Para fomentar el asociacionismo
Europa Press | Palma
elmundo.es
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El exdirector insular de Relaciones Institucionales, Josep Lliteres, quien ha comparecido en calidad de imputado ante la jueza instructora del caso Voltor, ha negado que a través de un programa que impulsó desde este departamento para fomentar el asociacionismo entre inmigrantes y otros colectivos fuese utilizado por UM para contratar a trabajadores 'fantasma' que en realidad se habrían dedicado a labores de partido pese a estar a sueldo del Consell de Mallorca.
Así lo ha puesto de manifiesto ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios de los abogados personados en la pieza 13 de la causa, durante una declaración que se ha prolongado durante unas dos horas y en la que ha explicado que para el desarrollo de esta iniciativa solicitó la contratación de tres personas, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.
En concreto, se trataba de Fabiola Velásquez, Carina Barroso y Lucía Stella Duque, cuya contratación solicitó a Eugenia Cañellas, exsecretaria técnica del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, si bien ha asegurado desconocer cómo fue tramitada su colocación y si, en concreto, estaban a sueldo del Consorcio de Informática Local (Cilma).
Se da la circunstancia de que la propia Cañellas, quien ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.
El exalto cargo de UM, asistido por los letrados Mateu Sedano y Matías Barón, ha defendido sin embargo que los trabajos para los que fueron contratadas estas empleadas dieron sus frutos, si bien el representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se aporte a la causa el soporte documental de los trabajos llevados a cabo.
Mientras tanto, también este martes ha prestado declaración la expresidenta de la Junta Local de UM en Calvià y excandidata a la alcaldía de este municipio, María José Rodríguez, quien ha sido interrogada en torno al programa 'Angelots', impulsado como una iniciativa para atender a personas mayores y necesitadas del barrio de Santa Catalina pero que del que en realidad se habría servido UM para captar votos. Al respecto, Rodríguez ha manifestado que se trataba de un proyecto en el que participaban voluntarios y no personas contratadas.
Tal y como ha explicado la entonces directora insular de Emergencias, el proyecto se desarrolló sin dotación presupuestaria y sin que sus voluntarios percibiesen remuneración alguna, si bien ha asegurado desconocer si posteriormente a estos asistentes se les contrató a través del Cilma, tal y como postula la Fiscalía, como tampoco facilitó su colocación. Dos de estas asistentes eran Sonia Corregidor y Mari Ángeles Mayol, quienes ya fueron citadas a declarar por la magistrada por los hechos investigados en esta pieza.
De hecho, Rodríguez ya manifestó públicamente que "jamás" ha facilitado la colocación de militantes de esta formación en empresas públicas o afines, como tampoco ha actuado nunca "al margen de la Ley" a lo largo de su trayectoria política.
Cabe recordar que las investigaciones de este fleco apuntan a que, pese a estar a sueldo de la empresa dependiente del Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían limitado a trabajar para el partido nacionalista. Es más, las pesquisas indagan si ex altos cargos insulares, entre ellos su ex vicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.
La juez ya interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.
En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.
Así lo ha puesto de manifiesto ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios de los abogados personados en la pieza 13 de la causa, durante una declaración que se ha prolongado durante unas dos horas y en la que ha explicado que para el desarrollo de esta iniciativa solicitó la contratación de tres personas, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.
En concreto, se trataba de Fabiola Velásquez, Carina Barroso y Lucía Stella Duque, cuya contratación solicitó a Eugenia Cañellas, exsecretaria técnica del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, si bien ha asegurado desconocer cómo fue tramitada su colocación y si, en concreto, estaban a sueldo del Consorcio de Informática Local (Cilma).
Se da la circunstancia de que la propia Cañellas, quien ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.
El exalto cargo de UM, asistido por los letrados Mateu Sedano y Matías Barón, ha defendido sin embargo que los trabajos para los que fueron contratadas estas empleadas dieron sus frutos, si bien el representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se aporte a la causa el soporte documental de los trabajos llevados a cabo.
Mientras tanto, también este martes ha prestado declaración la expresidenta de la Junta Local de UM en Calvià y excandidata a la alcaldía de este municipio, María José Rodríguez, quien ha sido interrogada en torno al programa 'Angelots', impulsado como una iniciativa para atender a personas mayores y necesitadas del barrio de Santa Catalina pero que del que en realidad se habría servido UM para captar votos. Al respecto, Rodríguez ha manifestado que se trataba de un proyecto en el que participaban voluntarios y no personas contratadas.
Tal y como ha explicado la entonces directora insular de Emergencias, el proyecto se desarrolló sin dotación presupuestaria y sin que sus voluntarios percibiesen remuneración alguna, si bien ha asegurado desconocer si posteriormente a estos asistentes se les contrató a través del Cilma, tal y como postula la Fiscalía, como tampoco facilitó su colocación. Dos de estas asistentes eran Sonia Corregidor y Mari Ángeles Mayol, quienes ya fueron citadas a declarar por la magistrada por los hechos investigados en esta pieza.
De hecho, Rodríguez ya manifestó públicamente que "jamás" ha facilitado la colocación de militantes de esta formación en empresas públicas o afines, como tampoco ha actuado nunca "al margen de la Ley" a lo largo de su trayectoria política.
Cabe recordar que las investigaciones de este fleco apuntan a que, pese a estar a sueldo de la empresa dependiente del Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían limitado a trabajar para el partido nacionalista. Es más, las pesquisas indagan si ex altos cargos insulares, entre ellos su ex vicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.
La juez ya interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.
En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.
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