TRIBUNALES | También ha citado a la 'intrusa' del ERE de Río Grande
Efe | Sevilla
La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos retoma en septiembre las declaraciones de imputados con los "intrusos" de la localidad sevillana de El Pedroso, entre ellos el exalcalde socialista Rafael Rosendo, y de la empresa Saldauto.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, iniciará la toma de declaraciones el 9 de septiembre con Rafael Rosendo Villavieja, alcalde de El Pedroso por el PSOE entre 1987 y 1995 y entre 1999 y 2007, que supuestamente cobró 109.750 euros de la empresa Cydepast sin haber trabajado en ella.
Ese mismo día está citado Andrés C.M., amigo de la infancia en El Pedroso del exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, que es uno de los imputados en el caso junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o el exsindicalista Juan Lanzas.
Andrés C.M. ha afirmado a la Policía que firmó los papeles para jubilarse en la empresa Acyco en la propia vivienda de Guerrero.
El 16 de septiembre, la juez ha citado a Alejandro M.T., vecino de Guerrero en El Pedroso y jubilado en la constructora FCC, y Rafael R.G., prejubilado en CESPA tras pedírselo a Guerrero.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, iniciará la toma de declaraciones el 9 de septiembre con Rafael Rosendo Villavieja, alcalde de El Pedroso por el PSOE entre 1987 y 1995 y entre 1999 y 2007, que supuestamente cobró 109.750 euros de la empresa Cydepast sin haber trabajado en ella.
Ese mismo día está citado Andrés C.M., amigo de la infancia en El Pedroso del exdirector general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero, que es uno de los imputados en el caso junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o el exsindicalista Juan Lanzas.
Andrés C.M. ha afirmado a la Policía que firmó los papeles para jubilarse en la empresa Acyco en la propia vivienda de Guerrero.
El 16 de septiembre, la juez ha citado a Alejandro M.T., vecino de Guerrero en El Pedroso y jubilado en la constructora FCC, y Rafael R.G., prejubilado en CESPA tras pedírselo a Guerrero.
Río Grande y Saldauto
El 15 de septiembre ha sido citada la dueña del restaurante sevillano Río Grande, María del Carmen G.S., que firmó un ERE para 13 trabajadores en el que había una "intrusa", así como esta última, Carmen F.G., una pensionista también incluida en el expediente de Mercasevilla que afirma que no ha cobrado ni un céntimo y que cedió sus datos porque se lo pidió un comercial de la empresa que gestionó el ERE, vecino suyo.
El 19 de septiembre han sido citados los tres "intrusos" del ERE de Saldauto, dos de los cuales -Rafael R.F. y Antonio G.P.- fueron delegados sindicales de UGT en la empresa corbobesa Muebles Promi.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez Alaya se reincorpora tras sus vacaciones el 5 de septiembre y es previsible que haya estudiado la documentación para citar a nuevos imputados.
Las citadas fuentes han precisado que hasta ahora solo se han investigado una parte mínima de las irregularidades, en las que la Junta ha detectado 72 "intrusos" en los ERE y otros 111 casos con anomalías administrativas.
En un auto del pasado 17 de junio, la juez anunció a las partes que entre el 19 de septiembre y mediados de octubre tenía pensado acordar nuevas declaraciones, aún por fijar.
La juez lamentó entonces que la Junta haya entregado al juzgado un "batiburrillo de papeles inconexos" y algo "diametralmente opuesto" a lo que se entiende por expediente administrativo, lo que le hacía "pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos".
El 15 de septiembre ha sido citada la dueña del restaurante sevillano Río Grande, María del Carmen G.S., que firmó un ERE para 13 trabajadores en el que había una "intrusa", así como esta última, Carmen F.G., una pensionista también incluida en el expediente de Mercasevilla que afirma que no ha cobrado ni un céntimo y que cedió sus datos porque se lo pidió un comercial de la empresa que gestionó el ERE, vecino suyo.
El 19 de septiembre han sido citados los tres "intrusos" del ERE de Saldauto, dos de los cuales -Rafael R.F. y Antonio G.P.- fueron delegados sindicales de UGT en la empresa corbobesa Muebles Promi.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez Alaya se reincorpora tras sus vacaciones el 5 de septiembre y es previsible que haya estudiado la documentación para citar a nuevos imputados.
Las citadas fuentes han precisado que hasta ahora solo se han investigado una parte mínima de las irregularidades, en las que la Junta ha detectado 72 "intrusos" en los ERE y otros 111 casos con anomalías administrativas.
En un auto del pasado 17 de junio, la juez anunció a las partes que entre el 19 de septiembre y mediados de octubre tenía pensado acordar nuevas declaraciones, aún por fijar.
La juez lamentó entonces que la Junta haya entregado al juzgado un "batiburrillo de papeles inconexos" y algo "diametralmente opuesto" a lo que se entiende por expediente administrativo, lo que le hacía "pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos".
Cinco 'intrusos' en Camas
Mercedes Alaya inició la ronda de imputados en julio pasado con la comparecencia de cinco personas residentes en Camas (Sevilla), entre ellos el exconcejal y exsecretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio, José Antonio García Prieto, que cobró pólizas de renta ligadas a los ERE de hasta tres empresas.
También comparecieron el exmilitante socialista Juan Manuel L.E. y el concuñado de Antonio Rivas José A.L.
Una de las novedades del caso es que la investigación de los ERE ha pasado, dos años después de iniciada, de la Policía Nacional a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con sede en Madrid, lo que la juez justificó porque este grupo cuenta con más medios.
Mercedes Alaya inició la ronda de imputados en julio pasado con la comparecencia de cinco personas residentes en Camas (Sevilla), entre ellos el exconcejal y exsecretario de Política Municipal del PSOE en ese municipio, José Antonio García Prieto, que cobró pólizas de renta ligadas a los ERE de hasta tres empresas.
También comparecieron el exmilitante socialista Juan Manuel L.E. y el concuñado de Antonio Rivas José A.L.
Una de las novedades del caso es que la investigación de los ERE ha pasado, dos años después de iniciada, de la Policía Nacional a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con sede en Madrid, lo que la juez justificó porque este grupo cuenta con más medios.
