miércoles, 6 de julio de 2011

"CASO BRUGAL"; ALPERI Y CASTEDO CITABAN AL REDACTOR DEL PGOU EN UN RESTAURANTE

Jesús Quesada confirmó el interés en aprobar el proyecto del Rico Pérez

A. BALAGUER - Alicante

El redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, Jesús Quesada, reconoció el pasado 30 de junio en su declaración como imputado en la pieza separada del caso Brugal que tramita el juzgado de instrucción número 5 de Alicante que tuvo "cuatro o cinco reuniones" para tratar cuestiones de la redacción del plan con el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, en un restaurante de la playa de La Albufereta, a las que también acudieron la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y la también edil Sonia Alegría. "Cosa que a mí me sorprendió", contestó Quesada al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

Quesada es el único de los imputados en esta causa que se ha prestado a responder a las preguntas del fiscal, aunque eludió las de las acusaciones particulares o cualquier cuestión que hiciera referencia a las grabaciones aportadas al sumario.

Así y todo, sus respuestas añadieron algunas pistas nuevas sobre la manera de proceder del entorno favorable a sus interes que había conformado el promotor Enrique Ortiz, según la acusación.

Castedo era la única de aquellas reuniones de mesa y mantel que también formaba parte de la comisión municipal que servía como vehículo de interlocución con Quesada. Con ella se integraron José Luis Ortuño, Miguel Ángel Cano, Mª Ángeles Sierra e Isabel Campos, a la que en una de las conversaciones intervenidas Ortiz le llega a decir: "Bueno, cariño mío, pero cúrramelo, trabaja para mí un poco". El redactor del plan reconoció que algunas reuniones de la comisión eran de 11 horas y que determinadas cuestiones se tuvieron que resolver votando por falta de consenso entre ellos. En todo caso, dejó claro que se hacían copias de los planos rectificados y que muchos de ellos "se quedaban allí".

En referencia a las dos reuniones que mantuvo con Ortiz, una de ellas en la sede de la empresa del promotor, Quesada las integró en la serie de encuentros que concertó con los comerciantes de la ciudad, otros propietarios de suelo o representantes de la Universidad de Alicante. "Entonces, ¿usted hubiera ido a casa de un ciudadano normal?", preguntó Briones. "¿Qué es un ciudadano normal?", respondió el arquitecto a la gallega.

Respecto al plan para reformar el Rico Pérez, reconoció que "el Ayuntamiento tenía mucho interés en sacarlo adelante" y por eso "me pide Sonia [Castedo] que le dé una solución al problema", que Quesada no consideró nunca de su incumbencia porque el Plan de Reforma Interior y Mejora de la manzana del estadio se presentó en marzo de 2008, antes de comenzar él sus trabajos. Eso si, confirmó que el proyecto lo presentó Aligestión Integral, una empresa de Ortiz, con la firma de un ingeniero de caminos y otro agrónomo.

"Tal como está propuesto, no lo veo correcto", contestó sobre los planes de Ortiz, que pasaban por la construcción en la manzana del estadio de un edificio de 40 plantas. E hizo una propuesta que "ojalá hubieran hecho los técnicos municipales".

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, dijo ayer en referencia a su situación que no puede "estar demostrando continuamente mi inocencia". Y retó a la fiscalía, "que cobran por ello y además cobran bien", a que demuestre "la culpabilidad que tiene tanto interés en demostrar".


elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; ELTRIBUNAL FIJA EL ACTO PREVIO PARA JUZGAR A CAMPS POR COHECHO

La sala rechaza acumular más delitos a la causa porque retrasarían el juicio

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El juez José Flors decidirá el próximo 12 de julio, en la audiencia preliminar del caso de los trajes, el futuro judicial inmediato de Francisco Camps, según señaló ayer en un auto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El presidente de la Generalitat está imputado junto a otros tres ex altos cargos por aceptar regalos de la trama mafiosa Gürtel: en total, 40.000 euros en trajes, americanas, zapatos y prendas de vestir que la red les pagó presuntamente entre 2005 y 2008.
 

La Sala Civil y Penal del TSJV resolvió en el auto conocido ayer no acumular la investigación de esos nuevos supuestos delitos a la causa de los trajes, en la que están imputados además de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular de los socialistas. La negativa del tribunal tiene como consecuencia la aceleración del procedimiento por cohecho pasivo impropio contra el presidente. Si se hubiera acumulado, el enjuiciamiento podría haberse retrasado hasta cuatro años.

"CASO MALAYA"; LA EXSECRETARIA DE ROCA LE ATRIBUYE CONDICIÓN DE "JEFE" EN MARAS ASESORES

José Carlos Villanueva | Málaga

"Para mí el señor Roca siempre ha sido mi jefe". Así se ha expresado este miércoles Ainhoa Coca, la que fuera secretaria personal del principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca. Ella desempeñó dichas funciones tanto en la sede municipal de Urbanismo como en la sociedad privada Maras Asesores S.L.. Fue allí donde en abril de 2006 se halló la contabilidad interna de todas las empresas del poderoso exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella.

El testimonio de Coca, en calidad de testigo, contradice abiertamente lo declarado por Roca desde el comienzo del juicio oral cuando, sistemáticamente, ha negado cualquier responsabilidad de mando en Maras Asesores. De hecho, es de las pocas empresas de su entramado cuya titularidad no reconoce. Le atribuye la propiedad y gestión personal de la misma al abogado Salvador Gardoqui. Se trata del testaferro considerado a su vez contable del exgerente municipal de Urbanismo.

A su vez, Gardoqui siempre se ha referido a Roca, durante el juicio oral, como "un cliente de Maras" a quien él personalmente llevaba la contabilidad de distintas empresas. Sin embargo, cuando fue detenido en marzo de 2006 confesó ser su testaferro y contable, además de haber tenido en sus manos sobres con dinero para pagar presuntos sobornos a concejales.

La declaración testifical, a preguntas del abogado del Ayuntamiento de Marbella, Alberto Peláez, ha deparado otro dato no menos relevante. Coca ha corroborado que Roca, en torno a noviembre de 2005, "me hizo retirar documentación de su despacho de Maras Asesores". Concretamente, se trataba de cajas que contenían papeles de numerosas sociedades.

La fecha mencionada coincide con el arranque de la instrucción judicial -bajo secreto sumarial entonces- del juez Torres sobre la trama de corrupción municipal marbellí, denominada 'Operación Malaya’. Lo declarado por la que fuera secretaria personal de Roca acrecienta las sospechas en cuanto a que éste pudo haber recibido información privilegiada, acerca de las pesquisas policiales sobre su persona.

Ainhoa Coca Gorosito comenzó a trabajar con Roca en Maras Asesores el 1 de octubre de 2003, tras entrevistarse con el principal testaferro del exasesor, Oscar Benavente, y cesó en sus funciones el 4 de marzo de 2004, según ella misma ha recordado .

A partir de ese momento, por decisión del que era su jefe, pasó a trabajar para él en su despacho de Urbanismo, también como su secretaria personal, al ingresar como personal de la sociedad municipal Gerencia de Obras y Servicios Marbella S.L.

Documentos comprometedores
Lo que ha quedado meridianamente claro, a modo de conclusión, es que Juan Antonio Roca pidió a la que era su secretaria en el Ayuntamiento de Marbella que acudiera a su despacho privado de Maras Asesores a retirar documentos comprometedores.

Aunque la declaración de Coca ha sido incriminatoria para el que fuera su jefe, la testigo ha tratado de suavizar extremos de la que prestó durante la instrucción del caso. La secretaria aseguró entonces que Roca le había pedido que tuviera "discreción" sobre las actividades desarrolladas en Maras porque-acotó- "en ningún caso debía asociarse con el Ayuntamiento".

Ahora, cinco años después, sostiene que no le dio importancia a aquellas advertencias "porque siempre he sido discreta en todos mis trabajos". Acto seguido, ha añadido que "tampoco el señor Roca lo ocultaba", en alusión a cómo compaginaba éste su actividad pública con los negocios privados.

Ante la Policía, Coca declaró que su jefe le ordenó retirar documentación, no sólo sobre él, sino referente a las sociedades Marqués de Velilla; Beauty Marbella; Toros de San Miguel; Condeor; Marbella Airways; Masdevallía y One Properties. Según dijo ella misma, Roca "no quería que la gente supiera que esas sociedades eran suyas".

Ante el tribunal, la aún trabajadora municipal ha atribuído a la Policía dicha transcripción: "Yo no lo dije con esas palabras". Coca ha explicado que 2005 fue "un año de mucho trabajo y sí es cierto que el señor Roca me hizo recoger la documentación de las sociedades de las que era dueño o a las que él asesoraba".

La que es actualmente secretaria de la delegación de Obras, dirigida por el concejal Javier García (PP), ha descrito a Juan Antonio Roca como "un hombre con una capacidad de trabajo impresionante, que trabajaba las 24 horas del día. Eso mina a cualquiera", ha detallado.

Además
* Gráfico: las claves del caso 

* Quién es quién en 'Malaya'
* Lea todo sobre el juicio

elmundo.es

"LA TRAMA DE LOS ERE"; LA AUDIENCIA ORDENA DEVOLVER A LA JUNTA LAS ACTAS DE LOS CONSEJOS DE GOBIERNO

Actualmente custodiadas en sede judicial

Europa Press | Sevilla

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que estima los recursos presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía y acuerda dejar sin efecto la medida adoptada por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en cuanto a que las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta celebrados desde 2001 hasta la actualidad sean custodiadas en sede judicial hasta que se resuelva el conflicto de jurisdicción planteado.

Esta medida se enmarca en la investigación por la "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta mediante una fórmula vinculada a un acuerdo con el IFA y también sujeta a estas indagaciones. Unas irregularidades aceptadas por el Gobierno andaluz tiempo después de que se denunciaran.

La juez Alaya reclama al Ejecutivo andaluz las actas relativas a las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno durante los últimos diez años, sobre todo a cuenta de las advertencias impulsadas desde la Intervención General de Hacienda de la Junta sobre el acuerdo con el IFA y las ayudas que estaban siendo libradas gracias a dicho convenio.

Dada la negativa del Gobierno andaluz a entregarle dichos documentos alegando que son de carácter reservado, las actas se encuentran actualmente custodiadas en un armario acorazado en los juzgados sevillanos, una medida que la Audiencia Provincial deja sin efecto al entender que no concurren en el caso las condiciones exigidas por la Ley Orgánica 2/1987.