lunes, 9 de enero de 2012

"CASO PALMA ARENA"; UMBERT: "MATAS ME DIO LA ORDEN DE CONTRATAR A ALEMANY PARA LOS DISCURSOS"

Matas y Alemany, en el banquillo de los acusados | Pep Vicens
Se levanta la sesión hasta la tarde

Umbert reconoce que fijó el precio de los primeros discursos de Alemany
Matas llega al juzgado al grito de 'chorizo, devuelve el dinero'
El tribunal acepta que el cuñado de Matas acuda a declarar como testigo
En contra de lo previsto, el expresidente será el último en declarar

Lola Sampedro | Palma

A las 9.45 de esta mañana el ex presidente del Govern Jaume Matas ha llegado a la Audiencia Provincial de Palma donde se enfrenta al primer juicio por la pieza número 2 del llamado caso Palma Arena por la que la Fiscalía reclama para el ex ministro 8 años de prisión mientras que su defensa pide la libre absolución. Matas ha sido el último de los acusados de esta causa en presentarse en el Palacio de Justicia, apenas 15 minutos antes del comienzo de la vista oral. En la Plaza del Mercat se han concentrado numerosos periodistas y una veintena de curiosos que han recibido al ex president al grito de "ladrón" y "chorizo, devuelve el dinero". Matas ha entrado en la Audiencia cabizbajo bajo una lluvia de pitos y abucheos. Unos gritos que se han producido también a la llegada de Martorell y Alemany.

Aunque estaba previsto que Jaume Matas fuese el primero en declarar, el Tribunal ha comenzado con el interrogatorio a María Umbert. La seguirá la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; el ex director de Comunicación del Govern, Joan Martorell; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el periodista Antoni Alemany y el expresidente será el último en declarar según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
 
El gabinete de comunicación era cosa de Matas
Umbert ha explicado además que el gabinete de comunicación era 'cosa' de Matas y Rosa Estarás no tenía nada que ver con ello. Asimismo ha reconocido que gestionó los pagos a Alemany por diversos discursos que eran tratados como "contratos menores". Matas "me dio la orden de contratar a Alemany para los discursos" ha asegurado Umbert quien ha explicado que se creó una "especie de concurso" para contratar a Alemany.

En su declaración, Umbert ha reconocido que ella misma fijaba el precio de los discursos de Alemany, también acusado, quien se encargaba de elaborar las apariciones de Matas para los actos "de más calado y más repercusión", así como los que tenían "carácter más político".

Ella, en cambio, hacía los discursos para actos "cotidianos" y de menos relevancia, ha explicado, y preguntada por el fiscal Pedro Horrach si en el gabinete de comunicación del Govern no había nadie más capaz de hacerlos, ha dicho que sí, pero ha puntualizado que no se sentía "capaz" de elaborar textos como los de Alemany, que ha calificado "de un calado político y calidad literaria superior".

"A Alemany no le interesaba la visibilidad, por eso no se le contrató como asesor" ha dicho Umbert para explicar que la situación especial del periodista quien, según dice, pasó de cobrar algo menos de 2.000 euros al mes a una cantidad muy superior.

Por su parte, Dulce Linares, sustituta de Umbert al frente de la comunicación, ha restado importancia al trabajo de Alemany y ha asegurado ante el tribunal que "podríamos haberlos hecho nosotros".

Fernando Areal declarará como testigo
Nada más comenzar el juicio el defensor del ex presidente ha aportado una nueva prueba y el tribunal ha suspendido la vista durante cinco minutos para valorarla y la sesión ha vuelto a reanudarse ya que la juez no ha aceptado la prueba por superflua.

Entre las cuestiones previas, el tribunal ha aceptado que el cuñado de Matas, Fernando Areal, acuda a declarar como testigo, para lo que se fijará fecha.

El abogado de Matas, Antonio Alberca, había pedido que se añadiera a la causa como prueba documental una declaración de Areal del 31 de agosto de 2009, pero finalmente ha pedido que acuda a declarar como testigo, por lo que el tribunal fijará una fecha para que lo haga, informa Efe.

El primero en llegar a la Audiencia, sin embargo, ha sido Miguel Romero administrador de la empresa Nimbus, a través de la cual tramitaron algunos de los pagos presuntamente irregulares al periodista Antonio Alemany. Posteriormente han llegado María Umbert, jefa de gabinete de Matas entre 2003 y 2004; Dulce Linares, ex secretaria general técnica de la conselleria de Relaciones Institucionales, Joan Martorell, ex director de Comunicación del Govern y el propio Alemany. A las dos primeras el Ministerio Público pide menos de dos años de prisión, y dado que no tienen antecedentes, está previsto que no lleguen a ingresar en la penitenciaria. Martorell, por su parte, ha conseguido una rebaja de pena tras haber ingresado en la cuenta del juzgado el dinero que podría haberse malversado con su colaboración. Ahora la Fiscalía pide para él 2 años de cárcel.

Matas deberá asimismo responder desde el banquillo de los acusados por la supuesta contratación irregular de Antonio Alemany, redactor de sus discursos desde que fuera nombrado ministro de Medio Ambiente. La Fiscalía sostiene que se concertó junto a los otros cinco acusados para pagar 483.184 euros a las sociedades del periodista mediante trabajos de asesoramiento inexistentes y contratos supuestamente amañados.

El fiscal le considera inductor de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración. Matas, por su parte, defiende que las contrataciones fueron correctas.


"CASO GÜRTEL"; CORRUPCIÓN S.A.

El ex presidente Francisco Camps accede al TSJ. | Efe
Los agentes de la UDEF relatan cómo funcionaban las empresas de Correa
Explican como creció el grupo a través de la relación con cargos públicos
'Allá donde hubiera oportunidad de negocio, ellos operaban', apuntan
Los regalos eran para 'favorecer la obtención de contratos o de negocios'
Don Vito (Correa) era el beneficiario último de todas las operaciones
El auditor de Cortefiel ratifica que Orange Market saldó tiques de Camps

Rodrigo Terrasa | Valencia

A Francisco Correa le gustaba que le llamasen 'Don Vito'. Empezó a sentirse como el Padrino en Hell's Kitchen cuando su grupo empresarial ya compartía canapés con el poder. Correa había ideado pocos años atrás una estructura empresarial basada, en principio, en el desarrollo de eventos políticos. "Era el sustrato inicial de sus negocios", ha explicado este lunes ante el juez un agente de la Unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), uno de los responsables de los informes que se incluyen en el sumario del caso Gürtel.

A partir de esos negocios "políticos", los directivos de las empresas de Correa fueron edificando una rentable relación de negocio con personalidades de ámbito político, cargos públicos y responsables de la administración. "Comenzaron a obtener un gran número de contratos de administraciones públicas, la mayor parte a través de vericuetos u otro tipo de sistemas para tratar de eludir los requisitos de la contratación". Se fraccionaban los contratos entre las diferentes sociedades del grupo Correa, se partían para no alcanzar el umbral que obligaba a acudir a concursos público. Correa usaba sus propias empresas o incluso empresas de terceros para concurrir a los procesos de contratación con caras diferentes.

Paralelamente a esos negocios, 'Don Vito' se apuntó también al negocio urbanístico. Carreteras, plantas industriales, construcción… Más contratos públicos. "Allá donde hubiera oportunidad de negocio, ellos operaban", han relatado los policías.

En los procedimientos de contratación no existía la libre concurrencia y el grupo de Correa regalaba comisiones, que cobraban en efectivo las empresas adjudicatarias y se repartían todos los que habían participado en la decisión. Para tapar los chanchullos, se diseñó una "estructura de blanqueo de capitales", tanto en España como en el exterior, que daba soporte a los movimientos de fondos y a las inversiones.

El informe de la UDEF asegura que para ganarse el favor político, había "dádivas de todo tipo". "¿Qué pretendía el grupo Correa cuando entregaba dinero en efectivo o regalaba prendas?", ha preguntado la acusación popular. "El favorecimietno de la obtención de contratos o negocios para Correa", han explicado los agentes.

El método Correa en Madrid se trasladó con idéntico mecanismo a la Comunidad Valenciana. Allí Correa abrió la empresa Orange Market y puso al frente a 'El Bigotes'. "Se establece allí a Álvaro Pérez para desarrollar un mercado y conseguir negocio para toda la organización. Los patrones de trabajo eran los mismos y participaban los mismos".

Álvaro Pérez tenía un papel "relevante" en la organización, pero siempre un escalón por debajo del jefe. Francisco Correa era el responsable último, "la persona que estaba detrás, el titular del patrimonio y el beneficiario último de las operaciones de las sociedades". Don Vito mandaba.

Orange Market utilizaba en Valencia el mismo sistema de trabajo que, por ejemplo, Easy Concept en Madrid. "Había una caja B donde se recibía dinero y una parte se aportaba a Madrid". Pérez logró atar contratos para prestar servicios al gobierno valenciano en las ferias de Turismo (Fitur), un negocio que renovó año tras año. "En Valencia existía una relación directa entre las personas de Orange Market, Cándido Herrero y Álvaro Pérez, y las personas que participaban en la adjudicación del contrato. Los precios de licitación se ajustaban en función de lo que se les iba indicando".

Las "dádivas" en Valencia eran, presuntamente, prendas de ropa. Y las pagaban tres empresas: Diseño Asiméticro, Servimadrid Integral y Orange Market. Según la UDEF, ellos pagaron las prendas de Francisco Camps y Ricardo Costa.
 
Las 'pautas de compra'
La radiografía del grupo Correa que han realizado los dos agentes de la Unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal ha sido lo más relevante en la mañana del décimo octavo día de juicio en el TSJ de Valencia por el llamado caso de los trajes.

Los dos funcionarios de la Policía han defendido algunos de los informes más concluyentes del sumario. Y han acreditado la pauta de compra de las empresas de Correa. Su investigación partió de las denuncias de José Luis Peñas y del ya famoso testimonio de Isabel Jordán hablando del pago de 30.000 euros para unos trajes de Camps.

Han explicado que rastreando la documentación intervenida pudieron establecer una correlación entre personas, prendas y pagos a cuenta. Concluyeron que las compras de ropa en las tiendas Milano o Forever Young "se habían saldado con talones procedentes de Orange Market y, en algún caso, en efectivo". Los apuntes de la caja B se corresponden con la realidad, han dicho. Cada apunte tenía una plasmación de un movimiento real de dinero.

Han certificado salida de fondos de la caja B de las empresas de Correa para pagar prendas a Milano y han relatado que las facturas de Milano que pagó Orange Market se encontraban entre la documentación que un empleado de la empresa en Valencia intentó sacar el día que se produjo el registro.

La mecánica en Forever Young era similar a la de Milano. El mismo recorrido. Una compra, un pago, una liquidación, un encargo a sastrería... Ha vuelto a aparecer el famoso documento 71, el manuscrito con las presuntas deudas de Camps, Costa y compañía saldado por Orange Market. "A partir de las investigaciones realizadas se podía inferir que ese documento 71 era válido", ha dicho un policía.

El testimonio de los agentes de la UDEF no ha gustado demasiado a los acusados. Camps, que a primera hora de la mañana ha estado casi ausente, con síntomas evidentes de cansancio, ha vuelto a desquiciar al juez a última hora. Ha gesticulado, ha escrito notas y hasta ha usado el móvil en la sala. «Señor Camps, ¿quiere dejar el móvil por favor? No me haga interrumpir otra vez», le ha regañado el juez. "Señor Camps, absténgase de hacer gestos. Ya no sé cómo decírselo", ha insistido un rato después. La amenaza de la improbable expulsión del ex presidente sigue sobrevolando el juicio.

Tras el receso para comer, el abogado del ex presidente ha puesto todo su empeño en desacreditar los informes sobre los que se sustenta la declaración de los policías. Ha vuelto a recurrir a la figura del sastre José Tomás, al que las defensas otorgan cero credibilidad, para convertir sus "contradicciones" en fuente principal de la documentación y ponerla así toda en cuestión. El letrado de Camps ha llegado a revelar a través de una pregunta que la mujer de Tomás trabaja en la Policía. Rumores sobreactuados en la sala...

Javier Boix se ha quejado, con razón, porque el juez Climent no le ha permitido preguntar por los mecanismos de contratación después de la larga exposición matutina sobre el asunto y ha insistido en una idea que ha repetido varias veces. "¿Existe alguna conversación en la que alguien diga que ha regalado unos trajes al señor Camps?" Idéntica estrategia la de Juan Casanueva, abogado del ex secretario general del PPCV. "¿Les consta que Ricardo Costa no pagó sus prendas?". La respuesta la de casi siempre: "No me consta ni que pagó ni que no pagó".
 
La auditoría de Cortefiel
La jornada de este lunes la ha abierto el director de la auditoría del grupo Cortefiel, quien en una declaración puramente técnica y limpia de interpretaciones se ha limitado a constatar que la empresa Orange Market saldó en la tienda de ropa Milano diversos tiques de deuda en los que aparecía el nombre de los dos acusados.

El testigo-perito, que fue el que se encargó -junto a otras tres personas más de su equipo- de recopilar toda la documentación que había en la central de Cortefiel sobre facturas, pagos y albaranes en Milano -que era propiedad de esa mercantil-, ha declarado que en el año 2006 Orange Market pagó dos cheques por valor de 10.672 euros y de 16.936 euros que "cubrieron varias operaciones de venta, varios tiques de venta", algunos de ellos a nombre de Camps y de Costa.

"CASO PALMA ARENA"; MARTORELL: "EN EL GOVERN NO SE HACÍA NADA QUE NO SUPIERA JAUME MATAS"

Ex director de Comunicación

Martorell afirma que 'Matas estaba muy pendiente de la comunicación'
Asegura que la idea de contratar a un asesor externo no nació de él
Reconoce haber firmado documentos sin leeros pero 'por confianza'
El fiscal le ha enseñado uno falso en el que aparece su firma

Lola Sampedro | Palma

El que fuera Director de Comunicación de Jaume Matas, Joan Martorell, ni ha titubeado antes de decir ante la juez Margarita Beltrán que "en el Govern no se hacía nada que no supiera" el ex presidente. El imputado, que ya había pactado con la Fiscalía, ha echado balones fuera excusándose en su propia 'desidia' a la hora de estampar sus firmas en documentos falsos: "Firmaba sin saber lo que ponía, sin leerlos, confiaba en los que trabajaban conmigo".

Y la juez no daba crédito: "Lo suyo eran firmas compulsivas".

La declaración de Martorell ha ocurrido sobre las 16.30 horas tras un breve receso para comer tras el cual se ha reanudado esta segunda sesión del juicio contra el ex presidente balear por la pieza número 2 del llamado caso Palma Arena, por la que la Fiscalía pide para Matas 8 años de prisión mientras que su defensa reclama la libre absolución.

"La idea de contratar a un asesor externo (Antonio Alemany) no nació de mí, fue María Umbert la que me dijo que no tendría que hacer los discursos de Matas", ha declarado Martorell.

Pero el fiscal Horrach tenía un órdago en la manga. En la pantalla de la sala aparecía de pronto una memoria firmada por Martorell en la que se recoge la necesidad de contratar a un asesor externo. Tras esto, a Martorell no le ha quedado otra que meter gol en propia puerta y reconocer que en efecto dicha firma la había estampado él. Como coletilla, el ex director ha añadido que en cualquier caso "la idea debió de salir de Matas" y ha negado rotundo que estuviera al tanto de algún tejemaneje.

Remando en contra de lo declarado por Maria Umbert (jefa de Gabinete), Martorell ha asegurado que "Matas estaba muy pendiente del departamento de comunicación" y que no cree que "nada le fuera ajeno en la contratación de Alemany".

"Matas me ordenó que no pusiera dificultades a las iniciativas de Alemany", ha soltado el imputado para afirmar poco después que no comprobó el supuesto contrato falso a Alemany debido a las órdenes de Matas de no ponerle impedimentos y ha admitido que los falsos documentos eran para poder pagar más al periodista por los discursos que hacía al ex presidente.
 
La juez abronca al abogado de Matas
Tras los fiscales, ha llegado el turno para la defensa. El abogado de Alemany ha tratado que Martorell admita que en aquellos años era de máximo interés todo lo que relacionara turismo y deporte para la promoción de Baleares. Según la Fiscalía, Alemany cobró por unos reportajes deportivos que nunca se hicieron.

Nada más tomar la palabra el abogado de Jaume Matas, la juez le ha abroncado por la forma en la que planteaba a sus preguntas. "Haga usted el favor de organizar su interrogatorio", le ha exhortado mientras le recriminaba que no fuera claro en sus cuestiones.

El hecho de que Martorell ya haya pactado con los fiscales ha marca el interrogatorio del abogado del ex presidente balear, aunque el fiscal se ha encargado de remarcar que el acuerdo incluye que diga la verdad.

Interrogado sobre si cometió alguna irregularidad por miedo a ser cesado de su puesto de director de Comunicación, Martorell lo ha negado y ha asegurado que "Matas nunca le pidió que hicera actos ilegales".
 
Umbert y Linares no sabían nada
Durante la mañana han declarado dos de los seis acusados, Maria Umbert y Dulce Linares, que fueron jefas de gabinete de Matas, mientras que esta tarde la vista continuará con la declaración del exdirector general de Comunicación del Govern balear Joan Martorell. Ambas han declarado no saber nada de la contratación de Antonio Alemany.

Mañana prestarán declaración los principales acusados, Jaume Matas, para quien el fiscal pide ocho años y medio de cárcel, y el periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany.

En esta pieza se investiga el pago supuestamente encubierto del Govern balear al periodista Antonio Alemany de unos 4.500 euros mensuales por escribir los discursos de Matas, así como una subvención de 450.000 euros que recibió del Ejecutivo para poner en marcha una agencia de noticias y un contrato de 11.500 euros por elaborar unos reportajes deportivos que supuestamente no hizo.

"EL FRAUDE DE LOS ERE"; UN EXCHOFER DE LA JUNTA DECLARA QUE USÓ SUBVENCIONES PARA COCAÍNA Y FIESTAS

El exempleado del director de Trabajo recibió 900.000 euros públicos para dos empresas
Guerrero niega todas las acusaciones y anuncia acciones legales
La juez de los ERE reclama la investigación del testimonio del antiguo amigo de Guerrero

Sevilla

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Caso de los ERE


La declaración ante la policía de Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, implicado en el supuesto fraude con las ayudas públicas para expedientes de regulación de empleo (ERE), ha añadido aspectos inéditos en la investigación de este caso, que dirige la juez Mercedes Alaya. Parte de una ayuda se usó para "cocaína y fiestas", según manifestó Trujillo el pasado día 15 ante los agentes de Andújar (Jaén).

El testimonio se ha producido a raíz de una investigación abierta por la Agencia Tributaria en 2010 en Andújar. Alaya ha pedido de inmediato asumir la instrucción al entender que tiene relación directa con la trama de los ERE fraudulentos que ella investiga.

Según el testimonio, Trujillo creó dos empresas (Iniciativas Turísticas Sierra Morena, SL, y Lógica Estatégica Empresarial para crear un alojamiento rural y una factoría de muebles. Para estas entidades, Guerrero, siempre según el documento de la declaración, le concedió en 2004 dos subvenciones que sumaron un total de 900.000 euros y que, en vez de ir destinadas a la viabilidad de los mencionados negocios, se destinaron a la compra de un terreno, un piso en la calle San Luis de Sevilla, material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros”. Entre este capítulo de otros, el exconductor incluye “comprar cocaína para su jefe y para él” así como “ir de fiestas y copas”.

El conductor, que fue despedido de la Junta en 2009, después de 20 años trabajando para la Administración, ha dicho también que fue el propio Guerrero quien le dio las indicaciones de qué tenía que hacer para beneficiarse de las ayudas. De acuerdo al atestado, entabló amistad con el exdirector general, quien le afirmó tener “potestad” para “conceder de forma indiscriminada subvenciones sin necesidad de justificar nada”, por lo que le conminó a crear dos empresas y pedir las ayudas.

Fue así como surgieron, según Trujillo, sus dos sociedades y las ayudas, cuyo expediente elaboró él mismo sobre dos folios, siempre según el testimonio del extrabajador.

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho esta mañana que esta declaración no va acompañada de pruebas y que es "tan brutal" y "sumamente irreal" que le hace pensar que "no es verdad". "Cuando lo demuestre podremos hablar", ha señalado Elena Valenciano.

Reacción de Guerrero
El ex director general de Empleo de la Junta Francisco Javier Guerrero sostiene que es "totalmente falso" que ordenara a su chófer comprar cocaína con las ayudas y ha anunciado querellas contra él y quienes recojan sus afirmaciones.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha dicho a Efe que son "totalmente falsas" y "no tienen ningún fundamento" las declaraciones policiales de su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo. Según de Pablo, su cliente niega tanto haber comprado droga y objetos como haber recibido él mismo parte de las ayudas que la Junta concedió a dos empresas creadas por su antiguo chófer.

Ha añadido que Guerrero le ha encomendado proceder judicialmente contra Trujillo y todas las personas que se están haciendo eco de sus manifestaciones, como la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, quien hoy ha calificado la información de "muy grave, si es así" y ha pedido que los culpables "paguen cuanto antes".

El defensor ampliará su denuncia contra los funcionarios policiales o judiciales que hayan podido filtrar la declaración a la prensa, ya que el acta que ha sido divulgada está foliada, lo que significa que no procede del chófer sino que ha extraída de unas diligencias policiales o judiciales.

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EN OTROS MEDIOS
rtve.es El chófer del exdirector general de Empleo de Andalucía dice que gastaban las ayudas en cocaína
20minutos.es El chófer del principal imputado por los ERE de la Junta dice que gastaban las ayudas en cocaína
lavanguardia.es El ex director de Empleo de la Junta niega que comprara cocaína con las ayudas de los ERE
elmundo.es El ex director de Empleo de la Junta niega haber comprado cocaína con dinero de los ERE
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elpaís.com

ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA PARA UN IMPUTADO EN EL "CASO EMARSA"

El juez sostiene que hay "fundadas sospechas" de que el sospechoso se ha fugado

EP Valencia 

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el agujero de 17 millones de euros en Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia), ha dictado una orden europea de detención para uno de los imputados en la causa, Jorge Ignacio Roca, administrador de empresas dedicadas a la gestión de lodos que inflaron artificiosamente facturas a Emarsa entre 2005 y 2010, hasta el punto de que la sociedad metropolitana abonó una cifra que supera en más de 10 millones de euros lo que costaba realmente el servicio.

A través de un auto de este lunes, el instructor, Vicente Ríos, ha dictado una orden europea de detención de Roca Samper, ya que se encuentra en ignorado paradero y sostiene que existen "fundadas sospechas" de que se ha fugado de España para eludir la justicia. En su resolución, explica que concurren los requisitos establecidos en la ley reguladora de la orden dado que los hechos pueden ser constitutivos de estafa y fraude, a los que va aparejada una pena de cuatro a ocho años de prisión, sin perjuicio de las que pudieran imponérsele por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil.

El magistrado, además, ha acordado nuevas citaciones de imputados -cinco nuevos y tres repeticiones- entre ellas, la continuación de la del exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, que volverá a comparecer ante el juez el 26 de enero tras suspenderse su anterior declaración. Las fechas se han fijado entre el 16 y el 26 de enero, día en que Cuesta cerrará esta nueva tanda de declaraciones.

Facturas por trabajos no realizados
El juez explica en el auto que Jorge Ignacio Roca era el administrador de Etwas Eigentlich; Erwinin; Zonday Investments; Agrolemos YN; Samperini y Printergreen. Algunas de estas mercantiles fueron interpuestas en la cadena de facturación entre 2005 y 2010 para "incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados de tal forma que Emarsa abonó finalmente por la gestión de lodos y desbaste una cifra aún no determinada pero, en cualquier caso, superior a diez millones de euros más que lo que costaba el servicio que efectivamente le era prestado".

Como ejemplo de irregularidades, el juez instructor señala en el auto que en 2009 Erwinin facturó a Emarsa directamente 370.588 euros sin que realizara trabajo adicional alguno y posteriormente, Roca, a través de esta mercantil, Zonday y Printergreen -que es la que factura sin realizar la menor actividad- facturó otros 1.789.268 euros a la empresa de Pinedo. Las facturas de Printergreen a Emarsa se elevaron a 1.077.560 euros en 2010 sin que conste que se realizara trabajo alguno para ella.

De lo actuado, según el juez, se desprende que ninguna de las sociedades administradas por Roca "tuvo medios, ni humanos, ni materiales, ni financieros, para desplegar las supuestas actividades económicas que a las mismas se atribuye por terceros receptores de facturas en cuyos membretes se consignan los nombres de las distintas empresas".

Asimismo, se refleja que las empresas gestionadas por el imputado obtuvieron ingresos de las facturas emitidas a Emarsa y que en cada uno de los ejercicios investigados, el dinero, tras la confección de la factura correspondiente, fue enviado directamente desde las cuentas de Emarsa a aquella titularidad de la empresa que los responsables de la trama hubieran determinado.

Con posterioridad al ingreso, el dinero era transferido mediante operaciones internas a las cuentas bancarias de cada una de las mercantiles intervinientes para, finalmente, ser reintegrado mediante diferentes formas, entre las que era muy habitual la extracción de dinero con tarjeta bancaria en cajeros.

El juez considera que la participación de Roca en los hechos investigados se puede calificar como "imprescindible y necesaria" para conseguir el fraude final, por lo que sostiene que puede ser tenido como presunto partícipe de un delito de malversación, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y un delito continuado de falsedad documental.

"CASO MINUTAS"; LA FISCALÍA PIDE PRISIÓN PARA DEL NIDO Y JULIÁN MUÑOZ

José María del Nido, esta mañana a la entrada de la Audiencia de Málaga. / JORGE ZAPLANA (EFE)
El letrado y el exalcalde están condenados por cobrar trabajos no realizados
La Fiscalía reclama una fianza de 500.000 euros si no van a prisión

Fernando J. Pérez Málaga

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Corrupción política
Casos judiciales


El fiscal anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo ha solicitado la prisión provisional sin fianza para el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz como medida preventiva tras sus condenas por el denominado caso Minutas, la malversación de 2,7 millones de euros de las arcas municipales marbellíes mediante el cobro, por parte de Del Nido, de minutas que no correspondían a trabajos judiciales efectivamente realizados.

La Fiscalía ha solicitado que, en caso de que no se ordene la prisión, se establezca una fianza de 500.000 euros para cada uno, que comparezcan cada quince días y que se le requiera y retiren sus pasaportes. En estos momentos se celebra la vista convocada para decidir qué medidas preventivas se adoptan contra los condenados en este caso y a la que ha acudido Del Nido.

Este abogado ha sido condenado a siete años y medio de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, misma pena que recayó en Muñoz, aunque en concepto de autor.

El fiscal ha presentado doctrina del Tribunal Constitucional para sostener que la sentencia, conocida el pasado 19 de diciembre “debilita la presunción de inocencia” de los condenados aunque el fallo ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo. El fiscal entiende que la propia sentencia condenatoria puede ser “un dato suficiente y no irrelevante” para evaluar el riesgo de fuga.

Según Jiménez Villarejo, la capacidad económica de Del Nido alimenta el riesgo de huida. Además, ha afirmado, su posición social y el grado de penetración en otros ayuntamientos sevillanos para los que trabaja puede suponer un riesgo de “reiteración delictiva”. El riesgo de fuga y la posibilidad de que el imputado o condenado vuelva a delinquir son los elementos principales para decretar las medidas cautelares.

Tras la petición del fiscal, será la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga la que decidirá en los próximos días qué medidas adopta. El tribunal puede coincidir con las medidas planteadas por el fiscal, decretar medidas distintas o incluso no tomar cautela alguna.

Tanto Muñoz como Del Nido tienen pendientes causas judiciales derivadas de su paso por Marbella, argumento que también ha sido utilizado por el fiscal para respaldar su dura petición. En el caso del ex alcalde, Jiménez Villarejo ha detallado que sobre él pesan 26 causas pendientes por malversación, otras 24 por delitos contra la ordenación del territorio, además de los casos Malaya, de corrupción municipal y el juicio por blanqueo de capitales que lo sentará en el banquillo junto a su expareja Isabel Pantoja.

En los juzgados de instrucción de esa ciudad todavía colea el llamado caso Fergocón, que analiza la contratación de obras por parte del Ayuntamiento marbellí con una empresa propiedad de los hermanos del presidente sevillista.

La empresa Fergocón facturó al Ayuntamiento entre 2001 y 2002 obras municipales por valor de seis millones de euros, en 528 facturas prácticamente correlativas. Parte de la deuda, 1,98 millones de euros, fue abonada por el Consistorio gilista con dos parcelas municipales que fueron tasadas a un precio muy inferior al valor real de mercado en esas fechas. Esta causa todavía está pendiente de calificación por parte del ministerio fiscal.

Por su parte, Pedro Apalategui, abogado de Del Nido ha tachado de “desorbitada” y "desproporcionada” la petición del fiscal. Apalategui ha defendido el arraigo de su cliente en la ciudad de Sevilla, donde viven sus seis hijos y mantiene un despacho profesional desde 1982, como garantía de que no tratará de escapar a la justicia. También ha resaltado que Del Nido ha acudido a declarar puntualmente todas las veces que fue llamado en fase de instrucción y que ha asistido a todas las sesiones del juicio, que empezó en abril de 2010 y terminó en junio de 2011, excepto a dos de ellas.

En la sesión de hoy también se veían las peticiones fiscales para otros condenados secundarios por el caso Minutas, como el exasesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca, Modesto Perodia, Esteban Guzmán. Para ellos también ha reclamado prisión, con alternativa de fianza de entre 100.000 y 300.000 euros. Para Manuel Vázquez, Alfredo Chica, Ángeles Carrasco (exesposa de Del Nido) y Victor Cohen, la petición es de que comparezcan cada 15 días en una sede judicial cercana a su domicilio.


"CASO PALMA ARENA"; UNA COLABORADORA DE MATAS CALIFICA DE FRAUDE EL CONTRATO CON ALEMANY

El expresidente balear ha tenido que ser protegido a la salida de la Audiencia de Palma
Decenas de personas le han abucheado y le han llamado "ladrón"
El fiscal pide ocho años para él por malversación, prevaricación y falsedad

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Jaume Matas
Caso Palma Arena
Corrupción política


Con abucheos y con un cambio del orden de declaraciones ha comenzado en la calle y en la Audiencia de Palma el juicio que se sigue contra el expresidente balear Jaume Matas. El fiscal pide ocho años y medio contra él por comprar a un periodista, que le escribía los discursos  para luego ensalzarlos en el diario El Mundo. Matas ha sido recibido a las puertas  con abucheos a su llegada. Una vez dentro de la sala, y cuando el juicio acababa de comenzar, se interrumpió la sesión para  estudiar las cuestiones previas planteadas por la fiscalía y las defensas.

La sala ha admitido alterar el orden  de la declaración de los acusados, de forma que el exbarón del PP será el último en declarar.  La ex jefa de gabinete de Matas María Umbert será la primera, seguida de la que fue directora de gabinete de Matas, Dulce Linares; el ex director de Comunicación del Govern Joan Martorell; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero; el periodista Antoni Alemany y el expresidente Matas, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Linares ha equiparado el contrato de Matas con el periodista con un fraude y ha señalado que, de haberlo sabido, "lo habría parado". Ha manifestado que se sintió engañada. Durante el receso para comer, Matas ha dejado la sede judicial y ha sido abucheado por varias decenas de personas, que le han llamado "ladrón". Ha tenido que ser protegido por la policía.

La casualidad y la presunta corrupción han hecho que esta mañana, casi a la misma hora, se sienten en el banquillo de los acusados de dos juzgados distintos dos de las antaño todopoderosos presidentes autonómicos del PP: Francisco CampsMatas. El expresidente balear y exministro de Aznar está acusado de gastar casi medio millón “de manera fraudulenta” y “arbitraria” para satisfacer al autor de sus discursos.  Es el primero de los juicios del caso Palma Arena, que se celebrará del 9 al 31 de enero en la Audiencia de Palma. Tres de los seis acusados, dos excargos del PP y un empresario, han previsto cooperar con la fiscalía.

Matas, investigado desde 2008 por supuesta gestión corrupta en la Presidencia balear y por presunto enriquecimiento ilegal, evitó entrar en prisión preventiva en 2010 porque depositó una fianza de tres millones. El 25 de enero, mientras está previsto que aún se celebre el juicio, un juzgado subastará su palacete de Palma por impago de la millonaria hipoteca que logró para afrontar la caución carcelaria.

El exministro con José María Aznar (2000-2003), por dos veces presidente balear (1996-99 y 2003-2007) y ex líder del PP regional, en la primera pieza separada del caso está acusado junto al periodista Antonio Alemany, por malversación, prevaricación, falsedad, fraude a la administración y tráfico de influencias por contratos amañados, sin concurrencia, con documentación y facturas falsas.

Matas contrató entre 2003 y 2007 a Alemany de Consultores de Información para elaborar sus discursos a través de una empresa pantalla y, a la vez, subvencionó a los medios de Alemany, la web Libertad Balear y la Agencia Balear de Noticias. El ministerio público cree que Matas buscó “la creación de un clima de opinión favorable al presidente, algo que no podía ser recogido en un contrato administrativo transparente”.

Matas invirtió 483.000 euros públicos en el entramado de Alemany -“gastos totalmente innecesarios”, dice el fiscal- como contraprestación por los escritos e iniciativas periodísticas pro PP de éste, quien también era columnista de El Mundo y que ya fue amanuense de Matas mientras era ministro

El fiscal acusa a Matas se saltarse “los cauces legales [para] retribuir a Alemany de manera oculta”, a través de una agencia de publicidad y agrega “que le financiaba y posibilitaba el que éste realizara una campaña (aparentemente externa) para ensalzar la [su] actividad política”.

Alemany, al tiempo que cobraba de Matas a través de una empresa interpuesta por un contrato con otro objeto, se dedicaba aplaudir su política, sus propios escritos. El escrito de acusación incorporan las citas.

En El Mundo, Alemany glosaba al referirse a los discursos del ahora expresidente balear “la distancia sideral que hay entre los conceptos manejados por Matas y sus adversarios"; subrayaba “la razón política, la razón jurídica y la razón moral" que emanaban de ellos o ensalzaba “que machacó las críticas sin enfadarse”.

El primer pago gubernamental a Alemany, en 2003, se concertó antes de acceder Matas a la presidencia, por el discurso de investidura de quien era “un particular”. Se han documentado supuestos cobros irregulares, de 11.500 euros, por “la elaboración de varias entrevistas y reportajes” en diarios deportivos que no se han hallado y se suponen ficticios.

Alemany, con Matas en la presidencia, montó con fondos públicos el periódico digital Libertad balear y la Agencia Balear de Noticias. La acusación dice que esas subvenciones no las podría haber recibido en el caso de que sus vínculos contractuales con el Presidente se hubieran conocido. El escritor de discursos se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel por los delitos de malversación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, prevaricación y fraude a la administración.

Con Matas y Alemany está imputado Miguel Romero, publicista de la agencia Nimbus,“tapadera” de los contratos de Matas a Alemany -porque éste quería ocultar su vínculo con él- y que se encargó de parte de la campaña electoral del PP en las autonómicas y locales de 2007. Al tiempo, Nimbus logró dos millones de contratos del Gobierno de Matas. Para Romero la fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel; está además imputado en otras piezas del caso Palma Arena, entre ellas la del pago con fondos ‘b’ de facturas de la campaña de Matas.

Tres altos cargos políticos en Presidencia con Matas irán a juicio por su relación en los trámites y encargos a Alemany: la exjefe del Gabinete, María Umbert; la exsecretaria general técnica, Dulce Linares, y el exdirector general de Comunicación, Juan Martorell, los dos primeras con una petición que no supera el año y medio de cárcel.

El periodista Martorell recibe una petición penal especial, por su confesión judicial tras un pacto con la Fiscalía para colaborar y por reparación, al depositar parte del montante de fondos defraudados. Con Martorell cooperarán con las tesis del fiscal Dulce Linares y el publicista Miguel Romero. La versión de autodefensa de esos imputados perjudica a Matas y Alemany.

Antonio Alemany ya no está en El Mundo ni tampoco en La Gaceta, cuya edición de Baleares ya extinta fue altavoz de graves acusaciones –sobre su patrimonio privado y entorno familiar- contra los fiscales anticorrupción, Pedro Horrach y Juan Carrau, y el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro. En los tribunales se conocía que se había construido un dossier contra ellos, para intentar desestabilizar su trabajo y para apartarlos del caso, bien por una acción penal directa de inhabilitación o porque los aludidos se querellasen contra los supuestos imputados promotores y tuvieran que inhibirse.