martes, 5 de abril de 2011

·CASO MALAYA"; LA POLICÍA TOMÓ MEDIDAS CONTRA AGENTES PARA BLINDAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE ROCA

Declaración de un inspector

José Carlos Villanueva | Málaga

"Sé que se tomaron determinadas medidas contra determinados policías". De esta forma se ha referido un inspector de la Udef -que ha continuado declarando este martes en el juicio del 'caso Malaya'- a las precauciones que la Policía Nacional tuvo que adoptar, entre 2005 y 2006, para proteger su investigación de algunos agentes, ante el riesgo de posibles fugas de información.

Concretamente fue "el jefe del Grupo III de la Udyco Costa del Sol", según dicho testigo, el mando policial encargado de adoptar las medidas, para evitar filtraciones que pudieran llegarle al principal acusado, Juan Antonio Roca, considerado el jefe de la organización criminal encausada, dedicada al presunto blanqueo de capitales.

Para no ser descubiertos por el entorno de Roca, que "tenía relación con la Policía Local de Marbella", como asesor municipal que era, el inspector de la Udef ha relatado que él y sus compañeros de Udyco utilizaron "muchísimos medios para no ser detectados". De hecho, en al menos una ocasión, percibieron que estaban siendo vigilados por terceras personas.

Anticorrupción tiene claro que la persona encargada de esa contravigilancia de Roca, para detectar seguimientos policiales y escuchas telefónicas, era su jefe de Seguridad y también acusado, Jaime Hachuel, ex agente de la Guardia Real y militar en la reserva.

"Hubo cientos de rotaciones de vehículos". Esta afirmación del policía declarante ofrece una idea de la magnitud de los "numerosos medios humanos y materiales" que se utilizaron en la llamada 'operación Malaya', contra la corrupción municipal marbellí, para vigilar a los investigados.

El celo a la hora de proteger las pesquisas no era sólo de la Policía. De hecho, el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, recelaba tanto de los propios funcionarios de la sede judicial que comenzó a trabajar en el 'caso Malaya' sólo por las tardes y con unas claves de acceso especiales, conocidas por su círculo más inmediato de funcionarios.

Cabe recordar que el oficial de Justicia Francisco Ramírez, adscrito al Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, resultó detenido y es uno de los 95 acusados en el macrojuicio que se inició en septiembre. Dicho funcionario está acusado de cohecho por recibir presuntos pagos de Roca, así como un reloj de alta gama.

Se da la circunstancia de que Ramírez acudía a las oficinas de Urbanismo para llevarle al entonces asesor municipal los documentos que debía firmar, por estar imputado en diversas causas judiciales como imputado.

Los abogados defensores de los encausados han tratado en todo momento de desmontar el trabajo policial, tanto las escuchas telefónicas como los informes elaborados por la Unidad de Delncuencia Económica y Fiscal (Udef).

Especialmente beligerante con el trabajo policial ha sido el abogado José Antonio Choclán, defensor de Óscar Benavente. Se trata de uno de los testaferros más relevantes de Juan Antonio Roca.

Choclán, conocido penalista que también defiende al principal imputado en el 'caso Gürtel', Francisco Correa, se ha interesado en conocer los llamados "datos objetivos" que vinculaban a Benavente a una "organización criminal" liderada por Roca.

Ante tal pregunta, el testigo ha explicado que las pesquisas no sólo se basaron en escuchas telefónicas. También tuvieron a su disposición informes de los servicios de Inteligencia, de la propia Policía, así como sus propias bases de datos.

Entre las fuentes documentales empleadas por la Policía estuvo EL MUNDO. Concretamente la investigación periodística publicada por este diario entre el 21 y el 23 de abril de 2003 -aportada al juez instructor de 'Malaya'- en la que se ponía al descubierto el entramado societario de Roca a través del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor. Los letrados eran sus testaferros.

También se daba cuenta en dichas informaciones del papel de otros testaferros como el propio Benavente, Sergio Santana Domínguez y el contable Salvador Gardoqui. Ocho años después todos ellos se sientan en el banquillo de los acusados.

Además
* Lea todo sobre el juicio

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RECHAZA LAS ALEGACIONES DE CAMPS Y CONVOCA EL ACTO PREVIO A SENTARLO EN EL BANQUILLO

El magistrado admite la prueba sobre la supuesta destrucción de pruebas en Forever Young para encubrir al presidente valenciano después de que Trillo se reuniera con el dueño de la tienda

IGNACIO ZAFRA - Valencia 

El juez ha dictado un duro auto para la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lo sitúa a las puertas del juicio por cohecho impropio, al haber recibido supuestamente trajes y regalos por valor de miles de euros de la trama Gürtel. Unos hechos que el presidente siempre ha negado y que el ministerio fiscal quiere juzgar conjuntamente con otros siete delitos de corrupción.

El magistrado José Flors desestima la mayor parte de las alegaciones de las defensas de Camps y los otros tres acusados contra la instrucción, y convoca la audiencia que precede inmediatamente (puede dictarla en el mismo acto) a la apertura o no de juicio oral.

El juez acepta, no obstante, que la fecha de la vista se señale una vez resueltas las apelaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata básicamente de recursos contra denegación de diligencias dilatorias, una táctica que el juez critica en el auto.

Dado el número de pruebas que figuran en la causa y a la vista de los pasos dados por el instructor, fuentes jurídicas consideran que lo más probable es que Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por los trajes. A menos que su situación judicial empeore porque el tribunal atienda la petición de Anticorrupción, que quiere sentarlos en el banquillo por más delitos. Entre ellos: cohecho propio, prevaricación y financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.

El ministerio público ha pedido unir las causas para preservar la visión completa del caso y no seguir troceando el mayor caso de corrupción de la historia democrática, esparcido ya por cuatro comunidades autónomas. Anticorrupción considera que los supuestos delitos están íntimamente conectados porque los regalos, la adjudicación irregular de contratos en multitud de departamentos de la Administración valenciana, y la financiación ilegal del PP por parte de grandes constructoras son diferentes fragmentos de una misma e intensa relación.

El fiscal ha pedido imputar a otros siete miembros de las cúpulas del PP y la Administración autonómica, incluidos Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, a quienes los miembros de la red se referían como El cadete y La Perla en las grabaciones intervenidas por la policía.

El juez abre otra preocupación para Camps y el PP al avalar la prueba aportada por Anticorrupción, que apunta a que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los trajes de Camps. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.

Los peritos de Hacienda que examinaron la contabilidad del caso el año pasado ya indicaron que los registros parecían haber sido alterados.

La teoría, apoyada en correos electrónicos y extractos de ficheros informáticos, fue aportada por el abogado del sastre José Tomás. La fiscalía la hizo suya y el juez la admite ahora y convoca al sastre, al informático de la tienda y a la responsable que supuestamente le transmitió a este la orden a la vista preliminar.

El acto deberá celebrarse en un plazo corto (la ley dice que el más cercano posible) después de que la sala resuelva las apelaciones, referidas a cuestiones menores, según consideran fuentes jurídicas. El argumento de fondo con el que la sala archivó el caso hace dos años, en este preciso momento procesal, fue corregido con dureza por el Tribunal Supremo, de modo que no es probable que se repita.

Ahora, además, tampoco preside la sala, José Luis de la Rúa, de quien Camps decía que era más que un amigo, sino Pilar de la Oliva, más propensa a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.
   
Más información:
* Personaje: Francisco Camps Ortiz
* Tema: Caso Gürtel
* El fiscal acusa a Camps de un delito continuado de cohecho por aceptar regalos por valor de 14.021 euros
* Camps: "No puede haber juicio porque no hay nada de nada"
* Camps le recuerda a Cospedal el favor que él le hizo a Rajoy
* Camps llama a Zapatero el "Atila del siglo XXI"y exige elecciones anticipadas
* La fiscalía pide la imputación de la plana mayor del Gobierno valenciano por seis delitos de corrupción
* La dimisión de Camps, "una hipótesis descartada", de momento
* ANÁLISIS: 'A Mariano Rajoy le da igual'
* REPORTAJE: Corrupción a la sombra del poder
* Gráfico: La facturación de Orange Market y los regalos a altos cargos valencianos - 12-05-2010
* Fotografía: María Dolores de Cospedal y Francisco Camps
* Audio: Francisco Camps: "Estoy muy agradecido a mis compañeros porque vuelven a confiar en mí para ser el candidato a presidente de la Generalitat"
* Documento: Texto íntegro del auto que desestima las alegaciones de Camps (PDF - 46,66Kb) - 05-04-2011

elpaís.com

LA JUEZA DE LOS ERE AMENAZA A LA JUNTA CON ACUSARLA DE DESOBEDIENCIA

Mercedes Alaya da 72 horas al Ejecutivo de Griñán para que entregue en sobre lacrado las 480 actas de sus reuniones desde 2001

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

El escándalo de los ERE

La juez que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos subvencionados con fondos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha ordenado al Gobierno que preside José Antonio Griñán que le envíe en un sobre cerrado las 480 actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 para que la instructora las custodie mientras el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales decide sobre la cuestión.

La juez Alaya amenaza al Ejecutivo y le avisa de que si no entrega copia de las actas durante los próximos tres días estaría cometiendo un delito de desobediencia y otro por incumplimiento de una medida cautelar. La juez exige asimismo copia de las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Economía e Innovación, Hacienda y Empleo desde 2001. Alaya dicta su auto "para evitar en el terreno de las hipótesis que pudieran ocultarse o alterarse parte de las actas".

La magistrada había solicitado las actas al Ejecutivo andaluz porque considera que no son "ni reservadas ni secretas" y "solo serán secretos las deliberaciones, opiniones y votos emitidos", según un auto de la semana pasada. Ayer el letrado de la Junta reiteró su negativa a entregar las actas y la magistrada ha respondido con otro auto en el que ordena la entrega de las actas porque desconfía de que la Junta no manipule dichas actas, y le concede tres días para que las entregue.

La juez se basa en el artículo 12 de la ley orgánica 2/1987 de conflictos jurisdiccionales, que establece: "El requirente y requerido conservarán, en su caso, testimonio de lo necesario para realizar las actuaciones provisionales que hayan de adoptarse o mantenerse para evitar que se eluda la acción de la justicia". La semana pasada Alaya dijo que busca las actas que aclaren si el acuerdo que dio vía libre en 2001 al fondo para empresas en crisis se ratificó en Consejo de Gobierno; si el convenio se renovó después de que caducara en 2003; si se adoptó algún acuerdo ante los reparos de la Intervención y la Cámara de Cuentas; y las ampliaciones de presupuesto que afectaron al fondo. Para aclarar esos conceptos la juez considera necesario revisar las 480 actas. "Si esta instructora conociera qué actas son relevantes para la investigación solo pediría esas", alega Alaya.

Además, la magistrada acusó al presidente José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía, de conocer los informes de la Intervención General que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo para el fondo de empresas en crisis. El Ejecutivo niega la mayor.
  
Más información:

"CASO GÜRTEL"; ACEPTAN A TRÁMITE LA PRUEBA SOBRE LA SUPUESTA DESTRUCCIÓN DE DATOS PARA ENCUBRIR A CAMPS

EcoDiario.es

Francisco Camps está a un paso de sentarse en el banquillo por supuesto cohecho en la trama de los trajes de Gürtel. El Ministerio Fiscal llevará a juicio este hecho además de otros siete delitos de corrupción por lo que deberá responder el presidente de la Comunidad valenciana.


El magistrado José Flors ha desestimado la mayor parte de las alegaciones de las defensas de Francisco Camps y otros tres acusados, según recoge El País.


Fuentes jurídicas citada por el medio señalan que lo más probable es que el presidente valenciano, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por los trajes. Por su parte, Anticorrupción pide sentar a los implicados y juzgarles por delitos de cohecho, prevaricación y financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.
 
Pruebas claves

Y es que Anticorrupción considera que estos supuestos delitos están relacionados directamente con la adjudicación irregular de contratos y la financiación ilegal del PP por parte de grandes constructoras, según el citado medio.


Una de las pruebas presentadas, y admitida como tal apunta a que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los trajes de Camps. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.

Los peritos de Hacienda que tuvieron acceso a las cuentas y rastrearon los expedientes ya dieron cuenta de que parecían haber sido alterados.

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