"CASO PALMA ARENA"; MATAS RECURRE SU IMPUTACIÓN EN NÓOS Y PREGUNTA POR QUÉ NO LO ESTÁ GONZÁLEZ PONS

Jaume Matas abandonando la Audiencia. | Pep Vicens

Pieza Urdangarin

El ex ministro dice que Castro es incompetente para instruir la pieza

Efe | Palma

El expresidente balear Jaume Matas ha recurrido ante el juez instructor del Palma Arena, José Castro, su imputación en la pieza del Instituto Nóos y se pregunta por qué a Esteban González Pons solo se le ha citado como testigo cuando su función fue la misma que la del exmandatario autonómico.

En un recurso de reforma y subsidiario de apelación (de rechazarlo Castro se tendrá que pronunciar el Tribunal Superior de Baleares) notificado esta semana, el abogado de Matas, Antonio Alberca, expone tres motivos por los que considera nulo el auto del 9 de enero en el que Castro cita a Matas y a otros diez imputados, así como a 47 testigos.

Argumenta que debería anularse por tres razones: que Castro es incompetente para instruir la pieza porque no tiene nada que ver con el caso Palma Arena, que el delito investigado es competencia de la Audiencia Nacional (tribunal que ya se ha declarado incompetente) y que Matas no debería ser imputado en la pieza.

En cuanto a este último aspecto, muestra su "sorpresa" por la citación de Matas como imputado y señala que el juez no aludió al asunto tras su interrogatorio en marzo de 2010 y que, además, le dijo personalmente en una conversación en los juzgados que no estaba imputado en la pieza.

Asimismo, explica que en el sumario del Instituto Nóos, que fue presidido por Iñaki Urdangarin, no existe "ninguna prueba ni indicio" que pueda vincularlo a las actividades supuestamente ilícitas de esta entidad sin ánimo de lucro.

Indica que Matas recibió a Urdangarin y otras personas en su despacho de Palma, reunión en la que el duque le expuso el proyecto de organizar un foro sobre deporte y cultura, que el entonces presidente balear juzgó de gran interés.

"A partir de ese momento, la contratación se lleva a cabo, previos los informes jurídicos preceptivos, por los órganos competentes, sin participación ni conocimiento del presidente, que, recordaremos una vez más al (juez) instructor, no es órgano de contratación", afirma Alberca en el escrito.

Añade que su función "fue exactamente la misma que en la Comunidad Valenciana tuvieron sus responsables políticos, que actuaron del mismo modo y que no han sido imputados por el instructor, hasta el punto de que quien firmó los contratos ha sido citado como testigo", en referencia al vicesecretario general de Comunicación del PP.

González Pons aparece en el sumario de Nóos como firmante de un convenio con el instituto por un importe de 6 millones de euros cuando era conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, al igual que Matas fue quien rubricó los convenios entre Nóos y el Govern balear por 2,3 millones.

El letrado de Matas afirma que esta es "la demostración palpable de la parcialidad" del juez y "de la inquina que profesa al expresidente balear", y cree que si no imputa a González Pons es porque "la causa se iría de sus manos" al estar aforado en su condición de diputado.

"Si el objeto de la declaración es explicar su intervención en la génesis y desarrollo de los contratos con Nóos bastaba con habérsele citado como testigo", afirma respecto a Matas, al tiempo que critica que su imputación se haya hecho pública coincidiendo con el juicio contra él que se celebra en la Audiencia de Palma por una pieza del Palma Arena, al constituir "una inadmisible intromisión" en el mismo.

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UNA IMPUTADA EL EL "CASO VOLTOR": "ME AFILIÉ A UM PARA CONSERVAR EL TRABAJO";

CORRUPCIÓN | Declaración ante la juez


Efe | Palma

Una imputada en el caso Voltor ha declarado hoy ante la juez que se afilió a Unió Mallorquina (UM) para conservar su trabajo, un empleo que, según ha reconocido, le retribuía el Consell de Mallorca cuando ella en realidad hacía labores para el partido nacionalista hoy extinto.

Ella y otras cuatro personas han declarado hoy ante la juez instructora de esta causa de presunta corrupción, concretamente en el marco de una pieza que investiga la contratación de decenas de personas por el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente de UM, que la Fiscalía sospecha que trabajaron realmente para el partido cobrando dinero público.

Alicia Orellana, contratada en 2007 en teoría para el proyecto Mallorca Digital, ha explicado que trabajó para el Consell por las mañanas como "recadera", pero que luego, por las tardes, hacía labores exclusivamente para UM en la sede de la propia formación. La contrató, ha dicho, la entonces secretaria técnica del Consell, Eugenia Cañellas, quien le dijo que por las tardes, hasta las ocho, tenía que estar en la sede del partido.

En UM hacía labores administrativas, ha declarado la imputada, y ha explicado que se afilió a UM en el año 2009 porque "se vio obligada". "Me afilié al partido para conservar el trabajo", ha señalado, a lo que ha añadido que se vio impelida a ello al moverse en un ambiente en que "todo el mundo era de UM".

Ha explicado que su madre y su marido se afiliaron en la misma época y que, sin que ella lo supiera, la inscribieron en la lista de compromisarios que avalaban la candidatura de Miquel Nadal a la Alcaldía de Palma en 2007. "Me enteré de que me habían puesto en esa lista sin contar para nada con mi opinión", ha agregado.

También ha declarado hoy en el Juzgado de Instrucción 10 de Palma la imputada Laura Hurtado, quien ha reconocido que fue contratada por el Consell pero hizo de azafata para UM en sus actos electorales. De hecho, ha dicho desconocer siquiera lo que es el Cilma, entidad que la empleó, y ha abundado que no le extrañó que la contrataran para el Consell cuando efectuaba un trabajo para UM.

"Ignoraba que el dinero viniera del Consell y de fondos públicos, siempre pensé que me abonaba los honorarios UM", ha asegurado. Otro imputado ha reconocido que trabajó para Relaciones Institucionales del Consell cuando estaba contratado para hacerlo en el proyecto Eiel, lo mismo que ha dicho un cuarto encausado.

Finalmente, una quinta imputada ha admitido que trabajó para Relaciones Institucionales cuando estaba contratada para el proyecto Mallorca Digital

elmundo.es

LA AUDIENCIA DE ALICANTE DA LUZ VERDE A LAS ESCUCHAS QUE DESTAPARON EL "CASO BRUGAL"

Están acusados por el fiscal la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el ex alcalde Luis Díaz, ambos del PP, e imputado el empresario Enrique Ortiz

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

La Audiencia de Alicante ha dado luz verde a las escuchas telefónicas que propiciaron la investigación del "caso Brugal", una trama sobre el negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante. La sala, la sección 1ª de la Audiencia, considera que no es el momento procesal para resolver la legalidad de las intervenciones, si no que este extremo es una competencia del tribunal juzgador de los hechos.

El auto de la Audiencia responde a un recurso presentado por los imputados más relevantes de la pieza de Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, entre ellos el promotor Enrique Ortiz y abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Estos imputados apelaron el auto del instructor de esa causa, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, que dio por buenas las escuchas.

El tribunal de la Audiencia ha rechazado los recursos de estas partes. En este sumario están acusados por el fiscal los dos alcaldes del PP de Alicante, la actual Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi. Ambos son diputados autonómicos. Si el instructor aprecia indicios de delitos en alguno de ellos deberá enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Y si el alto tribunal imputará alguno de los dos debería ser el órgano que decidiera sobre la validez de las escuchas. Sobre la validez de las escuchas también deberá pronunciarse otro tribunal de la Audiencia de Alicante, en este caso la sección 7ª con sede en Elche.

Esta sala tiene ver un recurso de apelación de la Fiscalía Anticorrupción a un auto del juez de Orihuela que instruye la trama de la basura en el que anuló algunas de las intervenciones practicadas a los imputados, entre ellos el exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll.

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HACIENDA PIDE UNA FIANZA DE TRES MILLONES PARA CRESPO, CUESTA Y OTROS DOS IMPUTADOS EN EL SAQUEO DE EMARSA

El juez ordena ampliar la investigación del patrimonio de Crespo a su familia.-El juzgado pide grabaciones y testimonios a los medios de comunicación sobre la lotería que le tocó al alcalde de Manises

I. Z. - Valencia

La Agencia Tributaria ha solicitado una fianza de tres millones de euros para cuatro de los imputados en el saqueo de Emarsa, la sociedad pública de depuración del agua de Valencia. Se trata de Enrique Crespo, expresidente de la sociedad pública, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa y exalcalde de una pedanía de Valencia, también con el PP; y de dos de los empresarios implicados en el pillaje: Jorge Roca (que lleva meses en paradero desconocido) y José Luis Sena Gimeno.

Hacienda pide, a través del abogado del Estado, que los cuatro imputados hagan frente a dicha fianza de forma solidaria para cubrir la posible responsabilidad civil que se derivará del causa, una vez que la Agencia Tributaria haya detectado un aparente fraude fiscal "que ascendería a la nada desdeñable cifra de 2,4 millones de euros". En el supuesto de que no satisfagan la fianza, el abogado del Estado reclama que les sean embargados bienes hasta cubrir el importe de tres millones de euros. "Esta parte", añade, "ha de manifestar que los presuntos responsables directos son titulares de una serie de bienes y derechos susceptibles de embargos que se relacionan en los informes patrimoniales que se adjuntan al presente escrito".

El juez instructor, Vicente Ríos, ha ordenado por otra parte "proseguir la investigación del patrimonio del imputado Enrique Crespo", alcalde de Manises, del PP y "ampliar" a su ex mujer y a los tres hijos menores de la pareja "con el fin de averiguar si el dinero presuntamente malversado ha podido ser desviado en beneficios de éstos".

El juez ha tomado la decisión al comprobar que los depósitos, cuentas, planes de pensiones y bienes de Crespo no coinciden "con las declaraciones de actividades y de bienes publicada por edito del Ayuntamiento de Manises". A ello hay que sumar la propia petición del fiscal y "todas y cada una de las fincas a que se hace referencia tanto en la escritura de donación como en la escritura de liquidación se encontraban libres de cargas y gravámenes en el momento de su otorgamiento".

En su auto, el juez revela que "el activo de los bienes gananciales" del matrimonio ascendía a 1,8 millones de euros. Este fue repartido al 50% cuando la pareja se divorció en 2008, produciéndose en el 2010 la liquidación de la sociedad conyugal y la donación. En el inventario se incluyen diferentes inmuebles, vehículos a motor, varios depósitos bancarios, efectivos en cuantas bancarias de titularidad conjunta y seguros de pensiones. Además, el juez insta a consultar con la Dirección general de Tráfico la propiedad de dos vehículos adjudicados a Crespo pero que ya no constan "como de su titularidad".

En otro auto, también en relación con el patrimonio de Crespo, el magistrado dicta una providencia en la que pide a la Cadena Ser el corte de voz en el que presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, afirma que al alcalde de Manises le ha tocado "bastante" dinero del segundo premio del Gordo de Navidad.

"...Al que realmente le ha tocado bastante más es al alcalde de Manises, que fue el que me los vendió (los décimos). Es el presidente del partido allí en Manises y ha tocado allí", recuerda el magistrado que dijo Rus, al que citará como testigo en la causa. Además, la providencia cita a varios periodistas y medios y les pide información sobre si las manifestaciones de Crespo o Rus que figuran en los artículos publicados sobre el premio de lotería "fueron o no grabadas".

El juez ya pidió a Crespo que aclarara cuántos décimos tenía del segundo premio del Gordo, ya que en un primer momento se habló de seis y el alcalde de Manises aseguró después que solo llevaba uno. El PP local de Manises repartió casi 100 millones de euros de ese premio.

elpaís.com

ANTICORRUPCIÓN VE CIMENTADA SU ACUSACIÓN EN EL JUICIO DEL "CASO PALMA ARENA"

A. MANRESA - Palma

La Fiscalía Anticorrupción intentó en la vista de ayer del juicio del caso Palma Arena acumular más testimonios sobre la supuesta malversación, fraude y falsedad en el manejo de 490.000 euros de fondos públicos logrados por Antonio Alemany del Gobierno balear de Jaume Matas. Nueve periodistas que trabajaron para su Agencia Balear de Noticias y para la web Libertad Balear testificaron que cobraron de la firma patrocinada por Matas por sus funciones para ambos medios. Un segundo familiar de Alemany, autor a sueldo de discursos de Matas, declaró de forma desfavorable para su tío.

El fiscal Juan Carrau sostiene que la subvención para la agencia se usó para mantener el periódico digital Libertad Balear y para comprar dos automóviles, uno de ellos muy usado por Alemany. Las dos últimas sesiones se han centrado en la gestión del periodista, y el letrado de Matas, Antonio Alberca, se ausentó de la vista.

Anticorrupción, representada por los fiscales Juan Carrau, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, considera cimentada su acusación contra Matas y Alemany en las declaraciones de los arrepentidos que confesaron conocer o participar en las supuestas ilegalidades de dos contratos y la subvención a Alemany. El publicista Miguel Romero, el exjefe de prensa de Matas, Juan Martorell, y la ex secretaria general Dulce Linares dieron detalles que muestran la responsabilidad de Matas y su interés en beneficiar a Alemany.

elpaís.com

EL "CASO DE LOS TRAJES"; COSTA: "PODRÍA SE MÁS ÚTIL SI ME PUSIERA EN EL GOBIERNO"

El exsecretario del PP valenciano pidió a El Bigotes que mediara para ser incluido en el Consell

Audio: grabaciones de la fase documental del juicio a Camps

María Fabra Valencia

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Caso Gürtel

Corrupción política

Las conversaciones entre el cabeza visible de la trama Gürtel en Valencia. Álvaro Pérez, y el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, han vuelto a sonar esta mañana en la sala en la que se juzga a Costa y al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, acusados de cohecho impropio por recibir regalos de la red corrupta.

En una de ellas, Costa le pide a Pérez que interceda con él, ya que va a cenar a casa de los Camps. “Yo como secretario general le puedo ser más útil si me pusiera en el Gobierno”, le dice. “Yo pensaba sacar la conversación de tu socarramiento a través de Javier Arenas. Y le pensaba decir: "Si desde luego piensas emplear a Ricardo en algún tema de gobierno (...) próximamente o en un futuro está tan achicharrado que deberías dejarle descansar". Eso es lo que pensaba decirlo (sic), porque le pasó a Javier Arenas. Javier Arenas ahora causa rechazo por el socarramiento al que le sometió Aznar en los últimos tres años de Gobierno”, le responde El Bigotes.

“Tú déjaselo caer y que lo vaya teniendo en la cabeza”, le pide Costa. “No te preocupes, pensaba darle de lo lindo por varios sitios y ese era uno de ellos”, le contesta El Bigotes.

Las grabaciones han sido una de las pruebas que la acusación popular ha pedido que tena en cuenta el jurado para dictar su veredicto. También ha pedido que el jurado examine el Informe de la Sindicatura de cuentas sobre la adjudicación, a Orange Market, del expositor de Fitur de 2005 y que se lea el escrito de conformidad, asumiendo su culpabilidad, que el abogado de Camps presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Aquel documento se presentó el mismo día que lo hicieron el vicepresidente, Víctor Campos, y el exjefe de Gabinete de Turismo, Rafael Betoret, que también estaban acusados y que se declararon culpables. Pero Camps no llegó nunca a firmar y presentó la dimisión.

En su turno, la defensa ha pedido que el jurado tenga en cuenta la parte de ese escrito en la que figura que la conformidad con la pena que se solicitaba era “a los solos efectos formales”.

Por su parte, la defensa de Costa ha pedido la lectura de los documentos que ha aportado ya iniciado el juicio y que incluyen la declaración de la secretaria del propio Costa indicando que llamó al sastre José Tomás para preguntar el importe del traje que había encargado en Milano. Ricardo Costa solo admite el encargo de un traje que dice que pagó a El Bigotes para que se lo diera a Tomás. El propio sastre reconoció que la secretaria de Costa, en ese caso, llamó pero que Pérez nunca llegó a darle el dinero, sino que la deuda se acumuló, como otras, y finalmente las pagó Orange Market.

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"CASO TROYA"; EL ALCALDE DE ALHAURÍN, CONDENADO POR COHECHO

El alcalde de Alhaurín (centro) y el concejal de Urbanismo, esta mañana tras recoger la sentencia. / JULIÁN ROJAS

Juan Martín Serón (PP) deberá pagar una multa de 200.000 euros y estará un año inhabilitado

Fernando J. Pérez Málaga

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Caso Troya

Corrupción política

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), ha sido condenado a una multa de 200.000 euros y un año de inhabilitación por el llamado caso Troya, la trama de corrupción urbanística destapada en el municipio malagueño en enero de 2007. El abogado del regidor ha confirmado a la Cadena SER que recurrirá la sentencia, emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga.

La multa impuesta por el tribunal coincide con la petición del ministerio fiscal, que consideraba que Martín Serón ordenó a su mano derecha y concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, exigir dinero a promotores de la localidad a cambio de licencias urbanísticas legales. La pena de inhabilitación impuesta al regidor, sin embargo, es inferior a la que pedía el fiscal, que se elevaba a tres años y nueve meses.

Las defensas del alcalde, Juan Martín Serón, y de su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, habían pedido la absolución de sus patrocinados. El fiscal colocó a los dos únicos acusados al frente de una trama que funcionó entre 2002 y 2006 con el objetivo de enriquecerse de forma ilícita. Hace apenas dos semanas que solicitó que se sacara del procedimiento a otros 18 implicados, entre los que había empresarios y técnicos municipales.

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EL PRESIDENTE DEL PUERTO DE CEUTA, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN

Foto EUROPA PRESS

CEUTA, (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado; el director del puerto, César Ansorena; y uno de sus abogados, Luis Morales, han sido citados a declarar como imputados por un presunto delito de prevaricación por el Juzgado que instruye la denuncia presentada contra ellos por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de la ciudad autónoma, que les acusa de haber permitido desde 2006 gestionar la dársena a la empresa adjudicataria del servicio sin atenerse a lo prescrito en el Pliego de Condiciones de la concesión.

   Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, los tres imputados prestarán testimonio en diciembre en sede judicial para explicar qué han hecho en el ejercicio de sus cargos para velar porque la concesionaria del puerto deportivo se ajustase a lo reglamentado en materia de aplicación de tarifas, gestión del aparcamiento que rodea la lámina de agua, prestación de servicios obligados o retirada de buques del mar.

   'Marina Hércules S.A.' se hizo cargo en mayo de 2006 de la gestión del puerto deportivo, hasta entonces directamente en manos de la Autoridad Portuaria, tras dos concursos públicos fallidos y como única concurrente. El resto de quienes se interesaron por la concesión demonial renunciaron a ella al entender que era inviable abonar los 416.000 euros anuales que establece el Pliego como contraprestación para el puerto y someterse a las tarifas prescritas de forma rentable.

   La empresa, que preside José Manuel Ávila, candidato del PP de Ceuta a las últimas elecciones autonómicas, y que tiene como vicepresidente a Aurelio Puya, cuñado del presidente de la ciudad, Juan Vivas, también del PP y de quien depende la propuesta de nombramiento del presidente del puerto, mantiene un enconado enfrentamiento público y judicial con la Asociación de Usuarios desde que asumió la gestión de la dársena.

A las tres semanas de hacerse cargo de ellas, una subida cercana al 30% de las tarifas que se venían aplicando hasta mayo de 2006 dio pie a la primera disputa, que se ha mantenido en el tiempo hasta llegar al Contencioso-Administrativo y, ahora, a la jurisdicción Penal.

   Entre otras quejas, los usuarios mantienen que el pliego de condiciones estipula que los precios no podían encarecerse más de un 10%, que el aparcamiento anexo no puede utilizarse con fines lucrativos sino exclusivamente para los usuarios y trabajadores, que hay servicios obligados que no se prestan y que otros se cobran irregularmente. La representación legal de la asociación ha solicitado que se impute también a los acusados un supuesto delito de malversación de caudales públicos, petición a la que, de momento, no ha accedido el Juzgado.

europapress.es

NOTA DE LA PUBLICACIÓN: Esta noticia es de 24 de noviembre de 2011, pero no se publica hasta esta fecha porque en Ceuta todo lo que afecta negativamente al PP, no existe.

Posiblemente ni "El Faro de Ceuta" ni "El Pueblo de Ceuta" se han enterado de la noticia, por lo que no han podido hacerse eco de la misma.

UNA VEINTENA DE CASOS DE CORRUPCIÓN SE INVESTIGAN EN BALEARES

Noticias EFE

La Fiscalía Anticorrupción investiga en Baleares más de una veintena de casos diferentes de supuesta corrupción, la mayoría correspondientes a la legislatura 2003-2007, en la que el PP y Unió Mallorquina (UM) gobernaban en coalición en las principales instituciones de las islas.

- CASO PALMA ARENA: El juez José Castro comenzó a investigar este caso por el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas (PP) de 2003-2007. A partir de ahí, la causa se fue ampliando hasta ramificarse en 26 piezas, entre ellas varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas, una centrada en el Instituto Nóos presidido por Iñaki Urdangarín y otra sobre un proyecto de palacio de la ópera de Santiago Calatrava. En 9 de enero comienza el juicio de la primera pieza, en la que la Fiscalía pide 8 años y medio de cárcel para Matas.

- CASO CAN DOMENGE: La expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar (UM) se enfrenta a 6 años de cárcel por este caso, que se juzgará en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. Trata sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en Palma. Se inició a raíz de una querella de la constructora Núñez y Navarro ante la decisión del Consell de Mallorca, durante la legislatura 2003-2007, de enajenar el solar para construir viviendas en beneficio de una constructora que ofreció 30 millones frente a los 60 que ofertaron los querellantes.

- CASO SCALA: Otro de los casos de supuesta corrupción con juicio abierto, que acogerá la Sección Primera de la Audiencia de Palma. En el banquillo se sentará 18 acusados por una supuesta trama de corrupción en el Govern balear durante la legislatura 2003-2007. La Fiscalía reclama en el 21 años de cárcel por seis delitos para el exconseller de Comercio e Industria en el Govern de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, por desviar unos 7 millones de euros públicos.

- CASO BITEL: Lo juzgará la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha señalado durante ocho días, del 20 de febrero al 7 de marzo. La Fiscalía pide penas de cárcel para cinco personas por desviar dinero de la entidad pública autonómica Balears Innovació Telemática S.A. (Bitel) durante la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas (PP). Acusa al exgerente de Bitel Damià Vidal de desviar unos 700.000 euros de esta sociedad pública mediante seis métodos diferentes y pide para él 14 años de cárcel.

- CASO MAQUILLAJE: Dividido en piezas, una de ellas ya tiene juicio abierto, con una petición fiscal de 6 años de cárcel contra la expresidenta y el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, respectivamente, por malversación, falsedad y prevaricación. Trata sobre irregularidades en contratos y subvenciones a productoras por parte del Consell.

- CASO ANDRATX: Dividido en unas 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, varias de las cuales ya han sido juzgadas. Por varias condenas están en prisión el que fuera director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas, Jaume Massot, y el ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo (PP).

- CASO TURISMO JOVEN: Supuesta malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven por parte de varios miembros del PP, desde 2004 a 2007. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por malversación, prevaricación, falsedad, cohecho y fraude para el ex director general de Juventud de Baleares Juan Francisco Gálvez.

- CASO SON OMS: Relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Dividido en piezas, el ex conseller del Territorio de Mallorca Bartomeu Vicens (UM) está en prisión por una condena a 3 años de una pieza de esta causa.

- CASO PEAJE: En él se investiga el presunto desvío de dinero destinado de las obras de la carretera de Manacor a obras privadas durante el mandato 2003-2007 del Consell de Mallorca, gobernado por PP y UM. Entre los imputados se encuentran el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), y el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, cargo de confianza de UM en la institución.

- CASO BOMSAI: Se investigan posibles irregularidades durante la época del gobierno de Jaume Matas en la adjudicación de obras de la empresa pública Caib Patrimonio. Están imputados los ex directores generales de Tributos y de Emergencias, Jorge Saiz de Baranda y Joan Pol, respectivamente.

- CASO VOLTOR: Dividido en piezas, investiga supuestos desvíos de fondos en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011 desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), organismo dependiente de la Conselleria de Turismo que estaba controlado por UM. Entre los imputados se encuentran el exconseller de Turismo Miquel Nadal (UM) y el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer.

- CASO IBATUR: Otro caso dividido en partes en el que se indaga un supuesto desvío de dinero público del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), controlado por UM. Según la policía, políticos de este partido liderados por Miquel Nadal (exconseller de Turismo) idearon un "entramado delictivo" para sustraer el dinero.

- CASO MAR BLAU: Investiga la adjudicación de varios concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas. Están imputados, entre otros, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el antiguo propietario del grupo Marsans, Gonzalo Pascual, y su hijo homónimo.

- CASO CLOACA: Se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, emisión de facturas falsas y cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca de todos los municipios de la isla, salvo Palma, Calvià y Llucmajor. Están imputados varios empresarios y políticos de UM.

- CASO PICNIC: Trata sobre una supuesta malversación de fondos municipales en beneficio de UM durante la legislatura 2004-2007 con, entre otras cosas, la contratación de personas con dinero público que realmente trabajaban para el partido. Una comisión judicial registró la sede de UM en la operación policial del caso, lo que desembocó en la desintegración del partido. El juez impuso luego a UM una fianza civil de 1,6 millones.

- CASO SANT ELM: Sumario por supuesto desvío irregular de fondos en la legislatura 2003-2007 de la Fundación Illes Baleares que lidera el expresidente del Govern balear Gabriel Cañellas (PP). Esta entidad responsable de la conservación de la torre de Sant Elm cedió su uso en 2006 al Ayuntamiento de Andratx -gobernado entonces por el PP- a cambio de una contraprestación económica cuyo destino se está investigando.

- CASO FUNERARIA PALMA: En este caso se investigan presuntas irregularidades económicas cometidas en esta empresa pública durante la legislatura 2003-2007 del PP, como la venta de tumbas, la alteración de facturas e incluso la falsedad de alguna de ellas. Entre los imputados se encuentra Óscar Collado, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma.

- CASO PIÑATA: Caso reabierto en 2010 por la Audiencia de Palma después de su archivo en 2008 por el juez de instrucción en el que está imputada la ex consellera insular de Deportes y Promoción de UM Dolça Mulet y otras once personas. Se investigado desde 2004 y versa sobre unas subvenciones supuestamente irregulares concedidas por el Consell a varias asociaciones vinculadas a UM.

- CASO XORIGUER: Se investigan presuntas irregularidades en el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca) durante el mandato del PP del 2003-2007. Entre los imputados figura la ex secretaria general del PP de Menorca.

- CASO OSSIFAR: Destapado en agosto de 2011, trata una supuesta trama de corrupción vinculada a la empresa municipal Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) durante el mandato 2003-2007, cuando estaba controlada por UM.

- CASO RELÁMPAGO: Causa abierta en 2007 sobre una supuesta trama de blanqueo y defraudación a Hacienda en la que participó el bufete de abogados Feliu de Palma. En ella está imputada la cantante Ana Torroja por una supuesta evasión fiscal.

- CASO RODRIGO DE SANTOS: El ex teniente de alcalde popular del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos fue condenado a 2 años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos al pagar con la tarjeta del consistorio en clubes de alterne, motivo por el cual el PP le suspendió de militancia. También está condenado a 5 años de cárcel por varios delitos de abusos sexuales a menores y un delito contra la salud pública.

- CASO PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA: Es el único caso investigado por la Fiscalía Anticorrupción que ha sido archivado provisionalmente por el juez. Se abrió en agosto de 2008 e investigaba supuestos "pelotazos" urbanísticos en la isla con plusvalías superiores a los 300 millones de euros. EFE

elnortedecastilla.es

"CASO PICNIC"; UN IMPUTADO AFIRMA QUE UM ORGANIZABA EXCURSIONES "PARA CONSEGUIR ALGO A CAMBIO"

Caso Picnic


Europa Press | Palma

Un extrabajador del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), Manuel Norte, ha afirmado ante el juez instructor del caso Picnic que si Unió Mallorquina (UM) organizaba excursiones a través del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento era "para conseguir algo a cambio", y en este sentido ha manifestado que la intención de estas salidas era, de acuerdo a la "idea" que él tenía, captar votos para la extinta formación nacionalista.

En la declaración que ha prestado en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción número 8, el encausado ha manifestado que estas excursiones se organizaban en la sede que tenía el partido -en la calle Sindicat-, a pesar de tratarse de eventos sufragados con cargo a los fondos públicos del área de Medio Ambiente que entonces controlaba UM a través de Paula Cortés, coordinadora del departamento, y de Cristina Cerdó, entonces concejal de este ámbito y número dos de la formación a nivel municipal.

De hecho, Norte ha recordado que de las excursiones debía dar cuenta al exasesor 'uemita' Tomeu Ferragut, quien posteriormente informaba a Cortés, si bien esto lo sabía "por mediación de mis compañeros". Aunque en su declaración ha aseverado que la finalidad de las excursiones era "enseñar la naturaleza", ha precisado que en el fondo pensaba que era para lograr votos y "al final se conseguían". Algo que, ha considerado, "era normal" porque "allí había gente de todos los partidos".

En su comparecencia, Norte ha señalado que por las mañanas trabajaba para el Cilma mientras que por la tarde lo hacía para la formación, más en concreto "preparando catas de vino y pa amb olis" ya que "la finalidad era dar a conocer el partido". En cuanto a las excursiones, ha apuntado que a ellas acudían tanto simpatizantes como afiliados y amigos, aunque ha precisado que en el listado que previamente le proporcionaban para seleccionar a los participantes "algunas personas tenían que ir invitadas forzosamente".

A preguntas del fiscal Miguel Ángel Subirán, el imputado aseguró en su declaración, que tuvo lugar la semana pasada, que los autobuses iban siempre completos aunque aseguró desconocer si en los listados se añadían nombres de excursionistas que luego no iban. En este sentido, los investigadores indagan si UM utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados que debían elaborar para poder justificar una subvención aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

Y es que la intención de la formación, con la supuesta intervención de Cortés, era elevar el número de participantes con la finalidad de justificar la aportación de aproximadamente 300.000 euros que la Conselleria de Medio Ambiente, dirigida entonces por Miquel Àngel Grimalt (UM), destinó a la oficina municipal para concienciar a la población sobre este ámbito mediante excursiones y otras actuaciones. Las visitas se llevaban a cabo a varios lugares de Mallorca e incluso a la isla de Cabrera.

La misma jornada que declaró Norte también compareció un exafiliado de UM, Vicente Tur, quien manifestó que en alguna ocasión acompañó a su mujer por las viviendas "a visitar a simpatizantes de UM" para luego poder invitarles a los eventos organizados por la formación, si bien apostilló que él la esperaba en el coche, por lo que "no sabía lo que hacía".

En el marco de esta causa de presunta corrupción, la Fiscalía Anticorrupción postula que UM desvió 1,2 millones de euros del Ayuntamiento a hacer "proselitismo, propaganda y apología de su idea política", y apunta tanto a Cerdó como a Cortés como los principales responsables de esta trama "en beneficio exclusivo del partido".

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