domingo, 29 de enero de 2012

LA DENUNCIA DE UN FALSO ROBO DESTAPÓ LA "OPERACIÓN TORRE" EN EL FERROL


A Albanese se le adjudicaron contratos troceados como obras menores

Lorena Bustabad Ferrol

Hace aproximadamente un año, un aparejador se presentó en la comisaría de Ferrol para denunciar el robo de unas planchas de uralita nuevas. Eran, supuestamente, parte del material de la obra del cuartel Sánchez Aguilera en la que estaba trabajando como arquitecto técnico con un contrato temporal, casi un becario. El hombre pronto retiró la denuncia sin una explicación convincente, pero el caso ya estaba abierto.

De la investigación se encargó la brigada de robos, a la que pronto empezó a escamarle el tema y lo derivó a otra unidad especializada en delitos económicos. Así arrancó la Operación Torre, que el viernes propició el registro de las oficinas de la concejalía ferrolana de Obras, donde supuestamente está el epicentro de una trama integrada por dos aparejadores interinos y un exedil socialista que, según los investigadores, fraccionaban los contratos como obras menores para saltarse el protocolo legal y adjudicarlas casi a dedo a la constructora Parquet Albanese SL a cambio, posiblemente, de algún tipo de favor o comisión.

No hubo detenciones ni tampoco imputaciones formales para las personas que están bajo la lupa judicial —el exconcejal del PSdeG Gerardo López y dos funcionarios— por un posible delito contra la Administración Pública y otro de falsedad documental.

Casi en paralelo a la falsa denuncia, la Inspección de Trabajo paralizó las obras del cuartel en febrero del 2011 tras un accidente laboral que destapó irregularidades graves. Una cuadrilla de 15 obreros manipularon amianto, material cancerígeno, sin protección: retiraron las uralitas viejas, las lavaron para rejuvenecerlas y las cortaron a medida con una sierra radial para, probablemente, reutilizarlas en otra cubierta del mismo recinto.

Empezaron puliendo suelos de madera, hasta copar obras de todo tipo

Los investigadores sospechan que nunca hubo partida de uralitas nuevas, aunque seguramente se pretendía justificar su compra con alguna factura falsa en el ayuntamiento. El becario, probablemente sin saberlo, denunció el robo de un material que no existía, pero por el que el municipio habría pagado a la trama corrupta. En el cuartel se realizaban distintas obras y detrás de una ellas, el tejado del Museo da Natureza, estaba Albanese.

La compañía se registró hace 22 años como pequeña constructora familiar a nombre de Dolores Fernández Rico, gerente del negocio junto a su marido, de origen italiano, y un hijo. Empezaron puliendo suelos de madera, hasta copar obras de todo tipo. Un exempleado recuerda que Albanese comenzó colocando papeleras de plástico en el gobierno de Xaime Bello (BNG), a mediados de 2003. Las obras crecieron en número y presupuesto durante el gobierno popular de Juan Juncal, con Manuel Bustabad como edil independiente de Obras y el actual alcalde, José Manuel Rey, como responsable de Hacienda. “Se hacían calles y plazas con fundido de hormigón. Parecía Dragados”, ironiza el trabajador.

Con el PSdeG al mando, tampoco les faltó trabajo y se llevaron, según los investigadores, un buen número de contratos disfrazados como obras menores. Calculan que en torno a un millón de euros solo del Plan E. Este sistema estaba arraigado en el departamento de Obras al margen del color político del gobierno de turno. “No era raro que se mandara a Albanese a reparar cualquier tubería o desperfecto en Recimil (1.100 viviendas municipales) antes de iniciar siquiera el expediente”, admiten fuentes de la corporación.

Otro fleco de la trama es la adjudicación al grupo San Martín de un contrato de dos millones de euros por dos años en marzo del 2010, que parece que ejecutó bajo cuerda Albanese.

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EN OTROS MEDIOS

LA JUEZ DE LOS ERE ANDALUCES IMPLICA AL DIRECTOR DE TRABAJO EN EL FRAUDE


Alaya imputa a 18 personas más en la causa y abre la vía de las comisiones

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

Del pasado al presente. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado al primer alto cargo del actual Gobierno andaluz. La decisión de acusar al director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, pone en jaque la política de transparencia y revisión de este escándalo por parte de la Junta y cuyos verbos hasta ahora se conjugaban en pasado. Desde ayer el escenario del caso, que marca la precampaña electoral andaluza y ya acumula 48 imputados, ha dado un vuelco.

La magistrada ha imputado a Rivera, pero también a su antecesor Juan Márquez, por lo que ya están acusados los tres directores generales de Trabajo de la Junta desde 1999. Alaya acusa a ambos altos cargos de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la compañía). "Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración", señala en un auto. Además, Alaya subraya que Rivera autorizó el abono de la prima de 175.998 euros, competencia que atañe al consejero según la Ley de Subvenciones, y ordena investigar si el alto cargo autorizó un pago de 109.620 euros a la empresa Acyco para mantener 144 puestos de trabajo. Esta cantidad coincide "exactamente" con los honorarios cobrados por el bufete Garrigues por la tramitación del ERE.

La Guardia Civil explicó en un atestado las irregularidades detectadas: "Los sucesores de Javier Guerrero [primer director general] no solo dan continuidad a los acuerdos alcanzados por este sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además han dado forma a los mismos mediante la emisión de resoluciones posteriores".

La Junta defendió ayer la labor de Rivera porque la póliza fue tramitada cuatro años antes de su nombramiento como director general y porque cuando este autorizó los pagos, no había indicios de irregularidades. "No tiene la menor responsabilidad", señaló el Gobierno andaluz, que destacó que Rivera adoptó las primeras decisiones de paralización de pagos en el expediente de Mercasevilla nada más saltar el caso. Además, fue el instructor de la investigación interna de la Junta para detectar intrusos.

El caso dio un paso de gigante ayer porque además de acusar al actual Ejecutivo andaluz de continuar con un protocolo de actuación viciado e ilegal para los ERE, la juez ha imputado a otras 18 personas (había ya 30 acusados) tras analizar solo cuatro empresas beneficiadas. Entre los nuevos imputados están dos abogados del bufete Garrigues y otros del despacho Villasís; dos sindicalistas de CC OO, seis empresarios, un intruso y tres consultores de Uniter y Vitalia. La juez resalta cómo la Junta abonó a estas dos firmas intermediarias un sobrecoste de 1,3 millones en comisiones. Por último, Alaya ordena investigar si algunas ayudas a empresas que ha dado la Junta vulneran la normativa europea.