lunes, 3 de octubre de 2011

LA RED GÜRTEL FINANCIÓ AL PARTIDO POPULAR DE MAJADAHONDA

El exalcalde Guillermo Ortega.- G. L.
Un informe policial dice que Correa facturó a contratistas las campañas del PP.- Correa pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la policía.- El Ayuntamiento lo confirma, pero les defiende "porque eran jóvenes y no eran cargos públicos"

TONO CALLEJA - Majadahonda

El presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, llegó a tener un control casi absoluto del Ayuntamiento de Majadahonda durante el periodo en el que el exalcalde del municipio Guillermo Ortega, imputado en el caso, estuvo al frente del Consistorio. Esta es la principal conclusión de un reciente informe elaborado por la Policía Judicial y que consta en el sumario del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en el periodo democrático ligada a un partido político: el PP.

El modo de actuar de Correa en el Consistorio majariego, gracias al que recibió pingües beneficios al menos entre 2001 y 2005, consistía en asignar dentro de su contabilidad una cuenta denominada "gabinete Majadahonda". Esta partida se nutría del dinero que recibía de las empresas concesionarias del Ayuntamiento. En ella se reflejaban todos los ingresos presuntamente ilegales procedentes de las empresas, alguna de las cuales resultó adjudicataria de servicios y obras municipales por un valor superior a los 20 millones de euros. Francisco Correa también se hizo cargo, con este dinero obtenido de una forma presuntamente ilegal de los contratistas de Majadahonda, de los gastos personales del exalcalde majariego Guillermo Ortega; así como de campañas publicitarias del Consistorio y del PP local.

"Los fondos que entran en la cuenta proceden del cobro de facturas emitidas por las sociedades de servicios de Francisco Correa", explica el documento policial, que especifica el nombre de estas empresas: Special Events, Down Town Consulting, TCM o Pasadena. Estas firmas facturaban a terceros: "En unos casos adjudicatarios de contratos públicos por el Ayuntamiento, como por ejemplo la unión temporal de empresas (UTE) de la recogida de las basuras Sufi-FCC, a Equipamientos Ambientales, a Osepsa, la UTE Saglas-Panasfalto, Licuas o Tecmed". También cobraron, según la policía "a sociedades como Serprinsa, al Patronato Monte del Pilar, al Ayuntamiento y a la firma Creative Team, de la red de Francisco Correa".El informe de la policía, que tiene como fecha de realización el 1 de junio de 2011, indica que los fondos de la cuenta que Correa destina a Majadahonda se aplican al pago de facturas relativas a publicidad institucional del Ayuntamiento o del PP de Majadahonda. Todas ellas realizadas en diferentes medios de comunicación. El dinero de la cuenta de Correa también se asignó al pago de servicios profesionales, como por ejemplo los trabajos gráficos realizados para el Ayuntamiento o el PP de Majadahonda en los años 2003 y 2004. Para ello la sociedad Boomerangdrive emitió una factura de servicios profesionales de asesoramiento.

También utilizaban el dinero de la caja b de Correa para entregárselo a José Luis Peñas, el denunciante del caso Gürtel; al exedil Juan José Moreno Alonso; a la entonces mujer de Correa María del Carmen Rodríguez Quijano, que era jefa de gabinete del Consistorio; y a Francisco Javier Agulló Sagastizábal, que en la actualidad es miembro de la junta directiva del PP de Majadahonda, según consta en la página web del partido. Las empresas de Correa también destinaban el dinero que recibían de las firmas concesionarias del Ayuntamiento de Majadahonda para realizar pagos a la empresa Citytime, así como para sufragar los gastos particulares de Guillermo Ortega y de su mujer, como la adquisición de turismos de lujo (ha tenido a su nombre, junto con su esposa, hasta 39 vehículos).

Llama la atención que en uno de los que la policía denomina "servicios turísticos", consta el nombre de dos miembros del PP de Majadahonda que en la actualidad son concejales del grupo municipal: el primer teniente de alcalde, José Antonio Carnevali y el edil de Medio Ambiente y Jardines, Pablo García. También está el exconcejal de Deportes Ricardo Riquelme. Según el albarán que consta en la documentación, Correa pagó a estos tres miembros del PP de Majadahonda y al exalcalde Guillermo Ortega una noche de hotel en el NH Villa de Bilbao el 31 de marzo de 2001. El importe de este "servicio turístico" que aparece en las cuentas de la sociedad de Correa Pasadena Viajes fue de 388,42 euros.

Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda con las que se ha puesto en contacto este periódico confirman que los dos ediles disfrutaron de los servicios de Pasadena, aunque en su defensa aseguran que entonces "eran muy jóvenes, pues estaban en un viaje de Nuevas Generaciones, y que entonces no desempeñaban ningún cargo público, por lo que no se trata de ninguna ilegalidad". Estas mismas fuentes indican que entonces los ediles Carnevali y García tenían entre 25 y 30 años, por lo que le pidieron al presidente del partido en Majadahonda, el propio alcalde Guillermo Ortega, viajar y por eso se fueron al acto del partido en Bilbao. "Se fueron cinco en una furgoneta y se alojaron en dos habitaciones dobles. Es perfectamente legal, tan legal es que te lo pague el partido como que alguien te ayude", expresa esta fuente municipal que prefiere no citar su nombre.

El informe policial hace especial hincapié en la figura del popular Agulló Sagastizábal, quien recibió rentas de forma periódica procedentes de las cuentas de Correa: "Seguramente por la realización de un servicio profesional", indica el documento, que resalta que según la página web del PP de este municipio Agulló es miembro del partido a nivel local.

El trabajo policial destaca, por otra parte, que las facturas emitidas por las empresas de Correa emplean conceptos genéricos, "como campaña publicitaria, creatividad, artes finales, reparto e instalación de elementos de la campaña", "diseño y creatividad para distintas promociones en Madrid", "diversos trabajos de creatividad". Pero todas estas facturas no tienen nada que ver con el trabajo desempeñado en realidad.

En conclusión, según el informe, se crean facturas específicas para justificar los movimientos de fondos y con ellos "alimentar" la cuenta por parte de las sociedades de Correa. Las sociedades pagadoras son en su mayoría entidades adjudicatarias de contratos públicos en Majadahonda. El dinero de dicha cuenta se dedica al pago de servicios de carácter publicitario del propio Ayuntamiento y del PP.
  

"CASO DE LOS TRAJES"; EL JUICIO CONTRA CAMPS POR COHECHO PASIVO PODRÍA COINCIDIR CON LA CAMPAÑA ELECTORAL

CASO GÜRTEL

* El magistrado Juan Climent aún debe fijar fecha para el inicio del juicio oral
* Según fuentes próximas al caso, podría demorarse en torno a un mes y medio
* La defensa de Camps insiste en que sea juzgado por el Tribunal Supremo
* La acusación pide que se amplíe la causa al estimar que recibió más prendas

Efe | Valencia

El abogado de Francisco Camps ha reiterado ante el juez una alegación para que sea el Tribunal Supremo el que juzgue al ex presidente de la Generalitat por haber aceptado trajes de la trama Gürtel, mientras que la acusación ha pedido que se amplíe la causa al estimar que recibió más prendas.

Así lo ha planteado el lunes en la vista de cuestiones previas celebrada en el Tribunal Superior dcae Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que el letrado del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, procesado por el mismo delito continuado de cohecho pasivo, también ha formulado sus alegaciones.

El magistrado presidente del jurado designado para esta causa, Juan Climent, emitirá en los próximos días un auto en el que resolverá las objeciones planteadas por las partes durante esta vista, y posteriormente dictará otro en el que fijará la fecha del juicio oral, que según fuentes del caso podría celebrarse en un plazo aproximado de mes y medio.

El texto estatutario establece en su artículo 23.3 que debe ser este órgano quien juzgue a un miembro del Parlamento autonómico en el caso de que los hechos hayan ocurrido fuera de la Comunitat Valenciana.

Dos horas y media de comparecencia
Según el auto de procesamiento que dictó el juez instructor de la causa el pasado mes de julio, el ex presidente adquirió los trajes que supuestamente abonó la trama en diferentes tiendas de Madrid, por lo que su letrado entiende que se le debe aplicar el citado artículo del Estatuto.

En la comparecencia de hoy, que se ha prolongado durante dos horas y media y sobre la cual ningún abogado ha querido hacer mención a los periodistas, la acusación, ejercida por el PSPV-PSOE, ha pedido que se amplíe la causa al entender que Camps y Costa, además de los trajes, recibieron otras prendas, entre ellas unas corbatas.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado emitirá esta misma semana un auto en el que se pronunciará sobre las alegaciones planteadas por las partes.

En el caso de que no acepte ninguna de ellas, emitirá un segundo auto en el que fijará la fecha de la vista oral y concretará los hechos enjuiciables.
 
Juicio en mes y medio
Según fuentes del caso, podría celebrarse en un plazo aproximado de un mes y medio tras la publicación del auto, tiempo que suele tardar en configurarse un tribunal popular.

El procedimiento judicial se incoó desde un principio, por el mismo motivo, contra Camps, Costa, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

Estos dos últimos reconocieron en julio su culpabilidad y fueron condenados a sendas multas de 9.600 euros como responsables de un delito continuado de cohecho pasivo impropio.

ACUERDAN EL INGRESO EN PRISIÓN DEL EX ALCALDE DE LA VIÑUELA JUAN MILLÁN

Por prevaricación urbanística

* Pacta con la Fiscalía para evitar más de una docena de juicios

Efe | Málaga

El ex alcalde de La Viñuela Juan Millán (PSOE) ingresará el próximo 6 de octubre en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre para cumplir una condena de 27 meses de cárcel tras pactar con el fiscal dicha pena en cumplimiento de más de una docena de causas por prevaricación urbanística.

Este acuerdo es similar al suscrito con anterioridad por los ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, para no celebrar varios juicios en los que están imputados por asuntos urbanísticos, según han dicho a Efe fuentes judiciales.

Millán pretende beneficiarse del artículo 76 del Código Penal que establece que el máximo de cumplimiento de la pena no excederá del triple de la condena más grave, siempre y cuando los delitos se consideren conexos.

La aplicación de este artículo es fruto de un pacto con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que ha formalizado que Millán evite más de una docena de juicios por delitos urbanísticos a cambio de ingresar en la cárcel y reconocer su culpa.

En los escritos de conformidad la Fiscalía expone la petición de cárcel para el imputado -así como su solicitud de inhabilitación- y el interesado y su defensa muestran su acuerdo con objeto de que el juez dicte sentencia sin necesidad de celebrar juicio.

Las restantes causas urbanísticas que recoge el pacto y sobre las que se deberá firmar conformidad son aquellas que están en fase de investigación e instrucción o se encuentran a falta de algún trámite.

El pacto entre la Fiscalía y el exalcalde establece una sentencia de nueve meses de cárcel y diez años de inhabilitación por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, por lo que en este caso la pena máxima sería de 27 meses.

Acuerdo antes del verano
Por todo ello, el exalcalde quiso llegar a un acuerdo antes del verano con la Fiscalía y, según han explicado este lunes a Efe las fuentes, previsiblemente una vez ingrese en la cárcel éste pedirá a Instituciones Penitencias que se le conceda el tercer grado, como en su día también hicieron los exediles del GIL.

En la mayoría de las querellas presentadas por el fiscal contra el exalcalde ha mantenido que la concesión de las citadas licencias se realizó "por la sola y exclusiva voluntad del querellado" y, que debido a ello, tales resoluciones son "arbitrarias e injustas".

Supuestamente el regidor concedió licencias de segregación, de obras y de primera ocupación a unas solicitudes urbanísticas para segregación de 5.000 metros cuadrados y simultáneamente para la construcción de viviendas unifamiliares en diversas parcelas.

Millán dimitió de su cargo el pasado febrero tras ser requerido para que cumpliera la inhabilitación especial para cargo público impuesta por el Juzgado de lo Penal 8 de Málaga, que le condenó por dos delitos de prevaricación.

Cuando conoció el fallo el alcalde, que gobernaba desde 1995, pidió la baja temporal como militante del PSOE aunque siguió al frente del Consistorio con el apoyo de los ediles de su grupo, que tenían la mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Millán ha sido condenado anteriormente a 15 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación urbanística por la concesión de tres licencias.


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