martes, 17 de enero de 2012

EL JUEZ SOSPECHA QUE EL EXGERENTE DE EMARSA DESVIÓ FONDOS PARA REFORMARSE SUS CASAS


El instructor cree que utilizó para ello a una de las firmas implicadas en el saqueo de la sociedad pública

I. Z. - Valencia

El juez que investiga el saqueo de Emarsa continúa desentrañando el pillaje en la empresa pública de depuración de agua. El instructor ha ordenado a la Guardia Civil a través de una providencia que investigue si el exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Valencia con el PP, Esteban Cuesta, desvió fondos públicos para construir o reformar viviendas en Casas Ibáñez, la población de Albacete de la que era natural y en la que realizó distintas inversiones.

Vicente Ríos, el juez dedicado en exclusiva al caso, sospecha que, para hacerlo, Cuesta utilizó a una de las empresas de los hermanos García Martínez, todos ellos imputados por haber rapiñado presuntamente más de cuatro millones de euros de la sociedad pública. Una de esas firmas, Construcciones y Reformas Rocafort, declaró ingresos por importe de 1,35 millones de euros en 2008. De ellos, 814.021 euros fueron abonados por Emarsa y el resto parecen provenir de operaciones simuladas ya que se trata de supuestas ventas a otras empresas de la trama familiar de los García Martínez.

Ese mismo año 2008 Construcciones Rocafort realizó pagos a varias empresas radicadas en Casas Ibáñez o sus inmediaciones: Pérez y Murcia S. A. (construcción); Hermanos Carrión Monedero; Aluminios Magán, y Fontanería La pared.

El juez dispone que la Guardia Civil averigüe si "Construcciones y Reformas Rocafort SL" realizó alguna obra en Casas Ibáñez, bien en 2008 o en ejercicios anteriores o si alguna empresa de la localidad la llevó a cabo contratada por Construcciones y Reformas Rocafort SL y caso afirmativo, practíquense las gestiones necesarias para informar a este juzgado acerca de la persona o entidad para la que fue realizada y dónde se ubica". El instructor añade: "Hágase saber a la Guardia Civil que la presente causa se sigue por delito grave y que figura imputado en la misma Esteban Cuesta Anguix, natural de Casas Ibáñez".

Más información:

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL

El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso


Ignacio Zafra / María Fabra Valencia

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El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación —en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política— ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la “batalla campal” de informes y contrainformes que había desatado.

La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps

El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP “de la Comunidad de Madrid” presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de “administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas”.

“No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana”, indica el juez. “Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos”, agrega Ceres.

El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.

La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.

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"CASO PALMA ARENA"; EL TRIBUNAL DESHACE EL ENTRAMADO DE PAGOS DE MATAS A ALEMANY

Jaume Matas, ayer durante el juicio.- MONTSERRAT T. DÍEZ (EFE)

La juez califica de "caos" los testimonios de colaboradores del periodista

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca 

La presidenta de la Audiencia de Palma, Margarita Beltrán, adoptó ayer un papel protagonista al iniciar la segunda semana del juicio del caso Palma Arena, sobre las subvenciones supuestamente ilícitas de Jaume Matas a Antonio Alemany. La juez completó la investigación del fiscal Pedro Horrach interrogando a diez testigos, la mayoría trabajadores del entramado periodístico de Alemany a quien Matas sufragó con fondos públicos, con contratos pantalla y hombres de paja confesos.

El sobrino del informador le hacía de "testaferro" y devolvió el dinero

Miguel Oliver, sobrino del periodista Alemany, que hizo los discursos de Matas como presidente balear (entre 2003 y 2007), confesó que fue su "testaferro" en la empresa de las subvenciones porque aquél no quería estar, por incompatibilidad. Oliver retornó el dinero percibido de su tío para esquivar responsabilidades.

Matas entregó a la Agencia Balear de Noticias 292.000 euros. El Gobierno del PSOE paró otra partida igual. El Ejecutivo del PP, en 2006, patrocinó 83 proyectos de medios de prensa. Los concursos eran valorados por un político, reveló un funcionario. Matas se sienta en el banquillo con tres periodistas encausados: Alemany y dos de sus ex directores generales de Comunicación y Presidencia, María Umbert y Juan Martorell, más un publicitario, Miguel Romero.

En el juicio, distintos encausados han explicado la gran dedicación personal del político del PP a los temas de prensa. Sufragó los servicios de una agencia (Europa Press), insertó un parte oficial "El Gobierno Informa" en los titulares de los informativos de la SER, patrocinó espacios en la TVE balear y creó en 2005 la televisión balear IB3, que ha consumido 250 millones de euros. Además, boicoteó a medios y periodistas no afines.

En la vista se afina hasta el detalle, la acusación busca concretar pruebas sobre documentos y flujos de fondos públicos. La juez Beltrán mostró "auténtica perplejidad" por el "caos" de contradicciones de un compareciente -el diseñador José Alfredo Corrales Oliver- mientras que amenazó dos veces a la periodista María Cordón con imputarla por falso testimonio, al dar versiones diferentes sobre facturaciones, pagos y trabajos en el grupo de Alemany. Este controló Consultores de Información, la web Libertad Balear, la citada Agencia Balear, hizo los discursos de Matas y los glosó en El Mundo. El fiscal dice que usó de manera oculta la subvención "para un fin puramente particular, la creación y desarrollo de una actividad mercantil que beneficiara económicamente" al columnista y "a la vez que supusiera a Matas contar con un medio periodístico para su ensalzamiento personal".

La acusación sobre malversación de caudales, fraude y falsedad se basa en que la ayuda oficial no se destinó solo a mantener la agencia de noticias insulares sino que Alemany la desvió también a la web privada Libertad balear. El ex columnista de El Mundo rechaza la acción partidista tanto en los medios patrocinados por el Gobierno como en sus artículos de opinión. Su abogado, Javier Fernández, insiste en ello.

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL EXMINISTRO BLANCO, CITADO EL DÍA 26 A DECLARAR COMO IMPUTADO EN EL SUPREMO

El juez investiga si es cierto que un empresario sobornó a Blanco para lograr ayudas públicas
El extitular de Fomento había solicitado al tribunal declarar voluntariamente sin suplicatorio

Julio M. Lázaro / Anabel Díez / M. A. Madrid

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El juez instructor de la Operación Campeón, José Ramón Soriano, ha citado a declarar a José Blanco, ex ministro de Fomento y diputado socialista, en el Tribunal Supremo como imputado en el caso el 26 de enero a las diez y media de la mañana. La cita es la respuesta del magistrado a un escrito que le envió Blanco el pasado 5 de enero en el que le solicitaba "declarar de manera voluntaria" sin que el tribunal pidiera el suplicatorio preceptivo al Congreso, según han explicado fuentes del PSOE.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó a finales de diciembre los argumentos de la fiscalía y asumió la investigación contra Blanco por su supuesta implicación en el caso Campeón, la presunta trama empresarial de fraude de subvenciones públicas que instruye el juzgado número 3 de Lugo.

El magistrado Soriano es el encargado de investigar la parte del caso que afecta al exministro, que sigue siendo aforado al haber sido reelegido como diputado en los comicios del pasado 20-N. Soriano tendrá que esclarecer si son ciertas las acusaciones contra Blanco del empresario farmacéutico Jorge Dorribo, que aseguró haberle pagado a cambio de gestiones para obtener una subvención del Ministerio de Economía.

El ex ministro ha negado las acusaciones. "No he recibido dinero a cambio de favores políticos", ha asegurado. En declaraciones a este periódico, en diciembre, cuando el Supremo asumió la parte del caso que afecta al exministro, este afirmó que respeta la decisión de la justicia, que esperaba que se clarifiquen las falsas acusaciones contra su persona y prevalezca la verdad.

En su escrito al tribunal del Supremo que le investiga, Blanco solicitó ser citado "sin necesidad de esperar a la autorización" requerida porque es aforado, que su defensa sea informada de "la denuncia, querella o actuación procesal que haya dado origen a esta causa especial" y que se permita a sus abogados practicar diligencias, según consta en el documento.

La juez de Lugo que investiga la parte del caso que no afecta al vicesecretario general del PSOE, Estela San José, encontró indicios de tráfico de influencias y cohecho contra él, por lo que se inhibió a favor del alto tribunal.

Dorribo ha acusado a Blanco en sus distintas declaraciones ante la juez de Lugo de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en los ministerios de Hacienda y Sanidad .

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