martes, 24 de enero de 2012

"CASO PALMA ARENA"; "MATAS (COMO EL CAPITÁN DEL CONCORDIA) CAYÓ EN UNA LANCHA QUE PASABA POR ALLÍ"

Las frases de la Fiscalía


Efe | Palma

Estas son algunas de las frases del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach durante el informe que ha expuesto en el juicio que se celebra dentro del caso Palma Arena contra el expresidente balear Jaume Matas por los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le elaboraba los discursos.

- "Para resumir, el señor Matas y el señor Alemany (como el capitán del Concordia) cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí"

- "El señor Matas es un gran gestor, sí, pero no de los fondos públicos, sino de su propia imagen, al menos en lo que respecta a los hechos objeto de este juicio"

- "El señor Alemany es un gran periodista, así lo avala su currículum. Rabiosamente independiente, tal como se autocalifica. Rabiosamente independiente, sí, excepto del dinero y del poder, al menos en lo que respecta a los hechos objeto de este juicio".

- "La historia, señorías, es sencilla, simple: la elaboración de discursos para el señor Matas, la paralela remuneración bajo mano al señor Alemany, y el argumento montado para ello: la realización de un concurso público totalmente ficticio".

- "Las dificultades, como en los casos en que intervienen altos cargos, consisten en romper las pantallas bajo las que ocultan sus ilícitas decisiones, que se convierten en algunos casos en barreras casi infranqueables (...). Un sinfín de personas bajo las que se esconden y que son utilizadas".

- "El señor Matas ha seguido la línea esperada en estos casos, con la consabida puesta en escena bien aprendida: el presidente tienen un equipo, el presidente confía en su equipo, el presidente no tramita, el presidente no está para esto. En conclusión, el presidente no responde más que ante sí mismo".

- "Quiero hacer un inciso. Confesar que me equivoqué, cometí un error imperdonable durante el interrogatorio del señor Matas, no el único, pero sí importante: no le pregunté al señor Matas si, de hecho, fue presidente de la Comunidd durante la legislatura 2003 a 2007, porque de sus respuestas lo único que cabe concluir es que era una pura figura simbólica".

- "El señor Matas solo ostentaba el titulo de presidente, sin que de las funciones inherentes al cargo que ocupaba pudiese derivarse responsabilidad penal alguna. El 'hágase' famoso del señor Matas no lleva aparejadas consecuencias de estas características".

- "La indignación que este fiscal siente no es solo por el saqueo premeditado de fondos públicos, tantas veces impune. No, la indignación proviene de ver cómo, sin escrúpulos, no se asumen las consecuencias penales derivadas de sus propios actos, no solo frente a sus ciudadanos, sino frente a los subordinados que tan fielmente le sirvieron".

- "Indignación por ver cómo se utiliza descaradamente a empresarios que, ante la disyuntiva de hacer el favor al presidente o bien quedarse en la indigencia en la contratación pública, tan jugosa económicamente, optan por cumplir los deseos del presidente".

Además

EL FISCAL PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EX CONCEJAL DEL PSOE FRANCISCO FERNÁNDEZ


TRIBUNALES | Y otros 15 años de inhabilitación

Está acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos
Por la adjudicación sin concurso la compra de material de bomberos
'Es una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa', dice el juez

Efe | Sevilla

La acusación particular ha pedido seis años de cárcel y 15 de inhabilitación para Francisco Fernández, ex concejal de Sevilla y ex portavoz del Grupo Municipal del PSOE, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al adjudicar sin concurso la compra de material para los bomberos.

Fuentes del Sindicato Profesional de Bomberos, que ejerce la acusación, han informado de que han pedido para Fernández, portavoz del alcalde Monteseirín (PSOE) diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otra condena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación por malversación de fondos públicos.

Fernández ha sido objeto de un procedimiento abreviado porque, según el juez, adjudicó directamente unas compras por importe de 644.485 euros al Grupo Iturri, en una decisión "arbitraria, unilateral y a sabiendas de que estaba omitiendo las normas esenciales del procedimiento exigidas por la ley".

El proceso se llevó a cabo a principios del 2007, cuando Fernández acordó verbalmente con la empresa la adquisición por parte del Ayuntamiento del equipamiento necesario para incorporarlo a ocho vehículos autobomba, previamente adquiridos mediante un expediente "debidamente formalizado", según el juez.

En el auto de incoación de procedimiento abreviado, el juez de Instrucción 4 de Sevilla indica que Fernández, entonces concejal de Gobernación, pudo incurrir en un delito de prevaricación con una decisión "arbitraria y de una ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa".

Fernández se excusó "en la emergencia que requería la situación en la ciudad de Sevilla ante una supuesta insuficiencia de medios del Parque de Bomberos" pero en el caso no concurría ninguno de los supuestos de emergencia o urgencia que prevé la ley, e incluso en tal ocasión "también se habrían vulnerado los requisitos legalmente exigibles en la contratación", según el juez.

Así, en caso de haberse amparado en la situación urgente, el Ayuntamiento debió haber creado un expediente en el que declarase motivadamente la urgencia y estableciese un plazo para la emisión de informes. Si se tratase de una situación de emergencia -añade el auto-, aunque en un primer momento se podría haber omitido cualquier trámite, la normativa exige un acuerdo acompañado de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente. Y "nada de eso se hizo".

El juez, por ello, ha dado a la Fiscalía de Sevilla y a la acusación particular un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio, con el consiguiente escrito de acusación, o pidan el archivo de la causa.

"CASO PALMA ARENA"; EL FISCAL COMPARA A MATAS CON EL CAPITÁN DEL "COSTA CONCORDIA"

También explica por qué pide siete años para el excolumnista de 'El Mundo' Antonio Alemany

Andreu Manresa / Agencias Palma de Mallorca 24 ENE 2012 - 14:56 CET26

En la penúltima jornada de las sesiones del primer juicio del caso Palma Arena, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha mostrado hoy, durante la exposición de sus conclusiones, su "indignación" ante un Jaume Matas "sin escrúpulos" que no asume las consecuencias penales de sus actos tras proceder a un "saqueo premeditado de fondos públicos".

Horrach ha comenzado su contundente alegato de dos horas y media afirmando que el expresidente balear "es un gran gestor, sí, pero no de los fondos públicos, sino de su propia imagen" y le ha atribuido todas las decisiones relacionadas con los pagos supuestamente fraudulentos al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany. El fiscal pide ocho años y medio de cárcel para Matas y siete para Alemany.

Según Horrach, las facturas de Alemany fueron "el favor personal del Gobierno" para pagar a Alemany, que no podía ser contratado como asesor de confianza porque trabaja para El Mundo. Era discursista de forma encubierta, ha asegurado el fiscal, para alabar los discursos del expresidente balear y cobrar subvenciones para sus medios. En su alegato, Horrach ha afirmado que Matas sabía que a Alemany le pagaban con fondos públicos y que le subvencionaban de manera oculta a través la Agencia Balear de Noticias.

Horrach ha acabado su alegato con una frase inspirada en las noticias sobre el naufragio del crucero Costa Concordia en Italia cuando ha afirmado: "Resumiendo lo que pasó: el señor Matas y el señor Alemany se cayeron en una lancha que casualmente pasaba por allí".

Así lo ha contado Andreu Manresa:

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN AMPLÍA EL "CASO FABRA" A UN EXDIPUTADO DEL PP

El presidente del PP provincial, Carlos Fabra acudió ayer a la misa en recuerdo de Fraga. / Domenech Castelló/Efe
Miguel Prim envió escritos al Ministerio de Agricultura para mediar por un empresario

María Fabra Valencia

Archivado en:


Después de casi dos meses, desde que se reunieron, a deliberar por primera vez, la Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP en el llamado caso Fabra. Así, amplía el número de imputados, que se limitaba a cuatro, al exdiputado y exsenador del PP por Castellón Miguel Prim. La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, había pedido que se ampliara el número de imputados en el caso que llevará al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente del PP provincial Carlos Fabra, al banquillo de los acusados. Solicitó que se imputara a varios ex altos cargos de la Administración central en la época de Aznar, responsables de los ministerios de Agricultura y Sanidad ante los que Fabra trató, supuestamente, de agilizar la autorización de los productos de su entonces amigo, el empresario Vicente Vilar, que acabó denunciándole por cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos.

Después de que la fiscalía pidiera el archivo para estos dirigentes, en diciembre de 2010, la Audiencia ha decidido atender, en parte, la solicitud de la acusación popular, por lo que Prim también será juzgado por tráfico de influencias.

La resolución de la Audiencia, incomprensiblemente larga, no provocó la paralización de otro plazo, el otorgado por el Juzgado de Primera Instancia de Nules para presentar los escritos definitivos sobre el caso Fabra después de que el Supremo revocara otra decisión de la Audiencia provincial que pretendió limitar a uno los delitos fiscales por los será juzgado. Sin embargo, la ampliación de las imputaciones sí que supondrá un leve retraso (apenas diez días), ya que las acusaciones habrán de ampliar su escrito de conclusiones. Fuentes consultadas aseguran que el nuevo encausado no puede recurrir la decisión de la Audiencia al Supremo, con lo que el juicio se mantendría para este año.

Prim fue el diputado a través del que Fabra, supuestamente, realizó gestiones ante el Ministerio de Agricultura, cuando esta cartera estaba bajo la dirección de Miguel Arias Cañete. La intención, según las acusaciones, era tratar de agilizar las autorizaciones para productos fitosanitarios que fabricaba y comercializaba Vicente Vilar, el empresario que acabó denuncia a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El entonces diputado remitió un escrito al ministro, que desembocó en la apertura de una investigación interna para determinar si había algún problema especial con las peticiones de autorización formuladas por Vilar. Además, el empresario desveló haber pagado una subvención a la falla del hijo de Prim cuando el hijo del ahora ex senador del PP, Miguel Prim, ocupaba el cargo de vicepresidente de la misma y que su pago fue "por el trabajo que Prim realizaba en los ministerios". La falla confirmó el pago pero la Audiencia considera que solo debe ser juzgado por tráfico de influencias.

Preparando la fianza
El dictamen de apertura de juicio oral contra Fabra señaló además la imposición de una fianza de 4,2 millones de euros para el presidente provincial del PP. La hija del encausado y también diputada por Castellón, Andrea Fabra, ha afirmado que su padre todavía no la ha aportado "porque hasta ayer no se le había notificado el auto a las partes afectadas". El presidente provincial del PP de Castellón está esta mañana reunido con su equipo jurídico, ha explicado su hija.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS