EL EXPRESIDENTE DE UNIÓ MALLORQUINA ES DETENIDO OTRA VEZ POR CORRUPCIÓN

Miquel Nadal fue consejero de Turismo. Está acusado de desvío de fondos públicos.- Estaba en libertad bajo fianza de 70.000 euros

EL PAÍS - Palma de Mallorca

El abogado y ex político Miquel Nadal, expresidente de Unió Mallorquina (UM), ha sido detenido hoy en Palma, por segunda vez desde febrero de 2010, por desvío de fondos públicos en contratos y adjudicaciones desde organismos oficiales. Con Nadal hay otros tres detenidos, ejecutivos, políticos y técnicos del entorno de UM. Se trata de una investigación secreta vinculada al Instituto Balear de Turismo (Ibatur), la llamada Operación Pasarela o Caso Ibatur, que se remonta a la época de Nadal como consejero de Turismo y que se refiere a un supuesto desvío de fondos de manera irregular.
  
Nadal, exconsejero, exparlamentario y exconcejal de Palma en alianza con el PSOE en la pasada legislatura, está imputado en otras cuatro causas judiciales distintas que se instruyen en Baleares y que aluden a excargos y empresarios del entorno de Unió Mallorquina (UM): caso Voltor, caso Maquillaje de supuesta malversación de caudales desde las instituciones y en el caso Son Oms y caso Can Domenge de supuesta corrupción urbanística en la calificación de terrenos y venta de solares públicos. Miquel Nadal estaba en libertad bajo fianza de 70.000 euros.

El grupo bisagra UM, que alternativamente gobernó con el PP y el PSOE desde 1983, se disolvió meses atrás devorado por los escándalos de corrupción y con la sede en Palma tomada por un registro judicial a la búsqueda de datos y registros de posibles pagos en el denominado caso Picnic, de invitaciones a militantes desde los gobiernos de Palma y Baleares. Los exlíderes de UM están bajo sospecha por crear tramas clientelares de militantes y posibles redes de captación de votantes.

Maria Antònia Munar, primera figura del partido, dimitió y dejó la política en 2010 -tras 30 años en el poder- mientras era presidenta del Parlamento balear, tras ser acusada por su examigo y mano derecha Miquel Nadal de comprar con dinero negro (300.000 euros) productoras de televisión para controlar un medio y poder contratar a afiliados para trabajos partidistas con fondos de subvenciones desde el Consell de Mallorca, cuando UM tenía con tres votos de 33 el control hegemónico del ente, en la etapa 2003-2007, gracia a su alianza con el PP. Munar era presidenta del Consell y Nadal vicepresidente.

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ARCHIVADA LA QUERELLA CONTRA VINUESA POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE FONDOS

El alcalde de Alcobendas, en su despacho.- LUIS SEVILLANO

Los socialistas acusaron al alcalde popular de Alcobendas de beneficiar supuestamente a la constructora Sotohenar en el año 2009

EL PAÍS / EUROPA PRESS - Madrid 

El juzgado número 2 de Alcobendas ha decretado el archivo de la querella presentada por el PSM en junio de 2010, en la que acusaba al alcalde de la localidad madrileña, Ignacio García de Vinuesa (PP), de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios en relación al caso Sotohenar. García de Vinuesa fue imputado por prevaricación y mala gestión de fondos públicos por beneficiar supuestamente a la constructora Sotohenar en el año 2009 en una operación de recompra por parte de la empresa municipal de la vivienda de Alcobendas de dos fincas valoradas en 12 millones por un precio de 25 millones de euros.

"El Ayuntamiento recompró las parcelas por el mismo precio que en 2007, cuando su precio en el mercado inmobiliario y de terrenos había caído de manera brutal", aseguraban fuentes socialistas tras denunciar la situación. Sin embargo, el juzgado ha dictado ahora un auto en el que pone de manifiesto que "no se acredita que el alcalde tenga ninguna relación con la empresa Sotohenar, ni ha emitido ningún tipo de informe sobre dicha operación, por lo que se excluye, desde el inicio, dicha conducta como delictiva".

Además, añade que "lo que únicamente se ha acreditado es que, frente a la petición inicial de la mercantil ante sus dificultades económicas e imposibilidad de cumplimiento del contrato, el alcalde propone al Consejo de Administración como órgano colegiado y posteriormente al pleno del Ayuntamiento la aprobación de la propuesta, previos informes técnicos, jurídicos y de intervención pertinentes". El auto destaca que el primer edil adquirió una situación "ya heredada" y que la decisión adoptada se basó en "intentar mantener los bienes dentro del dominio público y evitar fueran adquiridos por terceros". Y concluye: "El procedimiento seguido pasó todos los filtros administrativos y jurídicos".

Tras conocer la noticia, García de Vinuesa se ha felicitado y ha manifestado que "lo más importante" es que el auto destaca que la decisión que tomó en su día "buscaba preservar el patrimonio municipal". "Se ha comprobado que no me movía ninguna razón de carácter personal", ha subrayado. En relación con el PSM, Vinuesa ha señalado que es "lamentable que ante la falta de argumentos, los socialistas presentaran una querella que sabían que no iba a prosperar".

El alcalde de Alcobendas (107.514 habitantes) también ha criticado, como su jefa de filas, Esperanza Aguirre, al tratamiento de su imputación. "La palabra imputado se ha venido utilizando como sinónimo de alguien que ha metido la mano en la caja", ha subrayado, para añadir que "esto ha movido a algunos políticos a presentar demandas porque si conseguían la imputación, ya pensaban que tendrían una ventaja que de otra forma no iban a tener".

García de Vinuesa fue una de las 13 "tonterías" de Aguirre, es decir, uno de los 13 imputados que la refrendada presidenta de Madrid llevaba en las listas de cara a las elecciones municipales y autonómicas y que ella aseguró que estaban imputados por "tonterías".

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"CASO GÜRTEL"; EL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA DEL REY PUDO ASCENDER A 24 MILLONES

La policía investiga la conexión entre la comisión de 12,8 millones que supuestamente pagó Martinsa a la trama corrupta y otro pago por el mismo importe realizado dos años antes por otros empresarios

TONO CALLEJA - Madrid 

Un informe de la policía judicial ha destapado la relación existente entre dos comisiones de 12 millones de euros cobradas por el presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas por el PP madrileño y las empresas. De esta forma, el documento policial relaciona el pago a Correa de 12,8 millones de euros por parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora Martinsa, por intermediar en una adjudicación en Arganda del Rey, con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones, cuyo origen se desconoce, y que la policía atribuye a los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo.

Estos empresarios están citados a declarar mañana miércoles ante el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira. Hasta el momento, el pago de Martinsa se consideraba el mayor pelotazo de Correa, por lo que si estas dos comisiones tuvieran algún tipo de relación el beneficio del cerebro de la trama por intermediar en una adjudicación en Arganda se podría haber multiplicado por dos, hasta superar los 24 millones de euros.

Según consta en un documento del informe, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones realizada desde una cuenta cuyo beneficiario es el empresario Fernando Martín a Correa no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa".

Este pago se debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, que finalmente adjudicó a Martinsa la denominada Unidad de Ejecución 124, con una superficie de 166.528 metros cuadrados, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de 25 millones.

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"CASO BRUGAL"; EL JUEZ LLAMA A DECLARAR A 11 IMPUTADOS POR LA TRAMA DE BASURAS DE CALPE

Levanta el secreto de sumario de esta pieza separada
 

* El juez instructor de Dénia ha levantado el secreto sumarial de la pieza

* Investiga un presunto fraude en la facturación del tratamiento de basuras

* Están llamados a declarar el ex alcalde de Calpe, ediles del PP y ténicos

* También declararán el empresario Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel

Europa Press | Alicante

El juzgado de Instrucción número 1 de Denia (Alicante) ha levantado el secreto de sumario de la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto fraude en la facturación del tratamiento de basuras en el Ayuntamiento de Calpe (Alicante) y ha citado en septiembre a declarar a 11 personas en calidad de imputados, según ha informado a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Dentro del caso Brugal, que investiga presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, se encuentra la pieza separada que instruye este juzgado de Denia, que ha citado a declarar el 20 y 21 de septiembre a 11 personas, de las que una está pendiente de cómo le puede afectar la anulación de las escuchas decretada por el titular del juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante), Carlos San Martín, que investiga la parte del caso relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, y que podría quedar fuera de la causa por esa nulidad de las intervenciones.

Entre los 11 imputados citados a declarar por el juzgado de Instrucción número 1 de Denia se encuentra el exalcalde de Calpe, Javier Morató -ahora concejal de Alternativa Popular-, varios ediles del PP, un par de técnicos del consistorio calpino, así como el empresario Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll, tal y como han señalado a Europa Press fuentes judiciales.

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"CASO MALAYA"; LA POLICÍA DESTACA LA "DESCAPITALIZACIÓN" DE MARBELLA CON ROCA EN URBANISMO

Principal acusado

* Expertos de la UDEF describen "pelotazos" con los que se lucraron sus empresas

José Carlos Villanueva | Málaga

"Se evidencia la descapitalización patrimonial del Ayuntamiento de Marbella, con terrenos que aterrizaban en sociedades de Roca". La afirmación, hecha este martes por un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ilustra el 'modus operandi' que llevaba a cabo el que fuera gerente del urbanismo marbellí, en connivencia con gobiernos del GIL que daban luz verde a recalificaciones de suelos públicos. Al final los intereses privados del poderoso exasesor siempre salían favorecidos.

Dos expertos policiales han repasado a preguntas del fiscal del caso 'Malaya', Juan Carlos López Caballero, diversas operaciones inmobiliarias en las que se repetía la misma dinámica: El Consistorio marbellí adquiría deudas con sociedades y, como opción para saldarlas, recurría a la fórmula de dación en pago, "permutando terrenos" con ellas. Posteriormente, los suelos municipales acababan siendo adquiridos por numerosas empresas controladas por testaferros de Juan Antonio Roca.

Acto seguido, ya bajo el control del que era a su vez máximo responsable del urbanismo marbellí, "se llevaban a cabo importantes recalificaciones para, finalmente, obtener unas plusvalías considerables", ha relatado un inspector jefe especializado en blanqueo de capitales. Se trata del delito por el que se acusa en esta fase del juicio oral a los acusados, en su mayoría testaferros.

La declaración de los dos investigadores ha alterado el gesto de Roca, visiblemente preocupado y nervioso. De hecho, ha negado con la cabeza mucho más de lo habitual y en un gesto inédito se ha tapado parte de la cara en numerosas ocasiones con sus famosos cuadernos. En ellos anota minuciosamente todo cuanto acontece en la sala de vistas.

Un ejemplo claro de cómo el exasesor urbanístico municipal actuaba en sintonía con sus socios, a la hora de hacer negocios con el Ayuntamiento de Marbella, lo protagoniza el promotor José Ávila Rojas. La sociedad Naviro Inmobiliaria, propiedad del empresario granadino-también acusado en otro bloque del caso- ha sido mencionada por los testigos.

El jefe del grupo de UDEF, sección blanqueo, ha aludido al "pelotazo" que dio la sociedad Inversora Inmobiliaria Eridano S.L., controlada por Roca: "Se llevó el 40% de los beneficios de las 22 viviendas y plazas de aparcamiento que llevó a cabo Naviro Inmobiliaria". Previamente, Eridano había adquirido dichos terrenos a la sociedad Cortijos La Ventilla “por 132 millones de las antiguas pesetas”, según el inspector.

Tal y como ha recordado este martes el citado mando policial, "Avila Rojas reconoció haber pagado a concejales" para conseguir beneficios urbanísticos en su empresa, Naviro Inmobiliaria. Se trataba, concretamente, de la operación de compra venta de terrenos entre las sociedades Cortijos La Ventilla, Eridano, Imusa y finalmente Naviro.

Cabe recordar que el primer juez instructor del caso 'Malaya' contra la corrupción municipal en Marbella, Miguel Ángel Torres, expuso en un auto que "Roca y Ávila Rojas son lo mismo". Fue cuando acusó al promotor de blanqueo de capitales, además de cohecho, como socio del que fuera urdidor de más de 600 convenios urbanísticos entre 1992 y 2006.

Perjuicio patrimonial
Los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas del Estado, en relación con la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades, entre 1991 y 2003 ya pusieron de manifiesto el sistemático perjuicio patrimonial a las arcas marbellíes.

Se enajenaron suelos municipales a precios hasta cinco veces inferiores al de mercado, con la presunta connivencia de tasadores ad hoc. Todo ello se enjuicia actualmente en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, en el marco del denominado caso 'Convenios', con 30 diligencias previas distintas.

Los policías declarantes también han puesto de manifiesto la evolución de la responsabilidad de Roca durante la instrucción del sumario de 'Malaya': "Desde una primera fase en la que aparecía como un asesor de empresas", cuya propiedad negaba ostentar, "hasta que se levanta el velo de las sociedades, entre julio y agosto de 2006".

Fue en los meses mencionados cuando los letrados integrantes del gabinete jurídico Soriano Pastor Sánchez Zubizarreta, y el propio Roca "reconocieron que las sociedades intervenidas eran de él", ha recordado el inspector jefe, para quien "siempre" hubo ocultación de la titularidad real, "bajo un manto societario".

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

* Quién es quién en 'Malaya'
* Lea todo sobre el juicio del caso 'Malaya'

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"CASO GÜRTEL"; ULIBARRI, IMPUTADO POR DELITO FISCAL

Declarará el 14 de julio

Efe | Madrid

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 14 de julio al empresario José Luis Ulibarri, a quien imputa un delito contra la Hacienda Pública por eludir el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial.

De esta forma, Pedreira atiende en un auto, fechado el lunes, la petición de la Fiscalía y amplía la imputación a Ulibarri, que ya estaba imputado en la causa por cohecho y blanqueo de capitales.

El auto aporta los datos de un informe de la Agencia Tributaria del pasado 25 de mayo sobre la venta en 2006 de una finca en El Escorial por parte de Proyedicon S.L, sociedad de la que eran gestores los presuntos cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa y Pablo Crespo-, a la empresa UFC de Ulibarri, que refleja posibles incumplimientos tributarios en el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.

"Queda reflejado que se origina un perjuicio económico a la Hacienda Autonómica de Madrid a la que se debió haber ingresado 595.000 euros" por ese impuesto, señala el juez, que considera que este hecho puede ser constitutivo de un delito fiscal al superarse el importe de 120.000 euros establecido en el Código Penal.

Asimismo, Antonio Pedreira apunta que se ha eludido el pago del tributo "de una forma intencionada" ya que la empresa que vendió la finca ocultó en el acta de devolución de IVA que realmente era una sociedad sin actividad, "cuya única intención era la de especular con la venta de las fincas rústicas adquiridas y no realizar una actividad de promoción inmobiliaria".

UFC, según el auto, conocía que se trataba de una finca rústica sobre la que Proyedicon S.A no había ejercido ninguna actividad sujeta a IVA y, por tanto, que no era sujeto pasivo de dicho impuesto que pudiera repercutir cuota alguna.

No obstante, la empresa de Ulibarri consideró la operación sujeta a IVA y no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, con lo que eludió el pago de ese tributo, ascendiendo el perjuicio económico a 595.000 euros.

El juez considera que deben responder de ese delito Ulibarri, como administrador de UFC en el momento en que se realizó la operación, así como Correa y Crespo, como gestores de la empresa que vendió la finca.

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"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA DICE QUE MARTINSA PAGÓ 12 MILLONES A CORREA POR CONTRATOS EN ARGANDA

El cerebro de la trama
Efe | Madrid

La Policía atribuye a Fernando Martín, presidente de la constructora Martinsa, el pago de 12.870.000 euros en 2006 al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, como comisión para lograr la adjudicación de una operación urbanística en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

Así se desprende de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue remitido el pasado día 22 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), después de que el instructor del caso, Antonio Pedreira, imputara a Martín los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Fernando Martín, que en principio debía declarar ante Pedreira este jueves, lo hará el 14 de julio, al haber solicitado un aplazamiento de su declaración por coincidir con la junta de accionistas de su empresa Martinsa-Fadesa, ha informado el TSJM.

Según la UDEF, la sociedad Cedargrove, de la que era beneficiario Fernando Martín, era titular de una cuenta bancaria en Mónaco, desde la que se realizó el 30 de junio de 2006 una transferencia de 12.870.000 euros a otra cuenta en Suiza de la sociedad Golden Chain Properties, propiedad de Correa.

"El motivo de dicho movimiento era una comisión por la intervención de Martinsa S.A. en un proyecto inmobiliario en la localidad de Arganda del Rey", especifica el informe policial.

Anteriormente, en diciembre de 2004, Martinsa había sido la empresa adjudicataria del concurso presentado por la Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.A. de Arganda del Rey, por un importe de 77 millones de euros, para la compra de unos terrenos en dicha localidad con una superficie de 166.528 metros cuadrados, en la que estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas.

La empresa de Martín pagó 66 millones de euros en metálico y otros 11 millones en obras de equipamiento para la zona.

La promotora vendió dos años después un tercio de ese suelo por 73 millones de euros, un precio casi tres veces superior al que había pagado (25 millones de euros).

En la fecha en la que se desarrolló esta operación el alcalde de Arganda del Rey era Ginés López (PP), que dimitió tras ser imputado en el caso Gürtel.

Aunque el juez no tomará declaración a Fernando Martín este jueves, sí interrogará a otros dos empresarios -Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo Rebollo-, quienes, según la Policía, también habrían pagado a Correa, junto al presidente de Martinsa, otros 12 millones de euros en diciembre de 2004, a través de una cuenta abierta en Mónaco.

La UDEF sostiene que los dos pagos que recibió Correa -un total de 24,8 millones de euros- están vinculados entre sí porque parte del dinero de la cuenta de Cedargrove Investments S.A, de Fernando Martín, era aportada por las sociedades Fairway International y Arthington Investments, cuyos beneficiarios serían Manuel Salinas y Amando Mayo, respectivamente.

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DETIENEN AL EX CONSELLER DE TURISMO, MIQUEL NADAL, POR SUPUESTAS CONTRATACIONES IRREGULARES

CORRUPCIÓN | Ya son seis los arrestados

* Entre los arrestados se encuentra la administradora de Video-U
* También el ex director General de Promoción Turística, Joan Sastre
* Han sido detenidos el director de Canal 4 y la periodista Ángela Seguí
* La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos

Eduardo Colom | Agencias | Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido al ex conseller de Turismo y ex presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, en el marco de unas pesquisas que se encuentran bajo secreto acusado de fraude a la Administración y falsedad documental.

Junto a él también se encuentra en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía la ex administradora de la productora Video-U, Luisa Almiñana, quien precisamente también está imputada, al igual que Nadal, dentro del caso Maquillaje.

También han sido detenidos y el exjefe de informativos de IB3 Televisión entre los años 2005 y 200 y actual director de Canal 4 José María Castro, Joan Sastre, director General de Promoción Turística durante la legislatura de Antich(y que también fue detenido en el caso Voltor) y según confirman fuentes policiales hay un quinto arrestado del que por el momento no se ha facilitado ningún dato.

Asimismo la Policía ha arrestado a la presentadora y ex directora de relaciones institucionales del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears,Angela Seguí quien, en un primer momento, ha acudido a declarar en calidad de imputada.

Las detenciones han sido practicadas por Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial –Grupo de Delincuencia Económica- dirigidos por la Fiscalía Anticorrupción, entendiendo de esta operación el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos a lo largo de la jornada.

La investigación se amplía
Las mismas fuentes han señalado que ambos han sido arrestados por su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través de la Administración Públicas.

En este asunto se indaga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante las legislaturas autonómicas 2003-2007 (del PP) y 2007-2011 (del PSOE, UM y el Bloc).

Nadal está imputado en otros casos judiciales, en concreto en Can Domenge, Son Oms, Maquillaje y Voltor.

Fue detenido en febrero de 2010, cuando era titular de Turismo del Govern balear y concejal del Ayuntamiento de Palma, en el marco de la operación Voltor, que trata sobre desvíos de fondos en la pasada y anterior legislaturas desde el Inestur, organismo dependiente de la Conselleria de Turismo que estaba controlado por UM hasta que este partido fue expulsado del Govern a raíz de este caso.

El caso Can Domenge trata sobre la supuesta venta fraudulenta de terrenos para la construcción de viviendas en Palma, Son Oms acerca de la recalificación de un polígono industrial en la capital balear y Maquillaje sobre supuesto desvío de fondos del Consell a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido.

Estos tres últimos casos se refieren a supuestos hechos delictivos ocurridos durante la legislatura 2003-2007

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