IGNACIO ZAFRA - Valencia
Obra de Enrique Ortiz
El aparcamiento fue adjudicado a una sociedad del grupo de Enrique Ortiz, el empresario de la construcción que está imputado en los dos grandes casos de corrupción que han sacudido la política autonómica. En Gürtel, por financiar presuntamente de forma ilegal al PP valenciano; y en Brugal, por haber amañado el plan urbanístico de Alicante junto a la alcaldesa Sonia Castedo y su predecesor, Luís Díaz Alperí, entre otros supuestos delitos.
El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ya dictó la apertura de juicio oral contra Bellver y el resto de imputados en el caso Monforte en enero. La decisión fue respaldada por los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia provincial. El concejal fue incluido, sin embargo, en las listas del PP en los comicios autonómicos del 22 de mayo. Una vez elegido, se convirtió en aforado y por tanto solo puede ser juzgado por el TSJ, según ha entendido su sala Civil y Penal contra el criterio del fiscal. Bellver se halla ahora a la espera de que se señale la fecha del juicio y se determine, por reparto, los magistrados que lo juzgarán.
elpaís.com
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano se declaró ayer competente para juzgar a Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico, por un supuesto delito de prevaricación urbanística, castigado con entre un año y medio y cuatro años de cárcel, e inhabilitación para cargo público por un periodo de siete a 10 años.
Bellver, considerado desde hace tiempo como el delfín de la alcaldesa Rita Barberá, autorizó las obras de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte, un bien protegido de la ciudad, sin solicitar el obligatorio informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat.
El fiscal cree que el concejal y otros cuatro funcionarios que participaron en la tramitación y que también están imputados obviaron el trámite a conciencia para sortear un obstáculo que probablemente hubiera impedido la obra. Los trabajos afectaron durante más de dos años el entorno protegido del parque, en el subsuelo y en la superficie. El jardín, construido en el siglo XIX y protegido desde 1941, sufre ahora graves problemas de drenaje y ha perdido algunas de sus plantas y árboles.
Bellver, considerado desde hace tiempo como el delfín de la alcaldesa Rita Barberá, autorizó las obras de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte, un bien protegido de la ciudad, sin solicitar el obligatorio informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat.
El fiscal cree que el concejal y otros cuatro funcionarios que participaron en la tramitación y que también están imputados obviaron el trámite a conciencia para sortear un obstáculo que probablemente hubiera impedido la obra. Los trabajos afectaron durante más de dos años el entorno protegido del parque, en el subsuelo y en la superficie. El jardín, construido en el siglo XIX y protegido desde 1941, sufre ahora graves problemas de drenaje y ha perdido algunas de sus plantas y árboles.
Obra de Enrique Ortiz
El aparcamiento fue adjudicado a una sociedad del grupo de Enrique Ortiz, el empresario de la construcción que está imputado en los dos grandes casos de corrupción que han sacudido la política autonómica. En Gürtel, por financiar presuntamente de forma ilegal al PP valenciano; y en Brugal, por haber amañado el plan urbanístico de Alicante junto a la alcaldesa Sonia Castedo y su predecesor, Luís Díaz Alperí, entre otros supuestos delitos.
El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ya dictó la apertura de juicio oral contra Bellver y el resto de imputados en el caso Monforte en enero. La decisión fue respaldada por los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia provincial. El concejal fue incluido, sin embargo, en las listas del PP en los comicios autonómicos del 22 de mayo. Una vez elegido, se convirtió en aforado y por tanto solo puede ser juzgado por el TSJ, según ha entendido su sala Civil y Penal contra el criterio del fiscal. Bellver se halla ahora a la espera de que se señale la fecha del juicio y se determine, por reparto, los magistrados que lo juzgarán.
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