lunes, 30 de enero de 2012

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA RATIFICA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO EN UN INFORME A RUZ

Trama de financiación ilegal en las elecciones generales de 2008
El análisis sobre el cerebro jurídico de Gürtel constata la corrupción en Valencia


María Fabra Castellón

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ramón Blanco Balín, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.

El registro en el despacho de Blanco aportó un importante volumen de documentación sobre el método de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturación y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional, señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market “mantendría una contabilidad dual”, integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone cómo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro “generadoras de una deuda a favor de la sociedad” y explica que el epígrafe “deuda total” agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.

Emitían facturas al PP valenciano que se transformaban en deudas de empresas

La “deuda total” englobaba tanto la contabilidad visible como la “B”

La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son “variadas”. Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias y así optar a la devolución del IVA.

La policía describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que “la transforman” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castellón “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”. Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiación ilegal por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.

Pieza clave” en el engranaje de la trama
La policía califica a Ramón Blanco Balín como “pieza clave del engranaje de la organización”. El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acabó convirtiéndose en el cerebro jurídico de la trama y que pese a que “heredó” la estructura del anterior gestor de Correa, acabó teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.

La policía recalca que la entrada Blanco en escena “dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países, la utilización de nuevos canales de circulación del dinero y, en definitiva, establece una nueva fórmula de gestión de la estructura financiera y de inversión tanto en España como en el exterior”. Así, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indicó que Blanco Balín era “un auténtico hombre de confianza” de Correa.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"CASO DE LOS ERE"; EL GOBIERNO ANDALUZ DESTRUYÓ PAPELES AL DESTAPARSE EL FRAUDE

El ex director de Trabajo señala a los consejeros Zarrías, Viera y Fernández como responsables del sistema de ayudas
Guerrero confiesa que nadie se opuso a los falsos ERE en 9 años y admite que Mercasevilla es un escándalo fraudulento

MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA


La Junta de Andalucía destruyó documentos tras salir a la luz el escándalo de los ERE fraudulentos. Así consta en el acta de la declaración prestada el pasado jueves ante la Guardia Civil por el principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, que fue director de Trabajo en el Gobierno andaluz durante nueve años. En su declaración, a la que ha tenido acceso ABC, desvela que tras su salida de la Junta (en abril de 2008) «tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar de que se han destruido documentos (sic) a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos de Mercasevilla». Según este antiguo alto cargo —que ha situado a varios ex consejeros en el eje de la trama, entre ellos a Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves—, contó con la colaboración del hoy diputado del PSOE (y entonces mero asesor) Ramón Díaz para el proceso de seguimiento de los pagos. Díaz «le asistía y le ayudaba en la confección de los expedientes».

De esta forma, Guerrero empieza a «tirar de la manta» para desvelar el fraude de los ERE falsos. El imputado, cuyo chófer confesó que gastaron juntos parte de las ayudas en «cocaína, fiestas y copas», y que Guerrero recibía a muchos de los que le pedían dinero en un pub con un gin tonicen mano, ha empezado a hablar. Así afirmó que para salvar las reticencias de la Intervención General de la Junta cuando ponía reparos al sistema de pagos, en 2001 se firmó un convenio por el que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) aprobaba la ayuda. El convenio fue rubricado por el consejero y el viceconsejero (entonces José Antonio Viera y Antonio Fernández).

Consejo de Gobierno, al día
Ambos le indicaron que esa «era la nueva herramienta de trabajo», para la cual les asesoró un despacho de abogados. Ese convenio se justificó en que buscaba «la paz social» para evitar conflictos con trabajadores en Andalucía. En cuanto a la forma de adjudicación, Guerrero cree que «debía ser conocida por el Consejo de Gobierno. «Me extrañaría que no fuera así», dijo a la Guardia Civil. De hecho, también recalcó que esa herramienta que regulaba las subvenciones era una figura conocida por los sucesivos consejeros de Empleo y «a la que nadie puso reparo en nueve años».

Guerrero confesó que en el Consejo de Dirección de cada lunes (reuniones internas de la Consejería) cada directivo exponía «lo que llevaba», incluidas las ayudas. Y algunas, «por su entidad», eran despachadas personalmente con el consejero. Así ocurrió con los EREs de Faja Pirítica, Delphi o Astilleros. Además, a partir de 2007 las órdenes de pago llevaban el visto bueno del viceconsejero (entonces Agustín Barberá).

El descontrol con las ayudas también fue puesto de manifiesto. Según Guerrero, su Dirección General «no tenía capacidad de control» y nadie lo realizaba. Y eso que «sabían que algunas empresas iban a cerrar aunque les diera dinero». Era el caso de Santana o de la Faja Pirítica de Huelva. Y en cuanto a los informes de la Intervención poniendo de manifesto las irregularidades, afirmó que llegaban al consejero y que ellos intentaron regular la forma de concesión de esas ayuda a través de órdenes y borradores que llevaron al «consejillo», la reunión de cada consejeros con el de responsable de Presidencia y que entonces presidía Gaspar Zarrías. Según admitió Guerrero, se intentó regular ese convenio, pero no pasó el filtro del «consejillo» y nunca llegó al Consejo de Gobierno.

El imputado fue interrogado por varios ERE investigados por la juez Alaya. Sobre el de Surcolor, afirmó que el delegado de Empleo, Antonio Rivas (ya imputado) era competente para resolverlo, y que el entonces viceconsejero «tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo». Sobre el ERE de Río Grande, Guerrero confesó que lo puso en conocimiento del consejero y el viceconsejero y que Antonio Fernández (imputado) le dijo que «hiciera lo que tuviera que hacer» para solucionarlo.

«No había controles»
El papel de las aseguradoras también queda patente. Según reconoció, sólo le daban facilidades de pago dos aseguradoras Vitalia y Uniter. La Guardia Civil le preguntó por qué eligieron a Vitalia, que cobraba una comisión del 16,9% por la gestión de los ERE, cuando le media era del 3,18. Guerrero contestó que nadie que no fuera Vitalia o Uniter quería trabajar con ellos y que el mediador era el sindicalista de UGT Juan Lanzas.

La declaración también retrata al personaje que ayudaba «a todos». «He ayudado a todo el que lo pedía», dijo confesando que le parecía mal que hubiera dos personas (ambos imputados) que cobraron pólizas a la vez que su pensión. «Está mal hecho, pero no había controles». Tras esa escandalosa confesión a la Guardia Civil, Guerrero se fue a un bar de copas y se dejó fotografiar. Haciendo la «v» de victoria con los dedos.

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"CASO EMARSA"; EL ALCALDE DE MANISES, ENRIQUE CRESPO, RECURRIRÁ LA FIANZA POR CONSIDERARLA "DESPROPORCIONADA"

TRIBUNALES
Su abogado denuncia 'una situación totalmente cruel de absoluta indefensión'

Europa Press | Valencia

El abogado del alcalde de Manises (Valencia) y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, Javier Sans, ha confirmado que la resolución judicial por la que se impone una fianza "millonaria" a su cliente, "va a ser objeto de recurso", ya que considera que es "improcedente y totalmente desproporcionada".

El también expresidente de la Emshi, Enrique Crespo, ha comunicado que, por no encontrarlo conforme, a la vista del "precipitado" auto del que ha tenido conocimiento esta tarde, "se va a hacer el correspondiente recurso, toda vez que ni he tenido la oportunidad, ni la ocasión, de poder dar testimonio de cuanto se dice en el mismo y, por consiguiente, de aclarar, con mi declaración, los numerosos y repetidos errores que se están cometiendo a lo largo de la instrucción del caso, creando con ello, como viene siendo habitual, una situación que, volvemos a insistir, es totalmente cruel y de absoluta indefensión".

Por ello, el abogado de Crespo, Javier Sans, ya ha confirmado que la resolución judicial va a ser objeto de recurso, dado que "el auto lo consideramos precipitado y desproporcionado, más si cabe cuando ni siquiera se le ha tomado declaración a mi cliente para que pueda tener el juez criterios en orden a cuanto estamos manteniendo su imputación".

Además, en el propio auto "ni siquiera se tiene en cuenta, ni una sola vez, la presunción de inocencia", ha añadido Sans, quien entiende que "a todas luces es una resolución precipitada y con la que no estamos de acuerdo".

Además

"CASO EMARSA"; EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 25 MILLONES DE EUROS A LOS 14 IMPUTADOS

TRIBUNALES

Efe | Valencia

El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, ha pedido una fianza por responsabilidad civil de 25 millones de euros a un total de 14 imputados, cantidad que "de forma prudencial" ha considerado que debe ser depositada para hacer frente a las responsabilidades que pueden derivarse de la investigación.

En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez que investiga la actuación de la empresa pública Emarsa en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), por la que ya hay 27 imputados, ordena que se embarguen bienes para cubrir dichas cantidades o se acrediten posibles insolvencias.

El juez pide al expresidente de Emarsa Enrique Crespo (PP), vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, y al exgerente Esteban Cuesta, la totalidad de la cuantía reclamada (25 millones de euros) de forma "solidaria y conjunta", mientras que al exdirector financiero Enrique Arnal le pide, también de forma "solidaria y conjunta" con los anteriores, fianza por 22 millones.

Además de en la actuación de los directivos de Emarsa entre 2004 y 2010 (Crespo, Cuesta, Arnal), el juez observa indicios delictivos en Adolfo Polo, que fue responsable de Medio Ambiente en Emarsa y también socio de Datura Gestión y Agrológica Ecológica -empresas que facturaron a la depuradora- y otras personas y sociedades igualmente contratadas por Emarsa.

Así, cita expresamente a Jorge Ignacio Roca (administrador de Etwas Eigentlich, Erwinin, Zonday, Agrolemos y Printergreen), José Luis Sena, Vicente Ros y Enrique Sena (Notec, Iris Tractaments, Ingenieria Gimeno, Promociones Fortuny, Olsen Capital y Film Torrent) y Olga del Pozo (esposa de Polo y socia de Iris Tractaments y Datura Gestión).

También cita a Sebastián García (Microprocesadores Valencia y Sofitec), María Paz García y Víctor Manuel García (Construcciones Rocafort, Construcciones Valsebe y Mantenimientos Valsmark), Daniel Calzada (Llar Calzada y Rehabilita Aqua), Antonio José Arnal (hermano del director financiero y socio de Arrima Centre d'Estudis).

El juez atribuye responsabilidades a Eva María Marsal, pareja del exdirector financiero de Emarsa, como administradora de Management de Azafatas y Servicios, y a Juan Carlos Gimeno Gascón, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, como directivo de Instituto de Empresa del Mediterráneo, CRM Adecua, Area Este, Dos Grados Network y Sanitar.

Todos ellos "entablaron relación comercial con la sociedad Emarsa, bien sin que mediara contrato alguno, bien tras abrirse expedientes de contratación que se van revelando llenos de irregularidades y sin que en ningún caso existiese publicidad en la contratación", explica el juez.

Asimismo, indica que existen "indicios racionales de que los suministros y servicios facturados a Emarsa o bien nunca fueron entregados o prestados o bien lo fueron en cuantía notoriamente inferior a la facturada, todo lo cual fue propiciado y consentido por los directivos mencionados".

En consecuencia, se reclama una fianza "conjunta y solidaria" de 13,7 millones a Adolfo Polo; 11 millones de euros para Jorge Ignacio Roca; 2,7 millones a José Luis Sena, Enrique Sena y Vicente Ros; 3,65 millones a Sebastián García y María Paz García; 500.000 euros a Daniel Calzada; 300.000 euros a Juan Carlos Gimeno y 100.000 euros a Antonio José Arnal y Eva María Marsal.

El juez considera además que existen indicios de que Enrique Crespo y Esteban Cuesta fueron coautores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública con la cooperación necesaria de Jorge Ignacio Roca y José Luis Sena.

En consecuencia, impone a los cuatro una fianza de tres millones de euros, "puesto que, conforme a lo expuesto por la Abogacía del Estado, la cuota tributaria supuestamente defraudada asciende a 2.405.244 euros y se deben considerar intereses legales y costas".

Sobre Víctor Manuel García y Olga de Pozo (hermano de María Paz García y Sebastián García, y esposa de Adolfo Polo, respectivamente) el magistrado instructor cree que no procede por el momento acordar la adopción de medidas de aseguramiento "y ello pese a la existencia de indicios de criminalidad".

"CASO GÜRTEL"; EL PSOE RECURRIRÁ EN EL SUPREMO LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS

Juicio por los trajes
Así lo ha decidido la dirección del PSPV tras conocer la sentencia del TSJ
Los socialistas valencianos fueron la acusación popular durante el juicio
El TS ya ordenó seguir investigando a Camps en 2010 tras archivar el TSJ

Mariano Gasparet | Rodrigo Terrasa | Valencia


Así lo ha decidido la dirección de los socialistas valencianos, a falta de concretar los términos del recurso con su abogado, Virgilio Latorre, tras hacerse pública la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El PSPV representaba a la acusación popular durante el juicio contra Camps y Costa y tenía por tanto cinco días para presentar un posible recurso desde que el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, Juan Climent, emitiese la sentencia.

Sólo un día después de la absolución de Camps, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, reconoció que su partido era "proclive" al recurso. "Esperaremos desde la prudencia y el respeto a los tribunales y a la justicia a conocer la sentencia para tomar una decisión definitiva", avanzó.

"Después del veredicto, que no compartimos, se tiene que redactar la sentencia y cuando se nos comunique, sólo en ese momento se puede plantear el recurso", dijo entonces.

En mayo de 2010, el Supremo ya admitió un recurso de la Fiscalía y de los socialistas para reabrir la causa contra Francisco Camps, archivada meses antes por el TSJ de Valencia. Ordenó continuar la investigación contra el ex jefe del Consell, que acabó en el banquillo de los acusados.

La sentencia
Tras siete semanas de juicio y cuatro días después del veredicto, el magistrado Juan Climent ha dictado este lunes la sentencia de absolución contra los acusados -tras decretar el jurado popular, por cinco votos a cuatro, su no culpabilidad-, al tiempo que ha ordenado que se cancelen y se devuelvan las fianzas que tuvieron que aportar ambos.

La sentencia se fundamenta en las conclusiones del jurado, que consideró probado que el ex presidente valenciano encargó en la tienda de ropa Milano únicamente cuatro trajes, que fueron devueltos al ser imposible arreglárselos, dado que no tenían tallas adecuadas para él; y que encargó y adquirió en Forever tres trajes -entre principios de 2007 y marzo de 2007-, un par de zapatos en marzo de 2007, un traje antes de verano de 2008 y una americana de color azul.

Sobre estas últimas prendas, el jurado estimó que fueron abonadas por el propio Camps "personalmente" a José Tomás, quien se definió ante el jurado como 'director de moda'. Por todo, estimó a Camps no culpable de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir.

Según el informe de las acusaciones, tanto la Fiscalía como los socialistas valencianos, Camps recibió, al menos, varios regalos por un importe total de 13.121,5 euros. En concreto, le acusaban de recibir tres trajes y tres americanas adquiridas en Milano entre finales de 2005 y septiembre de 2006; cinco trajes y tres pares de zapatos adquiridos en Forever entre finales de 2006 y julio de 2007; a cuatro corbatas de este último establecimiento a finales de 2007; y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y otro par de zapatos. El jurado no lo consideró probado.

Además

"CASO MALAYA"; EL PROMOTOR SAN ROMÁN ADMITE QUE PAGÓ A ROCA TRES MILLONES EN SOBORNOS

Versión opuesta a la del ex asesor
Lo hizo para conseguir licencias de primera ocupación en una promoción

José Carlos Villanueva | Málaga

“O me cuelgo de la soga o tengo que acceder a pagar dinero”. De esta forma, en presente histórico, el conocido promotor y empresario taurino Fidel San Román, procesado en el caso 'Malaya', ha reconocido este lunes que en 2005 pagó 3 millones de euros en sobornos a Juan Antonio Roca. Lo hizo para que el entonces responsable urbanístico municipal de Marbella diera luz verde a unas licencias de primera ocupación para 60 viviendas de lujo, en el conjunto La Dama de Noche, frente a Puerto Banús.

A preguntas del fiscal el conocido empresario madrileño ha relatado que “un buen día, mi gerente me dijo que había que entregar dinero para desbloquear la situación”. Todos los pagos se hicieron en las oficinas privadas de Juan Antonio Roca (Maras Asesores) y “en una ocasión en Madrid”, ha detallado San Román. El procesado sostiene que los fondos entregados a Roca, entre febrero y noviembre de 2005, provenían de “dinero blanco de mis empresas y también de dinero mío”.

La versión del también empresario taurino es diametralmente opuesta a la que mantiene Roca. El considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí declaró ante el fiscal- el pasado 7 de noviembre- que él había recibido pagos de San Román pero “en concepto de asesoramientos privados”- concretamente más de un millón de euros- extremo que el promotor, acusado de cohecho y blanqueo de capitales ha negado tajantemente: “En nuestras empresas no hemos tenido asesoramiento de nadie más que de nuestro equipo”.

San Román, cuyo abogado defensor es el conocido penalista Jorge Manríque, se enfrenta a 5 años de prisión por un delito de cohecho activo y 8 millones de multa. Además, se le acusa de un delito de blanqueo de capitales, por el que afronta 4 años de privación de libertad y 40 millones de euros de multa.

En contra de lo que pueda parecer, el testimonio de San Román, al reconocer el delito de cohecho activo, no se corresponde con ningún tipo de pacto o acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a ELMUNDO.es fuentes jurídicas. De hecho, tales acuerdos siempre se han hecho públicos.

El principal escollo para alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público radica en que el promotor nunca ha admitido el delito de blanqueo del que se le acusa. Tales hechos se centran en la adquisición de los terrenos donde San Román construyó 800 viviendas en Marbella, concretamente en la promoción denominada La Dama de Noche. La sociedad El Cantizal, propiedad del citado empresario, compró el suelo a EKA 620, vinculada a Roca a través de testaferros como el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, también procesado.

“Yo no sabía que esa sociedad era de Roca. Si no lo sabía la Policía difícilmente lo iba a saber yo”, ha remachado en su defensa Fidel San Román para tratar de salir airoso del cargo por blanqueo de capitales.

Lo cierto es que aunque de la declaración de San Román se desprende una presunta extorsión de Roca hacia dicho empresario este nunca denunció tales hechos y pagó religiosamente: “Porque si no lo hacía los compradores de esas 60 viviendas se me echaban encima”.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, Fidel San Román ha reconocido que nunca acudió al Ayuntamiento de Marbella para informar sobre los pagos que le reclamaba Roca bajo cuerda: “Seguí las indicaciones que me dio mi gerente y pagué”.

En cuanto a supuestos “pagos en especie”, de San Román a Roca, sobre los que se ha interesado la acusación pública el promotor ha sido claro: “Yo no he pagado en especie a Roca jamás”. De esta forma ha desmentido pagos en “caballos holandeses” pero sí reconoce tener “caballos españoles”. También admite que uno de los principales testaferros de Roca, Oscar Benavente, “intervino en una compra venta de caballos a un señor de Málaga, pero aún se me deben 7 u 8 caballos”.

Después de un largo e intenso interrogatorio del fiscal y las acusaciones, San Román se ha negado a contestar a las defensas “porque estoy muy cansado”. Sólo responde a su abogado. La letrada de Roca, Rocío Amigo, le ha lanzado una pregunta envenenada: “¿No sale más rentable reconocer un cohecho inexistente que admitir negocios con Roca?”. Silencio como respuesta.

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"CASO URDANGARÍN"; CAMPS DIO AL INSTITUTO NÓOS LOS JUEGOS EUROPEOS PESE AL VETO DEL COI


INVESTIGACIÓN
Le adjudicó 6 millones 'a dedo' para organizar los estos juegos
El presidente de los comités olímpicos europeos los tildó de 'imposibles'

Madrid

La Generalitat valenciana presidida por Francisco Camps concedió seis millones de euros a dedo a Urdangarin por la organización de los Juegos Europeos -unas olimpiadas en versión continental- pese a que el Comité Olímpico Internacional (COI) les había advertido previa y públicamente que el proyecto era «inviable» e «imposible».

Anticorrupción investiga esta secuencia de acontecimientos toda vez que sustenta, aún más si cabe, la presunta comisión de un delito de prevaricación -tomar una resolución injusta a sabiendas-.

El 21 de octubre de 2005 se celebró una rueda de prensa por todo lo alto en el Palau de la Generalitat de Valencia en la que comparecieron Francisco Camps, a la sazón presidente autonómico; Iñaki Urdangarin, en calidad de presidente del Instituto sin ánimo de lucro Nóos, y el entonces y ahora máximo responsable del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

El que llevó la voz cantante fue el presidente valenciano. Francisco Camps declaró que los Juegos Europeos constituían en su opinión "no una utopía, sino un sueño, algo palpable". El número uno del Ejecutivo autonómico añadió, a preguntas de los periodistas, que la organización de este evento "supondría un esfuerzo inversor de 400 millones de euros" en las tres provincias que componen la Comunidad Valenciana.

Acto seguido, tomó la palabra el duque de Palma, quien puntualizó que se tomaba la organización de los Juegos Europeos en Valencia en 2010 como "un reto personal".

Tan sólo una semana después terció en la polémica el presidente de los comités olímpicos europeos y actual vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Mario Pescante.

El dirigente olímpico italiano tumbó la idea valenciana desde la mismísima sede del Comité Olímpico Internacional en la ciudad suiza de Lausana. Pescante, hombre de confianza de Jacques Rogge, presidente de la máxima institución deportiva planetaria, se preocupó en hablar con la agencia Efe. Y lo hizo para recalcar que "en estos momentos es imposible la puesta en marcha de unos Juegos continentales".

El presidente de los comités olímpicos europeos abundó en el argumento financiero: "Es un tema económico. Con lo que gana por la venta de derechos de televisión de sus campeonatos de Europa, la IAAF [Federación Internacional de Atletismo] trabaja cuatro años. No veo por qué va a admitir unos Juegos que hagan competencia a su propia competición".

Ni la severidad ni la lógica de este aviso a navegantes disuadieron a Francisco Camps, que el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, adjudicó a dedo a Urdangarin el contrato de seis millones para organizar unos Juegos Europeos que el propio COI había tachado de "inviables" e "imposibles".

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ DICTA LA SENTENCIA DE CAMPS Y DA CINCO DÍAS PARA RECURRIR ANTE EL SUPREMO

Juicio por los trajes
Climent ordena que se les devuelvan las fianzas que aportaron Camps y Costa

Europa Press | Valencia

Juan Climent, el magistrado presidente del tribunal del jurado que ha juzgado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio, ha dictado este lunes la sentencia de absolución contra los acusados -tras decretar el jurado, por cinco votos a cuatro, su no culpabilidad-, al tiempo que ha ordenado que se cancelen y se devuelvan las fianzas que tuvieron que aportar.

Así consta en la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que también declara de oficio las costas, y agrega que no tiene previsto, al no solicitarlo las partes en sus conclusiones definitivas, pedir testimonios de particulares sobre la base de las discrepancias entre varios testigos y entre algunos de los documentos aportados a la causa. Contra esta resolución cabe un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en el plazo de cinco días.

El magistrado ha dictado esta sentencia en base a las afirmaciones realizadas por el jurado, quien consideró que Camps encargó en Milano únicamente cuatro trajes, que fueron devueltos al ser imposible arreglárselos, dado que no tenían tallas adecuadas para él; y que encargó y adquirió en Forever tres trajes -entre principios de 2007 y marzo de 2007-, un par de zapatos en marzo de 2007, un traje antes de verano de 2008 y una americana de color azul.

Sobre estas últimas prendas, el jurado estimó que fueron abonadas por el propio Camps "personalmente" a José Tomás, quien se definió ante el jurado como 'director de moda'. Por todo, estimó a Camps no culpable de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir.

Por otro lado, los miembros del jurado consideraron que Costa había pagado las prendas que le fueron confeccionadas en Milano; que nunca encargó trajes en Forever Young ni recibió prendas de este establecimiento; y que, por tanto, también es no culpable del delito que se le acusaba. Ante ello, el magistrado ha dictado la sentencia absolutoria para ambos.

Cuestionario al jurado
El magistrado recoge en la sentencia el cuestionario remitido a los miembros del jurado objeto de su deliberación. La primera parte hace referencia a hechos comunes de Camps y Costa, y versa sobre la posibilidad de que durante los años 2005 a 2008, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo -presuntos cabecillas de la trama Gürtel- para ganar el favor de algunos funcionarios y autoridades, les realizaran regalos, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir.

También se les preguntaba, a este respecto, si consideraban que estos objetos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión S.A. y Forever Young, en Madrid, y que se facturaban, según los casos, a las sociedades Diseño Asimétrico S.L.; Servimadrid Integral S.L.; y Orange Market S.L.

En un segundo apartado, los jurados tenían que debatir sobre hechos achacados a Francisco Camps. Así, debían responder sobre si recibió, al menos, varios regalos por un importe total de 13.121,5 euros. En concreto, se hacía referencia a tres trajes y tres americanas adquiridas en Milano entre finales de 2005 y septiembre de 2006; a cinco trajes y tres pares de zapatos adquiridos en Forever entre finales de 2006 y julio de 2007; a cuatro corbatas de este último establecimiento a finales de 2007; y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y otro par de zapatos.

También se les interpelaba por si pensaban que Camps había aceptado estos regalos sabedor de que le eran entregados en reiterada consideración al cargo público de presidente de la Generalitat que ejercía entonces y desde el que podía tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias. En un tercer apartado, el jurado debía responder sobre la culpabilidad o inculpabilidad de Camps.

Climent destinaba el cuarto apartado a los hechos atribuidos a Ricardo Costa, y sobre él preguntaba si pensaban que había recibido varios regalos por un importe total de 10.075 euros: cuatro trajes, tres pantalones y dos americanas de Milano entre enero y agosto de 2006; y otros seis pantalones y un traje de Forever entre finales de 2006 y julio de 2007. El último apartado del cuestionario interpelaba sobre la culpabilidad o inculpabilidad de Costa.

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domingo, 29 de enero de 2012

LA DENUNCIA DE UN FALSO ROBO DESTAPÓ LA "OPERACIÓN TORRE" EN EL FERROL


A Albanese se le adjudicaron contratos troceados como obras menores

Lorena Bustabad Ferrol

Hace aproximadamente un año, un aparejador se presentó en la comisaría de Ferrol para denunciar el robo de unas planchas de uralita nuevas. Eran, supuestamente, parte del material de la obra del cuartel Sánchez Aguilera en la que estaba trabajando como arquitecto técnico con un contrato temporal, casi un becario. El hombre pronto retiró la denuncia sin una explicación convincente, pero el caso ya estaba abierto.

De la investigación se encargó la brigada de robos, a la que pronto empezó a escamarle el tema y lo derivó a otra unidad especializada en delitos económicos. Así arrancó la Operación Torre, que el viernes propició el registro de las oficinas de la concejalía ferrolana de Obras, donde supuestamente está el epicentro de una trama integrada por dos aparejadores interinos y un exedil socialista que, según los investigadores, fraccionaban los contratos como obras menores para saltarse el protocolo legal y adjudicarlas casi a dedo a la constructora Parquet Albanese SL a cambio, posiblemente, de algún tipo de favor o comisión.

No hubo detenciones ni tampoco imputaciones formales para las personas que están bajo la lupa judicial —el exconcejal del PSdeG Gerardo López y dos funcionarios— por un posible delito contra la Administración Pública y otro de falsedad documental.

Casi en paralelo a la falsa denuncia, la Inspección de Trabajo paralizó las obras del cuartel en febrero del 2011 tras un accidente laboral que destapó irregularidades graves. Una cuadrilla de 15 obreros manipularon amianto, material cancerígeno, sin protección: retiraron las uralitas viejas, las lavaron para rejuvenecerlas y las cortaron a medida con una sierra radial para, probablemente, reutilizarlas en otra cubierta del mismo recinto.

Empezaron puliendo suelos de madera, hasta copar obras de todo tipo

Los investigadores sospechan que nunca hubo partida de uralitas nuevas, aunque seguramente se pretendía justificar su compra con alguna factura falsa en el ayuntamiento. El becario, probablemente sin saberlo, denunció el robo de un material que no existía, pero por el que el municipio habría pagado a la trama corrupta. En el cuartel se realizaban distintas obras y detrás de una ellas, el tejado del Museo da Natureza, estaba Albanese.

La compañía se registró hace 22 años como pequeña constructora familiar a nombre de Dolores Fernández Rico, gerente del negocio junto a su marido, de origen italiano, y un hijo. Empezaron puliendo suelos de madera, hasta copar obras de todo tipo. Un exempleado recuerda que Albanese comenzó colocando papeleras de plástico en el gobierno de Xaime Bello (BNG), a mediados de 2003. Las obras crecieron en número y presupuesto durante el gobierno popular de Juan Juncal, con Manuel Bustabad como edil independiente de Obras y el actual alcalde, José Manuel Rey, como responsable de Hacienda. “Se hacían calles y plazas con fundido de hormigón. Parecía Dragados”, ironiza el trabajador.

Con el PSdeG al mando, tampoco les faltó trabajo y se llevaron, según los investigadores, un buen número de contratos disfrazados como obras menores. Calculan que en torno a un millón de euros solo del Plan E. Este sistema estaba arraigado en el departamento de Obras al margen del color político del gobierno de turno. “No era raro que se mandara a Albanese a reparar cualquier tubería o desperfecto en Recimil (1.100 viviendas municipales) antes de iniciar siquiera el expediente”, admiten fuentes de la corporación.

Otro fleco de la trama es la adjudicación al grupo San Martín de un contrato de dos millones de euros por dos años en marzo del 2010, que parece que ejecutó bajo cuerda Albanese.

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EN OTROS MEDIOS

LA JUEZ DE LOS ERE ANDALUCES IMPLICA AL DIRECTOR DE TRABAJO EN EL FRAUDE


Alaya imputa a 18 personas más en la causa y abre la vía de las comisiones

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

Del pasado al presente. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado al primer alto cargo del actual Gobierno andaluz. La decisión de acusar al director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, pone en jaque la política de transparencia y revisión de este escándalo por parte de la Junta y cuyos verbos hasta ahora se conjugaban en pasado. Desde ayer el escenario del caso, que marca la precampaña electoral andaluza y ya acumula 48 imputados, ha dado un vuelco.

La magistrada ha imputado a Rivera, pero también a su antecesor Juan Márquez, por lo que ya están acusados los tres directores generales de Trabajo de la Junta desde 1999. Alaya acusa a ambos altos cargos de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la compañía). "Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración", señala en un auto. Además, Alaya subraya que Rivera autorizó el abono de la prima de 175.998 euros, competencia que atañe al consejero según la Ley de Subvenciones, y ordena investigar si el alto cargo autorizó un pago de 109.620 euros a la empresa Acyco para mantener 144 puestos de trabajo. Esta cantidad coincide "exactamente" con los honorarios cobrados por el bufete Garrigues por la tramitación del ERE.

La Guardia Civil explicó en un atestado las irregularidades detectadas: "Los sucesores de Javier Guerrero [primer director general] no solo dan continuidad a los acuerdos alcanzados por este sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además han dado forma a los mismos mediante la emisión de resoluciones posteriores".

La Junta defendió ayer la labor de Rivera porque la póliza fue tramitada cuatro años antes de su nombramiento como director general y porque cuando este autorizó los pagos, no había indicios de irregularidades. "No tiene la menor responsabilidad", señaló el Gobierno andaluz, que destacó que Rivera adoptó las primeras decisiones de paralización de pagos en el expediente de Mercasevilla nada más saltar el caso. Además, fue el instructor de la investigación interna de la Junta para detectar intrusos.

El caso dio un paso de gigante ayer porque además de acusar al actual Ejecutivo andaluz de continuar con un protocolo de actuación viciado e ilegal para los ERE, la juez ha imputado a otras 18 personas (había ya 30 acusados) tras analizar solo cuatro empresas beneficiadas. Entre los nuevos imputados están dos abogados del bufete Garrigues y otros del despacho Villasís; dos sindicalistas de CC OO, seis empresarios, un intruso y tres consultores de Uniter y Vitalia. La juez resalta cómo la Junta abonó a estas dos firmas intermediarias un sobrecoste de 1,3 millones en comisiones. Por último, Alaya ordena investigar si algunas ayudas a empresas que ha dado la Junta vulneran la normativa europea.

viernes, 27 de enero de 2012

CARLOS FABRA PIDE MAYOR PLAZO PARA DEPOSITAR LOS 4,2 MILLONES DE FIANZA Y EL JUEZ LO DENIEGA

Carlos Fabra en un acto del PP-CV en Valencia, este mes. | J. C.
TRIBUNALES | Todos tienen tres días para señalar los bienes que les cubrirán
Vicente Vilar y su ex mujer no han contestado en sentido alguno
Si no aportan la fianza en tres días, se procederá al embargo de bienes
Tienen cinco días para presentar un recurso de revisión ante el secretario

ELMUNDO.es | Castellón

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules ha dictado un auto en el que desestima los escritos presentados por el ex presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP, Carlos Fabra, y su mujer, María Amparo Fernández, en los que solicitaban que explicase los motivos para imponer sus correspondientes fianzas y le pedían que ampliara el plazo para aportar el depósito.

El auto del juzgado, fechado a 26 de enero, ha sido remitido este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En el escrito, se requiere a los acusados Carlos Fabra Carreras, María de los Desamparados Fernández Blanes, Vicente Vilar Ibáñez y su ex mujer Montserrat Vives Plaja, manifiesten en un plazo de tres días la relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la fianza concretada que asciende a 4.270.859,60 euros para Fabra, 1.718.192,80 euros para su mujer y 800.000 euros a cada uno del ex matrimonio Vilar-Vives.

Si en el plazo de tres días no aportasen la fianza solicitada, se procederá al embargo de bienes de los procesados, "requiriéndoles para que señale los suficientes a cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias".

En el caso de que se presenten inmuebles para cubrir la fianza, habrán de especificar si están ocupados, por qué personas y con qué título, "bajo apercibimiento que, en caso de no verificarlo, se procederá de oficio o a instancia de parte a la averiguación de bienes susceptibles de embargo, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas".

Los cuatro imputados tiene un plazo de cinco días para presentar contra este auto un recurso de revisión ante el Secretario que lo dicta, del Juzgado 1 de Nules, para lo que deberán depositar 25 euros para que sea admitido a trámites.

Se da la circunstancia de que, según fuentes del TSJ, ni Vicente Vilar ni su ex mujer han contestado en sentido alguno al auto de apertura de juicio oral del pasado viernes.

Además

EL EX CONCEJAL DEL PP IMPUTADO EN EL "CASO CAMAS" PIDE EL ARCHIVO DE LA CAUSA

TRIBUNALES | El juez pide a las partes que se pronuncien


Efe | Sevilla

El ex concejal del PP en la localidad sevillana de Camas Antonio Enrique Fraile, imputado por el presunto soborno a otra concejal, ha pedido el sobreseimiento de la causa porque entiende que el delito de cohecho que se le imputa ha desaparecido con la nueva redacción del Código Penal.

Fuentes del caso han informado de que el magistrado que presidirá el futuro juicio con jurado ha pedido a las acusaciones y defensas que se pronuncien sobre la incidencia de la reforma de 2010 en el Código Penal respecto al delito de cohecho.

La Fiscalía de Sevilla y la acusación que ejerce el PSOE han respondido que la reforma, al agravar las penas, no tendrá incidencia en este caso, ya que debe aplicarse la norma más favorable para el imputado, que es el Código Penal por el que se presentaron los escritos de acusación.

El abogado de Fraile, único defensor que ha respondido, ha entendido sin embargo que el delito ya no está tipificado y que la causa debe ser sobreseída.

En el 'caso Camas' serán juzgados el ex alcalde Agustín Pavón (IU), los exconcejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño, acusados del presunto soborno a la ex concejal de IU Carmen Lobo para conseguir su voto a favor de varios proyectos urbanísticos.

El juez ha pedido a las partes que se pronuncien antes de resolver las cuestiones previas de nulidad que fueron debatidas en una vista en octubre del 2011.

LA JUEZA QUE INVESTIGA LOS ERE IMPUTA AL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO DE LA JUNTA

TRAMA DE LOS ERE | Investigación del 'fondo de reptiles'
La investigación alcanza tras este auto a la gestión del actual consejero
Guerrero, citado a declarar ante la juez el 23 de febrero próximo
En total son cinco los altos cargos de la Junta imputados por el fraude
Entre los nuevos imputados hay abogados, sindicalistas y empresarios

Antonio Salvador | Sebastián Torres | Sevilla

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el que imputa en la causa, entre otros, al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero.

El caso cobra así una nueva dimensión, toda vez que salpica a la gestión del actual consejero de Empleo, Manuel Recio. Fue éste el que lo postuló para ocupar la dirección general de Trabajo en sustitución del onubense Juan Márquez, otro de los nuevos imputados.

La juez solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las diferentes consejerías

Tras el auto de ayer, son ya cinco altos cargos de la Junta -sólo uno de ellos sigue en el puesto- los imputados por el fraude de los ERE. A los ex directores generales Márquez y Guerrero se suma ahora Rivera. La lista la completan el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el antiguo delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Según ha podido conocer ELMUNDO.es en fuentes del caso, Alaya imputa a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos sino hechos.

Abogados y sindicalistas imputados
También está imputado el que fuera delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Trabajo y asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, en este caso como beneficiario de una póliza de prejubilación en un ERE de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

Además de éstos, también han sido imputados por la juez Alaya el responsable de la intermediaria Uniter y abogados de los despachos Garrigues y Estudio Jurídico Villasís. Y también sindicalistas como el responsable de acción sindical de CCOO en Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García, y Juan Antonio Caravaca, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, y empresarios, como Jorge Andrés Morell, propietario de la empresa Aglomerados Morell, o la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto.

Por otro lado, el auto cita a Francisco Javier Guerrero, que este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero. Será la primera vez que preste declaración en sede judicial desde que fuera imputado por la juez Alaya.

La juez pide las ayudas a cinco consejerías
La titular del Juzgado de Instrucción número 6, además, ha solicitado a la Junta que remita "un cuadro resumen" de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente.

En el auto de 42 páginas dictado este mismo viernes, consultado por Europa Press, la juez Alaya exige asimismo a la Junta de Andalucía que aporte las comunicaciones a la Comisión Europea y, a su vez, las autorizaciones de dicha comisión relativas a las "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las "diferentes" consejerías y superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso de empresas dedicadas al transporte por carretera, también en este caso desde 2001 hasta 2011.

En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de "ayudas de Estado" concedidas a empresas por las diferentes consejerías, en las mismas condiciones económicas descritas anteriormente, "que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea, a través de la representación permanente española en la UE", desde 2001 hasta la actualidad.

Además

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA ALAYA CREE QUE RIVAS CONOCÍA LAS IRREGULARIDADES DE LOS DOS ERE DE MERCASEVILLA

Esta imputado por las comisiones ilegales
'Existen indicios de que, por su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas'

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, ha acordado indagar si el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "era conocedor" de la inclusión de "intrusos" y de las "irregularidades" halladas en los ERE de los años 2003 y 2007 de Mercasevilla.

Antonio Rivas está imputado por la juez Alaya en una de las causas del 'caso Mercasevilla', la que investiga las presuntas comisiones ilegales solicitadas por los responsables del mercado central de abastos a los propietarios del restaurante La Raza a cambio de concederles una subvención para la puesta en marcha de una escuela de hostelería.

En un auto dictado el pasado día 17 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya acuerda que se investigue también la participación de Antonio Rivas, "en función del cargo que desempeñaba, en la asunción generalizada por parte de la Junta de los compromisos de financiación de las prejubilaciones", extremo del que, "de forma extrañamente normalizada, se partía en los ERE objeto de las presentes actuaciones".

Según la juez, "existen indicios de que Rivas, con motivo del desempeño de su cargo, ha podido cometer actuaciones ilícitas".

Además

jueves, 26 de enero de 2012

"CASO PALMA ARENA"; VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO A JAUME MATAS

La defensa alega ausencia de pruebas
Matas no ha querido hacer uso del derecho a decir la última palabra
Sí lo ha hecho el resto de los acusados
Alberca recuerda que Matas 'no se ha llevado un céntimo' de las contrataciones

Efe | Palma

El juicio contra el ex presidente balear Jaume Matas, dentro del caso Palma Arena, ha quedado este mediodía visto para sentencia, en una sesión en la que su abogado defensor, Antonio Alberca, ha alegado la "ausencia total de pruebas" contra él y ha asegurado que todo lo que tiene la Fiscalía son "prejuicios" y "recelos".

Durante la última jornada, Matas no ha querido hacer uso del derecho a decir la última palabra, pero sí lo ha hecho el resto de los acusados.

En su informe de defensa, el letrado Antonio Alberca ha asegurado que no hay ninguna persona que haya señalado directamente a Matas como el que ordenó la contratación supuestamente irregular del periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany.

Por ello, ha explicado que "no queda más remedio" que pedir la libre absolución de su defendido, que se enfrenta a una petición fiscal de 8 años y medio de cárcel acusado de cinco delitos de corrupción por beneficiar con dinero público al periodista durante la legislatura 2003-2007.

Para Alberca, el tribunal solo cuenta con la palabra de los otros acusados apuntando al expresidente como la persona de la que tuvo que salir la idea de contratar a Alemany de forma irregular, lo que "no basta" para condenarlo.

"Son prevenciones, prejuicios, sospechas, recelos, llámelo como quiera", ha apuntado respecto a las pruebas esgrimidas por la Fiscalía Anticorrupción, que en opinión del letrado "ni siquiera alcanzan" la calificación de indicios.

Alberca ha comenzado la exposición afirmando que no iba a hacer "una defensa política" por "respeto" a su profesión y a su predecesor como abogado del expresidente, Rafael Perera, quien ha asistido esta mañana a la Audiencia de Palma para apoyar a Matas en el último día de juicio.

Ha aludido así a la exposición el pasado martes por parte del fiscal Pedro Horrach de su informe, un alegato al que también ha hecho referencia al final su exposición cuando se ha referido, al igual que hizo el representante de la Fiscalía, al capitán del crucero Costa Concordia naufragado en Italia.

"El señor Matas no iba en ningún barco por mucho que la Fiscalía le pusiera en la lista de pasajeros; no necesitaba saltar a ninguna lancha", ha asegurado en respuesta a la frase de Horrach el pasado martes afirmando que "Matas y Alemany se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí".

Ha calificado además de "inaudito" el trato dado por la Fiscalía a los dos acusados que han pactado con ella -Alemany y el empresario de la comunicación Miguel Romero- y ha quitado varias veces credibilidad a sus acusaciones al exministro.

También ha recordado que Matas "no se ha llevado un céntimo de euro" de las contrataciones a Alemany, de las que se enjuician tres vertientes: el pago de unos 4.000 euros mensuales por escribir los discursos mediante un concurso pantalla con la empresa de Romero, un contrato menor de 12.000 euros por unos reportajes que nunca aparecieron y una subvención de 450.000 euros para que fundara una agencia de noticias.

Antes de Alberca, el abogado de Alemany, Javier Rodríguez, ha expuesto su informe final, en el que también ha pedido la absolución del periodista al entender que el acusado "siempre entendió" que sus contrataciones eran lícitas.

El periodista no tuvo, según el letrado, ninguna razón para ocultar que hacía los discursos a Matas, ya que esto era algo que tanto el sector de la prensa como el de la política ya sabían.

Ha negado asimismo que los trabajos del contrato menor no se elaboraran, lo mismo que el hecho de que, como sospecha la Fiscalía, la subvención sirviera realmente para financiar un periódico digital partidario de Matas.

Tras la exposición de los abogados ha llegado el momento de dar la última palabra a los cinco acusados, un derecho del que han hecho uso Alemany, Romero y el ex director general de Comunicación Joan Martorell.

En su turno, Alemany se ha quejado de los fiscales Anticorrupción al considerar que "la función del Ministerio Fiscal no incluye insultar o menospreciar al ajusticiable". Romero y Martorell han asegurado, por su parte, que todo lo que han dicho en el tribunal es cierto.

Después de las diez jornadas que ha durado el juicio, la sección primera de la Audiencia de Palma tendrá ahora que emitir sentencia sobre la primera pieza de las 26 del caso Palma Arena que ha sido enjuiciada.

Para Alberca, el tribunal solo cuenta con la palabra de los otros acusados considerando a Matas la persona de la que tuvo que salir la idea de contratar a Alemany de forma irregular, lo que "no basta" para condenarlo.

"Son prevenciones, prejuicios, sospechas, recelos, llámelo como quiera", ha apuntado respecto a las pruebas de la Fiscalía Anticorrupción, que para Alberca "ni siquiera alcanzan" la calificación de indicios.

Alberca ha comenzado la exposición afirmando que no iba a hacer "una defensa política" por "respeto" a su profesión y a su predecesor en la defensa del expresidente, Rafael Perera, quien ha asistido esta mañana a la Audiencia de Palma para apoyar a Matas en el último día de juicio.

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