martes, 20 de diciembre de 2011

"CASO PALMA ARENA"; LOS 48 TESTIGOS DEL JUICIO CONTRA MATAS OCUPARÁN CINCO DÍAS DE VISTA

Desde el 9 de enero

Efe | Palma

El interrogatorio de los 48 testigos del juicio contra el expresidente balear Jaume Matas por el caso Palma Arena que se celebrará a partir del 9 de enero en la Audiencia de la capital balear ocuparán cinco días de los trece en los que se desarrollará la vista oral.

Matas se enfrenta en esta pieza del Palma Arena a una petición fiscal de 8 años y medio de cárcel por los supuestos pagos fraudulentos, por valor de 483.186 euros, que el Govern balear hizo al periodista que le escribía los discursos. Según informa hoy el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado, el juicio se celebrará los días 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 23, 24, 16, 27, 30 y 31 de enero en la Sección Primera del tribunal a partir de las 10.00 horas y, eventualmente, en horario de tarde.

Los dos primeros días arrancarán con las cuestiones previas y el interrogatorio de Jaume Matas, en primer lugar, y de los otros cinco acusados. Aparte del expresidente, los encausados son el periodista Antonio Alemany; la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; la exdirectora general de la televisión autonómica IB3, María Umbert, que también fue jefa de gabinete de Matas; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, y el exdirector general de Comunicación del Govern balear Joan Martorell.

A continuación, el día 12 comparecerán diez testigos, el día 13 otros catorce, el 16 nueve más, el 17 otros once testigos y el 19 cuatro testigos y un perito. El 23 de enero se practicarán las pruebas documentales, el 24 será el turno de las conclusiones y los informes de las acusaciones, donde la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Govern balear harán sus peticiones finales de pena.

Los días 26 y 27 de enero expondrán sus conclusiones las defensas de los acusados y, finalmente, los días 30 y 31 se reservan para posibles eventualidades.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Matas por esta pieza del Palma Arena de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la Administración, mientras que su defensa reclama su absolución


elmundo.es

LA FISCALÍA PIDE EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN DE DOS PIEZAS DEL CASO SON OMS

Relativas al blanqueo de capitales

Europa Press | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el juez instructor del caso Son Oms decrete el fin de la instrucción de dos de las piezas en que se divide esta compleja causa de presunta corrupción. En concreto, se trata de la relacionada con los supuestos delitos de blanqueo de capitales en los que habría incurrido el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, y la que indaga los ilícitos penales contra la Hacienda Pública que habrían sido cometidos a través de la entidad Gestora de Desarrollo Son Oms, creada por el abogado Jaime Montis.

Así lo han informado fuentes del caso, que han señalado que el fiscal Juan Carrau ha presentado ante el magistrado sendos escritos mediante los que solicita el pase a procedimiento abreviado de ambos flecos de la causa debido a los indicios de responsabilidad penal que pesan sobre sus imputados. Una vez el juez se pronuncie sobre la petición y acuerde el fin de la instrucción de las pesquisas, dará pie a la acusación pública para que pueda presentar su escrito de calificación como paso previo a la apertura de juicio oral.

Y es que en relación a la pieza de Metalumba, empresa presuntamente 'fantasma' creada en 2002 por Vicens, el Ministerio Público postula que esta empresa habría servido de tapadera para cobrar más de 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones que supuestamente cobró a raíz de la recalificación del polígono de Son Oms de suelo rústico a urbanizable.

De hecho, cuando fue puesta en marcha la empresa, el exconseller, quien en la actualidad cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otra pieza separada del caso Son Oms mientras que también está encausado en los casos Maquillaje, Voltor y Can Domenge, puso la mercantil a nombre de su mujer, Antònia Martorell, y a Elisabeth Diéguez como administradora única, si bien la Fiscalía la considera testaferro del exdirigente 'uemita'. Ambas también se encuentran imputadas en esta pieza.

En lo que se refiere a la pieza de Gestora de Desarrollo Son Oms, los investigadores centran sus pesquisas en la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública que se habrían cometido a través de esta empresa, creada por Montis -uno de los principales imputados del caso- así como el papel que jugó en el impulso del área industrial de Son Oms, un proceso que se indaga en este procedimiento judicial.
 
Un caso dividido en 40 tomos
Se trata de las dos piezas del caso cuya instrucción está más avanzada, si bien otro de los flecos de la causa, el caso Maquillaje, tiene dos de sus subpiezas a punto de ser enjuiciadas: la relacionada con el presunto desvío de 240.000 euros a un programa radiofónico que nunca llegó a ser emitido y la de Studio Media, empresa beneficiada de forma presuntamente irregular. Mientras tanto, sólo una de las piezas del caso Son Oms cuenta con sentencia firme -la referida al pago de 12.000 euros de Vicens a su contable por un informe plagiado de Internet- .A nivel global, el caso Son Oms acumula cerca de 40 tomos.

Cabe recordar que el caso fue abierto después de que un empresario y propietario de una de las fincas de Son Oms, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y el el ex presidente del Parlament, Maximilià Morales (UM) le exigieron comisiones de un 15 por ciento por la recalificación de su solar.

Tras ello, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella contra Vicens y Morales, así como contra el propio Montis. El Ministerio Público investiga de esta forma si se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de las parcelas de suelo rústico a urbanizable.


elmundo.es

"CASO MALAYA"; ÁVILA ROJAS DICE QUE DIO DINERO A ROCA POR NEGOCIOS DE PERMUTAS Y NO POR LICENCIAS

Europa Press | Málaga

El empresario acusado en el caso 'Malaya' José Ávila Rojas ha asegurado este martes que el dinero que dio al presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, era por negocios de permutas y liquidaciones, pero no por convenios o licencias; y ha asegurado que se siente "el más perjudicado" por el Consistorio marbellí "y ahora me tienen que resarcir de todo lo que tienen mío y me lo tendrán que devolver".

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito inicial de acusación que este promotor realizó aportaciones por cinco millones de euros, pagos que relaciona con "con actos administrativos del Ayuntamiento de Marbella favorables a sociedades" de éste, como convenios de aprovechamientos urbanísticos, con los que se pretende aumentar la edificabilidad de los terrenos; de permuta de terrenos u otro tipo de resoluciones.

Ávila Rojas ha comenzado a declarar en esta sesión del último bloque del juicio del caso 'Malaya' y ha asegurado que "nunca" dio dinero a Roca por licencias de primera ocupación "porque me las han denegado todas" y tampoco por convenios urbanísticos que realizó con el Ayuntamiento, precisando que los pagos son "por liquidaciones o a cuenta de permutas". "Yo nunca le he dado dinero por algo diferente", ha insistido.

Ha explicado que de toda la actividad constructora que ha tenido en Marbella "el 80 por ciento ha sido en permuta de suelo por obra o dinero", explicando que este sistema permite "sin tener que comprar el suelo, comenzar a edificar" y el dueño del terreno "sabe lo que va a recibir desde un principio" en dinero o en bienes. Ha dicho que los negocios con Roca, en este sentido, representan "un seis o un siete por ciento nada más".

También ha firmado convenios con el Consistorio, que negociaba con Roca, aunque ha dicho que esta institución "no ha cumplido con su parte". Ha repasado a preguntas del fiscal los acuerdos urbanísticos suscritos y ha apuntado que la mayoría de esos documentos, en los que se recogían cambios de parámetros del suelo, no se habrían llegado a incorporar al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. "Me siento el más perjudicado de todos", ha dicho.

"Los convenios míos no han salido", ha manifestado, indicando que "quisiera saber si hay algún expediente o algún proyecto que yo haya hecho en Marbella del que yo me haya beneficiado". Sobre el urbanismo ha considerado que "lo que ha pasado en Marbella no me ha pasado en la vida" y sobre la catalogación del suelo ha indicado que "cuando vas a construir en cualquier pueblo, te daban la ficha y no podías ponerla en duda".

Ha negado que fuera socio de Roca, como han venido sosteniendo los investigadores, y ha afirmado que no llevaba un control de las cuentas, "porque la contabilidad no es mi caballo de batalla". Ha aludido a que algunas de las permutas por las que entregaba inmuebles "el Ayuntamiento las utilizaba en pagar a la gente" y ha reiterado que reclama "todas las cosas que he entregado sin deber entregarlas o sin que se haya podido aprobar el convenio".
Roca

En esta sesión, tras 15 días, ha terminado de declarar Roca, quien también se ha referido a los convenios negociados con Ávila Rojas y a determinadas anotaciones de pagos a preguntas de su defensa. En este sentido, el acusado ha indicado que esas aportaciones son "fruto de nuestras relaciones comerciales y nuestros negocios inmobiliarios". "Y no responden a ninguna otra cosa con independencia de que la Policía intente casar resoluciones con fechas", ha apostillado.

Ha apuntado, como luego ha dicho Ávila Rojas, que por estos convenios "se ha producido un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, porque han recibido unas compensaciones" y luego estos acuerdos urbanísticos no han sido incorporados. "Ha habido un anticipo de dinero o bienes por parte de sociedades del señor Ávila Rojas condicionado a la aprobación definitiva del plan y los parámetros no han sido recogidos en dicho plan", ha señalado.

La defensa del principal acusado ha ido preguntándole por todas las acusaciones que le hacen tanto el ministerio fiscal como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y Roca ha dado explicaciones. Así, la letrada ha concluido su interrogatorio preguntando por el perjuicio ocasionado al Ayuntamiento "en el caso 'Malaya', la operación de corrupción más importante en España", señalando que éste "se concreta únicamente en dos convenios de permuta por un importe total de cuatro millones de euros".

Además
* Gráfico: Las claves del caso | Quién es quién en 'Malaya'
* Lea toda la información sobre el juicio

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"CASO GÜRTEL"; UN TESTIGO: "LAS PRENDAS DE CAMPS Y DE COSTA SE APUNTABAN EN LA CUENTA DE EL BIGOTES"

Francisco Camps accede al TSJ durante la séptima jornada de juicio. | Benito Pajares
Antonio del Fresno, encargado en las tiendas

* Por orden de Crespo, las facturas se cargaron con un concepto falso: tejidos

Rodrigo Terrasa | Francisco Álvarez | Valencia

Habla la fiscal: "¿En la cuenta que Álvaro Pérez tenía en Milano se apuntaban prendas de otras personas?".

Responde el testigo: "Sí".

- ¿Se apuntaban prendas de Francisco Camps?

- Sí

- ¿Se apuntaban prendas de Ricardo Costa?

- Sí

- ¿Se apuntaban prendas de Rafael Betoret?

- Sí

Y así Víctor Campos, Pedro Garcia, ex director de Rádio Televisión Valenciana, y Pablo Crespo, uno de los cabecillas de Gürtel. Todos sí.

Antonio del Fresno, empleado de la tienda de ropa Milano desde los años 90 hasta finales de 2006, segundo encargado en los años previos a la investigación y contratado luego en Forever Young, no ha dudado ni un segundo en sus respuestas. Ha dicho que 'El Bigotes' era cliente habitual y tenía una "línea abierta" en Milano. En esa línea se apuntaba a todos los que ahora están acusados y condenados por cohecho pasivo.

El testigo ha detallado también el recorrido de los tiques de encargo de Costa y Camps en Forever Young apoyado en la documentación exhibida por la fiscal y ha concluido que se pagaron a través de talones de Orange Market. También que se agruparon con los recibos de Álvaro Pérez, Crespo, Campos y Betoret bajo el epígrafe "Comunidad Valenciana".

Según el relato de Del Fresno, eran en total algo más de 30.600 euros, que, por orden de Pablo Crespo, se repartieron en dos facturas, una con un 70% de la cantidad final y otra con el 30% restante. A nombre de dos empresas, ServiMadrid y Orange Market, las dos del Grupo Correa, y con un concepto falso: tejidos.

El abogado de Camps, como en el interrogatorio a otros empleados de las tiendas, ha buscado incoherencias en las facturas, contradicciones en su discurso y algún vínculo extralaboral con el sastre José Tomás, al que presumiblemente atribuirán la conspiración contra el ex presidente. "No se consideraba usted un discípulo de José Tomás", le ha preguntado Boix al testigo. "Nunca me he considerado un discípulo de nadie", ha respondido. "Eso es digno de un buen discípulo, no considerarse discípulo de nadie", ha replicado el letrado.

LAS MINUTAS ABUSIVAS CONDENAN A DEL NIDO

El presidente del Sevilla recibe una pena de siete años y medio de cárcel por fraude, malversación y prevaricación en el Ayuntamiento de Marbella durante el 'gilismo'
FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

Carlos Prieto, de 71 años y presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, tiene fama de magistrado duro. En su última sentencia antes de jubilarse -la del llamado caso Minutas de Marbella- no se ha molestado en desmentir esta reputación. En 480 folios devastadores, Prieto detalla la trama que sirvió al exalcalde marbellí Julián Muñoz y al abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, para malversar 2,86 millones de euros de las arcas municipales mediante la contratación de servicios jurídicos "innecesarios", de forma verbal y sin mediar expediente alguno.

El tribunal se alinea con las tesis del fiscal aunque se aleja de las penas que pedía

Muñoz y Del Nido han sido condenados a siete años y medio de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para cargo público por delitos continuados de fraude, malversación y prevaricación. El primero es considerado "autor" y el segundo "cooperador necesario", aunque ambos tienen el mismo grado de participación en los hechos.

El fallo, recurrible ante el Tribunal Supremo, es un triunfo incuestionable del fiscal anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo. Aunque la sentencia se aleja de las enormes penas solicitadas por él para Del Nido (30 años de prisión) y Muñoz (28 años), sí se alinea con su principal tesis durante el macrojuicio, que se celebró entre el 6 de abril de 2010 y el pasado 24 de junio. El tribunal considera acreditado que el exregidor y el abogado "empobrecieron el erario municipal con el pretexto de efectuar encargos de servicios de asistencia jurídica con omisión de los más elementales principios de toda actuación administrativa". Según los magistrados, "los importes pagados eran exorbitantes incluso si fueran ciertos los conceptos por los que se cobraron".

Del Nido fue contratado inicialmente de forma verbal por el fallecido alcalde Jesús Gil, a quien conocía por los negocios futbolísticos. Gil buscaba sustituir a su consigliere de toda la vida, el abogado Eusebio Sierra, encarcelado por el llamado caso Camisetas. El papel que le dio Gil fue representar al Ayuntamiento ante los inspectores del Tribunal de Cuentas que investigaban las arcas marbellíes. Según la sentencia, Del Nido "pronto se convirtió en el jefe de una anómala asesoría jurídica municipal, que no existía en el organigrama, pero que de hecho funcionaba como tal en el Club Financiero Inmobiliario [la sede privada de Gil en Marbella]". Aunque Del Nido ha tratado de presentarse como mero asesor, el tribunal lo integra "en el núcleo de gestión de las decisiones".

Pese a que fue fichado -sin concurso público ni contrato escrito- para representar al Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas, Del Nido "se centró en defender los intereses" de las personas que debían rendir cuentas por los agujeros contables. Todo ello, recoge la sentencia, "en perjuicio de lo que convenía al Ayuntamiento, entidad que para más inri era la que pagaba".

Del Nido cobró minutas por servicios que perfectamente podrían haber realizado funcionarios municipales y otras en las que no está acreditada su participación. En total, la sentencia recoge 79 minutas y cuatro pagos fraudulentos por valor de 2,86 millones de euros. En atención a esta enorme cantidad, el tribunal aplica un tipo de malversación agravada. El mandatario sevillista deberá indemnizar al Ayuntamiento marbellí con 2,78 millones y Muñoz con 3,05.

Pese al protagonismo de Del Nido y Julián Muñoz, en el caso Minutas había más acusados. Modesto Perodia y Esteban Guzmán, directivos de las sociedades que abonaron las minutas fraudulentas, han sido condenados a penas de seis años y cuatro meses y seis años y un día respectivamente. Por su parte, Víctor Cohen, Ángeles Carrasco (exesposa de Del Nido y abogada), Alfredo Chica y Manuel Vázquez, todos asesores ajenos al Ayuntamiento, han recibido penas de dos años de prisión.

El resto de los procesados -siete exconcejales gilistas y el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes- han quedado absueltos. Para ellos, el magistrado Carlos Prieto no fue tan severo.