miércoles, 27 de abril de 2011

LA JUEZA EXIGE A LA ALCALDESA DE MANILVA LOS DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS

JUANA VIÚDEZ - Málaga 

La juez Isabel Conejo ha exigido a la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), que le remita de forma urgente la documentación que le pidió hace tres meses dentro de la causa en la que se investigan irregularidades en contrataciones de personal y servicios en este municipio malagueño de 11.000 habitantes.

La titular del juzgado número 5 de Estepona ha remitido una providencia, notificada ayer, en la que recuerda la necesidad del "urgente cumplimiento" de sus requerimientos y da instrucciones para que se cursen los oficios recordatorios "oportunos".

Muñoz fue citada el 7 de febrero como imputada por varios delitos contra la administración pública. Se acogió a su derecho de no declarar, pero se comprometió a remitir información sobre su gestión en el municipio.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la alcaldesa ha recurrido la petición judicial porque considera que se está haciendo una causa general. La regidora solicitó al juzgado que concretara los documentos que se necesitaban, pero según estas mismas fuentes, hasta ayer no había recibido respuesta.

Cien reparos
"Han pasado tres meses desde que se comprometió", recordó ayer el portavoz del PP en el municipio, Francisco Miguel Álvarez. "Exigimos a IU y a su cómplice, el PSOE, que depongan esta actitud reprochable y antidemocrática y cumplan con los requerimientos de la juez", reclamó.

El PP, personado en la causa, asegura que hay más de un centenar de informes de gastos del equipo de gobierno de Manilva con reparos de la intervención por "proceder de forma absolutamente irregular".

Entre los supuestos beneficiados apuntan a una empresa de construcción, "del círculo de amigos de IU", que habría percibido casi un millón de euros en adjudicaciones "con muchos reparos de la interventora". "Tenemos la convicción de que ha subcontratado todos los trabajos de carpintería a la empresa de la alcaldesa y su marido", mantiene el portavoz popular. El PSOE es socio de gobierno de IU en el municipio.

El PP también incluye en la presunta "red de trato de favor" a una floristería propiedad de la hermana de una concejal que ha llegado a facturar 20.000 euros en cuatro años.


elpaís.com

EL TRIBUNAL ACEPTA JUZGAR A CAMPS Y LA CÚPULA DE GÜRTEL JUNTOS POR COHECHO

La Sala Civil y Penal deja en manos del magistrado Flors la decisión de unir las acusaciones - El juez podría abrir otra causa para enjuiciar a los jefes de la red

IGNACIO ZAFRA / J. A. HERNÁNDEZ - Valencia / Madrid

A FONDO: Todo sobre el caso Gürtel

Las fructíferas relaciones que, según múltiples informes policiales y de la fiscalía, mantuvieron el Gobierno y el PP valencianos con la trama Gürtel prometen darle nuevos quebraderos de cabeza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, posiblemente antes de las elecciones del 22 de mayo. La primera de esas novedades se conoció ayer. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó un auto en el que acepta la inhibición decretada hace semanas por su homónimo de Madrid para que los cabecillas de la red corrupta puedan compartir banquillo de los acusados por los regalos de los trajes con Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Lo que se haga al final dependerá del juez que tramita el caso de los trajes, José Flors, en cuyas manos han dejado sus colegas del tribunal valenciano la decisión de si se juzga a Camps y los otros altos cargos junto a los jefes de la trama Gürtel (Correa, Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes) u opta porque unos y otros sean juzgados por separado y con delitos distintos.

La resolución que adopte Flors tendrá consecuencias importantes. Podría implicar que la imputación de Camps y del resto de acusados por cohecho pasivo impropio (aceptar los regalos sin hacer nada a cambio) se transformara en otra causa por cohecho propio y se juzgue a todos bajo esa premisa. De esto cabría colegir que las dádivas que Camps, Costa, Betoret y Camps recibieron lo fueron a cambio de los favores y contratas a dedo (por importe de unos 8 millones de euros) que la Administración dio a la red mafiosa que dirigía Correa en Madrid y el Bigotes en Valencia.

Fuentes jurídicas no creen que Flors vaya a detener ahora el sumario de los trajes, que tiene ultimado y casi listo para juicio ante un jurado popular, para incorporar en él a los jefes de Gürtel. Ven más factible que abra otro procedimiento contra los cabecillas de la trama.

Si es así, antes de las elecciones de mayo, Flors sometería a Camps y los demás políticos imputados a una vistilla, a la que obligatoriamente tendrían que asistir, como paso previo a los preparativos del juicio ante el jurado popular. El auto dictado ayer por el TSJCV, que contiene un voto particular del juez Juan Montero, opuesto a la asunción de la competencia, subraya: "Procede acceder a la inhibición planteada declarando la competencia de este Tribunal para el conocimiento de las conductas realizadas por las personas que presuntamente entregaron las prendas de vestir a las personas respecto de las cuales se sigue el presente procedimiento del Tribunal del Jurado sobre cohecho pasivo impropio, decidiendo el ilustrísimo magistrado instructor con plena libertad de criterio, lo que estime procedente de estos nuevos hechos".

Las "particulares" circunstancias del caso Gürtel, cuya investigación se sigue simultáneamente por tribunales de distintas comunidades, llevan a la Sala a considerar que ambas opciones -mantener tal cual la actual causa contra Camps y los otros altos cargos y abrir otra contra los jefes de Gürtel, o bien juzgarles a todos en un único proceso- "resultan jurídicamente defendibles".

El TSJCV debe decidir también en los próximos días si asume la competencia de la segunda inhibición dictada por Pedreira. En ella están implicados otros siete miembros de las cúpulas del PP y el Gobierno valencianos por supuesta financiación ilegal, cohecho, prevaricación, falsedad y delitos fiscales.
   
Más información:

LOS IMPUTADOS "POR TONTERÍAS" DE AGUIRRE

Roberto Bécares | Madrid

De manera sorprendente, la presidenta de la Comunidad de Madird, ha introducido en la campaña la palabra más temida del PP, 'Gürtel'. El pasado lunes, Esperanza Aguirre presumía de que no llevaba en sus listas a ningún imputado en la trama de corrupción de Francisco Correa, lo que se vio como un reproche a Mariano Rajoy por avalar las listas de Francisco Camps en Valencia, donde repiten varios imputados.

Aunque no haya rastro de Gürtel en las listas del PP de Madrid, sí que hay varios alcaldes y candidatos del PP imputados por presuntos casos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos. Aguirre ha matizado hoy que lo están por "tonterías" y no por "enriquecerse".

Ésta es una lista de los imputados del PP de Madrid:
 
Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas)
El alcalde de Alcobendas declaró en noviembre de 2010 en calidad de imputado por prevaricación y mala gestión de fondos públicos relacionados con el supuesto beneficio que el Consistorio habría dado a la constructora Sotohenar en una operación de recompra de dos parcelas. El proceso se inició tras una denuncia del PSOE.

Los hechos denunciados se remontan a junio de 2009, cuando el Ayuntamiento de Alcobendas, a través de EMVIALSA, volvió a adquirir dos parcelas que había vendido previamente a Sotohenar por el mismo precio con el que se las vendió en 2007. El importe ascendió a 24 millones de euros, un valor superior al precio de mercado del año 2009, que se estimó en 12 millones de euros. Según fuentes del PP, Vinuesa, que opta a la reelección, ya conoce que la causa se archivará.
 
Jose Ignacio Fernández Rubio (Las Rozas)
El ex alcalde de Guadarrama y candidato del PP en Las Rozas estas elecciones está acusado de prevaricación con consecuencias contra el Medio Ambiente. Fernández Rubio y otros cuatro concejales concedieron en 2000 una licencia provisional a un restaurante de Guadarrama, El Molino del Rey, en suelo protegido.

El único aval era un informe de un ingeniero industrial, en el que no se estimaban las consecuencias ambientales y la calificación de los terrenos, que gozaban de una especial protección. Aparte de esto, el concejal de Urbanismo era administrador de la empresa propietaria del restaurante, y el alcalde era el abogado y asesor de la misma.

Fernández Rubio aseguró en varias ocasiones que se había inhibido de todas las decisiones que se habían tomado respecto al restaurante. Pero, según el fiscal, estuvo al frente de la comisión municipal que trató el tema.
 
Miguel Rodríguez Bonilla (Guadarrama)
El candidato a alcalde en Guadarrama y ex edil de Urbanismo está también imputado en la misma causa que Fernández Rubio.
 
Miriam Rabaneda (Pinto):
El juzgado de Instrucción número 6 de Parla imputó a principios de 2010 a la ex alcaldesa de Pinto y actual candidata del PP en el municipio, Miriam Rabaneda, y a su hermana Tamara, que fuera concejala de Hacienda en su gobierno, por un delito de prevaricación por la gestión económica durante su mandato.

Según la denuncia que interpuso el actual alcalde, Juan José Martín (PSOE), figuraban presuntamente gastos sin consignación presupuestaria, prelación y fraccionamiento de pagos y facturas sin aprobación previa.

Luis Partida (Villanueva de la Cañada)
El alcalde de Guadarrama y candidato a la relección, Luis Partida, fue imputado por prevaricación -causa que se archivó-, pero sigue abierta su imputación por tráfico de influencias en el 'caso Porto'. Su defensa ha pedido el sobreseímiento. Por este caso dimitió en 2006 el anterior director de Urbanismo, Enrique Porto.

Clara Torres (Torres de la Alameda)
La alcaldesa de Torres de la Alameda y candidata a la reelección, además de cinco concejales más del PP, declararon como imputados el 13 de enero por un presunto delito de malversación. Se les acusa de aprobar y mantener subidas de sueldos presuntamente "ilegales" a 20 funcionarios.

Raúl López (Coslada)
Rául López Vaquero, alcalde de Coslada y candidato a la reelección, está imputado por un presunto caso de prevaricación y malversación a favor del jefe de la Policía Local, el sheriff Ginés Jiménez.
 
Íñigo Henríquez de Luna
El ex concejal del Ayuntamiento y número 37 a la Asamblea de Madrid en las próximas elecciones está imputado en el 'Guateque', el caso de corrupción en la concesión de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid.

Imputados del PSOE
En el barrio de enfrente tampoco está para tirar cohetes. La número dos de Tomás Gómez, Trinidad Rollán, está condenada por prevaricación e inhabilitada para cargo público durante ocho años. Pese a ello, el líder del PSM la ha mantenido como secretaria de organización y ha sido una de las encargadas de realizar las listas electorales.

Carmen Toledano, la 'número 20' en la lista de Tomás Gómez (PSM) y ex alcaldesa de Galapagar, también ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación en la aprobación del contrato del festival Galapajazz en 2008.

Cristina González, concejala de Obras de Getafe, tuvo que declarar asimismo en el juzgado de instrucción número 7 de la localidad en calidad de imputada por el 'caso de los aparcamientos'. Pedro Castro la incluyó el número 8 de su lista.

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado abril siete años de prisión a los ex alcaldes de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro por un presunto delito de blanqueo, falsedad documental y cohecho.