Procesados en el juicio por la trama corrupta marbellí logran grandes rebajas en las penas tras admitir sus delitos - Los fiscales defienden los acuerdos de conformidad
FERNANDO J. PÉREZ - Málaga
El juicio-río del caso Malaya, uno de los más largos de la historia de España -se inició hace 13 meses-, y récord nacional en número de procesados, 95, ha dejado atrás los tranquilos meandros de su curso medio, en los que las sesiones se sucedían clónicas y morosas, para adentrarse nuevamente en una zona de rápidos. La vista oral sobre la corrupción en Marbella alcanza mañana su jornada número 100 en medio del sobresalto causado por la decisión del empresario Ismael Pérez Peña de admitir los delitos de que le acusa el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. A cambio, el industrial obtendrá una notable rebaja en la petición de pena -de 11 años de prisión a dos años y tres meses sustituibles por una multa total de 225.000 euros-.
Las confesiones de acusados inducirán a otros procesados a admitir sus delitos
Un empresario reconoce que pagó a Roca 180.100 euros en dinero B
La confesión del empresario burgalés -otros dos acusados de Malaya han optado también por reconocer su culpa- pone en un aprieto adicional a varios de los grandes nombres del proceso, entre ellos al supuesto cerebro de la corrupción, Juan Antonio Roca o a la exalcaldesa Marisol Yagüe, a los que Pérez Peña admitió haber pagado hasta dos millones. También reabre el debate sobre la oportunidad de los llamados acuerdos de conformidad entre la fiscalía y los acusados en los procesos penales, un mecanismo previsto en la Ley y que solo en 2009 se utilizó en 570 ocasiones en las audiencias provinciales andaluzas -en fase de instrucción y en procedimientos abreviados y juicios rápidos la cifra se dispara hasta 36.439 conformidades-.
En el caso Malaya, fuentes judiciales afirman que la admisión de culpa de Pérez Peña y de los otros dos acusados -su hijo Javier Pérez Villena y el también empresario Carmelo Armenta- y los beneficios penales que les reportará inducirá probablemente a otros procesados a confesar sus supuestos delitos. No obstante, en la Fiscalía de Málaga aseguran que, de momento, ningún abogado defensor se ha puesto en contacto con ellos para negociar seriamente.
Los fiscales son, en general, firmes partidarios de los acuerdos de conformidad con las defensas. En primer lugar, porque estos pactos suponen un respaldo definitivo a sus tesis acusatorias y garantizan la condena del acusado. "El hecho de que el procesado reconozca el delito supone un plus de seguridad jurídica en la sentencia", argumenta el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales. También destacan el ahorro de tiempo y de recursos humanos y materiales que supone para la atascada Administración de Justicia el hecho de abreviar o no tener que celebrar una vista oral.
Este mecanismo, que siempre ha de contar con el consentimiento de la víctima del delito, permite a los acusadores públicos en muchas ocasiones "asegurar que un delincuente no escapa de la justicia por un defecto de forma en la fase de instrucción, como unas escuchas telefónicas mal hechas, por ejemplo", afirma un fiscal. También se utiliza con cierta frecuencia, en especial en casos de delincuencia organizada, para conseguir la condena de los principales responsables de una trama a partir de la admisión de los hechos por parte de los procesados situados en los escalones intermedios.
"Con la conformidad aumenta la probabilidad de averiguar un hecho delictivo", considera Morales. En el caso Malaya, la confesión de Pérez Peña hace que cobre mayor fuerza una de las principales pruebas contra Roca, la contabilidad del exasesor reflejada en los llamados archivos Maras. Según estos apuntes, el empresario del sector del automóvil entregó 180.100 euros a Roca en 2005, cuando se negociaba la concesión del servicio de grúa municipal, al que aspiraba aquel. En esa contabilidad, que a la luz de la confesión de Pérez Peña es cierta, constan hasta 33,3 millones en pagos a Roca de empresarios con intereses en Marbella.
Unos acuerdos no siempre bien vistos
Los acuerdos de conformidad no siempre gozan de la comprensión social, especialmente en aquellos casos en los que se mezcla lo penal y lo político. En ocasiones la rebaja de penas ofrecida por el fiscal para amarrar la condena de los procesados es percibida como un triunfo de la impunidad. Algo así sucedió en la primavera de 2008 cuando los exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella acordaron con la fiscalía ahorrarse 70 juicios por prevaricación urbanística -la mayoría por concesión de licencias de obra ilegales- a cambio de aceptar la culpabilidad en cada una de las causas y cumplir cada exconcejal un total de tres años de prisión. El fiscal accedía a pedir una pena de un año de prisión en cada causa y a considerar los delitos como conexos, de modo que, según la Ley, se debía cumplir el triple de la pena más alta.
Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Marbella deploraron este pacto, perfectamente legal. La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz declaró entonces que "sale muy barato hacer lo que se ha hecho en Marbella".
Sin embargo, los acuerdos de conformidad, en estos y otros asuntos, están a la orden del día. En abril de 2009, el Consejo General de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado firmaron un protocolo para favorecer los pactos, previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881. En Málaga, el desconocimiento general de los letrados de la existencia de este protocolo, que busca "fomentar la celeridad" y "simplificar los trámites precisos para alcanzar la sentencia", ha hecho que solo haya funcionado en un medio centenar de causas, según el fiscal encargado de las conformidades en la audiencia malagueña, Francisco Jiménez Colmenero.
El protocolo de conformidad se ha aplicado hasta ahora en los procesos a asuntos variopintos: desde estafas a robos pasando por delitos contra la salud pública o contra la seguridad vial. "Normalmente, los acusados se suelen conformar muy poco antes del inicio de la vista oral, pero en una ocasión, gracias al protocolo, nos evitamos citar a 60 testigos en un caso de estafa, y eso es un ahorro de tiempo y dinero para todos", afirma el fiscal. En el ministerio público opinan que la práctica de acuerdos previos a la vista oral "va calando" en el sistema judicial.
Los acuerdos de conformidad no siempre gozan de la comprensión social, especialmente en aquellos casos en los que se mezcla lo penal y lo político. En ocasiones la rebaja de penas ofrecida por el fiscal para amarrar la condena de los procesados es percibida como un triunfo de la impunidad. Algo así sucedió en la primavera de 2008 cuando los exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella acordaron con la fiscalía ahorrarse 70 juicios por prevaricación urbanística -la mayoría por concesión de licencias de obra ilegales- a cambio de aceptar la culpabilidad en cada una de las causas y cumplir cada exconcejal un total de tres años de prisión. El fiscal accedía a pedir una pena de un año de prisión en cada causa y a considerar los delitos como conexos, de modo que, según la Ley, se debía cumplir el triple de la pena más alta.
Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Marbella deploraron este pacto, perfectamente legal. La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz declaró entonces que "sale muy barato hacer lo que se ha hecho en Marbella".
Sin embargo, los acuerdos de conformidad, en estos y otros asuntos, están a la orden del día. En abril de 2009, el Consejo General de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado firmaron un protocolo para favorecer los pactos, previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881. En Málaga, el desconocimiento general de los letrados de la existencia de este protocolo, que busca "fomentar la celeridad" y "simplificar los trámites precisos para alcanzar la sentencia", ha hecho que solo haya funcionado en un medio centenar de causas, según el fiscal encargado de las conformidades en la audiencia malagueña, Francisco Jiménez Colmenero.
El protocolo de conformidad se ha aplicado hasta ahora en los procesos a asuntos variopintos: desde estafas a robos pasando por delitos contra la salud pública o contra la seguridad vial. "Normalmente, los acusados se suelen conformar muy poco antes del inicio de la vista oral, pero en una ocasión, gracias al protocolo, nos evitamos citar a 60 testigos en un caso de estafa, y eso es un ahorro de tiempo y dinero para todos", afirma el fiscal. En el ministerio público opinan que la práctica de acuerdos previos a la vista oral "va calando" en el sistema judicial.
elpaís.com
