domingo, 18 de diciembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; DIRECTO: UN TESTIGO: "AQUÍ PAGABA PABLO CRESPO, YA FUERA CAMPS, COSTA O BETOREL"

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El inventario de la tienda incluye a Ricardo Costa, Víctor Campos, Rafael Betoret y Pedro García
Un pedido de noviembre de 2006 a nombre del "Sr. Camps" tiene un encargo de tres trajes
Milano anotó deudas de cargos del PP como "Comunidad Valenciana"

* Sigue el juicio por televisión con demora por orden judicial

María Fabra / José Antonio Hernández Valencia

"Aquí el que pagaba era Pablo Crespo, ya fuera Camps, Costa o Betoret", ha insistido el testigo y empleado en Milano, Víctor Sanfelipe, en el juicio de los trajes en Valencia, una afirmación que desmonta toda la defensa del expresidente valenciano. "Me consta que se enviaron a Valencia trajes de Camps", ha ratificado . El empleado afirma, eso sí, que Campos devolvió unos trajes de Milano. Es el único punto de la versión del expresidente que ha corroborado. Las cifras, sin embargo, bailan de nuevo si se compara la versión del testigo y la de Camps. Durante el interrogatorio, se ha examinado un documento de pedido de noviembre de 2006 a nombre del "Sr. Camps" y con la orden de "urgente". Según han confirmado, esta nota corresponde al encargo de tres trajes. El expresidente valeciano Camps sostuvo en su testimonio que solo compró un traje.

La cajera de la tienda de los trajes echa piedras sobre Camps en el juicio relacionado con la trama Gürtel.  La empleada que se encargaba de la caja en la tienda Milano de Madrid, en la que se encargaron las prendas de vestir el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, no ha sido nada beneficioso para los acusados. Un testigo, además, asegura que vio a Camps y Costa en la tienda y que los pagos los hacía por transferencia Pablo Crespo. Otro testigo ha desmontado la versión de Camps, al asegurar que le consta que se enviaron trajes al ex presidente valenciano. "Eran para Camps, no hay error posible porque no había otro Camps", dice.

La testigo ha dejado claras dos cosas a partir del examen de la documentación que fue intervenida y que, en algunos casos, ella misma elaboró como encargada de realizar los inventarios de deudas: los papeles señalan claramente un débito de Camps apuntado el 28 de enero de 2006, cuando el expresidente dijo que comenzó con los encargos, que asegura que pagó, en la primavera de 2006. Y la contabilidad indica también cómo estas mismas deudas que figuraban a nombre de Camps pasaron, meses después, a formar parte de un listado de deudas bajo el epígrafe "Comunidad Valenciana".

La cajera lo ha corroborado después de comprobar la coincidencia en los números de referencia. Además del nombre de Camps, en ese inventario (que recoge las deudas de la tienda hasta enero de 2006) aparecen los nombres de Ricardo Costa, Víctor Campos, Rafael Betoret y Pedro García, exdirector general de RTVV. Los números identificadores de todos ellos pasan, en el siguiente inventario, a figurar bajo el concepto Comunidad Valenciana. Según la testigo, esas deudas se saldaron en septiembre de 2006 por lo que, en el siguiente inventario, solo quedan dos apuntes "Comunidad Valenciana" pendientes de cobro. Sus palabras han sido corroboradas, una por una con la documentación que la defensa de los acusados, insiste, en que ha sido manipulada. Los jefes del PP valenciano se vestían en una tienda de ropa de Madrid por recomendación de, Álvaro Pérez, El Bigotes.

"CASO TROYA"; EL FISCAL AGRAVA EL PAPEL DEL ALCALDE DE ALHAURÍN EL GRANDE AL FINAL DEL JUICIO

Martín Serón "ordenaba" pedir sobornos por licencias, según el Ministerio Público

JUANA VIÚDEZ - Málaga


El fiscal del caso Troya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha agravado el papel del alcalde Juan Martín Serón en la trama de corrupción investigada al considerar que era quien "ordenaba" exigir dinero a los promotores por conceder licencias urbanísticas. Al principio del juicio, el fiscal Juan Calvo Rubio defendía que Martín Serón sólo consentía una situación de corrupción urbanística. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

"Somos plenamente inocentes", dijo el regidor de él y de su edil de Urbanismo

Martín Serón y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, se enfrentan a una petición fiscal de multa de dos millones de euros e inhabilitación durante tres años y nueve meses por 13 delitos de cohecho. Sus defensas piden la absolución.

El representante del Ministerio Públlico coloca a ambos ediles al frente de una trama que funcionó entre 2002 y 2006 para enriquecerse de forma ilícita. El fiscal sostiene que solicitaron y admitieron pagos por realizar actos propios del cargo y especifica que no se ha demostrado que esos permisos fueran ilegales.

La vista comenzó el 22 de septiembre con 20 procesados. Hace apenas dos semanas que el fiscal retiró la acusación contra 18 de ellos -16 empresarios y dos técnicos municipales- al modificar el tipo de cohecho que se les aplicaba.

Carlos Larrañaga, abogado del regidor, aseguró ayer que estos cambios les han impedido defenderse por no saber exactamente los hechos imputados. "El fiscal habla de una supuesta trama de engaño, pero aquí nadie ha declarado que se haya sentido estafado", recalcó.

Más de 15 procesados a los que se les retiró la acusación acompañaron ayer a los dos únicos implicados. "Somos plenamente inocentes", dijo el alcalde Martín Serón al tribunal cuando le pidieron si quería añadir una última palabra. "Todo el daño que se ha hecho a nuestro pueblo, a nuestras familias, a todo nuestro entorno, sólo podrá ser reparado con una sentencia absolutoria", añadió.

El alcalde habló de los patrocinos y donaciones que se hacen a los ayuntamientos. "Son de obligado cumplimiento, cuando alguien quiere hacer una donación, no nos queda más remedio que hacer un decreto de aceptación", explicó. "Son para el bien público, nunca para nuestro beneficio personal y esa acusación no se ha llegado a demostrar de ninguna forma", insistió.


elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; URDANGARÍN PEDÍA A LAS EMPRESAS UN "CANON ANUAL"

Nóos compró una sociedad opaca para colocar dinero fuera de España

A. MANRESA - Palma de Mallorca

"El patrocinio debe considerarse como una actividad estratégica de la empresa, cuya longevidad debe ser la suficiente como para poder consolidarse sus efectos positivos". Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos y su Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, publicitaron así la idea motora de su factoría de captación de mecenazgos fijos, con el fin de lograr una cartera de clientela asociada permanente.

El instituto logró en siete años más de cien aportaciones privadas

En uno de sus foros se invitó a las compañías a participar en una operación de patrocinio colectivo solidario "aportando 25.000 euros anuales" cada una, renovable año a año, que les convertía en "propietarias" de uno de los "valores" difundidos y les daba derecho a recibir "formación en la empresa". Nóos fichó marcas multinacionales y regionales, a veces de la mano de las autoridades que les contrataban. Una firma de Mallorca pagó 110.000 euros a Torres por unas "jornadas estratégicas" con sus directivos.

Los investigadores concluyen estos días la recogida de datos de la Operación Babel en el caso Palma Arena, que alude a los negocios de Nóos con las Administraciones de Baleares y Valencia. Se han practicado decenas de interrogatorios de testigos en Barcelona, Valencia y Palma. Hacienda aportará otro informe al juez José Castro que rastreará los movimientos de más cuentas corrientes de la trama. Después se levantará el secreto y serán imputados el expresidente Jaume Matas y el duque de Palma.

La fuga de cerca de 500.000 euros en fondos de Torres y Urdangarin a una empresa pantalla en Londres está acreditada en la causa. Su entidad altruista Fundación Deporte, Cultura e Integración Social fue la compradora de la firma de ocultación fiscal De Goes for Stakeholder.

Nóos y sus terminales lograron en siete años más de cien aportaciones privadas. Obtuvieron nueve millones, más otros siete de pagos públicos. Ninguna de las empresas que contrató al holding Urdangarin-Nóos presentó denuncia judicial. Un empresario de Valencia que abonó más de medio millón declaró: "He hecho un negocio horroroso", pero reconoció que le ofrecieron patrocinio para el nombre de un estadio.

En los documentos de Nóos hay un argumento recurrente: continuidad de eventos, renovar contratos, fijar un nexo a través de "observatorios permanentes" y "oficinas del proyecto". Por operaciones no ejecutadas con esos conceptos se cuestionan pagos por más de 700.000 euros en los Foros de Baleares de 2005 y 2006.

El Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo se definió como un think tank, un grupo de pensadores, "expertos internacionales en estrategias de patrocinio y rentabilización del hecho deportivo y organización de grandes eventos". En el foro Summit de Valencia, entre 2004 y 2006 -también bajo la lupa judicial-, Urdangarin defendió los patrocinios continuados por el "retorno en ventas o ingresos". El duque razonó que "las empresas estarían dispuestas a seguir realizándolos [los patrocinios] en tanto que éstos les reportaran un beneficio" por "reputación, imagen o ingresos".