lunes, 28 de noviembre de 2011

BELLVER ASEGURA QUE LAS INICIATIVAS EN EMARSA SE APROBARON CON EL VOTO DEL PSPV

VALENCIA | Además del informe de gerencia

Europa Press | Valencia

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, ha asegurado que "todas y cada una de las iniciativas -en Emarsa- han sido aprobadas por unanimidad en el consejo de administración. Todas y cada una de ellas han venido con el visto bueno y el informe favorable de la gerencia y con informes favorables de las auditorías", ha agregado.

Bellver se ha expresado de esta manera en rueda de prensa en el PPCV, con motivo de una pregunta sobre como se ha podido llegar al supuesto agujero de 17 millones en Emarsa.

Así, ha afirmado que "ha sido posible de la misma forma que ha sido posible que los miembros del PSPV en el consejo de administración hayan estado aprobando las iniciativas de la sociedad".

"Todas y cada una de las iniciativas han sido aprobadas por unanimidad en el consejo de administración y todas y cada una de ellas han venido con el visto bueno y el informe favorable de la gerencia y con informes favorables de las auditorías", ha dicho el concejal.

De esta manera, Bellver ha insistido en que "las mismas razones que han llevado a los consejeros del PP, son las que llevaron a los consejeros del PSPV a votar a favor" de las iniciativas en Emarsa.

A preguntas de los medios ha precisado que no las aprobaron porque desconocían lo que estaban firmando, sino porque "tomaban sus decisiones de acuerdo a lo que dice la legislación, ya que venía con los informes favorables de gerencia y auditoría", ha remarcado.

Por su parte, el conseller de Presupuestos y Hacienda, José Manuel Vela, ha señalado -en la misma rueda de prensa y sobre el mismo tema- que Emarsa "no es una empresa que dependa de la Generalitat", y que no conoce "para nada".

No obstante, "como profesional de la economía", el conseller ha mostrado su confianza en la auditoría que "regularmente se realiza" y en los controles que se realizan en empresas públicas. Así, "si se detecta alguna regularidad, la Justicia está para algo", ha concluido.


elmundo.es

JUZGARÁN AL EX ALCALDE DE COLMENAR Y A SIETE PERSONAS POR UNA LICENCIA PRESUNTAMENTE ILEGAL

Europa Press | Málaga

La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de este lunes al exalcalde de la localidad malagueña de Colmenar Pedro Fernández, a cuatro arquitectos y a otras tres personas en relación con la concesión de una licencia de primera ocupación de una vivienda, presuntamente ilegal.

En sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, el ministerio público acusa a la que en ese momento era arquitecto-técnico del Consistorio, ya que considera que informó favorablemente a una licencia de primera ocupación, "sabedora de la contrariedad palmaria en todos sus extremos con la legislación urbanística".

La acusación señala en su escrito inicial que en el documento se hizo constar "de forma ficticia" que había visitado la edificación y que se procedía a otorgar la licencia para uso relacionado con la explotación agrícola, almacén de aperos de labranza, "cuando en realidad lo edificado era una vivienda unifamiliar de 150 metros cuadrados".

Esta construcción estaba promovida por dos de los acusados, un hombre y una mujer, y ejecutada materialmente por otro de los procesados, bajo la dirección técnica y facultativa de dos arquitectos, uno superior y otro técnico, contra los que la Fiscalía malagueña también ha presentado acusación en este procedimiento.

Respecto al exregidor, la calificación provisional precisa que al pedirse la licencia "se aportaba por el solicitante un croquis de la distribución de la edificación en salón, comedor, cocina, baño, aseos y tres dormitorios, por lo que era evidente que lo que se pretendía autorizar no era una edificación agrícola".

En este sentido, el fiscal apunta que, aunque existía un informe favorable de la arquitecto técnico-municipal, el regidor "fue conocedor de la discordancia absoluta entre lo que se solicitaba y la normativa urbanística y aún así resolvió conceder la licencia de primera ocupación de las obras prohibidas".

Para la acusación, las obras fueron realizadas en suelo clasificado como no urbanizable común, según la normativa urbanística vigente en el momento de los hechos en ese municipio, que eran las normas subsidiarias de planeamiento. Además, "no son legalizables".

En este punto, insiste en que "se trata de una edificación para uso residencial, no encontrándose justificada la necesidad de que la aludida vivienda estuviera vinculada a explotación agrícola, forestal o ganadera", como marca la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). Además, "superaba la edificabilidad máxima permitida".

Según el ministerio público, los dos acusados que promovieron las obras "con el fin de dar a lo ilícitamente construido, apariencia de legalidad y permitir el acceso al Registro de la Propiedad", contactaron con un arquitecto, también acusado, para que realizara las gestiones "para acometer el fraude legal pretendido", ya que se requería un certificado de antigüedad de la casa.

La acusación sostiene en las conclusiones provisionales que dicho documento "fue elaborado de forma ficticia por el arquitecto acusado" en julio de 2004, expresando que la construcción "poseía una antigüedad superior a los cinco años, cuando las circunstancias eran bien distintas, ya que las obras en la citada fecha acababan de finalizar".
 
Peticiones
Así, el fiscal acusa al alcalde por un delito contra la ordenación del territorio, por el que pide un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años. Además, acusa a la que entonces era arquitecto municipal por el mismo tipo delictivo, solicitando para ella la misma pena de prisión e inhabilitación.

Asimismo, acusa a los dos promotores, al que ejecutó las obras y a los dos arquitectos que dirigieron las actuaciones por otro delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año y medio de prisión, multa de 18.000 euros e inhabilitación especial para realizar edificaciones o construcciones durante dos años y seis meses para cada uno.

También acusa a los promotores y al otro arquitecto de un delito de falsedad en documento oficial, por el que solicita para cada uno la pena de condena.

"CASO MALAYA"; ROCA PAGÓ PRÉSTAMOS DE HIPOTECAS Y ESTUDIOS A MANDOS DE LA POLICÍA LOCAL

Roca en una de las sesiones del juicio. | ELMUNDO.es
Declaración en el juicio

José Carlos Villanueva | Málaga

"Yo presté dinero para la hipoteca de una casa y también para carreras universitarias que finalmente no se iniciaron». Así se pueden resumir los argumentos del principal acusado en el ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, para justificar presuntos sobornos a ex mandos de la Policía Local de Marbella como Rafael del Pozo.

En el caso del que fuera máximo responsable del citado cuerpo de seguridad, Rafael del Pozo, el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal ha admitido haberle entregado 60.000 euros «para el pago de la hipoteca de una casa que se quería comprar».

Roca, convertido no sólo en prestamista sino en asesor financiero de Del Pozo, sostiene que le hizo «un estudio» sobre dicha operación inmobiliaria: «Acordé con él dar la entrada de la vivienda y si no podía hacer frente a la hipoteca la casa me la quedaba yo, como así fue».

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, también ha confesado haber hecho pagos de 6.000 euros tanto a Del Pozo como al ahora subinspector Juan Esteban Saborido -no acusado- para que ambos hicieran frente a sus carreras universitarias de Derecho «en una universidad privada», ha detallado el ex asesor urbanístico. Se da la circunstancia de que Saborido ya estuvo imputado en el robo de sumarios de Jesús Gil, desvelado por EL MUNDO el 10 de agosto de 2001, pero dicho caso se archivó por falta de pruebas.

Roca justifica los pagos por dicho concepto académico en «la matrícula» que ambos policías debían asumir. Finalmente- ha añadido- «no llegaron a comenzar esos estudios». No obstante, a día de hoy Del Pozo es licenciado en Dereho, está colegiado y ocupa un lugar junto a su abogado defensor en los estrados de la sala de vistas.

El fiscal sostiene que los pagos a Del Pozo eran presuntos sobornos relacionados con hacer la vista gorda a determinadas actuaciones irregulares del equipo de gobierno de Marisol Yagüe, especialmente relacionadas con el urbanismo de Marbella, como los precintos de las obras ilegales.

También se le ha preguntado a Roca por un pago de 18.000 euros que presuntamente recibió el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, también acusado por diversos delitos en este macrojuicio del ‘caso Malaya’.

«Yo le entregué un sobre con 18.000 euros a su hija Puri, porque él no quiso aceptarlos». Roca explica así el pago de una «comisión» para retribuir al fedatario público por una operación inmobiliaria.

«¿No es cierto que ese pago al secretario fue por dejar prescribir certificados de licencias de obras?», ha preguntado el fiscal a Roca. El acusado, una vez más, ha desvinculado cualquier pago con decisiones administrativas ilegales llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de Marbella. Así pues, sigue buscando la figura del cohecho impropio, como delito, que sólo acarrea penas de multa y no de prisión.
 
Reloj Bulgari
Por lo que respecta al pago de 6.000 euros y un reloj marca Bulgari al funcionario judicial Francisco Ramírez Olivera, también encausado, Roca también ha enmarcado dichos pagos en negocios ajenos al Consistorio marbellí.

«Paco Ramírez tenía y tiene muy buena relación con el promotor Manuel Lores y yo le gratifiqué por una intermediación en unos terrenos». Con esta línea de defensa Roca niega haber sobornado a dicho oficial de Justicia-también en el banquillo- por revelarle datos confidenciales de los distintos procesos judiciales que se instruían en Marbella.

El empresario portuense Manuel Lores también se sienta en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de cohecho activo, al haber pagado a Roca por obtener supuestos beneficios urbanísticos en sus proyectos marbellíes.

Además
* Gráfico: Las claves del caso
* Quién es quién en 'Malaya' 

"OPERACIÓN BABEL"; UÑAKI URDANGARÍN PEGÓ "PELOTAZOS" CON UN SINFÍN DE ORGANISMOS POR TODA ESPAÑA

Eduardo Inda | Esteban Urreztieta | Madrid

La empresa de Iñaki Urdangarin, el instituto 'sin ánimo de lucro' Nóos no firmó solo convenios inflados con el Govern balear y la Generalitat Valenciana, sino que ofreció sus supuestos servicios de asesoramiento sobre patrocinio, mecenazgo y organización de eventos a un sinfín de empresas e instituciones de toda España.

La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, junto con la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial, bautizada como operación Babel, ha descubierto múltiples contrataciones en el ámbito público, entre ellas con los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Mataró. Este último empleó la formula de contratos menores, que permite eludir el preceptivo concurso publico, y adjudicó pagos de entre 12.000 y 30.000 euros a la empresa del Duque de Palma.

En el ámbito privado, compañías como Telefónica y Aceralia, o instituciones como la Sociedad General de Autores (SGAE) pagaron a Nóos por estudios para mejorar su imagen u organizar actos institucionales. En el caso de la entidad que dirigía Teddy Bautista la factura superó los 400.000 euros.

Otro descubrimiento relevante han sido los pagos efectuados a Nóos por equipos de fútbol como el Valencia o el Villareal. El conjunto de Castellón llegó a abonar 690.000 euros por un informe de una decena de folios.

En cuanto a la contratación con las comunidades autónomas, los investigadores han descubierto, por ejemplo, un nuevo convenio mediante el que se encargaba al duque de Palma y a sus socios que Valencia se convirtiera en sede de los Juegos Europeos. La Policía Judicial ha determinado que hubo un pago de 386.000 euros de dinero público, aunque la ciudad nunca acogió tal evento.

Además
* Cronología de la investigación
* 'A la atención de Urdangarin'

elmundo.es

EL TRIBUNAL SUPREMO ORDENA QUE EL "CASO GÜRTEL" VUELVA A LA AUDIENCIA NACIONAL

Interpuso un recurso de queja

* Rechaza la petición para que la instrucción se mantuviera en el TSJM

Europa Press | Madrid

El Tribunal Supremo (TS) ha denegado la petición del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas de que el caso Gürtel continuara en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tal y como planteaba en una queja registrada a principios de verano, y ha ordenado que la causa vaya a la Audiencia Nacional, según han informado fuentes cercanas al caso.

En julio, Bárcenas impugnó la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM de denegar que el Tribunal Supremo se pudiera pronunciar sobre el órgano competente en la investigación del 'caso Gürtel' tras la inhibición acordada por el magistrado Antonio Pedreira.

Bárcenas anunció entonces ante el TSJM la interposición de un recurso de queja ante el Supremo, la última vía que queda para que el Alto Tribunal debata sobre a qué órgano judicial se deben de remitir las actuaciones penales iniciadas en febrero de 2009 por el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Con este escrito se pretendía impugnar el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM que confirmaba la devolución inmediata de la investigación del 'caso Gürtel' a la Audiencia Nacional tras perder la competencia el magistrado Antonio Pedreira de dirigir la instrucción al no haber aforados madrileños en el procedimiento penal.

En un auto fechado el pasado 20 de julio, los magistrados estimaron el recurso de súplica interpuesto por la representación procesal de Francisco Correa contra el auto de 21 de junio de 2011 en el que se daba por preparado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo tras el auto de inhibición a la Audiencia Nacional.

El recurso impugnaba la decisión del TSJM de formalizar que el Tribunal Supremo debatiera la inhibición acordada por Antonio Pedreira en el 'caso Gürtel' en un intento de retrasar el proceso al ser la última vía de recurso posible ante el Alto Tribunal madrileño.

Así, los magistrados argumentaron que "la cuestión relativa a cual juzgado de instrucción debe ser el competente para continuar con la instrucción puede replantearse por las partes ante el juzgado receptor de las actuaciones".

Añadieron que podrán ejecutarse "contra su decisión los recursos oportunos y permitiendo que, caso de surgir una controversia con otro juzgado de instrucción, se resuelva definitivamente la cuestión de competencia por el superior jerárquico común".

"CASO CAMPEÓN"; LA FISCALÍA, A FAVOR DE QUE EL SUPREMO ABRA UNA CAUSA A JOSÉ BLANCO

* Aprecia indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias
* Se pide nombrar un magistrado instructor que cite a declarar al ministro

María Peral | Madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado a favor de que la Sala Penal inicie una causa contra el ministro de Fomento en funciones, José Blanco, a raíz de la exposición razonada en la que la jueza de Lugo Estela San José apreció indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El Ministerio Público, a través de un escrito respaldado por el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, considera que esos indicios merecen ser investigados y ello sólo puede hacerlo la Sala Penal, dado que Blanco ha sido elegido diputado por Lugo y, por tanto, conserva su fuero ante el Supremo.

En el caso -más que probable- de que la Sala Penal acoja el criterio del fiscal, se nombrará a un magistrado instructor que deberá llamar a declarar a Blanco como imputado.

La Sala que debe decidir ahora si se abre el procedimiento contra el ministro en funciones está integrada por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y por los magistrados Francisco Monterde y Julián Sánchez Melgar, a los que se unirán otros dos aún por designar, informa Europa Press.

Los indicios contra Blanco han aparecido en el marco de la 'operación Campeón', en la que San José investiga un posible fraude en subvenciones concedidas a empresarios gallegos.

Jorge Dorribo, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mayo tras ser detenido por orden de la juez San José como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta. Se le imputan supuestos delitos de falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, fraude fiscal y fraude en subvenciones públicas.

La juez apreció un posible delito de tráfico de influencias, no sólo por las declaraciones del empresario Jorge Dorrbio, sino también por la existencia de mensajes de móvil y correos electrónicos que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.

En el caso de Dorribo, el empresario fue puesto en libertad tras su declaración del 8 de agosto, en la que aseguró que, a través de Manuel Bran, primo político de Blanco, entregó al ministro 200.000 euros a cambio de que gestionara a su favor la concesión de subvenciones.

Según ha publicado EL MUNDO, Dorribo aseguró a la instructora que el entonces ministro de Fomento y 'número dos' del PSOE hizo gestiones ante Hacienda para que la Dirección de Ayudas Regionales subvencionase con 467.267 euros a sus empresas, y también utilizó sus influencias ante el Ministerio de Sanidad para que acelerara los permisos administrativos para la comercialización de productos unidosis.

Dorribo también acusó de cobros ilegales a los entonces diputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG), que dimitieron tras la publicación de estas informaciones en EL MUNDO.

Una de estas noticias destacó que Dorribo declaró que Blanco y él, a instancias del primo del ministro Manuel Bran, se citaron en una gasolinera, concretamente en la estación de servicio de Guitiriz, en Lugo, para tratar en el coche oficial del ministro de las ayudas a la empresa de Dorribo. Según declaró el empresario ante la juez, el ministro le dijo: "Si te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo".

Según esta declaración, el empresario pagó 200.000 euros al primo de Blanco a escasos metros del coche del ministro. Esa entrega de dinero era, según Dorribo, la condición para poder subirse al coche oficial y pedir favores al titular de Fomento.

El ministro siempre ha sostenido que la declaración de Dorribo es "una falsedad" y que "quedará probado que es falso".

Pese a que él pidió comparecer en el Juzgado, la juez San José no ha tomado declaración a Manuel Bran, primo de la mujer de Blanco y persona a través de la cual el ministro habría recibido los cobros.

La instructora sí dispone, en cambio, de los indicios que se desprenden de las intervenciones telefónicas acordadas en el seno de la 'operación Campeón'. En varias conversaciones entre Dorribo y Bran se alude al ministro Blanco y se comentan las gestiones desplegadas ante él por su primo para que favoreciera al empresario.