domingo, 3 de abril de 2011

VALADEZ PIDE EL ARCHIVO DE SU IMPUTACIÓN POR PAGOS CON DINERO DE URBANISMO

TRIBUNALES | Presunto delito de uso indebido de fondos

Europa Press | Málaga

El alcalde de Estepona, David Valadez, ha declarado en calidad de imputado en un juzgado de la localidad a raíz de la denuncia presentada por el PP y el sindicato CSI-CSIF y ha pedido el archivo de su imputación por el presunto delito de uso indebido de fondos procedentes del urbanismo.
A su salida del juzgado, Valadez ha asegurado a los medios de comunicación que ha aportado "toda la documentación que obraba en el expediente" y ha manifestado su "tristeza por comprobar como por parte de los de siempre se sigue intentando, a dos meses de las elecciones, menoscabar mi imagen pública".

"Llama poderosísimamente la atención el hecho de que se presente una denuncia por parte del PP pero no nombren ni procurador ni abogado para personarse en esta causa", ha señalado el regidor, quien ha reiterado que se ha solicitado el archivo, del que ha dicho "espero que se produzca cuanto antes".

Ha recordado que en junio de 2010, "ante la situación económica en la que se encontraban las arcas municipales y la imposibilidad de afrontar el pago de las nóminas, se solicitaron los informes jurídicos pertinentes para garantizar que desde el más absoluto respeto a la legalidad se pueda hacer uso del patrimonio municipal del suelo".

Valadez ha asegurado que se emitieron los informes, sin reparos ni advertencias de ilegalidad. En el mes de julio, según ha explicado, "se incorpora la interventora titular que pone un reparo que se levanta por decreto de Alcaldía no sólo con base en los informes existentes, sino porque se garantiza la reposición de los fondos con el ingreso de 550.000 euros al mes por parte del Patronato en una cuenta específica creada para tal efecto".

El alcalde ha explicado que los fondos "se están reponiendo desde el pasado mes de enero, por lo que se garantiza el cumplimiento de la legalidad vigente". Además, ha señalado que tiene como prioridad "garantizar el pago de las nóminas cumpliendo la ley".

Asimismo, el regidor socialista se ha referido al PP, asegurando que "han intentado hacer lo posible y lo imposible para que el Ayuntamiento no pueda pagar las nóminas al igual que han impedido el pago a los proveedores".

Ha asegurado que, "de no haberse pagado las nóminas se hubiera planteado otra controversia jurídica, ya que nos podríamos encontrado con más de 1.300 denuncias de 1.300 familias que no cobran por el trabajo que realizan" y ha insistido en que hizo "lo correcto con base en informes jurídicos de peso que obran en el expediente".

"Se garantiza la reposición de los fondos y se vuelve a demostrar que el PP lo único que pretenden es que tenga que venir a declarar a los juzgados", ha dicho Valadez, quien ha recordado que "ya son cuatro las denuncias que se han archivado más las que están por venir".


elmundo.es

ARCHIVAN LA CAUSA CONTRA EL ALCALDE DE ALHAURÍN DE LA TORRE POR LA GESTIÓN DE PARCELAS

Alcalde de Alhaurín de la Torre

Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de una causa en la que aparecía como denunciado el alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, en relación con unas supuestas irregularidades en la gestión de parcelas.

Según el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación "no ha permitido detectar indicios suficientes para estimar que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, fraude o malversación de caudales públicos", ni de otros.

Según explica el fiscal en un informe emitido en esta causa, en el que se pedía el archivo, la primera denuncia presentada por estos hechos es de 2007, aunque en 2009 se amplió, instando a investigar si "parcelas urbanas habían sido enajenadas o cedidas como compensación económica sustitutoria a algunos promotores de un sector".

Posteriormente, ese mismo año, se volvió a ampliar la denuncia, añadiendo a nuevas personas denunciadas, como fueron dos funcionarios municipales, "deduciendo una confabulación destinada a perjudicar los intereses generales", según el documento de la Fiscalía; mientras que en 2010 se presentó una querella.

Ahora, el ministerio público señala en su informe que "presumir sin más consideraciones que hubo una confabulación entre todos los querellados destinada a perjudicar el patrimonio municipal resulta objetivamente difícil de entender y creer si no se acompañan de indicios de prueba objetivos que permitan la aseveración".

En dicho escrito, el fiscal dice que de las denuncias y de la documentación "no se entiende que exista, fuera de la interpretación subjetiva, elementos de prueba suficientes y con la mínima relevancia". Se precisa que en un informe del Ayuntamiento se niega "expresamente la denunciada calificación de venta o enajenación".
El juez

Por esto, en la resolución del juzgado se indica, al igual que expresa el fiscal, que "no se observa infracción de la normativa urbanística alguna, ya que no se trata de una venta jurídicamente hablando como refiere el denunciante ni es preceptivo el informe técnico ni jurídico".

Asimismo, "no se observa infracción de la norma administrativa de la que pueda deducirse una maquinación fraudulenta a las arcas públicas ni se observa un déficit relevante de una eventual gestión depredatoria del patrimonio municipal", acogiendo las argumentaciones que expone el ministerio público.

Así, el instructor concluye en su resolución que no se han detectado indicios suficientes de ningún delito en este procedimiento "ni de la trama coordinada supuestamente entre los implicados para su comisión", por lo que acuerda el archivo de las actuaciones.

Al respecto, Villanova ha asegurado a Europa Press que "siempre" ha confiado "en la justicia" y ha señalado que en este caso existe un informe de la tesorera, el interventor y el secretario "diciendo que el procedimiento ha sido correcto, que todo estaba contabilizado y que habíamos superado las valoraciones de la tasación".

Ha mostrado su "satisfacción" por este archivo y ha destacado que tanto por el fiscal como por el juez se concluye que "no hay ningún tipo de sospecha, sino todo lo contrario, se cumple con la legislación por encima de lo que la ley obliga", recordando en este sentido que había dos tasaciones.


elmundo.es

"OPERACIÓN XORIGUER"; EL JUEZ DEJA EN LIBERTAD A LOS 12 DETENIDOS EN EL CASO DE CORRUPCIÓN DE CIUTADELLA

Los inculpados, entre los que figura un ex alcalde del PP del consistorio menorquín, están encausados por supuestos delitos de malversación de caudales, falsedad y prevaricación

A.M. - Palma

Doce personas han prestado declaración desde el martes hasta la madrugada de ayer como imputadas en la Operación Xoriguer, destapada por la Fiscalía Anticorrupción en el Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca. Todos los inculpados están ya en libertad, encausados por supuestos delitos de malversación de caudales, falsedad y prevaricación. En el caso se indagada la presunta adjudicación irregular de proyectos y obras de promoción turística y mejoras urbanas desde el ente autónomo local Turismo Ciutadella (Citur). Se sospecha sobre el manejo irregular de partidas de fondos públicos que suman 600.000 euros, en contratos menores y fraccionados.

Los principales sospechosos, para la acusación, son el ex alcalde del PP, Llorenç Brondo (gobernó entre 2003 y 2009); el ex responsable de Turismo y actual concejal Gabriel Cardona, un ex concejal que fue responsable de Urbanismo, Avel.lí Casasnovas. Los tres, tras pasar por los calabozos y declarar ante los fiscales y la juez figuran estan en libertad al igual que otra concejal Antònia Salord.

Gabriel Cardona y Avel.lí Casasnovas se han quedado sin pasaporte y con la obligación de comparecer dos veces al mes en los juzgados. Casasnovas, ex líder del PP local, ex parlamentario balear y ex consejero insular, tiene pendiente un juicio en el que le piden 18 meses de cárcel por la compraventa supuesta ilegal de un solar público.

Tres empresarios y gestores de planes y obras del ente Citur, Javier Liy, Daniel Aguiló y Manuel Mercadal fueron detenidos y han quedado imputados. Hasta cinco empleados públicos de Ciutadella declararon ante los fiscales y la unidad de la Guardia Civil que ha indagado este caso. El período investigado alude a la etapa de gestión del PP, entre 2003 y 2009, hasta la moción de censura que acabó con la mayoría conservadora a causa de la fractura del del PP local.

El PSOE gobierna en Ciutadella de Menorca en una alianza con nacionalistas. Tras el vuelco político de 2009 -provocado por la ruptura interna del PP-, se formó una comisión de investigación municipal para analizar supuestas actuaciones delictivas en la gestión anterior. El pleno votó las resoluciones sobre expedientes cuestionados y trasladó el informe a la justicia. Un concejal populista de Ciutadella, Joan Triay, de Unió des Poble, que dirigió la comisión, formuló meses después una querella criminal por el caso. La Fiscalía Anticorrupción articuló posterioremente una denuncia penal, tras las indagaciones efectuadas por los equipos de la Guardia Civil.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; ANTICORRUPCIÓN IMPLICA A LA CÚPULA DEL PP VALENCIANO EN LA FINANCIACIÓN IRREGULAR

Francisco Camps, durante un acto electoral esta semana en Elche. | Efe
En su escrito de alegaciones

* Cree que los hechos se deben valorar conjuntamente con el delito de cohecho
* Atribuye un posible delito electoral a Costa, Serra, Rambla y Yolanda García
* Sobre los delitos contra la administración pública cita al ex director de TVV
* Reclama al TSJCV que investigue la participación de la presidenta de las Cortes

Europa Press | Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha aclarado que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no queda excluido entre las personas que podrían haber incurrido en presuntos delitos electorales, de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y administración pública investigados en relación con el 'caso Gürtel' y sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió a favor del de la Comunidad Valenciana, aunque su nombre no se mencione en el escrito presentado ante la sala de lo civil y penal del alto tribunal valenciano.

Según han indicado fuentes de Anticorrupción a Europa Press, en el escrito, de fecha 24 de marzo, pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que acepte la inhibición en los mismos términos en los que se planteó por el magistrado instructor de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira.

En esa resolución, de mayo de 2010, el instructor en el TSJM afirmaba que, en relación con la conexidad de los hechos investigados con los que son objeto de la 'causa de los trajes' que se sigue en el TSJCV, la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos en esa causa "impone su investigación conjunta con la contratación de Orange Market SL tanto con el PPCV como con la administración de esa comunidad autónoma a fin de comprobar la posible relación entre los regalos investigados" en el procedimiento tramitado ante el TSJCV y los cargos desempeñados por Rafael Betoret, Víctor Campos, Ricardo Costa y Francisco Camps en la Generalitat y en el partido.

En su escrito ante el TSJCV, la Fiscalía Anticorrupción, que no incluye al presidente de la Generalitat, concreta cinco delitos y posibles autores: electoral de 2007 y 2008, en cuya comisión habrían podido participar los parlamentarios Ricardo Costa; David Serra; Yolanda García y el también vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, administradores del PP y empresarios y gestores de Orange Market; falsedad en documento mercantil, con presunta autoría de determinadas empresas; contra la Hacienda Pública, atribuible a Orange Market y contra la administración pública.

En este supuesto, en relación con contrataciones irregulares de la Generalitat, cita a Rafael Betoret y añade que cree que debe ser investigada por el tribunal valenciano la participación de la actual presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, en las contrataciones realizadas cuando estaba al frente de Turisme, que no se incluía en el auto de Pedreira.

En relación con las personas que habrían podido participar en estos hechos, destaca que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administraión del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías así como que en alguno de los casos "era preceptiva autorización por el Gabinete del Presidente".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que el TSJCV es el órgano competente para conocer de los hechos delictivos que se contienen en los autos de inhibición del TSJM, una competencia determinada por el aforamiento de algunos de los "eventuales partícipes" y que habría de extenderse también a los no aforados para no romper la "continencia" de la causa.

"CASO VOLTOR"; BUILS NIEGA HABER RECIBIDO ÓRDENES DE MUNAR PARA FINANCIAR A SU ESTETICISTA

Buils a su salida de los juzgados | Cati Cladera
Declara ante la juez

* 'No recibí ninguna llamada de la señora Munar ni de su entorno'

Efe | Palma

El exconseller de Turismo de UM Francesc Buils ha afirmado hoy a la jueza que no recibió órdenes de la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar "ni de su entorno" de atender a su esteticista para financiarle un proyecto de catalogación de "spas", por el que cobró 85.000 euros del Inestur.

Buils ha declarado ante la juez del "caso Voltor" de supuesta corrupción por la pieza relativa a un negociado y dos contratos supuestamente irregulares por los que el Inestur, instituto dependiente de la Conselleria de Turismo, contrató a la empresa de la esteticista para realizar un estudio de los "spas" de Baleares.

"No recibí ninguna llamada de la señora Munar ni de su entorno", ha afirmado Buils preguntado por una reunión celebrada en el año 2008 en la que la esteticista, Marisol Carrasco, le expuso su proyecto, que al exconseller le pareció, según ha dicho hoy, "bonito".

Buils ha insistido en que no sabía que Carrasco tenía relación con Munar y en que "nadie" le dio instrucciones de que la recibiera por su vinculación con la expresidenta del Consell.

Ha puntualizado que en esa reunión se acordó que se llevaran a efecto las gestiones oportunas para ver si se podía realizar el proyecto, aunque ha añadido que no dio ninguna orden al respecto y ha remarcado que cuando finalmente se puso en marcha, en 2009, él ya no era conseller de Turismo.

Antes de esa reunión, Buils ha reconocido que en el año 2006, cuando trabajaba en el Consell para Munar, acudió a un encuentro "informal" en la sede de la institución insular con la expresidenta y con Carrasco.

Carrasco expuso en esa ocasión su plan de proyecto de los "spas", ha dicho Buils, aunque ha indicado que "no se llegó a nada en ese momento". "No recibí llamada alguna para que diera órdenes o llevara a cabo el proyecto de los 'spas'", ha reiterado el exconseller de UM, defendido por Mateo Sedano y Matías Barón.

Las acusaciones sospechan, en cambio, que Munar influyó para que se otorgara el dinero a Carrasco, algo que se hizo mediante dos procedimientos: un negociado sin publicidad por 60.000 euros y dos contratos menores por 18.000 y 7.000 euros, de manera que se evitó un concurso público.

A ese negociado de 60.000 euros se presentaron tres empresas invitadas por el Inestur, aunque las tres eran propiedad de las mismas personas, en concreto de Carrasco y sus dos socios.

Sobre este aspecto ha declarado como testigo una técnico del Inestur, que ha indicado que no sabía que las empresas eran de las mismas personas y ha negado las acusaciones ante la jueza de uno de los socios, cuando dijo que ella le había encomendado que llevara otras dos empresas al negociado.

La técnico ha afirmado que el expediente se tramitó correctamente y que, de haber notado alguna anomalía, lo habría puesto en conocimiento de sus superiores.

Además de Buils y la técnico, también ha declarado, como imputado, el exjefe del área económica del Inestur Álvaro Llompart, quien ha dicho desconocer "totalmente" el expediente administrativo abierto en relación a los "spas".

"Firmaba muchísimos papeles y no recuerdo todos los proyectos", ha explicado Llompart durante su declaración, tras lo que ha asegurado que él no recordaba siquiera que este proyecto se hubiera llevado a cabo.

Buils tendrá que declarar por otras piezas del "caso Voltor" los días 6 y 11 de abril, en concreto sobre la empresa Minser y el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma).

En esta causa de supuesta corrupción dividida en varias partes se investigan desvíos de fondos en la actual y pasada legislaturas desde el Inestur, organismo dependiente de la Conselleria de Turismo que estaba controlado por UM hasta que este partido fue expulsado del Govern por los casos de corrupción en los que está involucrado.

ELMUNDO.ES

LA JUEZ INSISTE EN QUE SE LE ENVÍEN LAS ACTAS DE LOS CONSEJOS DE GOBIERNO DE LA JUNTA

INVESTIGACIÓN | La magistrada Alaya entiende que no son secretas

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que vuelve a solicitar a la Junta de Andalucía todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, todo ello dentro de las diligencias incoadas sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En este sentido, las mismas fuentes han precisado que, por medio de un auto de 22 folios notificado este viernes a las partes, la juez Mercedes Alaya vuelve a requerir a la Administración autonómica las actas de los Consejos de Gobierno referidas, argumentando que, por su parte, "no se están pidiendo las deliberaciones y votaciones, sino únicamente las actas con los acuerdos", los cuales, a entender de la magistrada, "no son secretos".

Asimismo, la juez ha citado a la representación jurídica de la Junta para que se persona en el Juzgado el próximo lunes día 4 de abril a las 13.30 horas al objeto de que "diga si mantiene" el requerimiento de inhibición de competencia planteado, por el que acudiría al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo.