viernes, 9 de diciembre de 2011

EL ÚLTIMO CARGO IMPUTADO EN GÜRTEL NO CONVENCE AL JUEZ DE SU INOCENCIA

Pedreira mantiene la investigación sobre un empleado municipal de Arganda

TONO CALLEJA - Madrid

El presidente de la Sociedad para el Fomento y Desarrollo Local de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, seguirá imputado en el caso Gürtel, por lo que se mantiene como el único cargo del Partido Popular madrileño que no ha dimitido tras ser implicado en el sumario. El magistrado que se encarga de la investigación en la Comunidad de Madrid, Antonio Pedreira, decidió en un auto del pasado 24 de noviembre desestimar el sobreseimiento que había solicitado Fernández Caballero. De esta forma, cuando la Audiencia Nacional o el órgano judicial competente se haga cargo del caso tras la renuncia firme de Pedreira del pasado 30 de noviembre, Fernández Caballero tendrá que seguir defendiéndose de los delitos de prevaricación y de cohecho. En el auto, el magistrado coincide con la argumentación de la fiscalía, que se opuso al archivo de la causa al asegurar que la investigación no había finalizado. De esta forma, Pedreira asegura que existen indicios racionales de la existencia de varios delitos en la actuación de este cargo del PP del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Estos indicios son, según el auto, la adjudicación de varias fincas al empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora Martinsa. Este promotor urbanístico está imputado en el caso por haber pagado una comisión de 12 millones de euros al presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, según indica el sumario. Las últimas pesquisas indican que esta comisión, presuntamente ilegal, podría haber superado los 20 millones de euros.

Pedreira investiga también a este alto cargo por su participación en la promoción y en la adjudicación de la organización del festival Rock in Rio, que finalmente fue a parar a Easy Concept, de Francisco Correa.

En ambos casos, en la adjudicación de las parcelas a Martinsa y en la organización de Rock in Rio, la defensa de Fernández Caballero sostiene que en el momento de estas decisiones este no era el responsable de la sociedad municipal encargada de estos trámites. Además, Fernández Caballero indica que fue el exalcalde Ginés López, imputado en el caso, quien aprobó todas estas adjudicaciones. Como por ejemplo la del diseño de una campaña de comunicación de las X Olimpiadas Escolares, que también benefició a las firmas de la red corrupta Gürtel.

El sumario del caso relata también que Correa pudo haber pagado el viaje de novios a las islas Hawai (EE UU) al hijo del alto cargo de Arganda del Rey. En su declaración como testigo ante el juez, este aseguró haber pagado él mismo el viaje.

En el escrito de la defensa, que no ha convencido a Pedreira para que archive las imputaciones de este cargo del PP, Fernández Caballero acusa a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de haber realizado informes "sin rigor jurídico" sobre las presuntas irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Arganda. En este sentido, niega la existencia de fraccionamientos de contratos para eludir la ley y permitir que Correa se beneficiara del dinero público: "No es cierto, según la defensa, que haya habido fraccionamiento de contratos ni de facturas, pues se trata de servicios diferentes [...] lo que ha dado lugar a realizar diferentes contratos", relata el auto.

Fernández Caballero, según su abogado, desconocía que las empresas que participaron en los concursos pertenecieran al mismo grupo empresarial, asegurando, además, que no es ilegal que empresas del mismo grupo participen en un concurso.

Tres dimisiones
- Ginés López. El exalcalde de Arganda del Rey fue imputado por su presunta connivencia con la red de Francisco Correa. Dimitió tras estallar el caso en 2009.

- El exdiputado del PP en la Asamblea Benjamín Martín Vasco fue expulsado del Grupo Parlamentario del PP, pero mantuvo el acta de concejal hasta días antes de finalizar la anterior legislatura, cuando dimitió.

- El alto cargo de los Ayuntamientos de Arganda del Rey y Boadilla del Monte Tomás Martín Morales presentó su dimisión tras conocerse su presunta implicación en el caso, según la investigación judicial.
  
Más información:
* Tema: Caso Gürtel

elpaís.com

"OPERACIÓN BABEL"; LA GENERALITAT VALENCIANA MANIPULÓ UN INFORME DE PAGO A NÓOS

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
El duque de Palma, cobró del Gobierno y del Ayuntamiento de Valencia 3,7 millones de euros

Madrid


La relación de Iñaki Urdangarin con la Administración valenciana se remonta a 2004. El Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, cobró de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia (a través de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, CACSA) 3,7 millones de euros por la organización de tres ediciones del Valencia Summit, un certamen sobre las ventajas de las ciudades que acogen eventos deportivos.

Tras la primera edición (2004), en la Generalitat cayeron en la cuenta de que no había ningún expediente de justificación del gasto con la facturación, análisis y rendimiento de cuentas para avalar el buen fin del convenio del canon de más de un millón que Nóos percibió. Al año siguiente se encargó reconstruir un expediente de seguimiento, pero se equivocó de fecha y lo corrigieron a mano, con lo que quedó el rastro directo. Simplemente se copiaron frases y párrafos en un copy/paste del convenio base, con las intenciones para razonar el buen fin del evento y repetirlo.

La portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, ha insistido este viernes, sin embargo, que la contratación de la Administración valenciana con el Instituto Nóos se hizo “conforme a la más estricta legalidad”, prueba de ello, ha añadido la portavoz, es que la Sindicatura de Comptes valenciana “así lo dijo”, informa Cristina Vázquez.

Según declaraciones de testigos de imputados, la persona implicada en la realización del informe simulado ha colaborado con la investigación y ha aportado detalles ante el fiscal anticorrupción y el grupo policial de delincuencia económica. La Fiscalía Anticorrupción de Palma ha interrogado, en calidad de imputados, a dos ex directores generales de CACSA de Valencia, Jorge Vela y José Manuel Aguilar, y a una tercera persona que dirigió también la citada firma y tuvo responsabilidades en el área de grandes eventos del Ayuntamiento de Valencia.

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