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| Roca durante su declaración en el juicio. | Efe |
Afirma que el dinero no era a cambio de licencias
* Expectación para conocer si relaciona las siglas J.M. con sobornos a Julián Muñoz
José Carlos Villanueva | Málaga
"Aquí el único que se ha lucrado es el Ayuntamiento de Marbella, que tiene una parcela y no ha dado nada a cambio". De nuevo el principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha vuelto la oración por pasiva al situar al Consistorio marbellí como beneficiado, en lugar de perjudicado, por sus operaciones urbanísticas.
Lo ha hecho durante el interrogatorio del fiscal, cuando Juan Carlos López Caballero le ha preguntado si no había urdido una operación de permuta de terrenos, con los acusados Carlos Sánchez y Andrés Líetor, ambos propietarios de la sociedad CCF21 S.A. para enriquecerse junto a ambos con suelos municipales de Marbella.
La expectación es máxima ante la posibilidad de que Roca relacione las siglas J.M. con el nombre de Julián Muñoz como perceptor de supuestos sobornos que alcanzan los 162.000 euros, vinculados a CCF21. De momento la pregunta del fiscal no se ha producido. Otros acrónimos que aparecen en la contabilidad del exasesor sí han sido relacionados con nombres y apellidos de exediles como perceptores de pagos.
A pesar de que todos los informes del Tribunal de Cuentas elaborados hasta ahora hablan del gravísimo perjuicio patrimonial sufrido por la administración municipal, al haber vendido suelos públicos a precios muy por debajo de mercado, Roca pretende hacer creer al tribunal lo contrario. Todo por el hecho de que los promotores pagaron pero no vieron realizados sus proyectos, debido a que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que iban recogidos fue anulado. No obstante, dichos empresarios desembolsaron, en la mayoría de los casos, mucho menos de lo que realmente tendrían que haber abonado al Consistorio.
A lo largo de toda su declaración Roca ha tratado de desvincular cualquier pago recibido de empresarios con la consecución de proyectos que él facilitara gracias a su cargo municipal: "No es cierto que ninguno de esos pagos estuviera asociado a que yo garantizara que se iban a entregar licencia de obras", ha aclarado el ex asesor.
El enfrentamiento dialéctico entre fiscal y acusado ha sido de tal magnitud que el presidente del tribunal, José Godino, ha tenido que llamar al orden al considerado cerebro de la trama de corrupción e,incluso, suspender la vista durante 20 minutos para relajar los ánimos. Roca ha pedido disculpas al acusador público.
Las preguntas del fiscal se han centrado en varias operaciones llevadas a cabo por CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A., sociedad vinculada a Sánchez y Líetor, ambos acusados. EL MUNDO ya desveló entre los años 2001 y 2002 las vinculaciones de Roca con ambos promotores. Concretamente, el nexo de unión que aportó este diario fue el nombre de Óscar Benavente, testaferro habitual del exasesor marbellí que figuraba en los órganos sociales de la empresa Mediterránea de Inmuebles 47, también de Líetor y Sánchez.
La sociedad municipal Eventos 2000 compró para el Consistorio el hotel Pueblo Andaluz, propiedad de Mediterránea de Inmuebles. Una operación que para el fiscal sirvió de enriquecimiento a Roca y sus socios.
CCF21 firmó un convenio de permuta de suelos con el entonces alcalde Julián Muñoz. Por ello el fiscal acusa al ex regidor de haber percibido un total de 162.000 euros en sobornos de la caja de Roca, denominada Maras Asesores. En dichos archivos aparecen un total de tres pagos atribuidos al acrónimo J.M. El primero el 7 de noviembre de 2002 -semanas después de firmarse el convenio- por importe de 15.000 euros; el segundo el 11 del mismo mes, por 135.000 euros. El tercer pago, con Muñoz ya fuera de la Alcaldía, es el 10 de diciembre de 2003, por 12.000 euros.
El convenio por el que Muñoz está acusado cedía a CCF 21 unos aprovechamientos urbanísticos, en plena Milla de Oro, valorados en 1,4 millones de euros, que acabaron en manos de la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca. A cambio el Consistorio obtenía tan sólo una parcela rústica que no superaba los 30.000 euros, ubicada en el interior del término municipal.
Dichas valoraciones ya fueron cuestionadas por la defensa de Muñoz, cuyos letrados recordaron que un perito de Hacienda valoró el solar de 35.000 metros por 30.000 euros "es decir a 86 céntimos el metro cuadrado, un precio que no es propio no de 2002, sino ni siquiera de principios de siglo", afirmó el abogado Javier Saavedra.
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