jueves, 27 de septiembre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "OPERACIÓN POKÉMON"; DIMITE EL ALCALDE DE OURENSE TRAS PERDER "LOS APOYOS POLÍTICOS"

El alcalde abandona el Ayuntamiento tras la rueda de prensa. | Marcos Sueiro

Asegura que lo hace porque no tiene 'los apoyos políticos' para continuar
También ha dimitido el concejal nacionalista Fernando Varela
Fuentes del PSdeG aseguran que la renuncia era 'muy esperada'

Marcos Sueiro | Ourense

El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, ha presentado su dimisión pasadas las doce de la mañana en el salón de plenos de Ayuntamiento tras presidir su última junta de gobierno. La renuncia será efectiva en un pleno extraordinario que se celebrará probablemente el sábado.

Francisco Rodríguez, que compareció sin sus concejales, ha asegurado que la dimisión es consecuencia de "la pérdida de apoyos políticos que imposibilitan la gobernabilidad del Ayuntamiento" y añadió: "No renuncio por el procedimiento judicial, ni tampoco por las imputaciones falsas y sin pruebas formuladas".

La declaración del regidor ha concluido señalando que garantiza la continuidad de la normalidad institucional hasta que elija a un nuevo regidor.

Con su decisión, el alcalde cumple con lo ordenado por su partido, que lo suspendió de militancia el pasado lunes al estar imputado por la juez Pilar de Lara en la 'operación Pokémon' por los delitos de cohecho y prevaricación.

La soledad del regidor iba aumentando a medida que pasaban las horas ya que cuatro de sus once concejales no asistían a sus convocatorias siguiendo las instrucciones del PSOE.

Antes de que el alcalde hiciese pública su renuncia, dos de los tres ediles nacionalistas del BNG oficializaban su renuncia y el tercero, Fernando Varela, dimitía como concejal al estar imputado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El edil dimisionario ha recalcado que es "totalmente inocente" y que lo demostrará "lo antes posible".

Una dimisión 'muy esperada'
Fuentes del PSdeG han calificado la decisión del alcalde como "muy esperada y acertada" y han añadido que "el partido está tranquilo y pondrá en marcha los mecanismos para salir adelante y normalizar la vida institucional".

Durante toda la mañana se han vivido escenas de gran tensión en el edificio consistorial y la desorganización ha provocado discusiones entre periodistas y el personal de confianza del alcalde.

Esta misma tarde noche, el todavía alcalde, comparecerá en una asamblea de militantes socialistas y les comunicará personalmente la decisión. Desde la dirección del PSdeG no le dan ningún valor a esta convocatoria, ya que el regidor está suspendido de militancia.

Un empresario, el detenido número 23
Mientras, la lista de detenidos sigue aumentando. El último es un empresario de Vigo cuya identidad no ha trascendido, informó a Efe un portavoz de la Agencia Tributaria.

Esta fuente explicó que la detención se produjo por agentes de la Agencia Tributaria en torno a las 14.30 horas. La 'operación Pokémon' ya ha implicado a 23 personas.

Por otra parte, se ha desmentido que "un alcalde" haya sido detenido en las últimas horas en relación con este caso, pese al "rumor" que se ha extendido pro Galicia, precisaron las mismas fuentes.

Además

jueves, 20 de septiembre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "CASO BRUGAL"; FISCALÍA INTERROGA A LOS FENOLL SOBRE EL FRAUDE ELECTORAL DEL PP



La juez de Orihuela espera cerrar el caso con el testimonio de 29 imputados en el caso Brugal
La hija y el sobrino del empresario de Orihuela declararon en el juzgado

Ezequiel Moltó Orihuela

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Caso Brugal
Corrupción política

Este miércoles declararon en el juzgado número 3 de Orihuela varios colaboradores y familiares del empresario Ángel Fenoll. Todos contestaron a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, y de los abogados, aunque nadie quiso desvelar el contenido de su declaración. La mayoría de las preguntas estuvieron relacionadas con el intento de compra de votos en las elecciones de 2007 a favor del PP, para lograr que Mónica Lorente accediera a la alcaldía para, supuestamente, satisfacer los intereses de Fenoll. Estaba en juego la adjudicación de la contrata de basura (10 millones de euros anuales durante una década).

La pieza que originó el caso Brugal, que investiga una trama político-empresarial ligada al negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja, encara su fase final con la tercera tanda de declaraciones. Una vez rechazados los recursos presentados por las partes, que solicitaban la nulidad de las escuchas de la Policía, y analizada toda la documentación, la juez de adscripción territorial del juzgado número 3 de Orihuela, Ana Belén Cordero, será la encarga, salvo grandes sorpresas, de concluir la instrucción de la causa con el testimonio de 29 imputados.

La magistrada que asume ahora la causa, tras el traslado de Carlos San Martín, conoce “todos los detalles del sumario”, ya que colaboró con el juez titular en la fase previa de la instrucción, por eso ella asume la parte penal residual de este juzgado, que cuenta con otra juez titular que se acaba de incorporar. El Ayuntamiento de Orihuela, por su parte, ha remitido una copia del expediente del concurso para la adjudicación del servicio de basura de 2006 a 2008 y los contratos adjudicados, a partir de 2005, a las empresas Colsur, SL, y Proambiente, SL, ambas del industrial Ángel Fenoll. Sin embargo, falta por remitir el informe de la relación de pagos a esas empresas entre los años 2003 y 2010, que está elaborando la intervención municipal, según fuentes judiciales.

Este miércoles declararon Ginés Fenoll Pastor (sobrino del empresario), José Manuel Espinosa Fenoll (exinterventor del Ayuntamiento), Rufino Montoro Cuenca (empleado de Colsur) y Carolina Fenoll Campillo (hija de Fenoll). Esta es la tercera tanda de declaraciones en torno a esta pieza separada de Brugal después de la primera efectuada en 2010 cuando se levantó el secreto sumarial y a otra en 2011 cuando se separaron las piezas del plan zonal y de las basuras de la ciudad de Orihuela. Además de los 29 llamados a declarar ahora, hay otras trece personas también imputadas. Esta rama de Brugal se inició en 2006 a raíz de que Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela en las que se revelaban unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad. Esas grabaciones apuntaban que otra de las mercantiles aspirantes supuestamente habría ofrecido dinero a dirigentes políticos a cambio de resultar adjudicataria.

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"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "OPERACIÓN POKÉMON"; DETENIDO EL ALCALDE DE OURENSE, DEL PSOE, POR COHECHO Y PREVARICACIÓN

Francisco Rodríguez, en una imagen de archivo. / NACHO GÓMEZ

Detenido el alcalde de Boqueixón, del PP, en la misma redada que el de Ourense
13 arrestados en la Operación Pokémon por supuestos delitos de corrupción

Cristina Huete / Elisa Lois Santiago / Vilagarcía de Arousa

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Francisco Rodríguez
Tráfico influencias
Blanqueo capitales
Delitos económicos




El alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, ha sido detenido esta mañana, en el marco de la llamada 'Operación Pokémon', según han confirmado fuentes oficiales a este diario, junto a otras 12 personas, cuatro en Lugo, dos en Ourense, uno en A Coruña, uno en Santiago, uno en Bueu, uno en Boqueixón, uno en Asturias y dos en Madrid. Entre los arrestados está el regidor de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, y el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exconcejal socialista en Lugo Francisco Fernández Liñares. La supuesta conexión entre el regidor del PSOE y el del PP es una empresa a la que se le habrían adjudicado obras. Varios de los detenidos forman parte de la empresa Vendex

Los supuestos delitos por los que ha sido detenido el alcalde de Ourense son, entre otros, cohecho, prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias, relacionados con adjudicaciones de obras. Carlos Hernández, abogado del alcalde, declaró a los medios en el exterior de la comisaría de Pontevedra, en la que está detenido el regidor Francisco Rodríguez: "queremos que se nos diga cuándo se le va a tomar declaración, no tenemos ni idea de cuándo va a ser". El letrado indicó que "sabemos de su inocencia sin ninguna duda" y especificó que cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, revelación de secretos, prevaricación, fraude y exacciones ilegales son 'delitos' por los que se ha iniciado esta investigación, llamada operación Pokemon, en ningún caso 'cargos' que pesen sobre Rodríguez, detalló. Por su parte, el secretario de organización, Pablo García ha afirmado que: "todos los ciudadanos son iguales ante la justicia, pero el alcalde de Ourense es una persona que representa a miles de ciudadanos y esto tiene una repercusión que le hace más daño que a un ciudadano común". El socialista ha pedido que la justicia actúe con diligencia. "El alcalde lleva un día encerrado sin saber por qué", ha insistido. Informa Víctor Honorato
Alcalde de Boqueixón, el popular Adolfo Gacio

La operación contra un presunto caso de malversación y blanqueo, que comenzó a fraguarse en agosto, está dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 1, Pilar de Lara, instructora del caso Carioca. La policía acaba de entrar en estos momentos en el Ayuntamiento de Ourense para realizar un registro, también ha registrado la oficina de contratación del Ayuntamiento de Lugo donde se ha llevado expedientes de urbanismo de las dos últimas legislaturas. Uno de los detenidos,  Francisco Fernández Liñares, fue concejal de urbanismo en el anterior periodo de gobierno de la ciudad.También esta mañana agentes de la policía han registrado la sede de la Confederación Hidrográfica del norte de la capital ourensana. Las mismas fuentes judiciales consultadas por este diario sostienen que no se descartan nuevas detenciones en otras provincias gallegas.

Dentro de la misma operación ha sido detenido Román Otero, un funcionario del Ayuntamiento de Santiago adscrito al servicio de contratación del Consistorio compostelano. La policía ha registrado esta mañana su domicilio.

Las detenciones han provocado una fuerte conmoción en las filas socialistas ya que se producen apenas a un mes de las elecciones autonómicas del 21 de octubre. El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, conoció la noticia al término de un desayuno informativo celebrado en Santiago de Compostela. Mientras disertaba sobre las recetas de su partido para sacar a Galicia de la crisis, el rumor se extendió por la cúpula socialista gallega allí reunida. Las caras delataban que algo extraño, y grave, estaba sucediendo. Nada más finalizar la intervención, Vázquez se recluyó en un cuarto junto a sus asesosres y diputados más cercanos. A los pocos minutos declaró a los medios que confía 'plenamente en la justicia' y en la 'inocencia' del regidor, y mostró su deseo de que todo se aclare 'lo antes posible'. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha conocido la noticia mientras celebrara la reunión del consello de la Xunta ha afirmado que respeta la decisión judicial y a la presunción de inocencia del alcalde de Ourense." Este debería ser siempre el comportamiento de cualquier responsable público", ha concluido.

La teniente de alcalde, la nacionalista Isabel Pérez, ya ha asumido las responsabilidades de gobierno. De momento, no hay ninguna reacción oficial en el Ayuntamiento. En la junta de portavoces que acaba de terminar en el consistorio, Pérez ha asegurado ante los ediles que no tiene ninguna comunicación oficial de la detención y que se enteraron del arresto del alcalde por su familia. Rodríguez es regidor de Ourense desde 2007 y gobierna en coalición con el BNG.

El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, del que Fernández Liñares fue concejal, ha defendido esta mañana la presunción de inocencia de los detenidos y afirmó que "no hay el más mínimo inconveniente, por supuesto, de que se vengan a ver los papeles que hay del Ayuntamiento de Lugo”, informa Pepe Seijo. Orozco ha reconocido que Liñares es su "amigo" y que mientras trabajó con él no notó "ninguna cosa extraña”. Sobre el hecho de que la operación se produzca en la precampaña de las autonómicas, el regidor ha señalado: "Cada vez comprendo menos los tiempos de la justicia”. “Pasó el 20 N, pasó en otras ocasiones, pasa ahora, pero bueno los tiempos de la justicia serán los que serán, vamos a creer que es pura coincidencia”, ha añadido.

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miércoles, 19 de septiembre de 2012

EL JUEZ ENUMERA UN DECÁLOGO DE PRÁCTICAS CORRUPTAS DE URDANGARÍN Y SU EXSOCIO

Iñaki Urdangarin y Jaume Matas, durante un acto en Palma de Mallorca en 2005 / ENRIQUE CALVO (REUTERS)
Castro reprocha a los políticos que se plegaran a las exigencias del duque

Jesús García Barcelona


El juez José Castro tiene tan controlado el caso Nóos que es capaz de condensar en diez únicos puntos las presuntas corruptelas que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres perpetraron en las comunidades de Valencia y Baleares a costa de la Administración pública y del dinero de los ciudadanos. En un auto en el que también reprende con dureza a los responsables políticos por plegarse sin condiciones a los deseos y exigencias del yerno del Rey, el juez describe las circunstancias que permitieron al duque de Palma y a su exsocio embolsarse grandes sumas de dinero a través del instituto Nóos.

El punto de partida es la situación privilegiada de Urdangarin, que aprovecha su “parentesco con la Casa Real” para “acudir a altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables”. Esa tarjeta de visita le permitió adjudicarse, entre 2004 y 2006, la organización de dos eventos de carácter turístico-deportivo: el Illes Balears Forum y el Valencia Summit. El esposo de la infanta Cristina y el exprofesor de Esade desviaron buena parte de esos fondos públicos: 2,3 millones del Gobierno de Baleares y 3,7 de la Generalitat Valenciana.

“Con las mismas excusas”, recoge el segundo punto del auto, “se desprecia la correcta aplicación” de la ley que rige los contratos con las Administraciones. En contraste con los presupuestos que se aportan, que son “ridículos”, los importes de las adjudicaciones son siempre elevados. En los puntos cuarto y quinto de su resolución, Castro subraya que Urdangarin y su exsocio lograron “imponer” sus condiciones, que fueron “aceptadas sin discusión por los responsables políticos” de la Comunidad Valenciana y de Baleares, ambas en manos del PP.

Sin el triste papel jugado por los políticos no puede entenderse que el duque de Palma y Torres hicieran negocios tan lucrativos ni que estos quedasen fuera de control. La reprimenda del juez a los políticos es palmaria en los puntos sexto a noveno. Castro les reprocha que “no se preocuparon de constatar, para descontarlos”, los patrocinios privados que lograron los organizadores. Además, al optar por la fórmula del convenio de colaboración, pudieron “excluir constreñimientos administrativos” y, sobre todo, evitar la participación de terceros. La adjudicación de ambos eventos se dio como un “hecho consumado”.

Hasta tal punto están enlazados los sucesos de Valencia y de Baleares que los convenios firmados en uno y otro lugar son, “con la salvedad de las obligadas variables”, dice el juez, “calcados unos de otros”. Un corta y pega en toda regla que, presuntamente, pasó desapercibido. A nadie “se le ocurrió exigir a Urdangarin y a Torres rendición de cuentas”, remacha el auto, firmado ayer.

Las reflexiones del juez vienen a cuento de la petición de uno de los imputados —el exsecretario de Turismo de la Generalitat valenciana Luis Lobón— para que decline su competencia en favor de los juzgados de esa ciudad. Castro rechaza la idea con el argumento de que los presuntos delitos cometidos en Valencia y Baleares son “conexos”. En el último apartado del decálogo, el juez recuerda al imputado, con cierta sorna, que la extensión de las indagaciones a Valencia “no fue fruto de un imperialista afán instructor”, sino de las facturas que aportó en su día Torres, defendido por el letrado Manuel González Peeters.

En esa documentación sobre el Illes Balears Forum se hallaron facturas que, presuntamente, corresponden a una de las ediciones del Valencia Summit. Ambos eventos fueron, en su día, “sobradamente conocidos”, por lo que, previsiblemente, “generaron debates” políticos con los grupos de la oposición. Y, pese a todo, concluye el juez —que expresa su “absoluto respeto” por las instituciones de Valencia—, “no consta que se haya presentado ninguna denuncia para investigar los hechos”. Según Castro, es “fácilmente deducible” que las mismas facturas se utilizaron para justificar, indistintamente, gastos de uno y otro evento. Ese cruce de facturas es la clave de bóveda del caso y una de las pruebas más sólidas del presunto fraude.

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miércoles, 12 de septiembre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; EL TSJ ASUME LA RAMA DEL PGOU DE BRUGAL E INVESTIGARÁ A CASTEDO, ALPERI Y ORTIZ

TRIBUNALES | Irregularidades en el PGOU de Alicante

Efe | Valencia
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) investigará la rama del 'caso Brugal' sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en las que podrían haber participado la alcaldesa de esta ciudad, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi.

Así lo indica un auto hecho público este martes por la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal, que se declara competente para asumir la causa remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular solicitó la imputación de ambos dirigentes políticos, aforados por su condición de diputados autonómicos.

El instructor de la causa será el magistrado Juan Climent, que ya se encargó de presidir el juicio de la denominada 'causa de los trajes' del caso Gürtel y que ahora continuará la investigación de un sumario que incluye posibles delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

En esta pieza separada del 'caso Brugal', el Juzgado de Instrucción alicantino observó supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.

Su titular, el juez Manrique Tejada, abrió diligencias previas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del plan, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo; varios empresarios y dos ex directores generales adjuntos de Bancaja.

El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

Aunque Tejada entiende que la fase de la instrucción no permite concretar el tipo de cohecho, apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor.

El Ministerio Fiscal, Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, partidos personados en la causa, han solicitaron al TSJ valenciano que asuma esta pieza separada del Brugal, algo que rechazaron los letrados de Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz, a quien el instructor imputa los citados delitos.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez apuntaba "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi.

El Estatuto de Autonomía valenciano establece que los diputados de las Cortes Valencianes, así como el presidente de la Generalitat y los miembros del Consell, solo pueden ser enjuiciados por la Sala de lo Civil y Penal.

Además

"CASO EMARSA"; DETENIDA E IMPUTADA UNA EMPRESARIA CITADA COMO TESTIGO


Efe | Valencia

La Policía Judicial ha detenido a una testigo del caso Emarsa que se encontraba en paradero desconocido y que ha acudido este miércoles a prestar declaración voluntariamente, comparecencia en la que además ha sido imputada.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el abogado de María Águila Aladren, relacionada con el empresario fugado Jorge Ignacio Roca Samper, se presentó en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y pidió cita para declarar como testigo.

Su comparecencia ha comenzado a las 09.30 horas de este miércoles pero, transcurridos unos minutos, el instructor ha ordenado su detención y ha modificado su condición de testigo a imputada.

La Policía Judicial la ha trasladado a la Comisaría para abrirle una ficha de detenida y después la ha llevado de vuelta al juzgado para retomar su declaración, tras lo cual es previsible que sea puesta en libertad bajo medidas cautelares.

María Águila Aladren figura en la causa como gerente de 'Lot Monopoly', empresa que supuestamente recibió 1,1 millones de euros de la firma Erwinin, administrada por Jorge Ignacio Roca Samper, sobre el que figura una orden de búsqueda y captura internacional.

Este empresario, que figura como titular de diferentes empresas vinculadas a la trama, está imputado por un delito de malversación, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia investiga en exclusiva un supuesto fraude de fondos en la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, causa en la que existe casi una treintena de imputados.

domingo, 9 de septiembre de 2012

"CASO AYUDAS COOPERACIÓN"; EL TSJ ABRE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DE CORRUPCIÓN QUE IMPLICA A BLASCO


El fraude de la cooperación es el cuarto escándalo del PP en el alto tribunal

Adolf Beltran / Joaquín Ferrandis Valencia

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Se declaró competente, decidió continuar la instrucción y designó a la magistrada María Pía Calderón para llevar la causa. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se hizo cargo ayer de la investigación del caso que implica al actual portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, por el fraude en las ayudas de la Generalitat a la cooperación al desarrollo entre 2008 y 2010, cuando él era consejero de Solidaridad y Ciudadanía.

La decisión del alto tribunal es consecuencia de la condición de aforado de Blasco, cuya imputación solicitaron la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que instruyó el caso; el fiscal, que lo denunció ante el juzgado, y hasta la propia Generalitat, personada como acusación en un escándalo que fue denunciado a la fiscalía anticorrupción en octubre de 2010 por las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís.

Se trata de la cuarta pieza abierta en el TSJ por escándalos de corrupción que afectan al PP valenciano, dado que ya se investigan, también debido a la presencia de cargos aforados entre los implicados, tres asuntos derivados del caso Gürtel: un presunto delito electoral del PP por la financiación irregular de las campañas electorales municipal y autonómica de 2007, un supuesto delito de falsedad por la campaña de las elecciones generales de 2008 y delitos de prevaricación y cohecho en la contratación de los pabellones de la Generalitat en la feria Fitur con la empresa de la trama de corrupción Orange Market entre 2005 y 2009.

Desde el PP se apuntó ayer que la decisión del TSJ no cambia la situación de Blasco

Todavía pueden recalar en el TSJ otros dos escándalos del PP, la investigación de las comisiones ilegales obtenidas de RTVV por la trama Gürtel de la sonorización y retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006 y la parte del caso Brugal que se refiere al amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, en el que están implicados la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos del PP.

El auto del TSJCV recuerda que la juez Nieves Molina detectó en la actuación de Blasco como consejero “sólidos indicios de participación delictiva”. Blasco habría facilitado que una trama organizada saqueara fondos de las subvenciones de los proyectos de cooperación que otorgaba su propia consejería y, según la titular del juzgado número 21, habría incurrido en fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La investigación judicial del fraude, una vez se hizo pública, tras una investigación preliminar de la fiscalía especial sobre las denuncias presentadas por las diputadas Tirado y Mollà, dio lugar a la detención el pasado mes de febrero de hasta 14 personas y a la imputación de un total de 26. Entre ellas, seis responsables de la consejería que gestionaba Blasco, como el que fue director general, Josep Maria Felip, o el subsecretario, Alexandre Català. Sólo permanece en prisión Augusto César Tauroni, persona relacionada con Blasco que encabezaba una trama en la que estaban involucradas fundaciones, pequeñas organizaciones no gubernamentales y empresas controladas por el propio Tauroni que manejaron ayudas por más de 6 millones.

Es evidente que la actuación de Fabra lo hace cómplice de Blasco”, dice Clara Tirado

Es indiscutible que Blasco ha tenido una participación directa en el entramado corrupto”, señala Mireia Mollà

Desde el PP se apuntó ayer que la decisión del TSJ no cambia la situación de Blasco, que formalmente todavía debe ser imputado y sigue siendo portavoz en las Cortes Valencianas, aunque en la práctica le haya sustituido “provisionalmente” Rafael Maluenda. De todas maneras, la imputación formal de Blasco es cosa de días tras la apertura de la investigación en el alto tribunal. Las diputadas que denunciaron el fraude en su momento coincidieron en criticar a Alberto Fabra por mantener a Blasco todavía y no haberle destituido.

“Es evidente que la actuación de Fabra lo hace cómplice de Blasco”, dijo la socialista Clara Tirado, que añadió: “Hay tantas razones para que Blasco se vaya a su casa como millones de euros se robaron en el fraude”. La parlamentaria sostiene que el aún portavoz del PP no sólo debe dimitir como tal sino que ha de abandonar su cargo de diputado. “Es indiscutible que Blasco ha tenido una participación directa en el entramado corrupto”, señaló a su vez Mireia Mollà, de Compromís. “Prolongar más su permanencia revela la complicidad del PP y del Gobierno de Fabra”.

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"CASO PARC CENTRAL"; 26 JUECES Y 15 AÑOS PARA CONCLUIR EL SUMARIO DE UN "PELOTAZO"


Obras de construcción del Parc Central en 1997. / JOSEP LLUÍS SELLART
Nueve políticos y empresarios imputados por unos beneficios opacos de 4,8 millones en la construcción de un centro comercial en Tarragona

Mercè Pérez Pons Tarragona

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La sombra de la corrupción sobrevuela antiguos cargos de Convergència Democràtica, además de directivos de empresas de ámbito estatal debido a un presunto pelotazo urbanístico en Tarragona hace más de 15 años por el que obtuvieron beneficios opacos de 4,8 millones de euros. Se trata del caso Parc Central, que tiene nueve imputados entre políticos y empresarios —en un principio había 11 imputados, pero en este tiempo dos personas han fallecido—. La investigación judicial se remonta a finales de la década de 1990, pero el asunto vuelve a la actualidad porque esta semana el juzgado de primera instancia número 6 de Tarragona ha finalizado la instrucción del sumario tras una década y media de indagaciones. Se trata de un sumario que abarca más de 30.000 páginas después de haber pasado por el caso hasta 26 jueces durante este largo lapso de tiempo.

El caso, que parecía estar en vía muerta, aborda la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, bautizado como Parc Central. En la operación, presuntamente ilegal, está imputado Àngel Fernández, exconcejal de Urbanismo y mano derecha del exalcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU). Fernández estuvo implicado en otro caso de corrupción urbanística denominado Terres Cavades, que le obligó a dimitir de su cargo municipal. Además, los tentáculos del escándalo del Parc Central alcanzan a Isidoro Prenafeta Pastor, primo de Lluís Prenafeta, que fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante los primeros mandatos de Jordi Pujol e implicado en el caso Pretoria, de corrupción urbanística junto al exconsejero de la Generalitat Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. Isidoro Prenafeta es presidente de Tipel, una sociedad familiar dedicada al tratamiento y venta de pieles en la que trabajó como economista el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas.

En el proceso están imputados dos altos cargos más de Tipel, los directivos Juan Carretero y José M. Vidal, además del exalcalde de Reus Miquel Colàs, último edil franquista del municipio, y Luis Valero, socio fundador de Consum.

La trama se remonta a 1991, cuando el solar donde ahora se ubica el centro comercial Parc Central fue vendido por Gas Tarraconense a la sociedad Metsport

El sumario de la juez Ainoha Sagardia —que nada más concluirlo cesó para trasladarse al País Vasco— acusa a los imputados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en la compraventa de un terreno y su recalificación posterior. La trama se remonta a 1991, cuando el solar donde ahora se ubica el centro comercial Parc Central fue vendido por Gas Tarraconense a la sociedad Metsport SL. La compra se cifró en 535 millones de pesetas (3,21 millones de euros) y esta empresa tenía como accionistas, entre otros, a la sociedad fantasma Tarantula Beeher, domiciliada en el paraíso fiscal de Curação, una isla de las Antillas Holandesas, y al constructor tarraconense Lluís Carbonell. Metsport vendió solo dos años después los terrenos a Erosmer Valencia, propiedad de Eroski, por un valor mucho más elevado; 1.337 millones de pesetas (8,03 millones de euros). Los beneficios de esta operación, 802 millones de pesetas, es decir, 4,8 millones de euros, supuestamente fueron desviados a cuentas en Holanda posteriormente transferidas a bancos suizos.

El rastro de esta plusvalía se perdió, pero durante el proceso se han constituido numerosas comisiones interrogatorias en estos países, además de en Liechtenstein y Andorra, lo que contribuyó a prolongar el proceso. Además, se investigaron cuantiosas donaciones que recibieron partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Tarragona.

La denuncia del caso Parc Central se interpuso de manera anónima. El complejo se empezó a construir en 1995 y, según consta en la instrucción del caso, fue inaugurado dos años después sin tener permiso de actividad.

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sábado, 8 de septiembre de 2012

INVESTIGAN SI LA CUÑADA DE MATAS DESVIÓ DINERO DEL GOVERN AL PARTIDO POPULAR

Encarnación Padilla encargó a Over al menos cuatro trabajos por 100.000 euros

María José García | Eduardo Colom | Palma

La investigación del grupo Over Marketing, publicista vip del PP en las Islas y pata balear de la trama Gürtel, a la que se apunta por supuesta financiación ilegal del partido ha llegado hasta la familia de Jaume Matas. Los investigadores han encontrado que Encarnación Padilla, mujer de Fernando Areal, extesorero del PP y cuñado del expresident, que ocupó el cargo de directora general de Tecnología y Comunicación –dependiente de la Conselleria de Economía e Innovación– en la legislatura 2003-2007 contrató con el grupo de empresas de Over Marketing, un holding dedicado a la comunicación y el marketing que recibió más de tres millones de euros en contratos del Govern, en cuyas adjudicaciones la Policía Judicial de la Guardia Civil apuntan que hay indicios de «fraude a la administración y falsedad documental». Pero además, entre los concursos y los pagos a dedo a este grupo de empresas, los investigadores han localizado ya cerca de un millón de euros en facturas falsas.

En este contexto, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha podido comprobar que Padilla, mujer de Fernando Areal, hermano de la mujer de Matas y a la vez tesorero del partido, contrató desde su departamento para proyectos concretos a la publicista del PP a la que además, solicitó asistencia de comunicación en varias ocasiones.

Según ha podido saber este diario, la cuñada de Matas contrató desde la Dirección General que dirigía a Over Marketing en al menos cuatro ocasiones. Una de ellos, consistió en publicitar y dar difusión a un plan de colaboración con pequeñas y medianas empresas de las Islas llamado Ciberpime y promovido desde esta Dirección General. Pero además, Over se encargó de dar a conocer dos webs puestas en marcha desde el Govern: el portal del funcionario y el portal del ciudadano. También participó en la promoción de un evento con motivo de la celebración en un hotel del Día de Internet.

La suma total de lo que el departamento de la cuñada política de Matas pagó por estos trabajos ronda los 100.000 euros. Estos expedientes están siendo actualmente investigados por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, junto con el resto de documentación incautada tanto en el registro en la sede central de Over en Madrid –en Balares contaba con una delegación con escasa infraestructura por lo que subcontrataba servicios–, como en los diferentes requerimientos a administraciones isleñas.

Anticorrupción y la Guardia Civil tratan de averiguar si los trabajos se realizaron tal y como se indica y sobre todo, analizar si los precios estaban inflados en lo que al precio de mercado se refiere, puesto que ya se han detectado tanto facturas falsas como amaños en concursos. La investigación sospecha que lo que se buscaba era pagar de forma encubierta los servicios prestados por la publicista en las campañas electorales del PP, en las que era la encargada de la comunicación y el marketing.

martes, 4 de septiembre de 2012

"CASO PALMA ARENA"; MATAS SERÁ JUZGADO POR UN JURADO POR UN PRESUNTO PAGO "DE FAVOR" A SU ESPOSA

Jaume Matas, durante el juicio tras el que fue condenado a seis años. / TOLO RAMÓN


Maite Areal cobró 60.000 euros sin un contrato por hacer de relaciones públicas de un hotel

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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El expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, con una condena por corrupción de 6 años de cárcel de la Audiencia de Palma -recurrida al Tribunal Supremo-, conoció este lunes, formalmente, la acusación y los hechos por los que será juzgado por un tribunal con jurado: un presunto cohecho por unos pagos de 60.000 euros cobrados en 2007 por su esposa. Un caso parecido al de Francisco Camps.

El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, concretó personalmente a Matas, en presencia del juez José Castro por qué considera delictivo el que, siendo Matas una autoridad pública, requiera directamente a un hotelero mallorquín, Miquel Ramis, de Grupotel, que contratara a su mujer, Maite Areal. El teórico trabajo era de relaciones públicas del hotel Valparaiso, establecimiento de lujo de Palma.

Ramis pagó a la mujer del político, durante un año, sin un contrato específico, sin asignarle un horario ni una ubicación concreta en el hotel. Otra empresa local de asesores contables, Martorell Asociados, también abonó nóminas a Areal -que es maestra de escuela- para hacerle un favor al presidente, según declararon.

El caso está penalmente prescrito para los tres empresarios que pagaron a Maite Areal –hasta 100.000 euros en dos años- aunque no han caducado las eventuales responsabilidades penales para Jaume Matas por su condición de funcionario pública, autoridad que soporta un plazo más dilatado para el reproche en el Código Penal. Matas contrató para llevar legalmente este asunto al exmagistrado Miguel Arbona, que forma tándem con el exfiscal José Zaforteza en la defensa de imputados por corrupción.

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"CASO PALMA ARENA"; UN EXJUEZ DEFENDERÁ A MATAS EN UN JUICIO CON JURADO COMO EL CAMPS

Matas, durante el juicio celebrado en enero. / TOLO RAMÓN


La mujer del expresidente balear cobró en nóminas 100.000 euros en contratos de dos empresarios para hacer un favor

A. M. Palma de Mallorca

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Cuarto abogado penalista para Jaume Matas en el caso Palma Arena desde 2008. El exmagistrado de la Audiencia de Palma Miguel Arbona, socio del exfiscal José Zaforteza, se encargará de la defensa del expresidente de Baleares en un caso con jurado popular por cohecho. Este episodio penal por supuesta corrupción es semejante al sustanciado en el juicio por los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps, en el que este resultó absuelto de cohecho.

El expresidente y exministro Jaume Matas —imputado en diferentes piezas separadas de la causa matriz— tiene una condena de seis años de la Audiencia de Palma, no firme, por los delitos de malversación, falsedad documental, fraude, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos y subvenciones al redactor de sus discursos Antonio Alemany.

El juez en excedencia Miguel Arbona buscará demostrar la inocencia de Matas ante un tribunal con jurado. Arbona es un experto en estos procesos y ha encabezado juicios donde los ciudadanos determinan la existencia o no de delitos por parte del acusado. El juez instructor José Castro y el fiscal Pedro Horrach sostienen que el exmandatario balear, siendo una autoridad (entre 2003 y 2007), recibió una dádiva al requerir que su esposa, Maite Areal, fuese contratada por un hotelero amigo y también en una asesoría.

El caso penal ha prescrito para este empresario turístico y para otros dos asesores contables que también pusieron en nómina a Maite Areal pero no para quien era autoridad por un plazo más dilatado para el reproche penal. La mujer del político cobró hasta 100.000 euros en sueldos, entre 2006 y 2007, mientras su esposo era presidente. Los empresarios reconocieron que hicieron un favor a Matas, a petición suya. Maite Areal será testigo en la causa.

Antes que Miguel Arbona han sido defensores de Matas Rafael Perera, Manuel Ollé y Antonio Alberca quien, inicialmente, seguirá asesorándole en otras de las diferentes causas pendientes. Arbona fue un juez de perfil técnico, moderado. Dejó su plaza en la Audiencia de Palma para dedicarse a la defensa de casos penales de supuesta corrupción en el bufete familiar del exfiscal Zaforteza de Palma.

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"CASO PALMA ARENA"; UN PROFESOR DE ESADE ADMITE QUE COBRÓ CUATRO FACTURAS FALSAS DEL INSTITUTO NÓOS

Declaración ante el juez Castro
Valentín Giró cobró 9.600 euros por unos trabajos que nada tenían que ver con la celebración de los Juegos Olímpicos Europeos que constaban en las mismas

Europa Press | Palma

El profesor de Esade Valentín Giró, quien este lunes ha comparecido en dos ocasiones ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro -una como imputado y otra como testigo, en ambas por cuestiones distintas-, ha admitido que cobró cuatro facturas falsas del Instituto Nóos por valor de unos 9.600 euros, por unos trabajos que nada tenían que ver con la celebración de unos Juegos Olímpicos Europeos que constaba en las mismas como concepto.

En su comparencia como encausado en torno a la facturación que efectuó a Nóos, Giró se ha desdicho de la primera declaración que prestó ante el magistrado y ha incidido en que en ningún momento trabajó para los frustrados Juegos Europeos, sino que las facturas que cobró fueron por proyectos relacionados con Repsol y Telefónica, entre otras compañías, si bien "desde Nóos" le hicieron poner como concepto en ellas Juegos Europeos.

Al ser preguntado sobre quién le instó a falsificar los recibos, el imputado ha explicado que la persona con quien habitualmente despachaba en Nóos era Marco Antonio Tejeiro, quien fuese contable en la entidad aparentemente sin ánimo de lucro presidida entre 2004 y 2006 por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Por otro lado, según han señalado fuentes jurídicas, Giró ha sido interrogado como testigo en relación a otras cuatro facturas supuestamente falsas que cobró por ser relator -realizaba los resúmenes de las distintas ponencias- en los eventos Valencia Summit e Illes Balears Forum. En concreto, se trataba de cuatro recibos por unos 1.000 euros cada uno. Cabe recordar que el máximo consultor de los Juegos Olímpicos Europeos, Isidro Rigau, ya desmintió ante el juez Castro que Giró trabajara en este proyecto. El consultor de grandes proyectos deportivos especializado en planificación estratégica aclaró de hecho que el equipo estaba formado por dos personas más además de él: el exjugador de baloncesto del Barça José Antonio Montero y Alexander Benito, ratificando su declaración en sede policial.

En su declaración, prestada el pasado 28 de junio en Barcelona, Rigau declaró que trabajó ocho meses -cobrando 6.000 euros al mes- en lo que llamó "la primera fase" de preparación para poner los fundamentos de los Juegos en Valencia, que no se llegaron a celebrar nunca y que estaban prefijados en un convenio con la Administración valorado en cinco millones de euros.

Junto a Giró también han comparecido este lunes, en calidad de testigos, el exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla y la exconsellera Trinidad Miró, quienes han sido inquiridos en torno a dos comidas que mantuvieron con Urdangarin, en noviembre de 2007 y marzo de 2008, y que fueron sufragadas por el gobierno autonómico. En ellas, el yerno del Rey Don Juan Carlos ofreció diversos servicios en representación del Instituto Nóos, a pesar de que oficialmente dejó de estar vinculado a la entidad en 2006.

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