martes, 12 de abril de 2011

CORT ALERTÓ A LA FISCALÍA SOBRE LA TRAMA CORRUPTA DE LA "OPERACIÓN PICNIC"

El teniente de alcalde Eberhard Grosske remitió a Anticorrupción la auditoría de gestión realizada en el IMFOF e informó que los controladores medioambientales podrían realizar trabajos para UM
Vecinos de Santa Catalina protestaron ayer en el que será el último pleno extraordinario del mandato convocado por el PP.
JOSEP CAPÓ PALMA
La estrategia del Partido Popular de involucrar al actual equipo de gobierno de Cort en la denominada Operación Pícnic fue desbaratada ayer por el teniente de alcalde Eberhard Grosske al revelar que fue él quien alertó a la Fiscalía anticorrupción de que los denominados controladores medioambientales podrían haber estado realizando un trabajo distinto al objeto por el cual fueron contratados y relacionado con la captación de votos para UM.

Tal como reveló ayer el teniente de alcalde y presidente del IMFOF, después de la expulsión de los cargos de UM del equipo de gobierno, el 30 de abril de 2010 remitió a la Fiscalía anticorrupción la auditoría de gestión realizada a este organismo correspondiente a los años 2008 y 2009. En ella, entre otras irregularidades, se había detectado la comisión de un presunto delito de malversación de fondos públicos por la contratación de un asesor fiscal amigo del ex concejal, ex presidente de UM y ex conseller de Turismo, Miquel Nadal.

Asimismo, en el escrito que acompañaba la remisión de la documentación se llamaba la atención de los fiscales "sobre otra cuestión que tiene que ver con la contratación de trabajadores adscritos al desarrollo del programa de educación y sensibilización ambiental (el denominado programa IMA), que la auditoría no señala como posible delito, pero que podría estar relacionada con los puestos de trabajo ficticios detectados en otras administraciones públicas y que están siendo investigados".

Con posterioridad, hace un mes, las investigaciones de la Fiscalía y de la Policía dieron lugar a la denominada "Operación Picnic", en el trascurso de la cual fueron detenidos ex altos cargos de UM, entre ellos la ex teniente de alcalde Cristina Cerdó, y registrado el IMFOF y la sede de UM.

Los investigadores pretenden averiguar, entre otras cuestiones, si una veintena de personas contratadas a través del IMFOF como controladores medioambientales entre 2008 y 2010 se dedicaron en realidad a captar futuros votantes para el ex partido nacionalista, en lugar de realizar su trabajo de educación y sensibilización ambiental.

Grosske hizo público el escrito remitido a la fiscalía hace un año durante el pleno extraordinario celebrado ayer a petición del PP, a raíz de la acusación del portavoz conservador, Julio Martínez, de haber multiplicado por dos la asignación a los controladores medioambientales a sabiendas de que no estaban realizando el trabajo contratado.

diariodemallorca.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS SERÁ JUZGADO POR COHECHO POR LOS EMPLEOS FICTICIOS DE SU ESPOSA

Dos empresarios declararon que contrataron a Maite Areal por amistad con el expresidente balear

A. M. - Palma de Mallorca

La esposa de Jaume Matas, Maite Areal, fue contratada durante dos años, mientras su marido era presidente de Baleares (2003-2007), por dos empresas de Mallorca, Martorell Asesores y Hotel Valparaíso, de las que percibió unos 100.000 euros. Según los dueños de las dos empresas, la emplearon por amistad con el político.

El juez José Castro del caso Palma Arena y la Fiscalía Anticorrupción consideran que existen indicios de que es un caso de supuesto cohecho porque los contratos de trabajo eran ficticios sin "contraprestación de servicio alguno". El juez cerró la instrucción y abrió el procedimiento para que Matas y los empresarios sean juzgados por un tribunal de jurado popular por supuesta corrupción.

Esta es una de las más de 20 piezas del caso Palma Arena sobre el supuesto enriquecimiento ilícito y gestión corrupta de Jaume Matas desde la presidencia de Baleares. Areal aparentó ejercer de relaciones públicas para captar clientes para el hotel y la asesoría. Apenas acudió a trabajar y su contrato fue verbal. Los empresarios Miguel Ramis de Grupotel y los de la asesoría, Miguel Amengual y Miguel Martorell, indicaron que hicieron un favor personal a Matas sin recibir contraprestación alguna.

Cuando Matas era ministro de Medio Ambiente (2000-2003), Maite Areal entró de asesora de la consejería de Educación de la Comunidad Madrid desde 2002 hasta 2005. Está imputada en la causa global pero se negó a declarar ante el juez Castro. Su vida laboral transcurrió en los comercios familiares de electrodomésticos Matas y publicidad Matas y fue vendedora de oficinas. Después ejerció de maestra infantil en las escuelas agustinas de Palma.

Matas -sin abogado tras la renuncia de sus dos defensores- envió anoche una declaración a Efe para defender la legalidad de los contratos de su mujer. Cree que la "relación laboral fue ratificada" ante el juez por los empleadores "en las condiciones por ellos establecidas de acuerdo con su propio criterio e interés empresarial".


elpaís.com

"OPERACIÓN ORQUESTA"; EL JUEZ ACUSA AL ALCALDE Y A EDILES DE FISTERRA DE COBRAR SOBORNOS POR OBRAS

Las escuchas telefónicas revelan regalos y pagos en metálico al Gobierno local

PAOLA OBELLEIRO - A Coruña

A principios del verano pasado, andaban con prisas los Ogando, padre e hijo, constructores de Muxía, por hacerse con la obra para dotar de césped artificial al campo de fútbol de Fisterra. Un contrato de 345.862 euros, financiado por la Diputación y adjudicado sin concurso por el ayuntamiento, que gobierna con mayoría absoluta el PP. En julio, el padre le explica al hijo por teléfono cómo acelerar las cosas para conseguir el jugoso contrato, uno más de los numerosos que lograron en 2010 en esa localidad: "Quien tiene eso en la mano es el secretario, puede abrir los sobres, os puede ayudar ¿entiendes? Puede mirar los sobres, eh, antes de abrirlos. Ya lo hizo".

Los Ogando se prodigaron en caros regalos a alcalde y funcionarios

"Es común pagar por la adjudicación de obras", según el sumario judicial

Los Ogando se llevaron esa y otras obras de Fisterra en 2010 por valor de 760.000 euros, además de otra de saneamiento de la Xunta (810.000 euros). "La dinámica delictiva es exactamente igual a la seguida en Cee", afirma el juez de Corcubión Andrés Lago Louro en su investigación de esta trama de corrupción en la Costa da Morte, en la que están implicados, acusados de cohecho y otros delitos, tres alcaldes, sus concejales responsables de obras así como los secretarios y los arquitectos municipales de tres ayuntamientos.

Al igual que en Cee, en Fisterra la familia Ogando "paga favores de diversa índole a cambio de la adjudicación previamente amañada de obra pública", sostiene el juez. También hay constancia de pagos en metálico a los políticos. El alcalde, José Manuel Traba, y dos tenientes de alcaldes, Santiago Insúa Esmorís-Recamán y Ramón Redonda, están en libertad provisional, tras ser detenidos por estos hechos.A disposición judicial, también imputados en el sumario del caso Orquesta, pasarán el 2 de mayo el secretario-interventor de Fisterra, José Ramón Lema Fuentes, así como el arquitecto, Manuel Carro, acusados de participar activamente en "amañar las contrataciones" antes de adjudicarlas a los Ogando.

Daniel Ogando, padre e hijo, pagaron gastos de fiestas patronales de Fisterra, como las de la Virgen, "poniendo" gratis, entre otro mobiliario, generadores cuyo alquiler cobran a 400 euros por día en otros municipios. Contrataron personal que le pidió el alcalde o sus ediles. "Hay una auténtica cadena de favores", aseguran los investigadores de la policía. Los constructores obsequiaron con caros regalos al regidor y costearon múltiples comidas con políticos y funcionarios del ayuntamiento. "Es la forma de entrar", según la fórmula empleada por Ogando padre para justificar su afición a pagar costosas comidas a todo cuanto responsable de obras municipales haya en la comarca.

Y, según constan en escuchas policiales, los dos constructores de Muxía hablan el 30 de diciembre de un pago en efectivo de 10.000 euros "que iría destinado", consideran el juez y la policía nacional, "o bien al alcalde de Fisterra" o bien a sus dos concejales, Ramón Redonda y Santiago Insúa. El objetivo era agradecerles las numerosas obras adjudicadas en el año que estaba a punto de finalizar.

Ese penúltimo día de 2010, Ogando hijo le cuenta a su padre por teléfono que lleva "el dinero" retirado por la mañana del banco para encontrarse con el alcalde en un restaurante. Pero no oculta su contrariedad al descubrir que Traba, también diputado provincial del PP, está terminando de almorzar con otro constructor. "Estarán con alguna obra tongo, ¿eh?", dice Ogando a su padre. Y le precisa que es el empresario quien paga la comida, tal y como hicieron ellos en numerosas ocasiones anteriores.

Todas esas obras públicas adjudicadas en Fisterra a los Ogando están bajo sospecha, investigadas en el marco del abultado sumario de la Operación Orquesta. "Queda patente que para la adjudicación de las obras es norma común pagar por ella", afirman en sus informes de investigación la policía nacional. Entre el verano de 2010 y el pasado 31 de enero, día en el que fueron intervenidos los tres ayuntamientos y detenidos sus responsables públicos, hay un sinfín de conversaciones telefónicas de los Ogando con el alcalde de Fisterra, sus dos concejales -los tres en libertad provisional- y el secretario-interventor, José Ramón Lema Fuentes. En ellas se habla de "amañar" las contrataciones antes de su adjudicación. En muchas de las llamadas, Ogando y los ediles hablan, al referirse a contratos de obras, de pagos que denominan alternativamente "costes indirectos, aumentos o excesos de medida". "En realidad, se refieren presumiblemente a las dádivas, pagos o favores que ha de efectuar el constructor a cambio de las obras que le han sido adjudicadas de modo fraudulento", afirma el juez.

El juzgado ha requerido de la Xunta toda la documentación sobre la obra de saneamiento en Fisterra adjudicada en mayo a Construcciones Ogando. El empresario, en una conversación en diciembre pasado con un constructor que quiere concurrir por una obra similar de la Xunta en Coristanco, le recomiende que acuda al alcalde. "Al jefe que tienes ahí, tienes que darle un toque, esa es la norma, si no ¡hostias en vinagre!, si no es tontería meterse" en un concurso público. Ogando padre se jacta de que él recurrió al alcalde de Fisterra para lograr esa obra de saneamiento de la Xunta. Compitieron 52 empresas pero la "cogió" Ogando.

En enero pasado, los días previos a la intervención en Cee, Fisterra y Mazaricos ordenada por el juez, los constructores intentaban obtener otra obra de la Xunta, concretamente de Portos de Galicia, en Fisterra. Ogando hijo empezó a presionar a los ediles para que influyeran en la adjudicación. "Hay que preguntarle al presidente a través del alcalde de Fisterra", explica al edil Ramón Redonda. Este le replica que "eso hay que hablarlo con Campana", en referencia al presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana.

Gestiones ante la conselleira de Traballo para emplear a la novia de un constructor

"Buenas noches Santi. ¿Sabéis algo de Beatriz Mato?", pregunta Manuel por teléfono, el pasado 29 de octubre, al concejal de Fisterra, Santiago Insúa Esmorís, del PP. La llamada es del tío de Isabel Martínez, la novia de Daniel Ogando, el constructor imputado en la Operación Orquesta contra la corrupción en la Costa da Morte. Y la preocupación de Manuel es saber si los políticos de su pueblo, incluido el alcalde, José Manuel Traba, cumplieron sus promesas de interceder ante la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, en favor de su sobrina, que está pasando las pruebas para obtener plaza fija en la residencia geriátrica de Vimianzo, que depende del departamento de Mato. "Podemos mandar un mensajillo a Bea, que le eche una mano, o habla con Jose para que le pegue una llamadita, que le hace más caso", contesta el edil.

Al día siguiente, Manuel habla con el alcalde. "En su momento, ya le mandé a Bea el currículo" de la mujer, apunta Traba. "Pero, bueno, puedo darle otro toque, para que no se olvide. De todos modos voy a darle un toque igual", promete el alcalde. Una semana después, es el novio, Daniel Ogando, el que llama a Santiago Insúa para interceder por su novia. Ya solo hay dos candidatas para la plaza del geriátrico, una de ellas, Isabel Martínez, que trabajaba hasta entonces como secretaria de los Ogando, los constructores predilectos de los responsables municipales de Fisterra, y que conocía todos los amaños con las obras.

"Pero hay un problema, tiene la pega de la edad", explica Ogando. Insúa le promete "dar un toque a Bea". "Voy mandar un mensaje a Jose, que se acuerde de mandarle un mensajillo a Bea ¡oh!". Y esa misma noche envía dos sms al regidor con los datos de la novia de Ogando. "Mira si le pueden echar una mano". "Mañana temprano hablamos", contesta Traba. A los dos días, la plaza es para Isabel Martínez. "Ahora vas a ir a comprar el regalo del alcalde", le encomienda su novio, "amiga, te comprometiste, ¡hostia! Si no vas, te dejo, ¡cago en Dios! Te sale redondo, vas a ir conmigo al despacho a darle las gracias personalmente", concluye el constructor.

elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; CITAN A LOS ARQUITECTOS GARCÍA-RUIZ POR UN DELITO FISCAL EN UNA NUEVA PIEZA

La número 26

* El juez ha dictado un escrito citándolos para el 26 de abril a las 10.30

Efe | Palma

El juez del "caso Palma Arena", José Castro, ha citado para el día 26 de este mes en calidad de imputados a los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, arquitectos del pabellón Palma Arena, dentro de una nueva pieza abierta en este caso, la número 26, por un supuesto delito fiscal.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez ha dictado un escrito citando a los arquitectos para ese día a las 10.30 horas en el marco de esta nueva pieza por este delito. En el año 2009 y tras tomarles declaración, el juez Castro fijó para los García-Ruiz una fianza civil de 1,2 millones para responder a supuestas responsabilidades civiles derivadas de este caso. Sin embargo, esta fianza ha sido anulada este año por la Audiencia de Palma al entender que la pista de la instalación no se cobró dos veces, como sostenían el juez y las acusaciones.

Los arquitectos García-Ruiz asumieron el proyecto del Palma Arena tras la destitución del primer arquitecto, el alemán Ralph Schürmann. Entre otras cosas, el juez Castro investiga en este extenso caso de corrupción el sobrecoste en la construcción del velódromo, presupuestado en 48 millones de euros y que al final costó al Govern balear alrededor 110 millones de euros.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; UN JURADO POPULAR JUZGARÁ A MATAS POR LAS CONTRATACIONES A SU MUJER

Nuevo auto del juez

* Se investiga el pago de casi 100.000 euros a Areal en base a contratos
* Según el juez no comportaban 'contraprestación de servicio alguna'

Efe | Palma

Un jurado juzgará al expresidente del Govern balear Jaume Matas (PP) por las contrataciones supuestamente irregulares a su mujer, Maite Areal, por parte de una consultora y un hotel, después de que hoy el juez del "Palma Arena" haya iniciado los trámites para pasar esta pieza del caso al tribunal del jurado. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha notificado un auto de incoación del procedimiento del tribunal del jurado para la pieza que investiga el pago de casi 100.000 euros a Areal entre los años 2005 y 2007, cuando Matas era presidente de Baleares, en base a contratos que, según el juez, no comportaban "contraprestación de servicio alguna".

De acuerdo con el auto, al que ha tenido acceso, el juez considera a Matas y a tres personas más responsables del delito de cohecho y señala que estos hechos deben ser juzgados por el procedimiento del jurado. Según el juez, el primer hecho constitutivo de delito es la contratación "aparente" de Areal por parte de la sociedad Centro de Cálculo Balear -luego pasó a llamarse Martorell Asesores- entre 2005 y 2006 para labores de asesoría, por lo que le pagó 37.092 euros. Unos meses después, entre enero y diciembre de 2007, el Hotel Valparaíso contrató a Areal para llevar a cabo labores de relaciones públicas, cuando esta contratación, sostiene el juez, estaba pactada y Areal no hizo nada en cumplimiento de su trabajo. Por este supuesto trabajo la mujer de Matas cobró otros 60.000 euros, sostiene el juez.

En base a estos hechos, el juez imputa cohecho a Matas, al exalcalde de Muro y dueño del Hotel Valparaíso, Miquel Ramis; y a los administradores de Martorell Asesores, Miquel Amengual y Miquel Martorell. En enero de 2010, Miquel Ramis afirmó al juez que Matas le pidió que contratara a Areal, aunque negó haber recibido alguna contraprestación a cambio por parte del expresidente balear.

La contratación de Maite Areal se hizo, sostuvo, de forma verbal y sin que constara contrato alguno, con el objetivo de que llevara a cabo una función parecida a la de relaciones públicas del Hotel Valparaíso. En cumplimiento de la Ley del Tribunal del Jurado, en el auto dictado hoy el juez cita a los cuatro imputados el día 26 de abril para una comparecencia en la que se les dará a conocer la transformación de las diligencias al procedimiento del jurado y también las posibles imputaciones que pidan para ellos la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Comunidad Autónoma. Después de esta comparecencia de los imputados y las acusaciones, el juez decidirá la pertinencia de que el procedimiento continúe y pedirá a las acusaciones que califiquen los hechos y pidan las posibles penas contra los imputados, tras lo que abrirá juicio oral.

Este es el segundo procedimiento contra Matas cuya instrucción se cierra en el llamado "caso Palma Arena", y el expresidente ya se enfrenta a la petición fiscal de 8 años y medio de cárcel por otra pieza, relativa a los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le escribía los discursos. En estos momentos, Jaume Matas carece de abogado en este caso, después de que ayer su letrado, Rafael Perera, renunciara "por motivos que forman parte del secreto profesional" a representarle en esta causa de corrupción. La renuncia de ayer de Perera se produjo diez días después de que su otro abogado, Manuel Ollé, radicado en Madrid, también dejara su defensa.

"CASO MALAYA"; MONTSERRAT CORULLA INTENTÓ OCULTAR A LA POLICÍA TRES CAJAS CON DOCUMENTOS

Montserrat Corulla en la Ciudad de la Justicia en septiembre de 2010. | ELMUNDO.es
Declaración de un agente de la Udef
 
* En su declaración, Corulla dijo que fue su secretaria quien lo hizo

José Carlos Villanueva | Málaga

La abogada y testaferro de Juan Antonio Roca en la trama madrileña del caso 'Malaya', Montserrat Corulla, intentó ocultar a la Policía tres cajas con documentación que su secretaria personal entregó al portero del edificio donde tenía su despacho profesional.

Así lo ha declarado este martes uno de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef), durante la sesión de la vista oral que se sigue en la Audiencia Provincial de Málaga.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2006, en el inicio de la primera fase de la llamada operación 'Malaya' contra la corrupción municipal marbellí. Los agentes se dirigieron hasta el edificio de la calle Príncipe de Vergara de Madrid donde estaba la sede de la empresa Condeor S.L. administrada por Corulla.

"Comprobamos que la señora Úrsula Quinzano (secretaria de Corulla) le había entregado al portero tres cajas con documentos", ha relatado el agente de la Udef. La Policía pudo conocer tal extremo gracias a las escuchas telefónicas que entonces se llevaban a cabo.

De hecho, en las grabaciones Corulla daba instrucciones a Quinzano para que procediera a tal efecto, dado que había detectado la presencia de policías en las inmediaciones del inmueble cuando se disponían a practicar el registro, así como las detenciones.

Sin embargo, Corulla se desentendió, durante su declaración en el juicio, de haber ordenado nada a Quinzano y le atribuyó toda la responsabilidad a la que era entonces su subordinada, además de testaferro en una de las numerosas sociedades utilizadas por Roca en su entramado.

A lo largo de la sesión de este martes, que ha durado menos de una hora, han declarado seis agentes de la Udef, cuatro hombres y dos mujeres, cuyas declaraciones han sido brevísimas. El fiscal se ha centrado en que corroboraran su presencia en las entradas y registros efectuados en marzo de 2006. Por su parte, las defensas han tratado de buscar fallos en el procedimiento seguido, así como en la cadena de custodia de lo incautado

Corulla, de 39 años de edad, empezó a trabajar para el entramado de Roca en 2001 fue administradora de Condeor S.L. la empresa "matriz", como ella misma describió la mercantil que su jefe utilizaba y de la que se surtían otras sociedades del grupo del ex asesor urbanístico marbellí, tales como El Angel de Tepa S.L.; San Mateo Palace S.L. y Palacio de Villagonzalo S.L., principalmente.

Dicha letrada se hizo famosa en mayo de 2007 cuando el entonces candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE y ahora ministro, Miguel Sebastián, mostró a cámara una revista con la foto de la testaferro en portada, durante un debate televisado con el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón. Acto seguido le preguntó al primer edil sobre sus relaciones con ella en el ámbito urbanístico madrileño. También quiso saber si había habido trato de favor por parte del regidor.

Ruiz Gallardón consideró que no debían tratarse "asuntos personales" en dicho debate y dio por zanjado el asunto. Luego arrasaría en las urnas, lo que provocó que Sebastián arrojara la toalla y dimitiera.

Además
* Gráfico: Las claves del caso