miércoles, 11 de mayo de 2011

EL JUEZ INVESTIGA A LA ALCALDESA DE IBI POR MALVERSACIÓN

Observó indicios de delito en una conversación grabada entre un concejal y un empresario

EL PAÍS - Alicante

El juzgado número 2 de Ibi ha abierto una causa para investigar dos denuncias contra la alcaldesa de la localidad, Maite Parra, del PP, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos vinculados a la remodelación del teatro Rico.

La iniciativa del magistrado, que inicialmente no ha imputado a la regidora, se produce tras levantar el secreto del sumario de otra causa por un supuesto cohecho en la que están imputados el concejal del PP José Antonio Onsurbe y el empresario local Fernando García.

El sumario que indaga el supuesto cohecho se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que observó indicios de delito en una conversación grabada entre el concejal y el empresario. En la cinta, los ahora imputados hablaban del reparto de comisiones por distintas obras y contratas adjudicadas por el Ayuntamiento. En uno de los pasajes de la conversación el concejal confesó a su interlocutor que la alcaldesa está al tanto de los presuntos amaños.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; LA CAUSA POR COHECHO CONTRA CAMPS SIGUE ADELANTE

El tribunal de Valencia desestima la mayor parte de recursos presentados por las defensas, acepta que declaren un miembro de la trama Gürtel, el chófer y el guardaespaldas del presidente en el acto previo a la apertura de juicio

IGNACIO ZAFRA - Valencia

La causa de los trajes, en la que está imputado el presidente valenciano Francisco Camps por haber aceptado presuntamente regalos de la trama corrupta Gürtel sigue adelante. Según la investigación asumida por la Fiscalía Anticorrupción, la red dirigida por Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo regalos a las cúpulas del PP y el Gobierno regional (lo que supone un delito de cohecho pasivo) al tiempo que saqueaba las arcas públicas valencianas con la connivencia de altos cargos de la Administración autonómica. Y que, al mismo tiempo, la trama corrupta colaboró electoralmente con el Ejecutivo popular al servir de vehículo a las aportaciones ilegales que ocho constructoras hicieron a las dos últimas campañas electorales.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha desbloqueado hoy todos los recursos, menos uno, de los muchos presentados las defensas con el objetivo, bastante claro en algunos casos, de demorar la marcha del procedimiento.

La sala desestima el recurso de queja planteado por la defensa de Rafael Betoret, ex jefe de protocolo de la Consejería de Turismo, que está imputado junto a Camps, Ricardo Costa (diputado, candidato y exsecretario general del PPCV) y Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat). El abogado de Betoret había solicitado que se practicasen varias diligencias: incorporar a la causa las grabaciones realizadas en la cárcel a los cabecillas de la trama; que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitiera al tribunal de Valencia una pieza separada abierta allí sobre la intervención de las comunicaciones a los miembros de la red corrupta, y la policía aportara unos informes de detectives privados de los que supuestamente se incautó al registrar la sede de Orange Market. Esta empresa de la red, radicada en Valencia, era administrada por El Bigotes, a quien Camps llamaba "amiguito del alma".

La sala rechaza igualmente que, como había pedido la defensa del presidente valenciano, declare Correa en la audiencia preliminar, el trámite previo a que el juez instructor abra o no juicio oral contra Camps y los otros tres acusados. Los magistrados aceptan, en cambio, que tal y como había solicitado el presidente de la Generalitat testifiquen en ese mismo acto su guardaespaldas, su chófer y Cándido Herrero, el gerente de la empresa de la trama Orange Market.

Flors había denegado estas últimas declaraciones testificales al considerar que no eran necesarias para decidir la apertura o no del juicio oral. Su estimación por parte de la sala no supondrá, sin embargo, retraso del procedimiento, señalan fuentes jurídicas; simplemente hará que la audiencia preliminar sea un tanto más larga.

El juez instructor de la causa de los trajes está pues a la espera de un único recurso para decidir sobre la suerte judicial de Camps. Se trata de la súplica que interpusieron las defensas a la decisión de la Sala Civil y Penal de aceptar que los cabecillas de la trama fueran juzgados conjuntamente con el presidente valenciano y el resto de acusados, dejando en manos de Flors la decisión de qué hacer al respecto. El recurso, apuntan fuentes jurídicas, tiene escasas posibilidades de prosperar, al tener que resolver al respecto los mismos magistrados que dictaron la resolución.

Una vez que la Sala Civil y Penal tome esa decisión, Flors tomará la decisión última sobre el procedimiento. Las fuentes jurídicas consideran que lo más probable es que el juez no incorpore a los cabecillas de la trama a la causa contra Camps. En ese caso, Flors podría decidir antes de las elecciones del 22 de mayo la convocatoria de la audiencia preliminar, lo que dejaría al presidente valenciano a un escalón de sentarse en el banquillo de los acusados.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL TSJCV ADMITE UN RECURSO DE CAMPS PARA QUE DECLAREN SU ESCOLTA Y SU CHÓFER

* También declarará Cándido Herrero, uno de los presuntos cabecillas de la red

Europa Press | Valencia

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido en parte un recurso de queja presentado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para que declaren en la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', un escolta y un chófer del jefe del Consell y uno de los considerados presuntos cabecillas de la trama, Cándido Herrero.

El presidente de la Generalitat había solicitado al instructor de la causa en el TSJCV, José Flors, que en la audiencia preliminar donde se debe oír a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral se practicaran una serie de diligencias, entre ellas, la testifical de Francisco Correa, de Cándido Herrero, de su escolta y su chófer y la pericial de dos inspectores de Hacienda y dos economistas, peticiones que fueron rechazadas por el magistrado, y contra las que cabía recurso queja.

Ahora, la sala ha estimado en parte las peticiones de Camps y ha acordado practicar la testifical de Cándido Herrero porque considera que el instructor "no ha llegado a tomar en consideración el carácter imprescindible o no de la diligencia", que en principio se pidió "de forma correcta", y la del escolta y el chófer del presidente de la Generalitat, de quienes afirma que la comparecencia "no es inútil y, desde el planteamiento que hace la defensa, podría en general tener alguna influencia a la decisión que deba adoptarse entre abrir el juicio o el sobreseimiento o, en último caso, en el ámbito sobre el que se abre el juicio oral".


elmundo.es

"CASO MALAYA"; LOS PERITOS DICEN QUE ROCA ESTABA EN QUIEBRA AL LLEGAR AL AYUNTAMIENTO MARBELLÍ

José Carlos Villanueva | Málaga

Los dos peritos de la Agencia Tributaria que han declarado este miércoles, en el marco de la vista oral por el caso 'Malaya', han desmontado con sus informes la versión inicial del principal acusado, Juan Antonio Roca, sobre que éste llegó en 1992 al Ayuntamiento de Marbella con un patrimonio de seis millones de euros.

José Padín, el funcionario que ha llevado la voz cantante durante el interrogatorio ante el fiscal, ha dibujado un panorama muy sombrío sobre la capacidad económica del exasesor urbanístico y sus sociedades, al desembarcar en el Consistorio marbellí: "En ese momento, el patrimonio de Roca era escasísimo". En 1990 "sus cuentas estaban vacías".

El perito sostiene que "ni siquiera era el dueño del domicilio donde vivía y así lo manifestó él a la Agencia Tributaria", como consecuencia de la inspección que se le hizo a las dos sociedades gibraltareñas poseedoras del piso.

Los declarantes han hablado de "dos proyectos empresariales fracasados". Se trata de la empresa Comarsa, que fue declarada en quiebra, y de Marbella Inversiones S.A., dedicada a la construcción y con "escasa actividad y capital". De hecho, su único patrimonio era un local de 84 metros cuadrados.

Otro dato, no menos importante, es que la unidad familiar formada por Juan Antonio Roca y su mujer, María Rosa Jimeno, también acusada de blanqueo, "nunca había declarado por rendimientos inmobiliarios" , tal y como ha expuesto el citado experto.

Roca, en el registro de morosos
Se da la circunstancia de que Roca siempre ha mantenido que todo su patrimonio y capacidad económica arranca de las actividades que llevó a cabo con Marbella Inversiones, antes de entrar en el Ayuntamiento de Marbella. Nada más lejos de la realidad para los peritos.

La Agencia Tributaria ha podido acreditar que "no hay rastro" de venta de patrimonio que formara parte del activo de Marbella Inversiones y que sirviera a Roca para operaciones inmobiliarias posteriores, en contra de la versión del que fuera mano derecha de Jesús Gil.

El propio Roca figuraba, como persona física, en el registro de morosos (RAI) en 1989 -tres años antes de ser contratado en el Ayuntamiento de Marbella- por la devolución de una serie de letras con las que había pretendido asumir pagos a terceros.

"En el año 87 el señor Roca podía ganar 7.000 euros anuales de rendimiento neto" por trabajo, ha expuesto Padín. Entre 1991 y 1992 estaba en el paro y sus ingresos "no llegaron a los 3 millones de pesetas", según los informes elaborados por Hacienda.

Por lo que respecta al periodo comprendido entre 1997-2004, ampliamente analizado por los peritos, Juan Antonio Roca obtuvo en 1997 cerca de 47.000 euros y en el año 2001 percibió 153.000 euros de ingresos, atribuibles siempre a su labor como gerente de Urbanismo marbellí.

El "entramado societario" de Roca, al que se han referido los peritos y el fiscal, que le sirvió para inyectar fondos en sus numerosas empresas, "nace" de dos operaciones hechas con Mediterránea de Inmuebles 47 y Road House, por importe de 140 millones de pesetas", según Padín.

Ambas empresas figuran en la órbita del promotor Carlos Sánchez Hernández, también acusado y vinculado junto a Andrés Liétor al grupo CCF21 Negocios Inmobiliarios. EL MUNDO ya informó entre 2001 y 2002 de las operaciones de Sánchez con el Ayuntamiento de Marbella a través de CCF21 y Mediterránea de Inmuebles 47. En esta última figuraba, como apoderado, el principal testaferro de Roca, Oscar Benavente.

Concretamente, el perito tributario se ha referido a la compra que una sociedad municipal marbellí hizo del Hotel Pueblo Andaluz a la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47. La operación, denunciada por el Tribunal de Cuentas, se plasmó el 18 de noviembre de 1993 "mediante escritura de permuta por importe de 532,5 millones de pesetas".

El Consistorio marbellí entregó ocho fincas municipales a la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47 S.L., como consecuencia de la permuta acordada en la compra venta de dicho hotel.

Emasa
Padín ha hablado también de la participación de la sociedad Emasa, propiedad del conocido empresario Tomás Olivo, acusado de cohecho en otro bloque del juicio. "Se produjo una entrega de dinero a Road House desde Emasa, al día siguiente de que Emasa firmara un convenio por obras municipales".

Hacienda sostiene que "Roca y otras personas se alzaron con gran parte de los 270 millones de pesetas de la operación en la que participó la empresa H270, de los que hay que descontar los 30 millones de comisión", ha relatado Padín.

Fue así como se habría financiado la empresa Gracia y Noguera, propiedad del exasesor urbanístico que luego inyectó fondos y realizó préstamos al resto de sociedades del entramado.

La declaración de José Padín y Juan Carlos Rey, su compañero, ha servido también para conocer que ya en 1990 Roca entabló relaciones con el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, cuyos integrantes también están acusados como testaferros. De hecho, se ha podido determinar que dichos letrados también constituyeron sociedades para Jesús Gil y el peón de confianza de éste José Luis Jiménez, ya fallecido.

EDUCACIÓN ABONÓ A LAS EMPRESAS DEL "CASO RENEDO" 46 MILLONES DESDE 2005

La jueza reclamó todos los expedientes al sospechar que Otero y Riopedre tramitaron algunos para beneficio personal o familiar

RAMÓN MUÑIZ | GIJÓN.

La Consejería de Educación y Ciencia liquidó contratos por valor de 46,2 millones con las empresas investigadas en el 'caso Renedo' durante el periodo 2005-2010. Así consta en un informe contable que la Intervención General del Gobierno del Principado confeccionó a requerimiento de la magistrada-juez Ana López Pandiella. El documento se remitió al juzgado en febrero. La instructora reclamó además a Educación todos los expedientes tramitados para cada adjudicación. El motivo: entonces ya contaba con indicios que apuntaban a que el consejero José Luis Iglesias Riopedre y su mano derecha, María Jesús Otero, podrían haber adulterado los procesos de licitación para favorecer a una serie de adjudicatarios que, a cambio, daban trabajo al hijo del primero y efectuaban ingresos en empresas de la familia de la segunda.

Las sospechas son claras por ejemplo en las obras para dotar de un sistema geotérmico al Instituto de Educación Secundaria de Infiesto. La actuación consumió 221.213,93 euros, siendo el tercer mayor desembolso que realizó la consejería durante 2010. Fue una actuación no contemplada en el proyecto inicial. Cuando Procoin se hizo con las obras para construir el centro, por 2,3 millones, éste iba a contar con un sistema convencional de gasóleo para la calefacción y el agua caliente. Sin embargo, una vez lanzadas las obras la consejería encontró necesario apostar por esta costosa tecnología, que aprovecha el calor interior de la Tierra para alimentar un sistema que deja las aulas a temperaturas que no pasan, eso sí, de los 15 grados.

El cambio de criterio obligó a retrasar la entrega del centro. La investigación policial describe cómo aquel encargo adicional estuvo presuntamente contaminado por un tráfico de influencias. Por un lado, el departamento de Iglesias Riopedre encargó el sistema geotérmico a Nora Proyectos e Ingeniería. Por el otro, la empresa con sede en Olloniego subcontrataba una parte sustancial de la actuación a Geogal, la empresa del hijo del consejero.

El muñidor de este acuerdo es Víctor Manuel Muñiz, amigo del consejero y accionista de Igrafo, una de las empresas de mobiliario que más adjudicaciones reciben de Educación. Según reconoce el empresario, en realidad Nora «es casi mía al 100%», cosa que parece aprovechar para poner al hijo del consejero de su lado. Entre 2005 y 2009, la ingeniería lleva subcontratado a Geogal faenas por 104.514,63 euros.

En lo tocante a Infiesto, una de las escuchas evidencia que Muñiz y A. A., director de la ingeniería, quedaron satisfechos de la cuantía del encargo de Infiesto, aunque no así del margen que les reportó. Para futuras obras pactan reducir gastos pero, según A. A., ésto sólo es posible en lo que se subcontrata a Geogal. «Tenemos que hacer que los costes de Ernesto [el hijo del consejero] bajen, prudentemente porque a fin de cuentas es la fuente que nos va a permitir más ventas». Muñiz asume el esquema porque «una ingeniería no está para atender al fiu del consejero sino para ganar dinero». De cara al consejero y su hijo, la actitud de Muñiz es distinta. El empresario celebra la actuación de Infiesto y presiona a ambos para conseguir nuevos contratos en el mismo sentido. En una conversación que mantiene con Ernesto Iglesias sobre lo mal que está el mercado, le confiesa que «aquí la solución, yo ya se lo comenté a José Luis, era que nos encargasen un par de trabajos más como el de Infiesto, que es lo que estoy intentando que nos den, pero de momento no lo tengo». Más tarde abunda en el mismo sentido: «Yo ya le comenté a tu padre, mira, para que al rapaz puedan cuadrarle los números, necesitamos dos instalaciones como Infiesto».

Usar la obra «como anzuelo»
Ernesto Iglesias indica que «eso me parece a mi que va a ser difícil» y plantea más bien la posibilidad de «utilizar lo de Infiesto como anzuelo».

En esta promoción sí parece implicarse el consejero. El 7 de julio de 2010 llama a Muñiz y le informa que «vienen técnicos de Castilla La Mancha y Aragón a ver lo de Infiesto, que como no vienen jefes él no irá, que se haga cargo Víctor de ellos...». El dueño de Igrafo se muestra solícito. Dice que los potenciales clientes no necesitan coche oficial, «que los lleva él». Más adelante, el jefe de gabinete del consejero le informa de los nombres de las dos personas (un secretario general técnico y J. G, «que lleva las infraestructuras») y pregunta que quién pagará la comida. El empresario indica que asume la factura, y el asesor de Riopedre se compromete a hacérselo saber al consejero.

La familiaridad con la que se tratan los protagonistas permite que se cuenten algunas irregularidades. El 7 de abril, por ejemplo, el consejero se interesa por un encargo que Muñiz está tratando en Toledo. «¿Os lo van a dar así por las buenas o vais a participar en licitación?». El empresario le responde que «no sé, la idea mía es que pidan el producto a tres empresas que controlemos nosotros». Conocedora de esta conversación, cuando Iglesias Riopedre es detenido y puesto ante la magistrada-juez Ana López Pandiella, ésta le pregunta si «estaba al corriente de que en muchas ocasiones todas las empresas que concurrían a un mismo concurso pertenecían, estaban dirigidas o vinculadas a Víctor Manuel Muñiz», a lo que responde que «no».

Hasta aquí el relato de lo que los jueces deberán calibrar si es tráfico de influencias. Los indicios que apuntan a que la 'exnúmero dos' de Educación, María Jesús Otero, pudo adulterar los procedimientos de contratación son quizás más contundentes. Sobre la adjudicación de Infiesto, por ejemplo, tiene una conversación a finales de abril de 2010 con Muñiz en la que explica que «las dos ofertas que superan a la que va a ser elegida no pueden pasar de 236.000 euros puesto que sobrepasaría lo estipulado para el negociado. Dice que la de Nora está bien porque son 199.786 euros y las otras tienen que estar por encima de esta cantidad, pero por debajo de 236.000». Luego discuten qué otras dos sociedades controladas por Muñiz incluirán en el concurso que ganara Nora.


elcomercio.es

LOS RENEDO BUSCARON LA CLAVE POLÍTICA DEL CASO

Marta Renedo, conducida al furgón policial. D. MORA
Las escuchas revelan que la familia llegó a comparar su causa, entre otras, con la ‘trama Gürtel’

PILAR CAMPO OVIEDO

La familia Renedo planteó la causa de la supuesta trama, desde un principio, bajo un enfoque político. Las escuchas telefónicas así lo revelan en varias conversaciones que la ex jefa de servicio de Procesos Administrativos, Marta Renedo, mantiene con su hermano José, que fue candidato del PP en las listas de Avilés y es amigo personal de Joaquín Aréstegui.

Marta mantiene varias conversaciones con su familia y sus amigos donde se muestra extrañada de que se hable de la presunta malversación y no se aborde “la falta de control” de la Administración en las contrataciones, mientras piensa que lo más fácil sería que se “tapara” el caso y que se llevara en Oviedo.

En un pinchazo telefónico, registrado el 6 de marzo de 2010, Marta Renedo se muestra molesta por las informaciones de prensa. Su hermano le contesta: “Poco puedes hacer ante las filtraciones”. Y el ejemplo con el que ilustra la imposibilidad de evitar que trascienda el contenido de su actuación presuntamente irregular en la Administración regional a la opinión pública es “el caso Gürtel”. La investigación judicial acababa de dar sus primeros pasos y los interlocutores aún hablaban con tranquilidad, ajenos a que sus conversaciones eran sometidas a intervenciones policiales y judiciales .

En esas fechas, aún no había trascendido completamente el alcance de la investigación y se desconocía todavía la existencia de una supuesta trama, en la que estaban implicados cargos políticos, empresarios y funcionarios por delitos de malversación de caudales, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La primera preocupación de Marta Renedo era conocer de dónde salían las primeras filtraciones de su caso a la prensa y no ocultaba su inquietud si se destapaba. El 6 de marzo, Marta habla con su hermano varias veces y él le tranquiliza diciendo que no se preocupe porque “a nadie le interesa un juicio largo” y ella le responde: “Lo que puede salir de ahí, ¡dios mío!”.

Marta reconoce a su marido, Luis F.-T., que está “agobiada” y se lamenta sobre “cómo se ha podido meter en un lío tan descomunal, tan sin sentido” y él le anima. Renedo se muestra inquieta también por conocer la reacción que han tenido sus compañeros de trabajo y le pregunta a una de ellas “qué gente la apoya y cuál la odia” y, tras ponerla al día, le dice que se ha dado cuenta de que “le ha quedado poca gente”. En otras conversaciones, Marta Renedo va variando de su primera reacción de “confesar” todo lo que sabe y de desvincular al resto de compañeros y superiores de su actuación a insinuar que si tirara de la manta podría llegar a caer “todo el gobierno”. Marta compara también su caso con el de la Unión Mallorquina, pero su hermano le dice que es un tema muy distinto al suyo “ya que en ese caso son políticos”.

lavozdeasturias.es

"CASO RENEDO"; LOS IMPUTADOS AFRONTAN PENAS DE HASTA 23 AÑOS DE CÁRCEL

Riopedre y Otero deberán defenderse en el juicio de una instrucción que les sitúa ante condenas de entre 5 y 13 años

RAMÓN MUÑIZ | OVIEDO.

Las diligencias previas 206/2010, abiertas por la magistrada-juez Ana López Pandiella, describen en sus 32.584 folios a políticos, funcionarios y empresarios haciéndose favores poco éticos cuando no ilegales. De momento la peor parte se la llevan los cinco imputados, a los que atribuye una ristra de delitos que, con el Código Penal en la mano, suman una condena global de entre 24 y 65 años de prisión. Así lo indica la calificación provisional realizada por la magistrada gijonesa y que, por ahora, mantiene su sucesor en la instrucción, Ángel Sorando Pinilla. Éste último ha dejado claro que estudia añadir algún delito más a los ya adscritos a la exdirectora general María Jesús Otero.

¿En qué quedarán tantas imputaciones? Habrá que esperar a que acabe la instrucción y se convoque el juicio correspondiente, en el que las defensas intentarán rebatir cada uno de los indicios. Es de esperar que, para empezar, parte de ellos juegue la carta del cambio de leyes. Desde diciembre está en vigor una reforma del Código Penal que agrava las penas para los delitos relacionados con la corrupción. Los acusados pueden reclamar que se les juzgue bajo las normas que estaban en vigor en el momento de los hechos.

Los cinco letrados llevaban desde enero planteando una misma queja. Aseguraban que sus mandantes sufrían una «indefensión evidente» al desconocer las pruebas y hechos concretos que obraban en su contra. Para satisfacerles, Sorando ha levantado parte del secreto de sumario, decisión de impredecibles consecuencias electorales. Ahora todos saben por qué fueron detenidos el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, su directora general María Jesús Otero, la jefa de servicio Marta Renedo, y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

Marta Renedo Avilés

Delitos imputados: malversación de caudales (de 3 a 8 años de cárcel), cohecho (de 3 a 6 años), fraude y exacciones ilegales (de 1 a 3 años), y falsificación en documento público (de 3 a 6 años)

Total: de 10 a 23 años

El sumario concentra el mayor número de evidencias contra la funcionaria que originó la investigación del caso. Hay pruebas que apuntan a que Renedo desplegó hasta cuatro mecánicas delictivas distintas desde 2003, lo que supondría un delito continuado ejercido desde las consejerías de Bienestar, Cultura y Administraciones Públicas.

Según los instructores, todo comienza suplantando la identidad de una asturiana que reside en Argentina. A su nombre abrió Renedo una cuenta, solicitó y aprobó una ayuda, y concedió distintos contratos. Preguntada sobre el asunto, la mujer declaró en Buenos Aires desconocer tal extremo. En Cultura constarán luego distintos expedientes que ordenaban pagos a esta libreta. Los directores generales no reconocen su firma autorizándolos. Desde Administraciones Públicas convenció a algún empresario para que devolviera el dinero de seis adjudicaciones a favor de una empresa que ella controlaba, Implans Mounts.

Luego terminó concediendo a esta contratos falseando la firma de su superior. Los 'pinchazos' han cogido a la funcionaria admitiendo parte de estos hechos con su círculo íntimo.

José Luis Iglesias Riopedre

Delitos imputados: prevaricación, cohecho (de 3 a 6 años de cárcel), tráfico de influencias (de seis meses a dos años), fraude y exacciones ilegales (de uno a tres años), y negociaciones prohibidas a los funcionarios (seis meses y dos años)

Total: de 5 a 13 años

Vaya por delante que los investigadores no han demostrado que cobrase sobornos en sus cuentas, que las pesquisas sobre estas libretas, cierto es, se iniciaron tras la detención, y que, en su condición de consejero, a menos que imperasen motivos de urgencia, solo la Audiencia Provincial podía investigarle dada su condición de aforado. Quizás por ello la instructora Ana López Pandiella no solicitó la intervención de su teléfono personal, no al menos hasta que abandonó la consejería.

Tampoco hizo falta. Basta 'pinchar' teléfonos de Otero, Muñiz y Sánchez para oír charlas que comprometían al consejero. Las del 30 de junio de 2010 y del 5 de julio son una buena muestra. Antes de ellas, Muñiz, empresario de Igrafo, admitió que la ingeniería Nora «es mía casi al 100%». Esta sociedad recibe contratos directos de Educación, subcontratando parte de los estudios previos y sondeos a Geogal, la compañía de Ernesto, hijo del consejero. Uno de los que más dinero reportaron a Geogal es el sistema geotérmico para el centro de Infiesto, que Educación pagó a 221.213,93 euros, su tercer mayor desembolso de 2010.

En la primera de las escuchas, el consejero informa a Muñiz que «no se hace la prueba de geotermia del Campoamor porque es lo mismo que lo del Calderón... por lo tanto hay que hacer pocos sondeos pero bien pagaos». Iglesias confía que «ya habló con María Jesús, que como se va a ahorrar dinero de otros estudios que no se hacen que se empiece con los estudios previos de Grado». El empresario aprueba ese calendario e indica que «la instalación de geotermia en los colegios ya se hará». El consejero explica que ya está decidido para Avilés, «en el Calderón y en el Campoamor... que este último hay que sacar agua, que ya habló con Ernesto (hijo) y este le había dicho que había tres o cuatro sondeos que había que hacer».

Cinco días más tarde, el consejero pregunta que «cuándo pueden encargar el estudio previo de Grado». El empresario le responde que «ya, porque ya han presentado ofertas y no esperan a que se las autoricen porque está autorizado de palabra». Dicho y hecho. Nueve días más tarde Riopedre admite que «ya hablé con María Jesús para que hagáis las pruebas de geotermia de Grado».

Otras conversaciones delatan cómo Riopedre habló con el dueño de Almacenes Pumarín para que le procure cierta maquinaria a la empresa de su hijo. En otra charla y a preguntas del consejero, Muñiz le informa de que va a presentarse a un concurso en Toledo inscribiendo para ello a tres empresas que tiene bajo su control. El consejero no dice nada ante ese fraude.

María Jesús Otero

Delitos imputados: cohecho (de 3 a 6 años de cárcel), tráfico de influencias (de seis meses a dos años), fraude y exacciones ilegales (de uno a tres años), y negociaciones prohibidas a los funcionarios (seis meses y dos años)

Total: de 5 a 13 años

Los agentes han encontrado ingresos regulares que Igrafo hizo a sus cuentas a partir de 1999. Más tarde también aparecen pagos de Almacenes Pumarín S.A. (APSA). A medida que Otero asciende en Educación, cesa de sus cargos en las distintas empresas familiares que tiene, colocando en su lugar a otros parientes. A partir de un determinado año, Igrafo y APSA van dejando de abonar dinero a las cuentas de Otero para hacerlo en estas sociedades.

El sumario incluye evidencias de que la directora general seguía vinculada a las empresas. En el registro de su casa se ocupa abundante información contable de las mismas. Los actuales administradores, declararán ante la policía que todo lo tocante a los ingresos de Igrafo y APSA lo llevaba la propia Otero.

¿Por qué los empresarios metían ese dinero? La defensa alega que «todo son relaciones comerciales que se explicaran en su momento». Las escuchas muestran a Otero dando instrucciones muy precisas de lo que deben hacer los coimputados para llevarse determinados contratos de Educación. En Infiesto, por ejemplo, dice a Muñiz que «las dos ofertas que superan a la que va a ser elegida no pueden pasar de 236.000 euros», que la de Nora, que es la seleccionada para imponerse, «está bien», pero que las otras dos hay que revisarlas. Además discuten qué otras dos empresas inscribir para dar apariencia de que compiten por la adjudicación.

Víctor Manuel Muñiz

Delitos imputados: cohecho (de 3 a 6 años) y tráfico de influencias (de seis meses a 2 años)

Total: de 3 años y seis meses a 8 años

La situación procesal de los empresarios es muy distinta según el Código Penal que se les aplique. Uno de los objetivos de la última reforma fue, precisamente, equilibrar una norma que hasta entonces cargaba la responsabilidad sobre los funcionarios corrompidos, dejando mucho más liviano el castigo para los empresarios corruptores. Al margen de los años de cárcel, otro asunto que puede complicar el desenlace para los cinco imputados pero sobre todo para los empresarios, es la responsabilidad civil que se averigüe, es decir, el dinero que se les obligue a devolver. De los dos empresarios, Muñiz es el que tiene más conversaciones y pagos comprometedores. En algunas su hermano y otro socio, precisamente, le advierten de que «no es muy transparente» lo que hacen con Renedo.

Alfonso C. Sánchez

Delitos imputados: cohecho (de 3 a 6 años) y tráfico de influencias (de seis meses a 2 años)

Total: de 3 años y seis meses a 8 años

Al margen de este caso, el dueño de Almacenes Pumarín añade otra preocupación. Durante la investigación la Agencia Tributaria ha descubierto un fraude; sus empresas tenían tres millones en facturas falsas. El Fisco ya ha pedido permiso para hacerle una revisión más exhaustiva.


elcomercio.es

LOS CASOS DE CORRUPCIÓN SALPICAN LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL 22-M

* Alrededor de un centenar de candidatos, la mayoría de PSOE y PP, se presentan.
* A pesar de que están imputados en escándalos políticos de diversa gravedad.
* Internautas han elaborado un para con más de 250 casos de corrupción.
 
* NICOLÁS M. SARRIÉS / AGENCIAS.

La corrupción política está salpicando la campaña electoral y casi ningún partido se libra de tener su escándalo particular. Cada vez más ciudadanos perciben a los políticos más como un problema que como una solución –son la tercera preocupación del país, según el Centro de Investigaciones Sociológicas–, y el hecho de que, pese a estar imputados, haya cerca de un centenar de candidatos en las elecciones autonómicas y municipales no ayuda a limpiar su imagen.

Prevaricación, cohecho, irregularidades administrativas.. los dos grandes partidos llevan toda la campaña echándose en cara las 'miserias' del otro, aunque quitándole importancia a las propias. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, pero ninguno está para dar ejemplo, a la vista de los datos: Más de la mitad de los casos investigados corresponden a candidatos del Partido Popular, frente a un 35% de los socialistas. Izquierda Unida, CiU, Coalición Canaria... casi todos los partidos tienen al menos a un imputado y solo el PNV y UPyD presumen abiertamente de estar limpios.

Los principales casos
Camps y los trajes. El presidente de la Generalitat Valenciana es el único líder autonómico imputado que aspira a ser reelegido. La investigación a la que le someten por recibir varios trajes –sin pagar por ellos– no parece que le esté restando ningún voto de su electorado, a la vista del último sondeo del CIS: prevén los mejores resultados de la historia democrática para el PP. El otro gran escándalo de la Comunitat, el caso Brugal –por supuesto cohecho, soborno y extorsión– salpica entre otros a la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

Más de la mitad de los casos investigados corresponden a candidatos del Partido Popular

Los ERE andaluces. Andalucía es la región con más candidatos implicados, pese a que el 22-M solo se celebran elecciones municipales. Los casos más sonados son los de Mercasevilla –presunto cobro ilegal de comisiones– y los Expedientes de Regulación de Empleo de la Junta. En este último caso, que ha salpicado incluso al presidente José Antonio Griñán, se investiga una supuesta trama que adjudicaba prejubilaciones pagadas por la Consejería de Empleo a personas afines al Ejecutivo. Precisamente ayer, la juez que lleva el caso, ordenó investigar el patrimonio del exconsejero Antonio Fernández.

Por otro lado, el caso Morelábor implica al candidato socialista a la alcaldía de Granada Francisco Cuenca por un supuesto delito de coheho. Agujero en las aulas asturianas. Es el escándalo más reciente, tal vez el menos mediático. El conocido como caso Renedo investiga la supuesta trama de corrupción y tráfico de influencias en la Consejería de Educación del Principado.

Limpia en Madrid y Baleares. El caso Gürtel –sobre una supuesta financiación irregular del PP–, tan presente en las listas de la Comunitat Valenciana, fue extirpado en las candidaturas madrileñas: todos los imputados están fuera. En Baleares ocurre otro tanto, después de que el candidato del PP José Ramón Bauzá limpiara de su proyecto a cualquier posible implicado en los anteriores escándalos del expresidente Jaume Matas. Cohecho en Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, el alcalde Miguel Zerolo (Coalición Canaria) está imputado por un presunto delito de cohecho.

Decenas de internautas anónimos han colaborado en la elaboración del conocido como Corruptódromo. La plataforma Nolesvotes muestra en su web (www.wiki.nolesvotes.org) un mapa digital en el que se detallan y denuncian públicamente todos los casos de corrupción abiertos en nuestro país. Cohecho, soborno, especulación, gestiones irregulares, prevaricación... la lista contempla hasta 259 escándalos distintos, y con decenas de partidos implicados

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