jueves, 19 de enero de 2012

"CASO GÜRTEL"; LA FISCALÍA ADVIERTE AL JURADO POPULAR: "ESTO NO ES UN JUICIO POLÍTICO"

Las conclusiones finales

Ha expuesto hasta 18 motivos por los que considera culpables a Camps y Costa
"No hagan actos de fe', ha pedido al jurado tras exponer todas sus pruebas
'Si lleva la cara manchada de chocolate, hace falta ver quién se lo ha comido'
'No nos concierne a nosotros decidir si esos hechos son graves o no'
La Fiscalía atribuye ahora más prendas a Costa y dos menos trajes a Camps

Rodrigo Terrasa | Valencia

La Fiscalía Anticorrupción tiene hasta 18 motivos para creer que Francisco Camps y Ricardo Costa son culpables de un delito continuado de cohecho pasivo impropio. Así lo ha expuesto este jueves Myriam Segura durante el turno de conclusiones de la acusación pública, penúltimo capítulo del juicio que desde hace ya 25 días se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el ex presidente de la Generalitat y el que fuera secretario general del PP valenciano.

Tras lo visto durante el proceso, la Fiscalía ha admitido alterar el número de prendas atribuidas a Camps y Costa. Ha sacado de su informe final los cuatro trajes que Camps dijo devolver y ha dejado el total que supuestamente se regaló al ex presidente en diez trajes, cuatro americanas, cuatro corbatas y cuatro pares de zapatos. El importe de sus regalos baja de 14.021 euros a 13.121.

Por el contrario, eleva la cantidad de obsequios a Ricardo Costa, que, según la Fiscalía, aceptó cinco trajes, dos americanas y nueve pantalones. Todo valorado en 10.075 euros, por los 7.325 de la acusación inicial.

Los matices en el inventario no alteran su convencimiento de que Camps y Costa son culpables. Sus motivos, 18.

La fiscal ha sentenciado que existen pruebas documentales de que hubo encargo de prendas para los dos acusados tanto en Milano como en Forever Young y que hay pruebas documentales de la confección de las prendas. Ha recordado los encargos a la sastrería Sastgor, admitiendo incluso la exclusión de los cuatro trajes que, según Camps, se devolvieron. «Hay dos versiones distintas de cómo se devolvieron y sabemos que se devolvieron porque no le venían y no porque no aceptara regalos», ha matizado.

Hay también prueba documental del pago de las prendas por personas distintas a los acusados y hay pruebas de que esas compras se disfrazaron con facturas que contenían conceptos falsos. «Se trataba de ocultar para quién se hizo esas compras».

La fiscal ha recapitulado igualmente la larga lista de testigos que han confirmados los hechos de la acusación. «Son creíbles», ha subrayado. Ha mantenido que sus declaraciones concuerdan con los documentos y con el resto de testimonios. Y ha rescatado lo dicho por Isabel Jordán y José Luis Peñas, que impulsaron el inicio de la investigación, o los testimonios de las cajeras de las tiendas, los encargados, directores de compras, los dependientes, el informático, el responsable de la sastrería, o el polémico director de moda José Tomás.

«Son muchas prendas a lo largo de muchos años», ha recordado la fiscal para desmontar la «teoría de la animadversión» que la defensa de Camps ha lanzado siempre sobre Tomás.

Ha recordado que ha habido testigos que están imputados en otros procedimientos vinculados con esta causa. «Esto les dificulta muchísimo decir la verdad». Hablaba de Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, cabecillas de la trama Gürtel. También ha puesto en cuestión la declaración de los otros testigos que han desmentido los hechos y ha rescatado las «imprecisiones» y las «inexactitudes» en las testificales de Raquel Vázquez, contable de las tiendas, y de Eduardo Hinojosa, propietario del negocio. La fiscal ha subrayado su «comprometida» situación y ha avanzado que cuando se resuelva el juicio pedirán que se investigue a ambos por posibles delitos de falsedad.

En los argumentos a favor de la condena ha sumado las declaraciones de los peritos de la Agencia Tributaria, que «han confirmado que hubo encargos, confección y pago de prendas mediante cheques o transferencias», también las pruebas contables extraídas de las auditorías de las tiendas de ropa, o los informes de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Ha asegurado que las pruebas de voz y las múltiples llamadas telefónica escuchadas durante el juicio certifican la relación de Camps y Costa con la trama y confirman las sospechas aunque no se hable expresamente de los trajes. "El teléfono de Álvaro Pérez fue intervenido un mes después de que se acabaran los regalos de las prendas, por lo que es normal que no se hable de los trajes", ha dicho.

La Fiscalía ha destacado la importancia de los documentos expuestos durante el último mes en el TSJ, las notas manuscritas en las tiendas, las listas de prendas bajo los nombres de Camps y Costa. También las referencias a las cajas B de las empresas de Correa. «La salida de dinero de esas cajas coinciden con los pagos a Milano y coinciden con los tiques asignados a Camps», ha concluido.

Por último ha recordado que dos personas ya han sido condenadas por hechos similares: Víctor Campos y Rafael Betoret. Ha aclarado que su conformidad implica admitir los hechos y ha destacado que Betoret incluso devolvió las prendas que le regalaron a él.

También ha subrayado la «inconsistencia» en las defensa de Camps. «Vamos a utilizar la lógica y el sentido común», ha pedido la fiscal. «¿Por qué se hicieron unos regalos tan personales? ¿Les regalan a ustedes cosas personales personas que no son de su círculo de amistades o familiar? Si eran amigos, ¿por qué Álvaro Pérez dijo: A ver si me jubilo macho y dejo de aguantar político? ¿Es posible una teoría de la conspiración en la que están implicados fiscales, jueces, policías, un interventor del Estado y varios empleados de las tiendas?»

’No hagan actos de fe
La Fiscalía se ha dirigido al jurado popular (seis hombres y tres mujeres) para pedirles que no hagan «actos de fe». Que no se fíen de nadie y se limiten a comprobarlo todo, a cuestionarlo todo. «Coloquen el objetivo de la cámara donde tiene que estar», ha pedido antes de recordar que lo que aquí se juzga es si Camps y Costa aceptaron regalos que se les hicieron «en atención a su cargo público».

«Esto no es un juicio político», ha sentenciado la responsable de la acusación pública. «¿Alguien les ha preguntado a quien votan ustedes?», ha preguntado para señalar después a Francisco Camps como el único responsable de llevar la política a la sala. «Fue él quien dijo que había venido aquí a demostrar que los valencianos votaban por un presidente inocente. ¿Quién ha hablado de política aquí?».

La fiscal ha recordado que «nadie está por encima de la ley», ha censurado que se intente convertir el proceso en una cuestión entre Madrid y Valencia y ha sido muy insistente a la hora de criticar la «teoría del montaje» esgrimida por las defensas. «Hay que acreditarlo todo para que ustedes no tengan que hacer ningún acto de fe», ha repetido.

«No nos concierne a nosotros decidir si esos hechos tienen gravedad suficiente para ser delito o no. Eso corresponde a los diputados y senadores que hace muchos años decidieron que debía ser delito recibir regalos por parte de funcionarios», ha aclarado.

Ha recordado que el juicio no es capricho de la fiscalía y ha refrescado la trayectoria judicial del caso, el paso incluso por el Supremo.

Y sabiendo que las defensas de Camps y Costa mantendrán que no hay ninguna prueba directa de los regalos ha tirado de su discurso más didáctico. «No hace falta ver cómo se mataba a la víctima para condenar un homicidio. Si aparece nuestro chaval con la cara manchada de chocolate, ya no está la tableta en el armario y el chaval lleva el envoltorio en la mano, ¿necesitamos ver quién se lo ha comido?».

Además

"CASO VOLTOR"; EL EX CONTABLE DE UM: "FARRÚS GANÓ UN CONCURSO INVENTADO EN UNA REUNIÓN ENTRE TRES AMIGOS"

CORRUPCIÓN | Como compensación económica


Europa Press | Palma

El excontable de Unió Mallorquina (UM) y exresponsable económico del Instituto Balear de Turismo (Inestur), Álvaro Llompart, ha afirmado ante la juez instructora del caso Voltor que el empresario Jacinto Farrús se llevó un "goloso" concurso público sobre turismo de congresos y reuniones, valorado en un total de 417.600 euros, como "compensación económica" y después de que esta convocatoria "se inventase en una reunión entre tres amigos", a pesar de que el proyecto "no tenía ni pies ni cabeza".

Así de tajante lo ha puesto de manifiesto en la declaración que ha prestado en calidad de imputado en el marco de la pieza 10 de la causa, que investiga las adjudicaciones presuntamente irregulares que percibió Farrús desde la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo y principalmente se centra en el anterior concurso, que supuestamente fue manipulado para beneficiar a las mercantiles del empresario puesto que otras empresas habían obtenido una mejor valoración.

"Era un concurso muy goloso y por eso se presentaron más de quince empresas", ha subrayado Llompart, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores y algunas de cuyas revelaciones desembocaron en la apertura de una pieza que permanece bajo secreto sumarial.

En su comparecencia, Llompart ha apuntado al exgerente del Inestur, Antoni Oliver -también imputado- como una de las personas que habrían ordenado amañar el concurso para beneficiar a Farrús, puesto que se trataba de un "tema político" y Oliver "quería ser candidato a alcalde de Pollença y necesitaba apoyos".

Fue con la denuncia de la administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial SLP, Margarita Munar, con la que se iniciaron las investigaciones en torno a estos hechos, al poner de manifiesto que, pese a que su empresa fue la mejor valorada en el concurso sobre 'benchmarking', la convocatoria fue "manipulada" ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Tourin Consulting, pertenecientes a Farrús.

De hecho, las pesquisas del caso Voltor sitúan al empresario como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Govern, tal y como consta en uno de los oficios policiales incluidos en el amplio sumario del caso.

IMPUTAN AL EX ALCALDE DEL PSOE DE BOLLULLOS POR PREVARICACIÓN

HUELVA | Adjudicación a Cepsa de la recogida de basuras

El caso está relacionado con la adjudicación a Cepsa de la recogida de basuras
Carlos Sánchez está a la espera de juicio por dos irregularidades urbanísticas

Efe | Huelva

El Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva) ha citado a declarar como imputado al ex alcalde socialista de Bollullos Par del Condado (Huelva) Carlos Sánchez por un delito de prevaricación.

Sánchez tiene pendientes otras dos causas en las que está imputado por el mismo motivo y el caso está relacionado con la adjudicación, en 2006, a la empresa Cespa del servicio de recogida de basuras del municipio a pesar de conocer la situación económica del Ayuntamiento y de que no contaba con el dinero necesario para hacer frente al contrato.

Según la providencia del juzgado, el exalcalde está citado a declarar el próximo 2 de marzo, cita en la que estarán también, en calidad de imputados, los cuatro concejales que componían la junta de Gobierno municipal que aprobó el contrato.

La imputación del alcalde en este caso es consecuencia de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a raíz del pleito que la empresa adjudicataria abrió contra el Ayuntamiento por el de la totalidad de los servicios, 327.000 euros, tras rechazar el recurso interpuesto por el equipo de Gobierno contra la decisión judicial que daba la razón a Cespa.

Se trata de la tercera imputación por prevaricación a la que tiene que hacer frente Sánchez, ya que también está procesado y a la espera de juicio en dos casos de presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad durante su mandato.

"CASO NÓOS"; EL CONVENIO CON URDANGARÍN SE FIRMÓ A "PROPUESTA" DE FRANCISCO CAMPS

INVESTIGACIÓN

Así consta en el acuerdo de los 6 millones de euros suscrito por González Pons

Eduardo Inda | Esteban Urreiztieta | Madrid

El supercontrato de 6 millones de euros que suscribió la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin para organizar los Juegos Europeos salió adelante en 2005 "a propuesta" del entonces presidente, Francisco Camps, que lo hizo constar expresamente en el acuerdo.

El ex presidente fue personalmente el artífice del pacto con el yerno del Rey. Y para justificar la polémica concesión su Gobierno no dudó, incluso, en inflar el historial del Instituto Nóos, del que destacó "su gran experiencia en organización de grandes eventos deportivos" cuando su currículo en la materia se reducía a cero.

Francisco Camps fue el ideólogo del contrato de ese evento deportivo que no se celebró. Es más, estos 'juegos olímpicos' de segunda división se han descartado históricamente por razones de calendario y porque carecen de cualquier atractivo para un deportista de élite.

A pesar de que no pasaron del estadio de los sueños al de la realidad, el Instituto 'sin ánimo de lucro' Nóos del duque de Palma se llevó 382.000 euros públicos del erario valenciano, a los que hay que sumar los 3,5 millones de los tres Summit que sí tuvieron lugar.

El máximo órgano de gobierno de la Generalitat, el 'Consell', adoptó este acuerdo en vísperas de la Nochebuena de 2005, concretamente el 23 de diciembre del segundo año del primer mandato de Francisco Camps.

Integrantes del Gobierno de la Comunidad de la época aseguran que la fecha de la concesión no es casualidad: "Se hizo para que el posible escándalo se diluyera en las fiestas y teniendo en cuenta, muy en cuenta, que el día de Navidad no hay periódicos".

Además

"CASO GÜRTEL"; EL ABOGADO DEL PSOE, AL JURADO POPULAR: "AL CAPONE SÓLO PUDO SER CONDENADO POR LA CAJA B"

Las conclusiones de la acusación popular
La acusación popular resume el juicio con gráficos y vídeos de los testigos
Habla de una 'trama mafiosa' y recuerda que 'don Vito' era 'el Padrino'
Latorre: 'Camps no pagó ni un solo traje. Todos fueron pagados por la trama'
Dice que nadie podía contar los regalos: 'En la mafia lo llaman la Omertà'

Rodrigo Terrasa | Valencia

Virgilio Latorre, el abogado contratado por el PSOE valenciano, el representante de la acusación popular en el juicio contra Francisco Camps y Ricardo Costa, habla casi con enfado. Se dirige al jurado popular con tono de regañina, como si se mosqueara por adelantado ante una posible absolución de los acusados. Quiere decir (y ha llegado a hacerlo) que lo que aquí se dirime "no es una broma".

Este jueves disponía de su último turno de palabra y lo ha dedicado a repasar de forma exhaustiva todo lo visto hasta ahora. 25 días de un juicio que ha resumido a través de una fórmula que ha reconocida atrevida e inédita en un juicio de este calibre.

Latorre ha mostrado gráficos intercalados con vídeos de las declaraciones para definir al jurado la estructura del grupo Correa y refrescar su modus operandi en lo que ha llamado "una trama casi mafiosa". Les ha servido un amplio croquis del juicio que se ha prolongado durante cinco horas.

Antes ha sido muy didáctico para advertir a las nueve personas que determinarán la sentencia: "Ustedes son iguales a ellos (los acusados) y ellos son iguales a ustedes". Les ha pedido que sean "honestos y sanos desde el punto de vista democrático", que eviten los prejuicios y que tengan claro que "esto no es una cuestión de empatía, de quién cae mejor o peor, quién sea más divertido, más serio o más o menos riguroso". "Deben atender al mejor de los argumentos", ha avisado antes de proceder con los suyos.

El letrado de la acusación popular ha mostrado la estructura piramidal de la trama Gürtel. Arriba Francisco Correa; por debajo, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Le ha recordado al jurado que Correa se hacía llamar Don Vito en referencia a Vito Corleone, "Padrino de la mafia en Nueva York".

"Esto es una trama mafiosa y no hay trama sin caja B", ha concluido Latorre, que ha aprovechado el guiño para recordar que "Al Capone, pese a los múltiples delitos que cometió, sólo pudo ser juzgado y condenado por la caja B".

Su paralelismo con la 'cosa nostra' lo ha repetido más tarde para recordar cuando José Tomás contó que 'El Bigotes' le dijo: "Jamás se te puede escapar que estos señores no pagan". "Esto en la mafia lo llaman la Omertà, la ley del silencio", ha explicado el abogado de los socialistas.

Ha vuelto a detallar los mecanismos de las empresas Gürtel, sus "dádivas de todo tipo" para ganarse el favor de los cargos públicos, las adjudicaciones del gobierno valenciano, los contratos fraccionados y manipulados y el sutil detalle de que todas se concentraran en Valencia y Castellón y no en Alicante, territorio enemigo para Camps en las batallas internas del PP regional. "Temían que ellos mismos lo filtrasen", ha asegurado.

Ha acusado a Ricardo Costa de mentir y se ha mostrado "convencido" de que al ex secretario general del PP valenciano se le regalaron muchas prendas que las que constan en el informe final de la acusación. "No tenemos datos y por eso no hemos acusado".

También tienen "dudas" sobre los cuatro trajes que supuestamente devolvió Camps en Milano, así que la acusación popular, como la Fiscalía, los ha eliminado de su imputación.

Ha puesto en cuestión todo el relato de Camps. Ha revelado, según la propia agenda del ex presidente, que Camps se encontraba en Valencia cuando se pagaron los trajes en Madrid. "Que yo sepa el señor Camps no tiene el don de la ubicuidad", ha ironizado.

Y luego ha seguido el rastro de los pagos para evidenciar su culpabilidad. "Aquí se ha dicho que Camps era racanillo, que era austero, que nunca lleva tarjeta, que siempre pagaba en efectivo. ¿Ustedes pueden imaginar al señor Camps con 3.300 euros en el bolsillo en metálico para ir a pagar estos trajes? Es un disparate. Él dice que no lo hizo, que esos trajes no los ha pagado, pero alguien los pagó y lo hizo en efectivo. Blanco y en botella", ha sintetizado. "Camps no pagó ni un solo traje. Ni un céntimo. Todos fueron pagados por la trama del señor Correa".

Como ha hecho antes la Fiscalía, Latorre ha sido muy duro con la "teoría de la conspiración" que atribuye a las defensas. "La gran conspiración del mundo mundial contra los acusados es un gran disparate que repugna a la razón y al sentido común", ha asegurado. "¿Alguien puede sostener que el señor José Tomás ideó en 2005 toda una trama para perjudicar al señor Camps que no se destapó hasta 2009? Es un auténtico disparate. Estamos en una sala de justicia y parece que estemos en un mundo fantástico. Es posible, claro, también es posible que los burros vuelen".

Luego ha recordado al jurado que la denuncia que "nos trajo hasta aquí" partió de José Luis Peñas, "un concejal del PP en el Ayuntamiento de Majadahonda".

Pasadas las ocho de la tarde Virgilio Latorre ha acabado: "Sólo me queda desearles que impartan justicia".

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