"CASO BOMSAI"; LA FISCALÍA PIDE QUE DOLçA MULET Y EL ALCALDE DE POLLENçA SEAN CITADOS COMO IMPUTADOS

A prestar declaración

* Jaume Fluxà ha admitido que percibió unos 54.000 euros en subvenciones

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la ex consellera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, y el alcalde de Pollença, Joan Cerdà, sean citados a declarar en calidad de imputados en el marco del caso Bomsai, a fin de ser interrogados en torno a las subvenciones que habría obtenido de la anterior Conselleria el empresario Jaume Fluxà -quien estuvo afiliado a UM- pese a estar declarado insolvente.

Así lo ha pedido el fiscal Miguel Ángel Subirán durante la comparecencia de Fluxà ante la magistrada sustituta Margarita Bosch, en la que ha admitido que percibió subvenciones por valor de unos 54.000 euros de la Institución insular a pesar de que sus sociedades no estaban al día en el pago de sus deudas, lo que sucedió, tal y como ha reconocido, tras haberse reunido con la propia Mulet para abordar este asunto, según han informado fuentes jurídicas.

Jaume Fluxá ha comenzado a ser inquirido sobre este aspecto después de ser interrogado sobre su mediación entre la empresa Atlas Capital, de la que era agente comercial, con CAIB Patrimoni. Y es que dentro de este caso se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde el Govern, a través de CAIB, en el proceso de adjudicación para construir la nueva sede de la Conselleria de Salud y la del parque de bomberos.

El imputado ha negado haber intervenido en estas concesiones aunque sí ha manifestado que junto a los representantes de Atlas mantuvo una reunión con el que fuera conseller de Economía y Hacienda durante la pasada legislatura, Lluís Ramis de Ayreflor, en la que se prepararon las bases para que Atlas asesorase a CAIB Patrimoni en materia financiera y jurídica y confeccionase el pliego de condiciones que debía servir a la hora de efectuar las adjudicaciones.

En esta línea, ha rechazado de este modo que el encuentro, celebrado en 2004, sirviese para preparar la concesión de ambos proyectos. Cabe recordar que el presidente y socio fundador de la empresa Atlas Capital, León Benelbas ya negó ante el juez que en la reunión con el ex conseller, principal imputado en este caso, se hablase de "proyectos o de evitar la convocatoria de un concurso público".

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"CASO PALMA ARENA"; EL ABOGADO DE MATAS RECURRIRÁ LA DECISIÓN DE CASTRO POR VULNERAR SUS DERECHOS

No le informa de las piezas en las que está imputado

* Antonio Alberca indica que viola el derecho de saber de qué se le acusa
* A su juicio es 'una clara vulneración de los derechos fundamentales'

Efe | Palma

El nuevo abogado del expresidente balear Jaume Matas (PP), Antonio Alberca, recurrirá la decisión del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, de no informarle de las piezas en que está imputado porque considera que vulnera los derechos fundamentales de su defendido. Alberca se ha referido al auto dictado ayer por Castro rechazando su petición de que le comunique las piezas en las que está imputado su defendido, algo que ya pidió sin éxito su exletrado Rafael Perera.

Alberca ha indicado que recurrirá a la Audiencia de Palma esta decisión, ya que viola el derecho de toda persona de saber de qué se le acusa y por ello la considera "una clara vulneración de los derechos fundamentales". A pesar de que la Audiencia de Palma ya ratificó una petición igual del exabogado de Matas, Alberca ha añadido que llevará su apelación "hasta donde haya que llegar", en referencia al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

En el auto rechazando su petición, el juez explicaba que los abogados de los implicados en este caso siempre han tenido acceso a la causa y no pueden asaltarles dudas de las piezas en que están imputados, ya que cada una responde a unos hechos determinados que han sido bien delimitados por el juez al indicar los folios concretos que les afectan. Recordaba que el separar en piezas (actualmente hay 26) el sumario del caso se hizo para facilitar su investigación y eventual enjuiciamiento y añade que pedir una lista de imputados es "totalmente atípico".

Indicaba que la atribución de la condición de imputado se produce "de manera incidental y para justificar o motivar determinadas decisiones, que de otro modo podrían tornarse en arbitrarias o caprichosas", como las citaciones, registros o intervenciones telefónicas. Finalmente, el juez hacía un repaso del estado de las piezas y recuerda todas ellas, menos cinco, se siguen investigando.

Estas cinco piezas son la número 1 (sobre un supuesto soborno de José Luis Moreno a Matas), que ha sido archivada provisionalmente; la 2 (sobre el periodista Antonio Alemany) y la 12 (sobre un estudio de movilidad de Jorge Moisés), que ya tienen juicio oral abierto; la 6 (contratos a Maite Areal), que se ha adaptado al procedimiento del jurado y la 3 (sobre la ópera de Santiago Calqatrava), que está en manos del Tribunal Superior de Justicia.

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"CASO MALAYA"; LA UDYCO DICE QUE ROCA TENÍA UNA "UNIDAD DE CAJA" CON TODAS SUS SOCIEDADES

Mandos policiales

José Carlos Villanueva | Málaga

La sección de Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, tres de cuyos agentes han prestado declaración este martes, sostiene que el principal acusado en el juicio del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, tenía una "unidad de caja" que aplicaba con todas sus sociedades y empresas. Todo ello en el marco de presuntas operaciones de blanqueo de capitales que se enjuician.

Así lo ha puesto de manifiesto el mando que sustituyó al inspector José Manuel Rando como jefe de dicha unidad, en el verano de 2007, cuyo nombre no ha trascendido. "Dependiendo del momento y de la necesidad de cada sociedad" así se articulaba la llamada caja única de Roca, descubierta al serle incautada la contabilidad al contable de la organización criminal, Salvador Gardoqui, a su vez testaferro del ex asesor urbanístico.

El tercero de los testigos que han declarado, sucesor de Rando cuando éste dimitió tras recibir presiones en su trabajo, ha hablado en todo momento de la "procedencia ilícita" de los fondos que empleaban Roca y sus testaferros en las numerosas sociedades que conforman el enorme entramado patrimonial.

Para el jefe del grupo III de Blanqueo, adscrito a Udyco, "la fortuna que amasa Roca empieza a gestarse en 1992", al llegar al Ayuntamiento de Marbella para dirigir el urbanismo municipal. "Ese dinero" -ha acotado el inspector- "le entra de manera ilícita y por tanto el patrimonio adquirido lo es también de manera ilícita".

La conclusión a la que llegan los llamados "informes de cuantificación" del blanqueo de capitales es que, si el patrimonio de Roca "lo vuelve a mezclar con otras operaciones entendemos que todo ese dinero siendo ilícito", en alusión al valor de las propiedades adquiridas. En definitiva, los activos de todas las empresas poseedoras de bienes inmuebles, obras de arte, además de cuentas corrientes.

"El dinero no es malo, si sale del banco, el problema es cómo Roca adquiere unos terrenos", ha expuesto el testigo en alusión a una operación inmobiliaria de la empresa Masdevallía. Se trata de una de las muchas utilizadas por el exasesor urbanístico municipal marbellí.

Paralelamente, en relación con la procedencia de los fondos, el jefe de Udyco ha dicho que "el volumen de negocios es tan grande, tantas las causas penales que hay abiertas y lo que se robó al Ayuntamiento de Marbella que eso se nos escapa". No obstante, el inspector ha dejado claro que todos los informes, hechos a lo largo de la causa judicial, justifican la cuantificación del blanqueo.

Abogado de los testaferros de Roca
El abogado de varios testaferros de Roca, José Manuel Vázquez, ha mantenido una acalorada discusión con el mando policial, tras discrepar abiertamente y negar que "haya un préstamo ficticio", como sostiene el inspector.

De hecho, Vázquez, que representa al abogado Juan Hoffman, así como a Gonzalo Atorqui y Julio Blasco, ha aprovehado para justificar su vehemencia en que interrogaba de tal manera "porque mi cliente se está jugando 80 millones de blanqueo", ha dicho en alusión a la petición de multa, al parecer para Astorqui.

En el marco del interrogatorio que ha protagonizado el abogado Francisco Soriano Zurita, también acusado por blanqueo, dicho letrado le ha reprochado al inspector sus datos sobre la deuda de 8 millones de euros contraída con Hacienda por sociedades de Roca: "¿Cómo puede usted decir eso, si a la Agencia Tributaria se le abonaron 13 millones y devolvió uno?".

La respuesta del testigo ha enojado aún más a Soriano: "Claro, eso es así porque ustedes tenían engañada a Hacienda, con un velo, y lo que hacían era enmascarar", en referencia al papel de testaferros que desempeñaban los integrantes del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor.

El citado abogado de la defensa ha terminado acusando a la Udyco de "copiar todo lo que les dice a ustedes el fiscal Anticorrupción". Ha sido entonces cuando el aludido, Juan Carlos López Caballero, ha pedido al presidente del tribunal, José Godino, que retirara dicha afirmación, cosa que ha hecho Zurita, no sin protestas.

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"TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA ORDENA INVESTIGAR EL PATRIMONIO DEL EX CONSEJERO DE EMPLEO

Y de otros ex altos cargos de la Junta imputados

* La juez dice que Fernández se benefició de los ERE fraudulentos
* Sostiene que Juan Lanzas incluyó a su esposa y hermana en los expedientes
* Acusa a Francisco Javier Guerrero de incumplir la ley a sabiendas

Efe | Sevilla

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta ha ordenado a la Policía que investigue el patrimonio del ex consejero de Empleo Antonio Fernández y de los ex altos cargos de la Junta imputados, así como otras ayudas sociolaborales a 24 empresas. Éstas se suman a la investigación de todos los ERE subvencionados por la Junta desde el año 2002.
 

En un auto notificado este martes a las partes, la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, encarga a la Policía Judicial un informe patrimonial sobre el ex consejero Antonio Fernández, sobre el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sobre el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el sindicalista Juan Lanzas, "conseguidor" en los ERE.

La magistrada ordena investigar las ayuda de la Junta a 24 empresas, entre ellas, los 16 millones de euros otorgados a Heineken España

La Policía, que ya viene informando sobre el patrimonio de todos los imputados, debe "centrar" sus pesquisas en estas personas y hacer extensiva la investigación a sus esposas, padres e hijos, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges.

La juez Mercedes Alaya precisa en su auto los distintos hechos que imputa a cada uno, y de Fernández dice que no sólo se benefició a título personal de su inclusión en el ERE de la bodega González Byass, donde había dejado de trabajar siete años antes, sino que era conocedor de las irregularidades que cometía el ex director general de Trabajo y de los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta hacía a este sistema.

Las transferencias de financiación utilizadas para materializar las ayudas a los ERE había generado a la Junta a 31 de diciembre de 2007 un déficit de 39.249.138 euros, precisa el auto.

Sobre el sindicalista Juan Lanzas, la juez le imputa haber participado como "mediador o conseguidor" en diferentes ERE, en los que llegó a incluir a su esposa y hermana pese a que nunca trabajaron en las empresas.

Respecto a Francisco Javier Guerrero, dice la juez que autorizó el pago por la Junta de las primas derivadas de los ERE, "a sabiendas de que en las mismas aparecían como beneficiarios personas que nunca habían trabajado", en un proceso en el que prescindió "total y absolutamente del procedimiento administrativo".

Por razones de amistad, parentesco o por militancia en el PSOE, Guerrero llegó a incluir como beneficiarios en ERE a nueve "falsos trabajadores".

La juez ordena investigar también el patrimonio de las esposas, padres e hijos de los imputados, a las parejas de éstos, a sus hermanos y cónyuges

Junto a la investigación patrimonial de los imputados, la juez pide a la Policía que indague en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros otorgados a Heineken España, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres millones al Matadero de Sierra Morena y otros tantos a TAMC.

Además, deberá investigar las cantidades de más de un millón de euros concedidos a TGA Aeroestructuras, SCAFA, SK 300 Aeronáutica, Grupo TPM, MSM Montanera de Jabugo, Promi Muebles o Tierra Virgen Alimentación.

Igualmente la juez pide a la Policía Judicial que elabore un listado de los falsos trabajadores, hasta ahora confirmados, que continúen cobrando las prestaciones y con cargo a qué compañías.

Alaya notifica el auto a las 14 personas hasta ahora personadas en la causa como imputadas y añade otras 14 cuya inclusión en otros tantos ERE se ha ido conociendo en las últimas semanas.

No obstante, precisa que "criterios de oportunidad y sobre todo de prudencia" obligan a aplazar la declaración de estas personas como imputadas hasta que "se conozcan con claridad y detalle los hechos investigados y sus vertientes".

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PURGA GÜRTEL EN LA PERIFERIA DE MADRID

Los alcaldes del PP imputados A. González Panero, Juan Siguero, Jesús Sepúlveda y Ginés López (de izq. a dcha.).

Corrupción en el PP de Madrid (y II)

* Cuatro alcaldes y numerosos cargos del partido resultaron imputados
* Aguirre pide disculpas recientemente por los 'comportamientos incorrectos'
* La presidenta hace limpia en los municipios salpicados por la trama de Correa
* Otros seis candidatos del PP están imputados, aunque no por Gürtel

Roberto Bécares | Madrid

Ningún municipio representa mejor el destrozo que 'Gürtel' supuso para el PP de Aguirre como Boadilla del Monte, una localidad del noroeste de Madrid de apenas 43.000 habitantes. En apenas dos años y medio el municipio ha tenido cuatro alcaldes, dos de ellos imputados en la trama Gürtel -Juan Siguero y Arturo González Panero ('El Albondiguilla')-.

Durante sus mandatos, las empresas del entramado de Francisco Correa consiguieron suculentos contratos en la localidad a cambio presuntamente de ofrecer comisiones por tratos de favor. Según los socialistas, el Ayuntamiento de Boadilla dejó de percibir 106 millones de euros por estas adjudicaciones irregulares.

El 'Albondiguilla', acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue uno de los imputados de los que más se habló después de conocerse que Correa era el encargado de renovarle el vestuario: "Es uno de los alcaldes que no saben vestir", decía sobre él 'Il capo di capi'.

Además de los ex alcaldes, también fueron imputados el director general del Ayuntamiento y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales; el gerente de la EMSV y diputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch; y el ex concejal José Galeote.

Incluso la actual alcaldesa, Mercedes Nofuentes, está bajo sospecha por su participación en la adjudicación de la construcción del Parque del Deporte de Boadilla a la Constructora Hispánica S.L. en mayo de 2008. El papel de Belén Humera, concejal de Educación y Cultura, en esa adjudicación, también podría haber sido irregular, según el PSOE.

"El PP nos ha colocado como referente de municipo corrupto a nivel nacional", asegura Ángel Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla y uno de los políticos que más ha denunciado la corrupción en el municipio, incluso convocando una manifestación.

Sobre si la incidencia de la trama tendrá alcance en los resultados electorales, Galindo lo tiene claro: "Boadilla es un municipio honrado y creo que va a castigar duramente la corrupción".

Para tratar de despejar fantasmas la presidenta regional ha colocado como candidato en el municipio a un 'paracaídista', Antonio González Terol, director general de Asuntos Europeos de Madrid. Ha seguido la mismo política en el resto de localidades salpicadas por la corrupción.

En Arganda del Rey no tienen nada que 'envidiar' a Boadilla. Ginés López, el ex alcalde de la localidad, también está imputado en la trama y tuvo que abandonar su cargo. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber recibido 1,3 millones de euros en sobornos por parte de la trama. Además de él, también están imputados el consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales.

Entre las adjudicaciones investigadas en Arganda destaca uno de los mayores pelotazos de la trama de Correa, que habría percibido 12 millones de euros, según la investigación judicial, tras lograr la adjudicación de una parcela pública a la constructora Martinsa. El actual candidato del PP, Pablo Rodríguez Sardinero, afirma que "ha habido una limpia para depurar todo tipo de responsabilidades".

Pozuelo de Alarcón tampoco se salvó de la quema. Su ex alcalde, Jesús Sepúlveda, también fue imputado tras aparecer en la contabilidad B del grupo empresarial investigado. La cantidad total que Sepúlveda habría recibido sería de 422.992 euros, según los investigadores.

También resultaron imputados en Gürtel concejales de Las Rozas y Majadahonda, así como el ex alcalde de este municipio (2001-2005) Guillermo Ortega. 'Willy', como era conocido en la trama, contó como jefa de gabinete con Carmen Rodríguez, esposa de Francisco Correa. Cuando fue imputado ocupaba la gerencia del Mercado Puerta de Toledo, un cargo designado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La situación generada tras el escandalo 'Gürtel' fue tan lacerante para el partido que recientemente la presidenta regional volvió a pedir perdón por las actitudes de algunos cargos de su partido. "Es cierto que ha habido comportamientos incorrectos en algunos Ayuntamientos", subrayó Aguirre en el acto de presentación de los 179 candidatos municipales de su partido.

"Quiero aprovechar para presentar nuestras excusas a esos ciudadanos de esos municipios que han podido sentirse defraudados", afirmó Aguirre, que lleva a otros seis candidatos a alcalde imputados, aunque no por Gürtel: en Coslada, Pinto, Guadarrama, Las Rozas, Torres de la Alameda y Alcobendas.

La 'limpia' que ha llevado a cabo incluso parece que va a ser bandera electoral. El pasado día 25 de abril, la presidenta de la Comunidad de Madrid opinó que los ciudadanos "agradecen" que en ella no repitan los "imputados en el Gürtel" dadas sus "responsabilidades políticas".

Además
* Vídeográfico: La ruta Gürtel | Corrupción en Madrid (I)
* La Fiscalía pide que el caso vuelva a la Audiencia Nacional

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LA FISCALÍA PIDE QUE EL "CASO GÜRTEL" VUELVA A LA AUDIENCIA NACIONAL

Se haría cargo Pablo Ruz, el juez del chivatazo

* El TSJM ya no es competente porque los diputados acusados ya no son aforados

Efe | Madrid

La Fiscalía ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a devolver el 'caso Gürtel' a la Audiencia Nacional, una vez que el TSJ madrileño ha perdido su competencia en esta investigación por la renuncia a su escaño de los tres diputados de la Asamblea regional que están imputados.

Así lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción en un escrito remitido a la sala de lo civil y penal del TSJM, que solicitó al Ministerio Público que informara sobre a quién correspondía la competencia de la causa una vez que los ex diputados autonómicos Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco perdieron su condición de aforados.

La Fiscalía considera en ese informe que el caso debe ser devuelto a la Audiencia Nacional al estar siendo investigados delitos de blanqueo de capitales cometidos "al menos en parte" en el extranjero, cuya investigación es una de las competencias que la ley atribuye a este tribunal.

En este sentido, recuerda que en el 'caso Gürtel' el delito de blanqueo investigado consistiría en la ocultación del origen y verdadero propietario de los bienes del supuesto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, entre otros imputados, a través de sociedades ubicadas en paraísos fiscales. En esa estrategia de blanqueo -recuerda el fiscal- también se habrían utilizado cuentas bancarias en el extranjero para repatriar los fondos obtenidos ilícitamente.

Anticorrupción cree además que en la Audiencia Nacional debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 5 el que vuelva a asumir la causa, ya que fue el que abrió e instruyó en un primer momento el 'caso Gürtel', hasta que el juez Baltasar Garzón se inhibió en favor del TSJM en marzo de 2009 por la existencia de aforados entre los imputados.

De adoptarse esa decisión, ahora sería el juez Pablo Ruz el que asumiría la instrucción, al ser titular de este juzgado en ausencia de Garzón, que está suspendido de sus funciones desde que el Tribunal Supremo le abrió juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo y por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados.

La Fiscalía cree que la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha de extenderse además a la totalidad de los delitos que se investigan en este caso y no solo el blanqueo de capitales. También se muestra partidaria de que el TSJM siga tramitando la causa en tanto se resuelva a quién corresponde la competencia para evitar que se paralicen las actuaciones.

Sin embargo, las defensas de algunos imputados han solicitado al juez instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, que suspenda las declaraciones que tenía señaladas para los próximos días mientras no exista una decisión firme sobre la inhibición.

Esa petición ha sido formulada, entre otros, por el abogado de la imputada Felisa Isabel Jordán, y a ella se han adherido Alberto López Viejo y Alfonso Bosch.

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