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| El edil de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, en el juicio | Efe |
Arranca el juicio contra el edil de Urbanismo de Valencia
* La Fiscalía reclama ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación
* Bellver, a las puertas del TSJ: 'Estoy esperanzado y confiado en la Justicia'
* El edil dio luz verde a las obras sin el informe preceptivo de Patrimonio
* También se ha procesado a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Valencia
* La defensa asegura que se contaban con todos los informes técnicos
* La Fiscalía reclama ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación
* Bellver, a las puertas del TSJ: 'Estoy esperanzado y confiado en la Justicia'
* El edil dio luz verde a las obras sin el informe preceptivo de Patrimonio
* También se ha procesado a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Valencia
* La defensa asegura que se contaban con todos los informes técnicos
Gema Peñalosa | Efe | Valencia
El diputado autonómico y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, ha asegurado este lunes ante el tribunal que desconocía que el entorno de los jardines de Monforte estuviera protegido, y por tanto que se necesitara un informe de la dirección general de Patrimonio para autorizar la construcción de una aparcamiento.
Bellver ha comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) como acusado, junto a cuatro funcionarios municipales, de un delito de prevaricación urbanística por autorizar la construcción de una aparcamiento en el subsuelo del citado jardín, catalogado como Bien de Interés Cultural.
En una declaración que ha durado unos veinte minutos, el concejal -que ha llegado acompañado por la alcaldesa, Rita Barberá, y otros ediles- ha asegurado que estampó su firma en el expediente porque todos los informes del proyecto eran favorables y no existía "ni un solo problema" con el proyecto.
Los cuatro funcionarios que también están acusados, en sus respectivas declaraciones ante un tribunal encabezado por Pilar de la Oliva -presidenta del TSJCV-, han mantenido una versión similar, y al igual que Bellver piden su absolución al entender que no existe delito.
El secretario adjunto de Urbanismo, Pedro García, y el jefe del Servicio de Planeamiento, Juan Antonio Altés, la arquitecta técnica de este mismo departamento María José Gasull y el jefe del Servicio de Circulación, Juan Casañ, todos ellos acusados de los mismos delitos que el concejal, creen que el subsuelo del jardín no estaba protegido.
El fiscal, que pide ocho años y medio de inhabilitación para los cinco acusados, señala en su calificación que la calle de Severo Ochoa, bajo la cual se ubica el aparcamiento público, "se encuentra en el entorno de protección" de los Jardines por resolución de la Conselleria de Cultura.
Según este dictamen de la Generalitat, la realización de cualquier obra en esta zona debe ser autorizada por la Dirección General de Patrimonio, algo que también prevé la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.
El Ministerio Público subraya que este proyecto requería la autorización de la Conselleria, algo que Bellver "sabía perfectamente", al igual que el resto de los acusados.
En este sentido, el concejal y los funcionarios han admitido durante el juicio que en un proyecto de instalación de antena en la clínica Quirón -anexa al Jardín- sí se solicitó esta autorización, como también se hizo en el aparcamiento próximo al edificio de la Tabacalera.
Sin embargo, en este caso, el fiscal cree que los acusados "se concertaron" para aprobar la ejecución del proyecto y "asegurarse" su construcción sin en el permiso de la Dirección General, evitando así que este departamento pusiera trabas al mismo.
Según ha dicho Bellver, la construcción de este aparcamiento fue acordado "sin ningún problema" por todos los grupos municipales en la Comisión de Urbanismo, que "únicamente" debatieron el número de plazas que debían reservarse para residentes de la zona.
"Todos los informes de todas las áreas que intervinieron en el expediente eran favorables. Como es habitual en mi gestión, yo estampé mi firma, porque no había ni un solo problema", ha explicado el edil.
"No hubo reparo de ningún concejal del Ayuntamiento, pasó como un expediente más", ha añadido el secretario de Urbanismo, quien cree que si hubiera habido alguna anomalía, la Dirección General habría incoado un requerimiento de oficio.
Según el jefe del Servicio de Circulación, el aparcamiento "no altera la visibilidad" de los jardines, que a su juicio es el verdadero objeto de la protección.
Los cuatro funcionarios han negado además ante el tribunal haber recibido instrucciones del concejal o de algún otro responsable del Ayuntamiento para "acelerar" el proyecto o ejecutarlo sin las autorizaciones preceptivas.
"No ha habido ninguna ocultación, ha sido todo un proceso público", ha asegurado Casañ en el juicio, que continúa mañana con la declaración de diez testigos.
El aparcamiento subterráneo de los Jardines de Monforte, situado entre las calles de Severo Ochoa y Micer Mascó, entró en funcionamiento en mayo de 2007 tras una inversión de 5,5 millones de euros.
Su construcción fue adjudicada a la UTE formada por Secopsa y Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal.
Bellver ha comparecido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) como acusado, junto a cuatro funcionarios municipales, de un delito de prevaricación urbanística por autorizar la construcción de una aparcamiento en el subsuelo del citado jardín, catalogado como Bien de Interés Cultural.
En una declaración que ha durado unos veinte minutos, el concejal -que ha llegado acompañado por la alcaldesa, Rita Barberá, y otros ediles- ha asegurado que estampó su firma en el expediente porque todos los informes del proyecto eran favorables y no existía "ni un solo problema" con el proyecto.
Los cuatro funcionarios que también están acusados, en sus respectivas declaraciones ante un tribunal encabezado por Pilar de la Oliva -presidenta del TSJCV-, han mantenido una versión similar, y al igual que Bellver piden su absolución al entender que no existe delito.
El secretario adjunto de Urbanismo, Pedro García, y el jefe del Servicio de Planeamiento, Juan Antonio Altés, la arquitecta técnica de este mismo departamento María José Gasull y el jefe del Servicio de Circulación, Juan Casañ, todos ellos acusados de los mismos delitos que el concejal, creen que el subsuelo del jardín no estaba protegido.
El fiscal, que pide ocho años y medio de inhabilitación para los cinco acusados, señala en su calificación que la calle de Severo Ochoa, bajo la cual se ubica el aparcamiento público, "se encuentra en el entorno de protección" de los Jardines por resolución de la Conselleria de Cultura.
Según este dictamen de la Generalitat, la realización de cualquier obra en esta zona debe ser autorizada por la Dirección General de Patrimonio, algo que también prevé la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.
El Ministerio Público subraya que este proyecto requería la autorización de la Conselleria, algo que Bellver "sabía perfectamente", al igual que el resto de los acusados.
En este sentido, el concejal y los funcionarios han admitido durante el juicio que en un proyecto de instalación de antena en la clínica Quirón -anexa al Jardín- sí se solicitó esta autorización, como también se hizo en el aparcamiento próximo al edificio de la Tabacalera.
Sin embargo, en este caso, el fiscal cree que los acusados "se concertaron" para aprobar la ejecución del proyecto y "asegurarse" su construcción sin en el permiso de la Dirección General, evitando así que este departamento pusiera trabas al mismo.
Según ha dicho Bellver, la construcción de este aparcamiento fue acordado "sin ningún problema" por todos los grupos municipales en la Comisión de Urbanismo, que "únicamente" debatieron el número de plazas que debían reservarse para residentes de la zona.
"Todos los informes de todas las áreas que intervinieron en el expediente eran favorables. Como es habitual en mi gestión, yo estampé mi firma, porque no había ni un solo problema", ha explicado el edil.
"No hubo reparo de ningún concejal del Ayuntamiento, pasó como un expediente más", ha añadido el secretario de Urbanismo, quien cree que si hubiera habido alguna anomalía, la Dirección General habría incoado un requerimiento de oficio.
Según el jefe del Servicio de Circulación, el aparcamiento "no altera la visibilidad" de los jardines, que a su juicio es el verdadero objeto de la protección.
Los cuatro funcionarios han negado además ante el tribunal haber recibido instrucciones del concejal o de algún otro responsable del Ayuntamiento para "acelerar" el proyecto o ejecutarlo sin las autorizaciones preceptivas.
"No ha habido ninguna ocultación, ha sido todo un proceso público", ha asegurado Casañ en el juicio, que continúa mañana con la declaración de diez testigos.
El aparcamiento subterráneo de los Jardines de Monforte, situado entre las calles de Severo Ochoa y Micer Mascó, entró en funcionamiento en mayo de 2007 tras una inversión de 5,5 millones de euros.
Su construcción fue adjudicada a la UTE formada por Secopsa y Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal.
elmundo.es
