"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ INTERROGA ESTA SEMANA AL EX TESORERO DEL PP LUIS BÁRCENAS

EFE

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara este martes ante el instructor del "caso Gürtel" en Madrid, Antonio Pedreira, que le interrogará sobre sus relaciones con la trama de corrupción de la que, según los informes policiales, podría haber recibido 1.353.000 euros por mediar en la adjudicación de contratos.

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara este martes ante el instructor del "caso Gürtel" en Madrid, Antonio Pedreira, que le interrogará sobre sus relaciones con la trama de corrupción de la que, según los informes policiales, podría haber recibido 1.353.000 euros por mediar en la adjudicación de contratos.
 

Inculpado de varios delitos
Pedreira investiga por fraude fiscal y cohecho, entre otros delitos, al exsenador del PP desde mayo pasado, cuando el Tribunal Supremo (TS) devolvió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la causa contra él y contra el exdiputado Jesús Merino una vez que ambos dejaron de ser aforados al renunciar a sus escaños.

En su declaración ante el TS en julio de 2009, Bárcenas negó haber cobrado cantidad alguna de la trama de corrupción y explicó que conocía al presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, como un proveedor del partido que empezó a trabajar en 1991 con el PP tras ofrecer sus servicios por carta.

Barcenas, que desde el pasado mes de septiembre está personado en el "caso Gürtel", solicitó a Pedreira declarar de forma voluntaria una vez que se levantó el secreto del sumario, en el que obran varios informes policiales que le atribuyen haber cobrado comisiones de la trama por mediar en la adjudicación de contratos.
 

El informe que desmonta a Bárcenas
Un reciente informe que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha entregado al juez da por confirmada la participación "directa" de Bárcenas "en la aceptación de los presupuestos y 'extras' que les presentaban las empresas" de Correa, y dice que en los contratos que firmaban con el PP "existía un margen de beneficios del 61 por ciento sobre el costo real".

eleconomista.es

EL JUEZ IMPUTA A LA ALCALDESA DE ORIHUELA Y SU GOBIERNO POR ADJUDICAR UNA OBRA DESPUÉS DE EJECUTARLA

La empresa beneficiaria es una firma supuestamente vinculada a una concejal del PP, según una denuncia de Los Verdes.-Los populares rechazan la acusación

S. NAVARRO - Valencia 

Un juez de Orihuela ha imputado por supuesta prevariación, malversación de caudales públicos y falsedad a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, y a siete ediles más de su junta de gobierno, por adjudicar una obra (la remodelación de una plaza) después de ejecutarla e inaugurarla. Según una denuncia del Grupo Municipal de Los Verdes, la adjudicataria de la contrata por un importe 34.380 euros fue la firma Ronis 2, propiedad de un miembro de la dirección local del PP y familiar de la concejal de Cultura, Josefa Ferrando.

La imputación de Lorente y sus siete ediles (Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Lidón, Manuel Abadía, Araceli Vilella, Ginés Sánchez, David Costa y Antonio Rodríguez Murcia) se produce a raíz de una denuncia de Los Verdes en los juzgados por los supuestos delitos antes mencionados en las obras de remodelación de una plaza en la partida rural de El Escorratel. La plaza se inauguró el 4 de julio de 2008, y la junta de gobierno aprobó la adjudicación el 25 de julio de 2008.

Según Los Verdes, con motivo de la inauguración, la alcaldesa anunció que las obras habían costado 48.000 euros, "aunque luego se adjudicaron por 34.380 euros", puntualiza Manuel Culiáñez, concejal de Los Verdes.

Lorente y los ediles imputados aún no han comparecido ante el juez, ya que han recurrido la resolución del juzgado ante la Audiencia de Alicante y esta todavía no se ha pronunciado.

La alcaldesa Mónica Lorente ha sido implicada en el caso Brugal (trama vinculada al negocio de la basura) por la Policía y el fiscal, pero no ha sido ni arrestada ni imputada por el juez. Mientras, tres de los ediles ahora acusados en la causa de la plaza (Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez) fueron arrestados y sí están imputados en el sumario de Brugal.

El gobierno popular de Orihuela ha replicado a la denuncia que en las obras de la plaza en la partida rural de El Escorratel se "han cumplido todos los aspectos fundamentales y básicos de la normativa vigente en materia de contratación". En un comunicado, el concejal de Contratación, David Costa (PP), ha indicado respecto a este asunto que se garantizaron "los principios básicos de transparencia y concurrencia previstos para el procedimiento de contrataciones".

El edil popular ha afirmado que "en ningún momento se han malversado fondos", como así queda acreditado en el expediente de la obra denunciada por Los Verdes, en el que se refleja que, "en diciembre de 2007", un técnico de la Concejalía de Infraestructuras justificó y valoró "las obras necesarias para la plaza de El Escorratel" en una memoria.

Noticia relacionada 

* El juez imputa a la cúpula del PP de Orihuela en el 'caso Brugal'

elpaís.com

LA JUEZA AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN A MÁS DE 100 ERE QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEJÓ DE PAGAR

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

Mercedes Alaya, la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía, ha ampliado sus pesquisas a los 176 ERE que contaron con ayudas públicas entre 2001 y 2010.

El Ejecutivo andaluz ha llevado a cabo una investigación interna sobre los 68 ERE vivos que está pagando actualmente, y en los que ha hallado 183 irregularidades administrativas, entre ellas 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

Sin embargo, la magistrada va más allá y ha ampliado su investigación a todos los expedientes subvencionados por la Junta, incluidos los ERE muertos que el Gobierno autónomo ya finalizó de pagar. La investigación de los ERE se inició tras detectar irregularidades en la empresa Mercasevilla. Ahora, la policía ha recabado en Barcelona, Sevilla y Jerez la documentación de miles de trabajadores prejubilados en 176 expedientes en las consultoras que han tramitado estas ayudas: Vitalia, que gestionó 120 ERE, y Uniter, encargada de 56 expedientes desde 2001.

La ingente información incluye las pólizas y boletines de adhesión (cuadro de pagos) de miles de trabajadores prejubilados. Curiosamente, el PP volvió a pedir ayer que la investigación de la Junta se extienda a los ERE que ya están caducados. El secretario general popular, Antonio Sanz, calificó de "indecencia" que la Junta dé por finalizada las pesquisas internas.

"La documentación que deberá intervenirse será toda la relativa a las pólizas de seguros de rentas colectivas (...) que hayan sido financiadas o cofinanciadas por la Junta", aclara la juez en un auto del pasado 20 de enero. Sobre la inclusión en los expedientes de los intrusos, un día antes la policía, que ya ha detenido a 15 personas de la trama, aclara: "Gran parte de estos fraudes han sido llevados a cabo por empleados de la compañía mediadora Vitalia". Mientras, la Junta cumplió ayer con el plazo de 48 horas que la juez había dado para enviar más información, sobre todo informes de la Intervención General.

elpaís.com

MILES DE VALENCIANOS EXIGEN LA DIMISIÓN DE CAMPS EN LA MARCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Manifestación contra la corrupción en Valencia. | V. Bosch

POLÍTICA | La manifestación ha recorrido el centro de Valencia

* La protesta fue convocada por un colectivo cívico en las redes sociales
* Sin embargo, los partidos de la oposición han respaldado esta cita
* La protesta ha finalizado ante el TSJ, donde se instruye el caso Camps
* El PP denunció la manifestación por 'injurias graves' contra su líder
* 'Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo', uno de los lemas coreados

Valencia

Miles de personas han recorrido este sábado este sábado las calles de Valencia en la manifestación convocada por el 'Col.lectiu contra la corrupció' bajo el lema 'No volem un lladre de president' ('No queremos un ladrón de presidente').

Finalmente, la marcha ha arrancado con normalidad a pesar de que el PP denunció la protesta por un presunto delito de "manifestación ilícita" e "injurias graves con publicidad" contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. No obstante, este viernes la juez rechazó la aplicación de medidas cautelares en contra del criterio de los 'populares'.

Tras la pancarta 'No a la corrupción, Camps dimisión', la cabecera de la manifestación ha partido a las 18 horas desde la Plaza de san Agustín en dirección a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde se ha leído un manifiesto.
 

Respaldo de la oposición
Según los organizadores, cerca de 60.000 personas se han unido a esta protesta, convocada hace más de un més por un colectivo ciudadano a través de las redes sociales Aunque la cita se ha capitalizado a nivel político por grupos como Iniciativa (con Mónica Oltra, Mirella Mollà y Joan Ribó a la cabeza) o Els Verds. Además,ha contado con el respaldo expreso de partidos de la oposición como Compromís y Esquerra Unida.

La presencia de dirigentes del PSOE también ha sido destacada. No han faltado el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ni el síndico socialista en las Cortes, Ángel Luna, que será juzgado por encubrimento. La todavía portavoz del PSPV en Valencia ciudad, Carmen Alborch o la diputada Carmen Ninet, entre otros, también se han unido a la marcha. Todos ellos, eso sí, sin ninguna pancarta identificativa.

El trayecto, que ha recorrido algunas de las principales arterias comerciales de la ciudad, ha transcurrido sin incidentes de importancia, más allá de un enfrentamiento que se ha producido al comienzo del acto.

Y es que los asistentes han repudiado a un grupo de alrededor de una veintena personas que portaba carteles con los lemas 'ZP, a la cárcel' y 'No a la guerra'. El rifirrafe, con algunos empujones de por medio, no ha pasado a mayores porque los agentes han separado rápidamente ambos grupos.

Gritos de dimisión
Al grito de 'Tenim un president que es un delinqüent' ('Tenemos un presidente que es un delincuente') o 'Camps es un corrupte, València no té dubte' ('Camps es un corrupto, Valencia no tiene duda'), la manifestación ha avanzado hasta la plaza de Alfonso El Magnánimo.

Por el camino, también se han escuchado eslóganes como 'Camps dimisión', 'Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo', 'No nos mires, a ti también te roban' o 'El president a Picassent'.

La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción "sea del partido que sea", aunque ha admitido que en este caso "es del PP y de Camps". "Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la -presunta- financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos", ha agregado.

Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados, está seguro de que "en sus casas hay miles, y me atrevería a decir millones, de valencianos que tampoco les gusta lo que ven". Por ello, ha pedido que las instituciones "vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez".

Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es "pedir la regeneración democrática" de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, "los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas".

Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.

'El cáncer de la corrupción'
El manifiesto, con referencias al 'caso Gürtel', proclama la "defensa de la democracia" en la Comunitat y advierte de que está "acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder". En este sentido, insiste en que la corrupción, "lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática".

De esta manera, han denunciado la "connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática" de España. Esta situación, han lamentado, está "colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural" de la Comunitat y "amenaza nuestro futuro".

'Col.lectiu contra la corrupció', en el manifiesto, pregunta por los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el montaje de la visita del Papa, por los beneficios de la America's Cup y la Fórmula 1, los trajes y el 'caso Brugal'. También han protestado por el cese de las emisiones de TV3 y por la situación de RTVV, entre otras cosas.

En este sentido, han asegurado que la crisis económica tiene que ver con la corrupción, la "economía especulativa" y la de "grandes fastos". "En lugar de invertir en la red productiva autóctona, en las pymes y la agricultura, el PP ha levantado la cortina de humo de la economía especulativa".
 

Ayuda para la defensa
Para el colectivo organizador, "el estado actual de las cosas no habría sido posible sin el abuso de un poder cimentado en las mayorías absolutas del PP. Bajo las órdenes de Camps, las Corts se han convertido en una pieza más del circo de la derecha con una oposición menospreciada e ignorada", han criticado.

La denuncia del PP valenciano también ha estado presente durante el recorrido, hasta el punto de que algunos manifestantes han aludido a ello en tono irónico pidiendo "una ayudita" para hacer frente a la misma.

De la misma manera, algunos de los dirigentes políticos presentes en la manifestación lamentaron el intento del PPCV de impedir la marcha. En este sentido, Jorge Alarte señaló que este intento ha sido "inadmisible" y que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, "debería dar explicaciones" al respecto.

Asimismo, Matamales ha insistido en que estamos en un Estado de Derecho y que la denuncia es "un síntoma del nerviosismo del PP porque hay miles de valencianos que están abriendo los ojos sobre la situación de la Comunitat Valenciana, cuyo responsable es Camps y su gestión".

Además
* La juez autoriza la protesta contra la corrupción

elmundo.es