viernes, 29 de abril de 2011

"OPERACIÓN ORQUESTA"; EL SUMARIO RELACIONA A LOS AYUNTAMIENTOS SOCIALISTAS DE CORCUBIÓN Y MUXÍA CON LA TRAMA

Fueron de los primeros en ser investigados

* El alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, fue investigado
* También alude a presuntas irregularidades de ediles de Corcubión
* Los ayuntamientos de Sada, Vimianzo, O Pino y Noia también aparecen citados
* Feijóo destaca que estas cuestiones merecen una 'mayor aclaración'

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela

Las prácticas delictivas de la 'operación Orquesta' no sólo se circunscriben a los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos, cuyos alcaldes están imputados, sino también a otros ayuntamientos de la Costa da Morte e, incluso, de toda la provincia de A Coruña.

En el sumario del caso, son numerosas las referencias a Corcubión y Muxía. Precisamente, estos dos municipios aparecen en la trama mucho antes que los de Fisterra y Mazaricos, justo en noviembre de 2009, cuando la Policía comienza a tirar de los hilos tras haber pinchado el teléfono de uno de los principales imputados, el empresario Jorge López Lago, por su presunta relación con otro asunto de narcotráfico.

En el trascurso de la investigación, y según apunta el sumario del caso, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (Undef) comprueba como López Lago, "unas veces directa", como ocurre en Cee, y "otras de manera indirecta", como ocurre en Muxía, y a través de la intermediación de Carlos Rey Paz, otro de los imputados, "consigue un trato de favor de tales corporaciones, incluso aunque ello suponga perjuicio para las arcas municipales".

Así, la Policía descubre cómo Rey Paz se presenta a veces como "concejal" de Muxía y otras como funcionario público -es funcionario en el Juzgado de Paz de este ayuntamiento- para "facilitarle a López Lago" la contratación de orquestas en determinadas fiestas por parte de la corporación local. Carlos Rey Paz se vale, para ello, de sus contactos en este municipio e, incluso, menciona al propio alcalde.

'Sujetos investigados'
En ese momento, y ante los indicios existentes, la Undef le pide al Juzgado de Corcubión que permita intervenir, también, los teléfonos de varios implicados ante la "solidez de los indicios recabados" que apuntan a delitos "lesivos para múltiples bienes jurídicos" y también para la Hacienda Pública. Entre estos "sujetos investigados" se encuentran los alcaldes de Cee, el independiente Ramón Vigo, y Muxía, el socialista Félix Porto, que ostentan la "condición de autoridad, por lo que la exigencia de respeto a la legalidad se extrema respecto de la exigible a cualquier otro ciudadano, precisamente, por su condición de servidores públicos".

De hecho, y según recoge el sumario, la Policía apunta ya a una trama organizada. "Las conductas presuntamente delictivas que aquí se investigan no consisten en una práctica puntual o aislada, sino habitual y consolidada, al menos por ahora, en el seno de dos municipios como son Cee y Muxía, sin descartar otros en el futuro a medida que avance la presente instrucción", dice citando expresamente al ayuntamiento de Corcubión, gobernado por el socialista Francisco Lema.

Corcubión
En este sentido, la vinculación de Corcubión con la 'operación Orquesta' viene por dos vías: a través de Carlos Rey Paz y de los empresarios Daniel Ogando, padre e hijo, también imputados en este caso. Así, Rey Paz, utilizando sus contactos en la Consellería de Cultura -el sumario también cita al delegado territorial de este departamento, Manuel Varela Rey- consiguepresuntamente subvenciones fraudulentas "implicando", para ello, al Ayuntamiento de Corcubión. "Influye en integrantes del mismo para su consecución, incluso aunque sea falseando las condiciones o requisitos precisos para accceder a tales fondos públicos para lo cual, presuntamente, al igual que ocurría en Muxía, se vale de su influencia o amistad con algunos miengros del Concello de Corcubión", apunta el sumario.

Corcubión también vuelve a aparecer citado en este procedimiento judicial tras la intervención del teléfono del constructor Daniel Ogando, meses después. En una de estas conversaciones, el empresario se muestra molesto con el Ayuntamiento porque "no le han adjudicado ninguna obra pública" y amenaza con dejar de sufragar el mantenimiento de unos jardines en el municipio. "Lo que pretendo es hablar con el alcalde, hace un mes que prácticamente hablé con él. Decía que iba a acercarme dentro de un mes, a ver si había algo y si no hay nada, paro, que le den por el culo", recoge el sumario de una conversación que la Policía cree que mantuvo con un miembro de la corporación local.

Otros municipios
Además de estos dos ayuntamientos, en el sumario también se citan outros municipios como el de Sada, Vimianzo, O Pino o Noia. En el caso de Sada, gobernado por el BNG, el documento recoge que "Jorge López Lago hace alusión a que un modo de proceder semejante se habría observado en otros concellos y concretamente menciona al de Sada". Se refiere a una conversación grabada por la Policía en la que López Lago conversa con el alcalde Ramón Vigo para intentar justificar el pago de 62.000 euros de manera presuntamente irregular y, tras una discusión entre ambos, el empresario se queja de que "ya le pasó lo mismo en Sada". Por eso, el juez cree "necesario" confirmar este extremo para "determinar si se trata de un hecho puntual o si en realidad nos encontramos ante un entramado pergeñado y preparado para ejecutar con cierta habitualidad este tipo de prácticas".

Las alusiones a Vimianzo, al igual que en el caso de Sada, son de manera indirecta y a través de una supuesta intermediación realizada por el alcalde de Fisterra ante la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, con el objetivo de que ésta intercediera para que la mujer de uno de los acusados, el constructor Daniel Ogando, obtuviera plaza en una residencia de Vimianzo dependiente de su departamento que, finalmente, acaba consiguiendo.

En el caso de Noia, el sumario recoge una conversación entre el ex concejal de Urbanismo, José Manuel Romero, y Daniel Ogando, en la que el segundo invita al primero a comer porque, y anque ya no esté en política, "fueron buena gente, aunque ya no tenga obras en Noia". En el caso de O Pino, Jorge López indaga la posibilidad de que un compañero suyo construya un campo de fútbol en este ayuntamiento tras llamar a una persona de este municipio que no se identifica. "Quedamos a comer y me lo planteas", le responde este interlocutor.

Las comidas en restaurantes de la zona da Costa da Morte eran el medio más habitual para realizar negocios. Uno de estos ágapes reunió en un local de Fisterra en diciembre pasado a representates políticos de Mazaricos, Fisterra, Muros, Zas, Dumbría, Porto do Son, Cee, Muxía y Corcubión, que fueron invitados por el empresario Daniel Ogando. En estas comidas, presuntamente, se hablaba de la ejecución y adjudicación de futuras obras. 
 
Ironía de Feijóo
Sobre la implicación de otros alcaldes en esta trama, también se refirió este jueves el presidente de la Xunta. Tras ser preguntado por la presunta relación de los alcaldes socialistas de Corcubión y Muxía en esta operación, Feijóo apuntó, en tono irónico, que espera que "esta operación no indique la literalidad del nombre que tiene".

"De la lectura de ese sumario, por las informaciones que tengo, hay cuestiones que necesitan una mayor aclaración cuando afectan a responsables políticos de siglas diferentes al partido que apoya al gobierno", dijo en clara alusión al PSOE. En esa línea ya se había pronunciado con mayor contundencia el alcalde Independiente de Cee, Ramón Vigo, que acusa al Ministerio del Interior y al de Justicia de estar detrás de este operativo policial y judicial.

Además
* ¿Qué es la 'Operación Orquesta'?

elmundo.es

"CASO SON OMS"; LOS FISCALES NO PIDEN MEDIDAS CAUTELARES A LA MUJER DE VICENS TRAS PRESTAR DECLARACIÓN

Vicens a su llegada al juzgado. | Jordi Avellà
Ante el juez

* Ambos han declarado que introdujeron el dinero sin saberlo
* Afirman que los 11.000 euros proceden de una herencia

Esteban Urreiztieta | Palma

Tanto Bartomeu Vicens como su mujer, Antònia Martorell, han negado esta mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, saber que había 11.000 euros escondidos en los zapatos que la mujer llevó a su marido a la cárcel y que incautaron los guardias semanas atrás. Ambos han declarado ante el magistrado que ese dinero procede de una herencia y que lo introdujeron en la cárcel por error, ya que no sabían que estuviera allí escondido. Los fiscales anticorrupción, tras oír a los dos, ha decidido no pedir medidas cautelares para la mujer.

Ambos están imputados por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública después de que a ésta le fuesen incautados 11.000 euros en billetes de 500 cuando el pasado 9 de abril acudió a prisión para ver a su marido, quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por una pieza separada del caso Son Oms.

Vicens ha sido excarcelado para que prestara declaración ante el magistrado instructor de los casos Son Oms y Maquillaje, en los que el ex dirigente 'uemita' está siendo investigado. Vicens se encuentra privado de libertad desde julio de 2010 después de que el Tribunal Supremo rebajara a tres años de prisión la pena de cuatro años y medio impuesta al ex diputado por pagar 12.000 euros públicos a su contable particular por un informe plagiado de Internet.

A raíz de estos hechos, el director de la cárcel elaboró un informe sobre lo sucedido y lo remitió a la Fiscalía, mientras que el dinero incautado fue posteriormente entregado al Juzgado. Lope Sola ordenó de este modo la apertura de una investigación a fin de esclarecer estas circunstancias.


elmundo.es

DE MERCASEVILLA A LOS ERE: EL ESCÁNDALO DEL SAQUEO INSTITUCIONALIZADO

La Junta de Andalucía en el punto de mira

* Ex altos cargos de la Junta han reconocido la existencia de un 'fondo de reptiles'
* Los falsos prejubilados están vinculados con cargos del PSOE
* La Junta reconoce la existencia de 183 casos 'irregulares'
* La Junta de Andalucía destinó en la última década casi 700 millones del fondo

Ignacio Díaz Pérez | Sevilla

'Corrupción made in Spain'
Si algo ha caracterizado a España en los últimos años es la corrupción. Una lacra que se ha instalado con fuerza en todas partes y todos los partidos políticos.

La juez Mercedes Alaya no se ha creído nunca la versión oficial. No se la creyó cuando unos empresarios de hostelería denunciaron que los máximos dirigentes de la empresa pública Mercasevilla, con la connivencia de altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta, habían exigido el pago de una importante comisión a cambio de concederles una cuantiosa subvención para poner en marcha una escuela de hostelería.

Oficialmente, para el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y para la Junta de Andalucía, con Griñán al frente, la cosa empezaba y terminaba en los participantes en aquella reunión. Ni siquiera el entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, que posteriormente sería imputado por la juez y se vería obligado a dimitir no sólo como delegado de la Junta sino de todos sus cargos orgánicos dentro del PSOE, tenía nada que ver en el intento de extorsión llevado a cabo, presuntamente, por el director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce.

La juez no se creyó aquella versión, y terminó abriendo hasta cuatro sumarios diferentes, todos relacionados con la investigación: el presunto cobro de comisiones ilegales, la venta fraudulenta de unos suelos que eran propiedad de Mercasevilla a una filial de la empresa Sando, un presunto delito societario en el seno de la empresa pública, y otro de irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla, que terminó por destapar uno de los escándalos de saqueo de las arcas públicas de mayor alcance de los conocidos hasta ahora en España, la concesión de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía para financiar ERE de empresas supuestamente en crisis en los que, oficialmente, hasta el momento, se han detectado hasta 183 casos irregulares.

Entre los 183 casos irregulares detectados hay circunstancias de dos tipos. Por un lado, están los 72 'intrusos' -personas que nada tenían que ver con las empresas en cuestión, que nunca habían trabajado para ellas y que en muchos casos estaban relacionados directamente o a través de familiares con cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- y, por otro, las personas que, habiendo trabajado en la empresa, no reunían todos los requisitos para acogerse a la prejubilación o incurrían en cualquier otra irregularidad de carácter administrativo.

La juez Alaya tampoco se cree la versión oficial de la Junta de Andalucía de que sólo hay estos 183 casos de irregularidades en los 68 expedientes de regulación de empleo analizados por la Junta de Andalucía. Y por este motivo ha llegado a pedir al Gobierno que José Antonio Griñán heredó de Manuel Chaves las actas de todas y cada una de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la última década. La Junta, que tanto ha alardeado de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de unas irregularidades que, oficialmente, las habían cometido "cuatro gatos", se ha negado a dar esta información a la juez y no renuncia a elevar un "conflicto de jurisdicción" ante el Tribunal Supremo.

Un entramado sencillo
El objetivo de todo el entramado es sencillo: distraer dinero público eludiendo cualquier tipo de control. Pero la forma es bien sofisticada: en unos casos, a través de empresas públicas en las que el control político de la oposición es prácticamente inexistente, como es en el caso de Mercasevilla.

Pero también mediante la concesión de subvenciones saltándose la reglamentación existente al respecto, haciendo uso de un "fondo de reptiles", según la expresión de uno de los ex altos cargos imputados, Francisco Javier Guerrero, del que disponía la Consejería de Empleo -con conocimiento de los máximos responsables, según Guerrero- para estos casos.

Sólo en el asunto de los ERE, la Junta de Andalucía ha llegado a subvencionar casi 700 millones de euros desde el año 2001. La Junta se resiste a admitir el saqueo y sólo habla de "uso indebido". Y ello sólo cuando se ha visto obligada, ante las evidencias, a cambiar su discurso inicial negándolo todo.

El dinero con el que se subvencionaban los expedientes de regulación de empleo los libraba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que posteriormente se transformaría en la Agencia IDEA, al que la Consejería de Empleo transfería las cantidades procedentes de una partida destinada a ayudas a empresas en crisis.

Es cuando el dinero llegaba al IFA -o, posteriormente, a la Agencia IDEA- cuando se convertía en el 'fondo de reptiles' del que Guerrero habló a la Policía. De nuevo, aparece un ente dependiente de la Junta pero ajeno al control público como vehículo para mover el dinero.

Además, ni el IFA ni la Agencia IDEA tienen entre sus fines, precisamente, la financiación de despidos, que en eso y no otra cosa consisten los expedientes de regulación de empleo.

En muchos de esos ERE -la juez trata de averiguar en cuántos- se colaron personas relacionadas con el PSOE, con los sindicatos o con los que actuaron como intermediarios en la negociación de los expedientes, que nunca trabajaron en las empresas afectadas, que no obstante percibían determinadas cantidades como supuestos prejubilados de esas sociedades. Entre los prejubilados se cuenta incluso un ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado por la juez Alaya. En este caso, Fernández sí había trabajado para la bodega González Byass, que lo prejubiló. Pero en el expediente aparecía su fecha de nacimiento como la de ingreso en la nómina de la empresa acogida al ERE.

La Junta se resiste aún a admitir responsabilidades políticas de ningún tipo. Se ha negado a crear una comisión de investigación parlamentaria tantas veces como veces la oposición la ha solicitado.

Entre los imputados hay directores generales -que autorizaban las subvenciones-, delegados provinciales de Empleo y hasta consejeros. E incluso existen informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía dirigidos expresamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa de consejero de Economía, que advertían de las irregularidades y hacían recomendaciones para acabar con éstas, que nunca se tuvieron en cuenta.

El caso está absolutamente abierto. La Fiscalía Anticorrupción -que hasta ahora sólo había participado en alguno de los sumarios del 'caso Mercasevilla'- acaba de aterrizar en la investigación de los ERE. Aún en fase de instrucción, fase que se prevé muy larga por el alcance -en cuantía y en el tiempo- del escándalo, el PP lo ha convertido en una de sus principales puntas de lanza frente a su contrincante en las urnas, después de varios años sufriendo el castigo del escándalo Gürtel, con el que el PSOE ha fustigado duramente a los populares.

El PP ha llegado a asegurar que, tras el escándalo de las prejubilaciones falsas, lo que se esconde es un caso de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español.