martes, 22 de noviembre de 2011

"CASO PALAU"; EL PROMOTOR DEL HOTEL ALEGA QUE GASTÓ EN AGUINALDOS Y VIAJES LA SUPUESTA COMISIÓN A MILLET

Sacó del banco casi 900.000 euros en metálico

* Está imputada la cúpula de Urbanismo, además de Fèlix Millet y Jordi Montull
* Sacó el dinero el día que el Palau de la Música cedió al promotor el solar

Efe | Barcelona

El promotor del fallido Hotel del Palau de la Música ha justificado que los casi 900.000 euros en metálico que sacó del banco, y que se sospecha eran un pago a Fèlix Millet a cambio de la adjudicación del proyecto, iban destinados a aguinaldos, viajes y reparto de dividendos de su empresa.

El constructor, Manuel Valderrama, ha declarado como testigo ante la juez que investiga las irregularidades en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, un caso por el que está imputada la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, además de los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull.

Según han informado fuentes judiciales, Valderrama, que hoy ha declarado por segunda vez como testigo en esta causa, ha negado que los 900.000 euros en efectivo que retiró en dos ocasiones en los años 2006 y 2007 de sus cuentas bancarias fueran para pagar a Millet a cambio de que le facilitara los trámites urbanísticos para llevar a cabo el proyecto.

De hecho, esos 900.000 euros -cifra idéntica a la que figura manuscrita en una carpeta incautada en el Palau de la Música con el epígrafe "Acords Valderrama"-, fueron extraídos de las cuentas del constructor los días 20 y 21 de diciembre de 2006, coincidiendo con la firma del contrato privado por el que el Palau de la Música cedió al promotor el solar para el hotel, y el 11 de julio de 2007, el día antes de que se formalizara la escritura pública.

Valderrama, que hoy ha declarado como testigo junto a un hermano suyo que se encargó de retirar una de esas cantidades, ha alegado que los 470.000 euros que extrajo en diciembre de 2006 eran para "aguinaldos", tanto para él como para sus familiares, que también trabajan en la empresa del constructor.

Esa cantidad sirvió además para pagar las celebraciones navideñas y regalos a allegados, según el testigo, que ha justificado que esos dispendios los sufragara en metálico porque, de esa forma, podía ocultar a sus familiares y socios en la empresa que llevaba un tren de vida superior.

Respecto a los otros 425.000 euros que extrajo en julio de 2007, el constructor ha afirmado que correspondían a un reparto de dividendos entre socios de la empresa y que iban destinados a pagar viajes de verano, así como la cuotas del club de golf.

El promotor, además, ha detallado que otra parte de esos 425.000 euros -que guardaba en un caja fuerte- fue destinada a pagar varias celebraciones con las que festejó por todo lo alto su 60 aniversario.

Su hermano Emilio, no obstante, ha contradicho la versión del empresario al negar que en verano de 2007 recibiera ningún importe en concepto de un reparto de beneficios, pese a ser socio de la constructora.

Han declarado también ante la juez los peritos que han realizado, por encargo de las defensas del ex teniente de alcalde de Urbanismo Ramon García-Bragado y del ex gerente Ramon Massaguer, tres informes que acreditarían la legalidad de los trámites urbanísticos del Hotel del Palau.

Esos informes, pagados por el Ayuntamiento de Barcelona entre mayo y junio de este año, sostienen que la permuta urbanística que iba a permitir la construcción del Hotel no implicó ninguna pérdida económica para las administraciones públicas, porque el constructor habría pagado más de cinco millones a la Generalitat como compensación si el proyecto hubiera salido adelante.

Los otros dos informes sobre la tramitación del proyecto hotelero pretenden demostrar que las modificaciones urbanísticas que el Ayuntamiento realizó eran legales y que no se pagaron plusvalías por el mismo.

La Fiscalía, no obstante, considera en su querella por las irregularidades en torno al Hotel del Palau que la Generalitat sufrió una pérdida económica considerable con la permuta urbanística y la posterior recalificación de un edificio de su propiedad necesaria para permitir el proyecto hotelero.

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS PIDE ARCHIVAR SU IMPUTACIÓN EN UNA PIEZA SOBRE LOS GARCÍA RUÍZ

Europa Press | Palma

La defensa del expresidente del Govern, Jaume Matas, ha solicitado el archivo de su imputación en la pieza separada 22 del caso Palma Arena, relativa a la facturación por parte de la empresa de los hermanos García-Ruíz -también encausados en este proceso-, al considerar que este fleco constituye "un claro ejemplo de procedimiento inquisitorial", al tiempo que defiende que no se ha hallado "ni un sólo indicio de participación" de Matas en estos hechos.

En un escrito presentado ante el juez instructor del caso, José Castro, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado del exdirigente del PP, Antonio Alberca, arguye que su patrocinado no tiene "ninguna relación" con las facturas que se investigan en esta pieza y asevera que ésta únicamente está formada "por la mera acumulación de documentación contable" sin que conste "un sólo atestado o informe judicial que indiquen al menos cuál es el objeto de la instrucción o qué delito podría haberse cometido".

Tanto es así que el abogado pide al magistrado que aclare si alberga "alguna sospecha, prevención o recelo" sobre Matas, pues tal y como ya había denunciado anteriormente Alberca "en esta causa se vienen vulnerando el derecho a conocer la acusación que se dirige contra el expresidente y a un proceso con todas las garantías".

En concreto, recuerda Alberca, se trata de facturas giradas a esta mercantil así como la acreditación documental del pago de las mismas, en las que Matas no ha tenido "la menor intervención" como tampoco "conocimiento de su existencia". Tal es el caso, recuerda, de varias facturas relacionadas con la construcción del velódromo Palma Arena, sobre la confección de presupuestos, la del restaurante Samantha por una comida para once personas o las referidas al suministro de consumibles informáticos.

"Por más que echemos a volar nuestra imaginación, no alcanzamos a ver dónde está su carácter delictivo", asevera el abogado en su escrito, en el que recalca que tras más de tres años de instrucción en la que Matas se encuentra "sometido a la pena de banquillo al haberse abierto una causa general contra su gestión política al frente del Govern balear", no cabe mantenerle imputado en esta pieza "por si acaso" y "eternamente a la espera de algún día poder encontrar cualquier indicio que justifique la vulneración de tantos derechos procesales".

Cabe recordar que una de las últimas resoluciones del juez Castro, dictada este lunes,denegaba la petición de Matas de investigar las filtraciones sobre las pesquisas en torno al Instituto Nóos que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aseverando que no ha sido nadie de su Juzgado "quien ha concedido ruedas de prensa" relacionadas con esta causa como tampoco "el que ha acudido a medios televisivos para lo mismo", en alusión al exdirigente del PP.

elmundo.es

"CASO MALAYA"; ROCA CALIFICA DE "MAQUINACIÓN POLICIAL" QUE LE SOBORNARAN POR FAVORES URBANÍSTICOS

José Carlos Villanueva | Málaga

"Eso es una maquinación policial". De esta forma tan beligerante ha calificado el principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, la tesis del fiscal sobre que los pagos de empresarios recibidos en su contabilidad de Maras Asesores guardan relación con favores urbanísticos, traducidos en licencias de obras ilegales y aprobaciones de convenios, sujetos a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en revisión y no vigente.

Por mucho que Roca lo niegue la Policía estableció minuciosamente una correlación entre los pagos anotados en la contabilidad incautada y numerosos convenios y licencias de obras que coincidían en el tiempo. Dato éste que sustenta las acusaciones. Entre 2001 y 2006 el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí habría recibido 33 millones de euros en concepto de sobornos provenientes de promotores.

Durante el sexto día de interrogatorio a Roca el acusador público se ha interesado especialmente por el nombre del conocido empresario Tomás Olivo. Él aparece como la persona que entregó al exasesor urbanístico 600.000 euros. Una vez reconocido dicho pago, el exbrazo derecho de Jesús Gil en el Consistorio marbellí sostiene que dicha cantidad provenía de su labor de "intermediación" en la venta de unos suelos.

Lo cierto es que el fiscal, Juan Carlos López Caballero, ha puesto de manifiesto que la entrega de esos 600.000 euros coincidió en el tiempo con la suspensión de la paralización de unas obras a Olivo, por parte del equipo de gobierno que presidía la exalcaldesa Marisol Yagüe. Se trataba de los trabajos de ampliación del centro comercial La Cañada (9 licencias ilegales), autorizadas por el exalcalde Julián Muñoz, y cuya sucesora en la Alcaldía paralizó durante un tiempo.

Roca ha achacado la suspensión de la paralización de obras de Olivo a un informe del secretario municipal, Leopoldo Barrantes. Se da la circunstancia de que dicho fedatario público también se encuentra acusado en el macrojuicio. Las nueve licencias otorgadas por Muñoz al empresario murciano fueron impugnadas por la Junta de Andalucía ante el TSJA. Aunque las obras se pararon, circunstancia a la que se acoge Roca, la exalcaldesa Yagüe optó finalmente por archivar el expediente, coincidiendo en las fechas con el pago de Olivo al exasesor urbanístico, según mantiene el Ministerio Público.

"No existe relación causal entre Olivo y Roca o Maras Asesores o las sociedades de Roca", ha defendido con vehemencia el principal acusado, al hablar de sí mismo en tercera persona. En el marco de su defensa ha aludido a los empresarios también acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, como las personas que negociaron directamente con Olivo en la compra venta de unos suelos en los que también aparecía vinculado el constructor granadino José Avila Rojas, socio de los dos anteriores.

El abogado de Tomás Olivo, Antonio Ruiz Villén, ha hecho constar su protesta, tras interrumpir al fiscal, para aportar una sentencia firme de un Juzgado de lo Penal malagueño "en la que se dice que no se realizó construcción de naves comerciales con posterioridad a diciembre de 2004. Que tampoco se ejecutaron naves ni estacionamiento, ni alcantarillado". Así pues, el que fuera juez de instrucción marbellí en el 'caso estatua rusa'-ahora en excedencia- sostiene que "el fiscal no pude imputar estos hechos cuando es cosa juzgada". El pago de Olivo a Roca fue en noviembre de 2005 y ese mismo mes Yagüe decretó la suspensión de la paralización de obras, ha remachado López Caballero.

Durante la sesión de este martes también se han reproducido en la sala escuchas telefónicas en las que una persona se pone en contacto con el despacho municipal de Roca para preguntarle a éste "dónde puede llevar el dinero" el empresario -también acusado- Enrique Ventero, imputado por presuntos sobornos al exasesor urbanístico marbellí. Ya en la sesión anterior Roca había reconocido haber recibido un pago de 300.000 euros del empresario cordobés Rafael Gómez 'Sandokán'.

A diferencia de lo que sostiene el fiscal, sobre que Roca favoreció un convenio urbanístico, así como la "inactividad municipal" en obras del ahora concejal de Unión Cordobesa, el excargo municipal marbellí argumenta que actuó como "intermediario" en una operación de compra venta de terrenos para 'Sandokán', a través de su socio en la empresa Marbella Airways, Francisco Pozuelo, conocido como 'Pacurri'. El pago de 300.000 euros de Gómez a Roca se produjo en noviembre de 2004 y la licencia y el convenio logrados por el propietario de Arenal 2000 S.L. están fechados cinco meses antes, en junio de 2004.

Además
* Gráfico: Las claves del caso