llegó a desarrollarse porque Morales dejó de ser alcalde", indica la investigación.
4.292 euros en llamadas a Brasil a costa del Ayuntamiento
El fiscal sostiene que los 4.292,29 euros en llamadas a Brasil con cargo al Ayuntamiento realizadas por el exalcalde pierden protagonismo al lado de la millonaria compra de pisos en Murcia y en Brasil que llevó a cabo Morales, de sus elevados ingresos injustificados y del dinero en metálico que manejaba.
28 años de cárcel
El representante del Ministerio Fiscal indica delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial, malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos y pide para el exalcalde una pena de 28 años y ocho meses de cárcel, así como una multa de 18.118.000 euros más una indemnización de 4.292,29 euros al Consistorio por las llamadas a Brasil, asimismo, la inhabilitación especial para ostentar un cargo público durante 78 años.
Según consta en el escrito del representante del Ministerio Fiscal, recogido por el diario La Opinión de Murcia, “en la legislatura 2003-2007, siendo alcalde y aprovechándose de tal condición”, Juan Morales cometió unos hechos que suponen “un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público: usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado buscando de forma desmedida el beneficio económico particular, buscando el trato de favor para sus amistades utilizando los mecanismos necesarios para no dejar rastro de sus quehaceres al margen de la normativa y usando a terceras personas como testaferros con el fin de ocultar que detrás estaba su persona”.
La cruzada de 60 pelotazos urbanísticos
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Las conclusiones provisionales de la Fiscalía indican que fueron sesenta los convenios tramitados por el exalcalde, consciente de que “podría tener un suculento negocio al explotarlo a nivel particular sabiendo que en el ámbito urbanístico se estaban dando en esa época de bonanza unas plusvalías importantes, denominadas ´pelotazos urbanísticos´”.
Negociaba directamente con los dueños de los terrenos
La Fiscalía indica que Morales contactaba directamente con los propietarios de terrenos para negociar con ellos su venta para facilitar el negocio a los empresarios de la construcción y promotores interesados en construir en estos. A cambio, siempre según la Fiscalía, Morales pedía “sin pudor” compensaciones económicas.
Las jugosas comisiones
Entre las gestiones urbanísticas tramitadas por el exalcalde, la Fiscalía enumera las actuaciones de Morales en torno a convenios urbanísticos y las comisiones que supuestamente pidió, como los tramitados con "las empresas Visanfer S.A. (5.641.972 euros de comisión); Agrupación Actividades e Inversiones Inmobiliarias S.A. (AISA); Frutas Guadalentín (6.519.854 euros de comisión) y Agroproducciones Integradas S.L. (2.122.075 euros de comisión). O la que iba a realizar con la compañía gallega Inmonuar S.L. en el paraje de suelo no urbanizable de El Raiguero, para construir 5.000 casas, llegando a enviar correos a sus amigos y colaboradores en las actuaciones presuntamente ilegales explicándoles online 'la comisión que hemos de percibir' (1.200.000 euros, según el fiscal). Este plan no llegó a desarrollarse porque Morales dejó de ser alcalde", indica la investigación.
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