viernes, 1 de julio de 2011

"CASO BRUGAL"; FENOLL SOBORNÓ A POLÍTICOS Y TÉCNICOS DE CALP CON 600.000 EUROS

El contratista y el cuñado de un edil hablan de cómo pagar el soborno

S. N. / A. B. - Alicante

El industrial Ángel Fenoll, cabecilla de caso Brugal, sobornó con 600.000 euros a políticos (todos cargos del PP) y técnicos municipales de Calp a cambio de la adjudicación de la contrata de la basura y los permisos para la construcción de un vertedero. La cifra del supuesto cohecho es la estimación recogida en el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales del sumario de esta pieza separada del caso Brugal, cuyo secreto del sumario se levantó el 20 de junio.

Entre 2006 y 2009 ganó 1,66 millones falseando el pesaje de la basura

El industrial, según el sumario, entregó esas cantidades a partir de 1998 cuando el Consistorio, entonces presidido por Juan Morató, del PP, le adjudicó la concesión. El informe también constata el papel de Francisco Artacho, empresario y cuñado del exconcejal del PP Juan Roselló, como intermediario clave de esta trama.

"Como quiera que Ángel Fenoll hasta ese momento ya habría abonado 14 millones de pesetas, sin contar con los cuatro recibidos por Francisco Artacho, le quedarían por pagar un total de 86 millones de pesetas", señala la diligencia policial. El informe sostiene que el dinero con el que el industrial pagaría el soborno vendría de "los beneficios que Ángel Fenoll vaya obteniendo con la planta de compostaje concedida".

El empresario quiso aumentar su margen de beneficios a través de prácticas supuestamente ilegales. Una de ellas fue la falsificación de la superficie total de la planta de compostaje. Sin embargo, la policía sostiene que el método principal para elevar los beneficios del negocio, siempre en connivencia con los técnicos y políticos locales, era inflar el pesaje de los residuos recogidos. Mediante esta fórmula y entre los años 2006 y 2009, el industrial facturó un total de 152.956 toneladas más de las recogidas por la empresa encargada de ese servicio, la firma Acciona. "La cantidad económica que la mercantil Colsur, SL [empresa de Fenoll con la que se ganó la concesión] se habría embolsado debido al aumento presuntamente ilícito de la facturación ascendería a un total de 1.664.556,90 euros", concluye el informe policial.

La instrucción de esta pieza la dirige el Juzgado número 1 de Dénia. El magistrado ha imputado a 11 personas. Además de Morató, Fenoll, Artacho y Roselló, los acusados son: José Perles y Francisco Penelles, ambos exediles del PP, María Teresa Molines, propietaria de la finca donde se ubica la planta de basura; Francisco Antonio Perles Crespo, marido de la anterior y encargado de la firma Acciona responsable del servicio de limpieza del municipio; Antonio Ángel Fenoll, hijo del empresario Fenoll; José Luis Faubel y Juan Cervantes Panella, ingeniero de caminos e ingeniero técnico del Ayuntamiento, respectivamente.El empresario Ángel Fenoll era capaz de advertir a las visitas que recibía en su despacho de Orihuela de que no hablaran determinadas cosas por teléfono fuera de allí mientras registraba las conversaciones que mantenía.

Precisamente las grabaciones de vídeo incautadas por la policía en el registro de su domicilio, la mayoría entre Francisco Artacho y él mismo, ponen al descubierto el modus operandi de la trama que habían organizado con el cuñado del edil calpino Juan Roselló como intermediario entre el Consistorio y el empresario.

Según se desprende de las coversaciones grabadas, Artacho debía percibir de Fenoll por sus gestiones 36.000 euros y un puesto de trabajo vinculado a la planta de basuras que pusieron en marcha. Se produjeron al menos dos reuniones, una en Calp y otra en un hotel, donde antes de la adjudicación se pactó que técnicos municipales y concejales se repartirían 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros). Esta es la transcripción literal que lo descubre:

Artacho. Que se subió a cien.

Fenoll. Sí.

A. De noventa a cien, entonces yo cogí (no se entiende) de noventa a cien, entonces yo hablé...

F. Tú te acuerdas que lo llevamos a cinco mil y la primera oferta...

A. Y se bajó de precio en cuatrocientas y pico pesetas, dijimos que eso ya lo arreglamos con lo de la báscula y con los de (no se entiende), entonces yo fui y dije, hostia, que hemos subido a cien, a cien millones de pesetas, por lo menos del fútbol...

Ambos hablaban del supuesto amaño de la concesión de la contrata de recogida de basura, finalmente adjudicada por 25 años a la empresa Colsur, de Fenoll, el 24 de febrero de 1998, a pesar de que la mercantil Urbaser presentó una oferta más barata.

En otra de las conversaciones queda patente el interés de Artacho por el viaje de ida y vuelta del dinero facturado mensualmente al Ayuntamiento.

A. Sí, pero a mí me van a preguntar desde que se recibe el dinero hasta que lo devolvemos para allá, ¿cuántos días pasan? Dos, tres... ¿cuántos necesito?

F. No, no (no se entiende), lo mismo que me lo pagan, sabes que a mí me lo pagan, son dos días, yo no necesito más, yo ya me hago unos temas que tengo que hacerme para... ¿me entiendes? para que... en B y ya está, y tú te lo vas llevando.

A. En un par de días quitamos la cantidad que te hayan pagado.

Ante las presiones de Artacho para que Fenoll pagara los 600.000 euros antes de acabar el año, incluso a cuenta de que el empresario se quedara únicamente con lo necesario para afrontar sus gastos, el dueño de Colsur plantea una alternativa:

F. Bueno, vamos a ver Paco, eso está claro, entonces mira, hacemos una cosa si, vamos, si tú quieres, yo te doy ya los pagarés, los están preparando, los cien millones de pesetas en pagarés.

A. Llégate a doce, que yo hablo de diez, once me han dicho (no se entiende).

F. Hostias, pero si nos pasamos de lo que hablamos.

A. Ahí van a quitar de gastos un huevo, va a faltar.

Por otra parte, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, ha confirmado la competencia del Juzgado número 3 de Orihuela para instruir otra pieza central del caso Brugal, la que investiga un supuesto soborno de los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz al líder del Partido Popular de Alicante, José Joaquín Ripoll, a cambio de la contrata de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja.


"CASO BRUGAL"; EL REDACTOR DEL PGOU ADMITE DOS REUNIONES CON ORTIZ A PETICIÓN DE LA ALCALDESA DE ALICANTE

Niega haber recibido presiones ni contraprestación

* Jesús Quesada asegura que no dio información privilegiada a Enrique Ortiz
* El redactor del Plan General declara ante el juez por espacio de dos horas

Efe | Alicante

El redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Jesús Quesada, ha admitido que tuvo dos reuniones con el constructor Enrique Ortiz a petición de la actual alcaldesa, Sonia Castedo (PP), aunque ha aclarado que no dio información privilegiada ni recibió contraprestación alguna.

El arquitecto redactor ha sido el primero de los imputados en la rama del caso Brugal que investiga supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU alicantino que ha comparecido ante el juez de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, y su declaración se ha prolongado durante cerca de dos horas.

Quesada, que ha evitado contestar a las preguntas de los periodistas a la salida de los juzgados "por respeto a la Justicia", sí ha relatado al juez que una de las reuniones con Ortiz fue en la empresa de éste último, el grupo Cívica, y que allí se trató la situación urbanística del emplazamiento que ocupa el estadio de fútbol Rico Pérez, propiedad de una empresa de Ortiz.

Según los abogados de las acusaciones populares, del PSPV-PSOE y EU, la otra reunión se celebró en la Gerencia municipal de Urbanismo con la asistencia de Castedo (entonces concejala de Urbanismo) y, en esa cita, se trataron temas urbanísticos de interés general.

Quesada ha mantenido que a esas reuniones acudió a petición de Castedo y que se enmarcan dentro de la normalidad en la elaboración de un PGOU.

Además, ha sostenido que en el transcurso de las mismas no fue objeto de presiones y que tampoco ha recibido ninguna contraprestación o dádiva por parte del constructor.

'Interés político'
El redactor del PGOU ha rechazado responder a las cuestiones que le querían plantear las acusaciones populares con el argumento de que tenían un supuesto interés político.

También ha rechazado las preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sobre el contenido de las escuchas policiales del caso Brugal por estar las mismas "en cuestión", en referencia al auto recurrido del juez de Orihuela Carlos San Martín que anula parte de las intervenciones telefónicas.

Para el abogado de EU, José Luis Romero, Quesada no ha ofrecido "explicaciones convincentes" y "apenas" ha contestado a las cuestiones de interés sobre las supuestas ilegalidades en la redacción del PGOU.

En cambio, la mayor parte de su intervención ha sido "un máster acelerado en urbanismo" con el que, ha continuado irónicamente, los presentes han "aprendido mucho" sobre esta cuestión aunque tenía "poco interés" en torno a los hechos que se investigan.

Uno de los datos que ha aportado el relato de Quesada es que uno de los abogados investigados de la consultoría Salvetti, concretamente Javier Gutiérrez (al que el fiscal cree intermediario entre el ayuntamiento y Ortiz) era colaborador externo del equipo redactor del PGOU.

Como novedad desde el punto de vista de la tramitación judicial, la comparecencia de Quesada ha sido grabada lo que ha provocado que las partes no pudieran marcharse con una copia a papel de lo declarado, como suele ser habitual.

Las comparecencias continuarán el próximo lunes, 4 de julio, con la de Enrique Ortiz mientras que el 5 declarará su mujer, María Manuela Carratalá, que en sumario judicial aparece reiteradamente como 'Maleles' y que habría participado en las irregularidades como intermediaria.

Además
* El juez de la pieza del PGOU cita a cuatro nuevos imputados
* Rechazan quitar al juez de Orihuela el plan zonal
* El redactor del PGOU declara como imputado por 'Brugal'

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA LE IMPUTA AL MENOS CUATRO DELITOS AL EX GERENTE DE URBANISMO DE MONTESEIRÍN

Manuel Marchena, entrando al edificio de los juzgados de Sevilla para declarar. | Jesús Morón
Transacción considerada 'ilegal'

M. Rionegro | Sevilla

La juez Mercedes Alaya, que instuye el 'caso Mecasevilla' en sus varias tramas, imputa al menos cuatro delitos al ex gerente de Urbanismo de la etapa de Monteseirín Manuel Marchena por la operación de venta de los terrenos del mercado central de abastos.

En concreto, la titular del juzgado número 6 de Sevilla le imputa los delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude en la contratación y uno contra la ordenación del territorio.

Marchena ha pedido un receso en su declaración judicial cuando llevaba deponiendo tres cuartos de hora. Por lo que ha trascendido hasta el momento, la juez instructora se ha interesado por el grado de confianza con el anterior alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, así como si se considera amigo personal del ex regidor.

La juez Alaya ha anotado en el acta de la declaración que el ex gerente de Urbanismo está respondiendo con "evasivas" a las preguntas que le formula.

Ocho meses después de que se comunicara su imputación, Manuel Marchena, exgerente de Urbanismo por el PSOE y mano derecha del que ha sido alcalde de Sevilla durante doce años, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, se sienta ante la juez que instruye el caso Mercasevilla como imputado, para explicar su presunta participación en la venta «ilegal» de los suelos del mercado central.

Estos suelos fueron adquiridos por la empresa Sando en un concurso supuestamente «amañado».

Marchena lleva desde el pasado octubre preparando su defensa ante la juez Mercedes Alaya, quien lo implicó en el caso «por su presunta participación en los hechos». En el auto de imputación, la magistrada determina que tras el «examen de la documentación y de las pruebas que se han ido practicando» se «desprende la presunta participación en los hechos investigados» del que fuera gerente de Urbanismo.

La declaración de Marchena es una de las más esperadas en la instrucción del caso. La juez lleva investigándolo desde febrero de 2010 a consecuencia de la declaración como testigo del empresario Antonio Pardal Reyes, propietario de la constructora Larena 98


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