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| El ex presidente de la Generalitat Francisco Camps, en una imagen de archivo. | Benito Pajares |
* Su abogado señala que, los hechos, de ser ciertos, se produjeron en Madrid
* Cita el caso Bono para decir que Flors considera delito lo que el Supremo no
* Cita el caso Bono para decir que Flors considera delito lo que el Supremo no
Europa Press | Valencia
El expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha apelado al Estatuto de Autonomía para alegar que el tribunal al que le corresponde la causa de los trajes derivada del 'caso Gürtel' es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, puesto que los hechos imputables, "de ser ciertos", se produjeron en Madrid.
Así lo indica el letrado de Camps en el escrito de alegaciones que ha presentado este lunes al magistrado presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, ante el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez instructor de la causa -con fecha de 15 de julio- por un delito de cohecho pasivo impropio, según ha podido saber Europa Press.
En concreto, su abogado señala que, tal y como señala el instructor y las acusaciones, los hechos, de ser ciertos, se produjeron en Madrid, con lo que, según determina el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía, el tribunal al que le correspondería la causa sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Además, afirma que, según la Constitución española, el juez o el tribunal debe de estar predeterminado por la ley, por lo que, tal y como afirma en su escrito, la elección errónea del tribunal anularía todo el procedimiento.
Así lo indica el letrado de Camps en el escrito de alegaciones que ha presentado este lunes al magistrado presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, ante el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez instructor de la causa -con fecha de 15 de julio- por un delito de cohecho pasivo impropio, según ha podido saber Europa Press.
En concreto, su abogado señala que, tal y como señala el instructor y las acusaciones, los hechos, de ser ciertos, se produjeron en Madrid, con lo que, según determina el artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía, el tribunal al que le correspondería la causa sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Además, afirma que, según la Constitución española, el juez o el tribunal debe de estar predeterminado por la ley, por lo que, tal y como afirma en su escrito, la elección errónea del tribunal anularía todo el procedimiento.
'Caso Bono'
Asimismo, el abogado de Camps afirma que el instructor de la causa, José Flors, ha generado "indefensión" al no determinar de qué prendas está hablando como posibles regalos o dádivas, ni concreta su valoración. Esta omisión, según alega, determina la vulneración del artículo 24.2 de la Constitución -tutela judicial efectiva- y el 25 -derecho a la legalidad penal-.
También se queja de que el magistrado no tiene en cuenta la modificación del Código Penal, en el que los elementos que determinan el supuesto delito son diferentes y más estrictos, hasta el punto de que, actualmente, el delito no existiría en los términos que afirma.
El letrado, además, indica que el instructor se aparta de la doctrina del TS -citando como ejemplo el 'caso Bono'- y considera delito algo que el Supremo establece que no lo es. Según este órgano jurisdiccional, argumenta la defensa, el delito no existe en el momento en que existen relaciones diferentes a la simple condición de cargo público entre quien realiza el regalo y quien lo recibe.
Recuerda que así lo acordó el TS en el caso Bono, en dos ocasiones, y en el del presidente de la comunidad autónoma de Navarra. En este caso puntualiza que existía una relación profesional entre uno de los supuestos jefes de la trama, Álvaro Pérez, y el PPCV, partido del que Camps era candidato en 2002, secretario general y presidente de forma sucesiva. Por tanto, indica que se da la misma circunstancia que lleva al TS a afirmar que no existe delito y archivar las otras causas.
Asimismo, el abogado de Camps afirma que el instructor de la causa, José Flors, ha generado "indefensión" al no determinar de qué prendas está hablando como posibles regalos o dádivas, ni concreta su valoración. Esta omisión, según alega, determina la vulneración del artículo 24.2 de la Constitución -tutela judicial efectiva- y el 25 -derecho a la legalidad penal-.
También se queja de que el magistrado no tiene en cuenta la modificación del Código Penal, en el que los elementos que determinan el supuesto delito son diferentes y más estrictos, hasta el punto de que, actualmente, el delito no existiría en los términos que afirma.
El letrado, además, indica que el instructor se aparta de la doctrina del TS -citando como ejemplo el 'caso Bono'- y considera delito algo que el Supremo establece que no lo es. Según este órgano jurisdiccional, argumenta la defensa, el delito no existe en el momento en que existen relaciones diferentes a la simple condición de cargo público entre quien realiza el regalo y quien lo recibe.
Recuerda que así lo acordó el TS en el caso Bono, en dos ocasiones, y en el del presidente de la comunidad autónoma de Navarra. En este caso puntualiza que existía una relación profesional entre uno de los supuestos jefes de la trama, Álvaro Pérez, y el PPCV, partido del que Camps era candidato en 2002, secretario general y presidente de forma sucesiva. Por tanto, indica que se da la misma circunstancia que lleva al TS a afirmar que no existe delito y archivar las otras causas.
Testimonios y pruebas
Junto a estas alegaciones, el abogado de Francisco Camps solicita al magistrado la inclusión de testimonios y pruebas aclaratorias y exculpatorias, entre otras, una nueva conversación privada que fue grabada por la policía en abril de 2009, en la que Pablo Crespo, hablando con su abogado, dice que él jamás pagó trajes a Camps. Estas conversaciones, según recuerda, no han sido anuladas por ningún tribunal.
Por su parte, el abogado del exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, ha presentado ante el magistrado cuestiones previas en las que muestra su disconformidad con la decisión de apertura de juicio oral, ya que mantiene que su cliente es inocente.
Así, fuentes cercanas a la defensa de Costa han apuntado a Europa Press que él es el único de los cuatro imputados en esta causa que no ha presentado un escrito de conformidad con los hechos ante el Tribunal Superior de Justicia.
Por otro lado, tanto Fiscalía Anticorrupción como el PSPV -acusación popular- se han mostrado favorables a la petición realizada por el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, para que Juan Climent dicte sentencia condenatoria contra ellos en esta causa, dado que ambos se habían mostrado conformes con la pena solicitada, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso. De aceptarse por el magistrado, evitarían el juicio.
Campos y Betoret se presentaron el 20 de julio en el tribunal valenciano para reconocer su culpabilidad y pedir que contra ellos se dictase una sentencia condenatoria. Sin embargo, Costa y Camps no acudieron, pese a que inicialmente iban a hacerlo. De hecho, el abogado de este último llegó a presentar el escrito de conformidad -no firmado por el cliente- y avisó al TSJCV de que iba a ir, pero finalmente dio marcha atrás.
Junto a estas alegaciones, el abogado de Francisco Camps solicita al magistrado la inclusión de testimonios y pruebas aclaratorias y exculpatorias, entre otras, una nueva conversación privada que fue grabada por la policía en abril de 2009, en la que Pablo Crespo, hablando con su abogado, dice que él jamás pagó trajes a Camps. Estas conversaciones, según recuerda, no han sido anuladas por ningún tribunal.
Por su parte, el abogado del exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, ha presentado ante el magistrado cuestiones previas en las que muestra su disconformidad con la decisión de apertura de juicio oral, ya que mantiene que su cliente es inocente.
Así, fuentes cercanas a la defensa de Costa han apuntado a Europa Press que él es el único de los cuatro imputados en esta causa que no ha presentado un escrito de conformidad con los hechos ante el Tribunal Superior de Justicia.
Por otro lado, tanto Fiscalía Anticorrupción como el PSPV -acusación popular- se han mostrado favorables a la petición realizada por el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, para que Juan Climent dicte sentencia condenatoria contra ellos en esta causa, dado que ambos se habían mostrado conformes con la pena solicitada, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso. De aceptarse por el magistrado, evitarían el juicio.
Campos y Betoret se presentaron el 20 de julio en el tribunal valenciano para reconocer su culpabilidad y pedir que contra ellos se dictase una sentencia condenatoria. Sin embargo, Costa y Camps no acudieron, pese a que inicialmente iban a hacerlo. De hecho, el abogado de este último llegó a presentar el escrito de conformidad -no firmado por el cliente- y avisó al TSJCV de que iba a ir, pero finalmente dio marcha atrás.
