El fiscal pide imputarlo por el saqueo de Emarsa, la depuradora de Valencia
IGNACIO ZAFRA - Valencia
El saqueo de Emarsa, la sociedad pública dedicada a la depuración del agua de Valencia, que pagó importes millonarios por falsos servicios y suministros mientras sus dirigentes cargaban a sus arcas la compra de artículos de lujo y viajes privados hasta conducirla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, que tendrán que asumir los ciudadanos, podría dar un cualitativo salto político. La fiscal del caso pidió ayer la imputación del vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.
El ministerio público tomó la decisión a la luz de las declaraciones que desde hace una semana lleva realizando ante el juez Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, exalcalde pedáneo en el equipo de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que sigue siendo dirigente local del PP. Desde que estalló el escándalo el vicepresidente de la Diputación ha intentando alejarse del mismo afirmando que desconocía el día a día de Emarsa. Las declaraciones de Cuesta han ido minando, sin embargo, su posición.
El exgerente ha asegurado ante el juez que Crespo no solo estaba al tanto de todas las supuestas irregularidades (se reunían una media de seis veces al mes en despachos oficiales y cafeterías), sino que era él, en su calidad de presidente de Emarsa, quien le instaba a contratar con las empresas ahora investigadas por estafa; le ordenaba adelantar el pago a los proveedores investigados cuando se producían retrasos; elegía personalmente de los catálogos los artículos de lujo, relojes, joyas, aparatos electrónicos y accesorios de automóvil que se cargaban a Emarsa, y en ocasiones era el propio alcalde de Manises quien adquiría los productos y le daba las facturas con la orden de pasar a abonarlos por establecimientos como Loewe.
"Mi postura era de fidelidad y de acatar lo que me decía mi presidente", declaró el exgerente ante el juez, incluso cuando ello implicaba firmar facturas supuestamente irregulares. Esa lealtad hacia Crespo incluyó, según afirmó Cuesta, la contratación de cuatro personas en Emarsa. Según la investigación, dichos fichajes cobraban de la sociedad pública a pesar de no poner nunca un pie en sus instalaciones ni realizar ningún trabajo conocido para el ente de depuración.
Uno de esos enchufados fue, según afirmó Cuesta, Luis Botella, abogado y concejal de Urbanismo en Moncada con el PP, a quien se considera la mano derecha en el municipio de Juan José Medina, alcalde de Moncada y vicepresidente primero de la Diputación de Valencia.
El ministerio público tomó la decisión a la luz de las declaraciones que desde hace una semana lleva realizando ante el juez Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, exalcalde pedáneo en el equipo de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que sigue siendo dirigente local del PP. Desde que estalló el escándalo el vicepresidente de la Diputación ha intentando alejarse del mismo afirmando que desconocía el día a día de Emarsa. Las declaraciones de Cuesta han ido minando, sin embargo, su posición.
El exgerente ha asegurado ante el juez que Crespo no solo estaba al tanto de todas las supuestas irregularidades (se reunían una media de seis veces al mes en despachos oficiales y cafeterías), sino que era él, en su calidad de presidente de Emarsa, quien le instaba a contratar con las empresas ahora investigadas por estafa; le ordenaba adelantar el pago a los proveedores investigados cuando se producían retrasos; elegía personalmente de los catálogos los artículos de lujo, relojes, joyas, aparatos electrónicos y accesorios de automóvil que se cargaban a Emarsa, y en ocasiones era el propio alcalde de Manises quien adquiría los productos y le daba las facturas con la orden de pasar a abonarlos por establecimientos como Loewe.
"Mi postura era de fidelidad y de acatar lo que me decía mi presidente", declaró el exgerente ante el juez, incluso cuando ello implicaba firmar facturas supuestamente irregulares. Esa lealtad hacia Crespo incluyó, según afirmó Cuesta, la contratación de cuatro personas en Emarsa. Según la investigación, dichos fichajes cobraban de la sociedad pública a pesar de no poner nunca un pie en sus instalaciones ni realizar ningún trabajo conocido para el ente de depuración.
Uno de esos enchufados fue, según afirmó Cuesta, Luis Botella, abogado y concejal de Urbanismo en Moncada con el PP, a quien se considera la mano derecha en el municipio de Juan José Medina, alcalde de Moncada y vicepresidente primero de la Diputación de Valencia.
Crespo se defiende
Desde que Cuesta empezó a hablar ante el juez, hace ocho días, Crespo ha ido negando el contenido de las declaraciones mediante comunicados en los que acusaba al exgerente de intentar salvarse a sí mismo implicando a otros con falsedades. El vicepresidente de la Diputación de Valencia (cargo en el que el presidente Alfonso Rus lo reafirmó en julio, a pesar del escándalo) volvió a defenderse ayer, aunque en otro tono: "Como así he venido haciendo, muestro mi voluntad de colaborar con la justicia cuanto sea preciso y, en caso que el juez instructor del caso estime conveniente que acuda a prestar declaración en calidad de imputado, esta será la mejor manera de defenderme ante la ley con todos los garantes que pone a disposición de los ciudadanos la justicia".
El también alcalde de Manises confió en "que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han cometido las presuntas irregularidades y a diario lanzan injurias y calumnias hacia mi persona de forma tan grave". La oposición lo vio de forma muy distinta.El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, señaló que Emarsa era "la certificación de que donde gobierna o ha gobernado el PP siempre aflora la corrupción"; "[Alberto] Fabra no puede ser el presidente que protege a los presuntos corruptos de su partido", añadió. El secretario general del PSPV-PSOE reclamó al presidente de la Generalitat que "tome decisiones y actúe sobre la corrupción". El grupo municipal de Esquerra Unida en Manises reclamó la dimisión de Enrique Crespo como alcalde: "Crespo tiene el derecho de defenderse a título particular de los graves hechos que se le puedan imputar, pero debe hacerlo sin manchar el cargo que ocupa ni el nombre del pueblo de Manises".
Al juzgado que investiga el caso Emarsa, el número 15 de Valencia, se le acumula el trabajo. El primer imputado llamado a declarar lo ha hecho ya durante 18 horas y continuará el lunes. Las citaciones para el resto de imputados (por el momento, otros dos directivos de Emarsa y tres empresarios) y testigos se alargarán durante todo el mes. El titular del juzgado pidió un juez de refuerzo y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior Superior de Justicia (TSJ) valenciano acordó ayer trasladar la petición al Consejo General del Poder Judicial.
PP de Valencia
El exgerente de la sociedad de depuración señaló, durante su declaración del jueves ante el juez, los nombres de otras dos personas que intervenían de forma destacada en la marcha de Emarsa. Se trata de Santos Peral, que actuaba como jefe de contabilidad y es al mismo tiempo secretario general del PP en el barrio de Patraix, en Valencia. Y de Ignacio Martínez, jefe de compras de la empresa pública y a la vez secretario general del PP en el distrito de Trànsits, también en Valencia.
Víctor Manuel García Martínez, uno de los tres hermanos imputados por estafar de forma continuada a Emarsa cobrándole servicios y materiales inexistentes, afirmó ayer ante el juez que pese a figurar en el Registro Mercantil como administrador de una de las empresas investigadas, Sofitec, en realidad nunca actuó como tal. Víctor Manuel, albañil de profesión, afirmó que aceptó el cargo "por hacerle un favor" a su hermano Salvador García Martínez. Este compaginó el cargo de jefe de informática de Emarsa con el de proveedor informático de la sociedad pública. En siete años, le facturó 4,5 millones de euros.
elpaís.com
