El Instituto Noos cobraba precios desmesurados por servicios ficticios
EL PAÍS - Barcelona
El juez José Castro Aragón, instructor del caso Palma Arena de supuesto desvío de dinero público en la construcción del equipamiento deportivo en Mallorca, sostiene en cuatro autos que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, y el socio de este, Diego Torres, utilizaron presuntamente varias sociedades para "apoderarse de fondos públicos" que recibía el Instituto Noos, fundación de la cual los dos fueron presidentes, según informan hoy El Periódico de Cataluña y El Mundo.
Anticorrupción investiga también casos en Mallorca y Valencia
El magistrado Castro y la Fiscalía Anticorrupción de Baleares sospechan que se creó "un entramado societario" a través del cual se "desviaban los fondos públicos y privados" que recibía este instituto, cuya finalidad es la asesoría y gestión de mecenazgos deportivos. Para desviar el dinero se realizaban casos de autofacturación a precios desmesurados de servicios entre compañías familiares, según las investigaciones de los fiscales y la policía. Algunas pruebas de las irregularidades se obtuvieron tras el registro el pasado lunes de la sede de la fundación Noos y varios despachos en Barcelona y Palma y Valencia.
La supuesta forma de operar del Instituto Noos es de manual. Según los autos del juez, tras fijar unos precios absolutamente desmesurados y recibir los fondos públicos, "se simulaba por parte del instituto la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado". "El dinero público", continúa el auto judicial, "acababa en manos de las [SOCIEDADES]mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin".
La Fiscalía Anticorrupción añade que el único objetivo perseguido por Urdangarin "con la toma de control del Instituto Noos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía el ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales". La finalidad de esta estratagema era la de "aparentar la no persecución de fines lucrativos; rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba, y evitar suspicacias por parte de terceros para financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".
Urdangarín, Torres y tres familiares, entre ellos la esposa del segundo -todos ellos investigados- "formaban un círculo cerrado de toma de decisiones" y era el que decidía sobre los 'proyectos y cuestiones económicas de Noos y dejaba fuera de la toma de decisiones al comité de dirección de la fundación.
En uno de sus autos, el juez se centra en las investigaciones de la fiscalía sobre el cobro de 2,3 millones de euros por parte del Instituto Noos entre finales de 2005 y principios de 2006 por la organización en Mallorca del Illes Balears Fòrum y de dos jornadas sobre turismo y deportes. La investigación calcula que la desviación entre el coste real de los dos eventos y el dinero público que finalmente se acabó pagando es de unos dos millones de euros. Los dos eventos los organizaba el Gobierno de Baleares, por aquel entonces presidido por Jaume Matas (PP).
Además, el fiscal y el juez investigan la relación de Noos con la Consejería de la Presidencia del Gobierno valenciano, también en manos del PP. El lunes la policía recogió documentación en el citado departamento y en la Ciudad de las Ciencias y de las Artes.
De momento, solo está imputado en el caso Diego Torres, que ayer, asistido por su letrado, Manuel González Peeters, prestó declaración ante el juez hasta la una de la madrugada.
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El magistrado Castro y la Fiscalía Anticorrupción de Baleares sospechan que se creó "un entramado societario" a través del cual se "desviaban los fondos públicos y privados" que recibía este instituto, cuya finalidad es la asesoría y gestión de mecenazgos deportivos. Para desviar el dinero se realizaban casos de autofacturación a precios desmesurados de servicios entre compañías familiares, según las investigaciones de los fiscales y la policía. Algunas pruebas de las irregularidades se obtuvieron tras el registro el pasado lunes de la sede de la fundación Noos y varios despachos en Barcelona y Palma y Valencia.
La supuesta forma de operar del Instituto Noos es de manual. Según los autos del juez, tras fijar unos precios absolutamente desmesurados y recibir los fondos públicos, "se simulaba por parte del instituto la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado". "El dinero público", continúa el auto judicial, "acababa en manos de las [SOCIEDADES]mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin".
La Fiscalía Anticorrupción añade que el único objetivo perseguido por Urdangarin "con la toma de control del Instituto Noos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía el ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales". La finalidad de esta estratagema era la de "aparentar la no persecución de fines lucrativos; rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba, y evitar suspicacias por parte de terceros para financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".
Urdangarín, Torres y tres familiares, entre ellos la esposa del segundo -todos ellos investigados- "formaban un círculo cerrado de toma de decisiones" y era el que decidía sobre los 'proyectos y cuestiones económicas de Noos y dejaba fuera de la toma de decisiones al comité de dirección de la fundación.
En uno de sus autos, el juez se centra en las investigaciones de la fiscalía sobre el cobro de 2,3 millones de euros por parte del Instituto Noos entre finales de 2005 y principios de 2006 por la organización en Mallorca del Illes Balears Fòrum y de dos jornadas sobre turismo y deportes. La investigación calcula que la desviación entre el coste real de los dos eventos y el dinero público que finalmente se acabó pagando es de unos dos millones de euros. Los dos eventos los organizaba el Gobierno de Baleares, por aquel entonces presidido por Jaume Matas (PP).
Además, el fiscal y el juez investigan la relación de Noos con la Consejería de la Presidencia del Gobierno valenciano, también en manos del PP. El lunes la policía recogió documentación en el citado departamento y en la Ciudad de las Ciencias y de las Artes.
De momento, solo está imputado en el caso Diego Torres, que ayer, asistido por su letrado, Manuel González Peeters, prestó declaración ante el juez hasta la una de la madrugada.
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