lunes, 30 de enero de 2012

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA RATIFICA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO EN UN INFORME A RUZ

Trama de financiación ilegal en las elecciones generales de 2008
El análisis sobre el cerebro jurídico de Gürtel constata la corrupción en Valencia


María Fabra Castellón

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía, en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El escrito desgrana la forma mediante la que Ramón Blanco Balín, asesor fiscal del cabecilla de la trama, Francisco Correa, manejaba sociedades y cuentas.

El registro en el despacho de Blanco aportó un importante volumen de documentación sobre el método de la trama. Entre otros, se encontraron los documentos respecto al sistema de facturación y contabilidad de las operaciones realizadas por Orange Market. El informe, que fue encargado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira antes de que la competencia en la instrucción del caso volviera a la Audiencia Nacional, señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia. Constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market “mantendría una contabilidad dual”, integrada por una contabilidad visible, denominada A, y otra invisible, llamada B. El documento expone cómo en la contabilidad aparecen unas cantidades pendientes de cobro “generadoras de una deuda a favor de la sociedad” y explica que el epígrafe “deuda total” agrupa tanto la derivada de la contabilidad A como de la B.

Emitían facturas al PP valenciano que se transformaban en deudas de empresas

La “deuda total” englobaba tanto la contabilidad visible como la “B”

La brigada de blanqueo de capitales añade que las formas utilizadas para permitir incorporar a la caja esos fondos de la deuda B, de manera que posteriormente pudieran ser utilizados, son “variadas”. Y describe cuatro: enmascarando los pendientes de pago dentro de otras facturas; realizando cambios de facturas al alza o a la baja en la base imponible; con facturas de otras empresas de la trama; o incluyendo en la contabilidad facturas con la intención de reducir el saldo de pérdidas y ganancias y así optar a la devolución del IVA.

La policía describe al juez Ruz que Orange Market cambiaba el concepto de sus facturas “a conveniencia, parece que para no mostrar el origen real de los fondos”. Y pone como ejemplo una factura emitida al PP de la Comunidad Valenciana que “la transforman” en otra emitida a Enrique Ortiz, “que es la pagadora real del acto del partido”. El informe incluye otro ejemplo: una factura emitida al PP de Castellón “se cambia por otra emitida a Facsa, quien efectúa el desembolso del evento del partido”. Ambas empresas, junto a otras siete, forman parte de la causa de financiación ilegal que investiga el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, en la que también está imputada la cúpula del PP valenciano, acusada de un delito electoral que incluye financiación ilegal por las prácticas detectadas en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008.

Pieza clave” en el engranaje de la trama
La policía califica a Ramón Blanco Balín como “pieza clave del engranaje de la organización”. El informe entregado al juez Pablo Ruz sostiene que acabó convirtiéndose en el cerebro jurídico de la trama y que pese a que “heredó” la estructura del anterior gestor de Correa, acabó teniendo el control directo de las estructuras y posiciones bancarias. De hecho, incluso participaba en algunos negocios.

La policía recalca que la entrada Blanco en escena “dinamiza las estructuras mediante la liquidación de algunas sociedades y la constitución de otras nuevas, el cierre de cuentas bancarias y la apertura de nuevas posiciones en otros países, la utilización de nuevos canales de circulación del dinero y, en definitiva, establece una nueva fórmula de gestión de la estructura financiera y de inversión tanto en España como en el exterior”. Así, coincide con la Agencia Tributaria, que ya indicó que Blanco Balín era “un auténtico hombre de confianza” de Correa.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"CASO DE LOS ERE"; EL GOBIERNO ANDALUZ DESTRUYÓ PAPELES AL DESTAPARSE EL FRAUDE

El ex director de Trabajo señala a los consejeros Zarrías, Viera y Fernández como responsables del sistema de ayudas
Guerrero confiesa que nadie se opuso a los falsos ERE en 9 años y admite que Mercasevilla es un escándalo fraudulento

MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA


La Junta de Andalucía destruyó documentos tras salir a la luz el escándalo de los ERE fraudulentos. Así consta en el acta de la declaración prestada el pasado jueves ante la Guardia Civil por el principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, que fue director de Trabajo en el Gobierno andaluz durante nueve años. En su declaración, a la que ha tenido acceso ABC, desvela que tras su salida de la Junta (en abril de 2008) «tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar de que se han destruido documentos (sic) a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos de Mercasevilla». Según este antiguo alto cargo —que ha situado a varios ex consejeros en el eje de la trama, entre ellos a Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves—, contó con la colaboración del hoy diputado del PSOE (y entonces mero asesor) Ramón Díaz para el proceso de seguimiento de los pagos. Díaz «le asistía y le ayudaba en la confección de los expedientes».

De esta forma, Guerrero empieza a «tirar de la manta» para desvelar el fraude de los ERE falsos. El imputado, cuyo chófer confesó que gastaron juntos parte de las ayudas en «cocaína, fiestas y copas», y que Guerrero recibía a muchos de los que le pedían dinero en un pub con un gin tonicen mano, ha empezado a hablar. Así afirmó que para salvar las reticencias de la Intervención General de la Junta cuando ponía reparos al sistema de pagos, en 2001 se firmó un convenio por el que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) aprobaba la ayuda. El convenio fue rubricado por el consejero y el viceconsejero (entonces José Antonio Viera y Antonio Fernández).

Consejo de Gobierno, al día
Ambos le indicaron que esa «era la nueva herramienta de trabajo», para la cual les asesoró un despacho de abogados. Ese convenio se justificó en que buscaba «la paz social» para evitar conflictos con trabajadores en Andalucía. En cuanto a la forma de adjudicación, Guerrero cree que «debía ser conocida por el Consejo de Gobierno. «Me extrañaría que no fuera así», dijo a la Guardia Civil. De hecho, también recalcó que esa herramienta que regulaba las subvenciones era una figura conocida por los sucesivos consejeros de Empleo y «a la que nadie puso reparo en nueve años».

Guerrero confesó que en el Consejo de Dirección de cada lunes (reuniones internas de la Consejería) cada directivo exponía «lo que llevaba», incluidas las ayudas. Y algunas, «por su entidad», eran despachadas personalmente con el consejero. Así ocurrió con los EREs de Faja Pirítica, Delphi o Astilleros. Además, a partir de 2007 las órdenes de pago llevaban el visto bueno del viceconsejero (entonces Agustín Barberá).

El descontrol con las ayudas también fue puesto de manifiesto. Según Guerrero, su Dirección General «no tenía capacidad de control» y nadie lo realizaba. Y eso que «sabían que algunas empresas iban a cerrar aunque les diera dinero». Era el caso de Santana o de la Faja Pirítica de Huelva. Y en cuanto a los informes de la Intervención poniendo de manifesto las irregularidades, afirmó que llegaban al consejero y que ellos intentaron regular la forma de concesión de esas ayuda a través de órdenes y borradores que llevaron al «consejillo», la reunión de cada consejeros con el de responsable de Presidencia y que entonces presidía Gaspar Zarrías. Según admitió Guerrero, se intentó regular ese convenio, pero no pasó el filtro del «consejillo» y nunca llegó al Consejo de Gobierno.

El imputado fue interrogado por varios ERE investigados por la juez Alaya. Sobre el de Surcolor, afirmó que el delegado de Empleo, Antonio Rivas (ya imputado) era competente para resolverlo, y que el entonces viceconsejero «tenía conocimiento de la tramitación del expediente y de la fórmula que se estaba siguiendo». Sobre el ERE de Río Grande, Guerrero confesó que lo puso en conocimiento del consejero y el viceconsejero y que Antonio Fernández (imputado) le dijo que «hiciera lo que tuviera que hacer» para solucionarlo.

«No había controles»
El papel de las aseguradoras también queda patente. Según reconoció, sólo le daban facilidades de pago dos aseguradoras Vitalia y Uniter. La Guardia Civil le preguntó por qué eligieron a Vitalia, que cobraba una comisión del 16,9% por la gestión de los ERE, cuando le media era del 3,18. Guerrero contestó que nadie que no fuera Vitalia o Uniter quería trabajar con ellos y que el mediador era el sindicalista de UGT Juan Lanzas.

La declaración también retrata al personaje que ayudaba «a todos». «He ayudado a todo el que lo pedía», dijo confesando que le parecía mal que hubiera dos personas (ambos imputados) que cobraron pólizas a la vez que su pensión. «Está mal hecho, pero no había controles». Tras esa escandalosa confesión a la Guardia Civil, Guerrero se fue a un bar de copas y se dejó fotografiar. Haciendo la «v» de victoria con los dedos.

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"CASO EMARSA"; EL ALCALDE DE MANISES, ENRIQUE CRESPO, RECURRIRÁ LA FIANZA POR CONSIDERARLA "DESPROPORCIONADA"

TRIBUNALES
Su abogado denuncia 'una situación totalmente cruel de absoluta indefensión'

Europa Press | Valencia

El abogado del alcalde de Manises (Valencia) y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, Javier Sans, ha confirmado que la resolución judicial por la que se impone una fianza "millonaria" a su cliente, "va a ser objeto de recurso", ya que considera que es "improcedente y totalmente desproporcionada".

El también expresidente de la Emshi, Enrique Crespo, ha comunicado que, por no encontrarlo conforme, a la vista del "precipitado" auto del que ha tenido conocimiento esta tarde, "se va a hacer el correspondiente recurso, toda vez que ni he tenido la oportunidad, ni la ocasión, de poder dar testimonio de cuanto se dice en el mismo y, por consiguiente, de aclarar, con mi declaración, los numerosos y repetidos errores que se están cometiendo a lo largo de la instrucción del caso, creando con ello, como viene siendo habitual, una situación que, volvemos a insistir, es totalmente cruel y de absoluta indefensión".

Por ello, el abogado de Crespo, Javier Sans, ya ha confirmado que la resolución judicial va a ser objeto de recurso, dado que "el auto lo consideramos precipitado y desproporcionado, más si cabe cuando ni siquiera se le ha tomado declaración a mi cliente para que pueda tener el juez criterios en orden a cuanto estamos manteniendo su imputación".

Además, en el propio auto "ni siquiera se tiene en cuenta, ni una sola vez, la presunción de inocencia", ha añadido Sans, quien entiende que "a todas luces es una resolución precipitada y con la que no estamos de acuerdo".

Además

"CASO EMARSA"; EL JUEZ IMPONE UNA FIANZA DE 25 MILLONES DE EUROS A LOS 14 IMPUTADOS

TRIBUNALES

Efe | Valencia

El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, ha pedido una fianza por responsabilidad civil de 25 millones de euros a un total de 14 imputados, cantidad que "de forma prudencial" ha considerado que debe ser depositada para hacer frente a las responsabilidades que pueden derivarse de la investigación.

En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez que investiga la actuación de la empresa pública Emarsa en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), por la que ya hay 27 imputados, ordena que se embarguen bienes para cubrir dichas cantidades o se acrediten posibles insolvencias.

El juez pide al expresidente de Emarsa Enrique Crespo (PP), vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises, y al exgerente Esteban Cuesta, la totalidad de la cuantía reclamada (25 millones de euros) de forma "solidaria y conjunta", mientras que al exdirector financiero Enrique Arnal le pide, también de forma "solidaria y conjunta" con los anteriores, fianza por 22 millones.

Además de en la actuación de los directivos de Emarsa entre 2004 y 2010 (Crespo, Cuesta, Arnal), el juez observa indicios delictivos en Adolfo Polo, que fue responsable de Medio Ambiente en Emarsa y también socio de Datura Gestión y Agrológica Ecológica -empresas que facturaron a la depuradora- y otras personas y sociedades igualmente contratadas por Emarsa.

Así, cita expresamente a Jorge Ignacio Roca (administrador de Etwas Eigentlich, Erwinin, Zonday, Agrolemos y Printergreen), José Luis Sena, Vicente Ros y Enrique Sena (Notec, Iris Tractaments, Ingenieria Gimeno, Promociones Fortuny, Olsen Capital y Film Torrent) y Olga del Pozo (esposa de Polo y socia de Iris Tractaments y Datura Gestión).

También cita a Sebastián García (Microprocesadores Valencia y Sofitec), María Paz García y Víctor Manuel García (Construcciones Rocafort, Construcciones Valsebe y Mantenimientos Valsmark), Daniel Calzada (Llar Calzada y Rehabilita Aqua), Antonio José Arnal (hermano del director financiero y socio de Arrima Centre d'Estudis).

El juez atribuye responsabilidades a Eva María Marsal, pareja del exdirector financiero de Emarsa, como administradora de Management de Azafatas y Servicios, y a Juan Carlos Gimeno Gascón, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, como directivo de Instituto de Empresa del Mediterráneo, CRM Adecua, Area Este, Dos Grados Network y Sanitar.

Todos ellos "entablaron relación comercial con la sociedad Emarsa, bien sin que mediara contrato alguno, bien tras abrirse expedientes de contratación que se van revelando llenos de irregularidades y sin que en ningún caso existiese publicidad en la contratación", explica el juez.

Asimismo, indica que existen "indicios racionales de que los suministros y servicios facturados a Emarsa o bien nunca fueron entregados o prestados o bien lo fueron en cuantía notoriamente inferior a la facturada, todo lo cual fue propiciado y consentido por los directivos mencionados".

En consecuencia, se reclama una fianza "conjunta y solidaria" de 13,7 millones a Adolfo Polo; 11 millones de euros para Jorge Ignacio Roca; 2,7 millones a José Luis Sena, Enrique Sena y Vicente Ros; 3,65 millones a Sebastián García y María Paz García; 500.000 euros a Daniel Calzada; 300.000 euros a Juan Carlos Gimeno y 100.000 euros a Antonio José Arnal y Eva María Marsal.

El juez considera además que existen indicios de que Enrique Crespo y Esteban Cuesta fueron coautores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública con la cooperación necesaria de Jorge Ignacio Roca y José Luis Sena.

En consecuencia, impone a los cuatro una fianza de tres millones de euros, "puesto que, conforme a lo expuesto por la Abogacía del Estado, la cuota tributaria supuestamente defraudada asciende a 2.405.244 euros y se deben considerar intereses legales y costas".

Sobre Víctor Manuel García y Olga de Pozo (hermano de María Paz García y Sebastián García, y esposa de Adolfo Polo, respectivamente) el magistrado instructor cree que no procede por el momento acordar la adopción de medidas de aseguramiento "y ello pese a la existencia de indicios de criminalidad".

"CASO GÜRTEL"; EL PSOE RECURRIRÁ EN EL SUPREMO LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS

Juicio por los trajes
Así lo ha decidido la dirección del PSPV tras conocer la sentencia del TSJ
Los socialistas valencianos fueron la acusación popular durante el juicio
El TS ya ordenó seguir investigando a Camps en 2010 tras archivar el TSJ

Mariano Gasparet | Rodrigo Terrasa | Valencia


Así lo ha decidido la dirección de los socialistas valencianos, a falta de concretar los términos del recurso con su abogado, Virgilio Latorre, tras hacerse pública la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El PSPV representaba a la acusación popular durante el juicio contra Camps y Costa y tenía por tanto cinco días para presentar un posible recurso desde que el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, Juan Climent, emitiese la sentencia.

Sólo un día después de la absolución de Camps, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, reconoció que su partido era "proclive" al recurso. "Esperaremos desde la prudencia y el respeto a los tribunales y a la justicia a conocer la sentencia para tomar una decisión definitiva", avanzó.

"Después del veredicto, que no compartimos, se tiene que redactar la sentencia y cuando se nos comunique, sólo en ese momento se puede plantear el recurso", dijo entonces.

En mayo de 2010, el Supremo ya admitió un recurso de la Fiscalía y de los socialistas para reabrir la causa contra Francisco Camps, archivada meses antes por el TSJ de Valencia. Ordenó continuar la investigación contra el ex jefe del Consell, que acabó en el banquillo de los acusados.

La sentencia
Tras siete semanas de juicio y cuatro días después del veredicto, el magistrado Juan Climent ha dictado este lunes la sentencia de absolución contra los acusados -tras decretar el jurado popular, por cinco votos a cuatro, su no culpabilidad-, al tiempo que ha ordenado que se cancelen y se devuelvan las fianzas que tuvieron que aportar ambos.

La sentencia se fundamenta en las conclusiones del jurado, que consideró probado que el ex presidente valenciano encargó en la tienda de ropa Milano únicamente cuatro trajes, que fueron devueltos al ser imposible arreglárselos, dado que no tenían tallas adecuadas para él; y que encargó y adquirió en Forever tres trajes -entre principios de 2007 y marzo de 2007-, un par de zapatos en marzo de 2007, un traje antes de verano de 2008 y una americana de color azul.

Sobre estas últimas prendas, el jurado estimó que fueron abonadas por el propio Camps "personalmente" a José Tomás, quien se definió ante el jurado como 'director de moda'. Por todo, estimó a Camps no culpable de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir.

Según el informe de las acusaciones, tanto la Fiscalía como los socialistas valencianos, Camps recibió, al menos, varios regalos por un importe total de 13.121,5 euros. En concreto, le acusaban de recibir tres trajes y tres americanas adquiridas en Milano entre finales de 2005 y septiembre de 2006; cinco trajes y tres pares de zapatos adquiridos en Forever entre finales de 2006 y julio de 2007; a cuatro corbatas de este último establecimiento a finales de 2007; y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y otro par de zapatos. El jurado no lo consideró probado.

Además

"CASO MALAYA"; EL PROMOTOR SAN ROMÁN ADMITE QUE PAGÓ A ROCA TRES MILLONES EN SOBORNOS

Versión opuesta a la del ex asesor
Lo hizo para conseguir licencias de primera ocupación en una promoción

José Carlos Villanueva | Málaga

“O me cuelgo de la soga o tengo que acceder a pagar dinero”. De esta forma, en presente histórico, el conocido promotor y empresario taurino Fidel San Román, procesado en el caso 'Malaya', ha reconocido este lunes que en 2005 pagó 3 millones de euros en sobornos a Juan Antonio Roca. Lo hizo para que el entonces responsable urbanístico municipal de Marbella diera luz verde a unas licencias de primera ocupación para 60 viviendas de lujo, en el conjunto La Dama de Noche, frente a Puerto Banús.

A preguntas del fiscal el conocido empresario madrileño ha relatado que “un buen día, mi gerente me dijo que había que entregar dinero para desbloquear la situación”. Todos los pagos se hicieron en las oficinas privadas de Juan Antonio Roca (Maras Asesores) y “en una ocasión en Madrid”, ha detallado San Román. El procesado sostiene que los fondos entregados a Roca, entre febrero y noviembre de 2005, provenían de “dinero blanco de mis empresas y también de dinero mío”.

La versión del también empresario taurino es diametralmente opuesta a la que mantiene Roca. El considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí declaró ante el fiscal- el pasado 7 de noviembre- que él había recibido pagos de San Román pero “en concepto de asesoramientos privados”- concretamente más de un millón de euros- extremo que el promotor, acusado de cohecho y blanqueo de capitales ha negado tajantemente: “En nuestras empresas no hemos tenido asesoramiento de nadie más que de nuestro equipo”.

San Román, cuyo abogado defensor es el conocido penalista Jorge Manríque, se enfrenta a 5 años de prisión por un delito de cohecho activo y 8 millones de multa. Además, se le acusa de un delito de blanqueo de capitales, por el que afronta 4 años de privación de libertad y 40 millones de euros de multa.

En contra de lo que pueda parecer, el testimonio de San Román, al reconocer el delito de cohecho activo, no se corresponde con ningún tipo de pacto o acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a ELMUNDO.es fuentes jurídicas. De hecho, tales acuerdos siempre se han hecho públicos.

El principal escollo para alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público radica en que el promotor nunca ha admitido el delito de blanqueo del que se le acusa. Tales hechos se centran en la adquisición de los terrenos donde San Román construyó 800 viviendas en Marbella, concretamente en la promoción denominada La Dama de Noche. La sociedad El Cantizal, propiedad del citado empresario, compró el suelo a EKA 620, vinculada a Roca a través de testaferros como el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, también procesado.

“Yo no sabía que esa sociedad era de Roca. Si no lo sabía la Policía difícilmente lo iba a saber yo”, ha remachado en su defensa Fidel San Román para tratar de salir airoso del cargo por blanqueo de capitales.

Lo cierto es que aunque de la declaración de San Román se desprende una presunta extorsión de Roca hacia dicho empresario este nunca denunció tales hechos y pagó religiosamente: “Porque si no lo hacía los compradores de esas 60 viviendas se me echaban encima”.

A preguntas del fiscal, Juan Carlos López Caballero, Fidel San Román ha reconocido que nunca acudió al Ayuntamiento de Marbella para informar sobre los pagos que le reclamaba Roca bajo cuerda: “Seguí las indicaciones que me dio mi gerente y pagué”.

En cuanto a supuestos “pagos en especie”, de San Román a Roca, sobre los que se ha interesado la acusación pública el promotor ha sido claro: “Yo no he pagado en especie a Roca jamás”. De esta forma ha desmentido pagos en “caballos holandeses” pero sí reconoce tener “caballos españoles”. También admite que uno de los principales testaferros de Roca, Oscar Benavente, “intervino en una compra venta de caballos a un señor de Málaga, pero aún se me deben 7 u 8 caballos”.

Después de un largo e intenso interrogatorio del fiscal y las acusaciones, San Román se ha negado a contestar a las defensas “porque estoy muy cansado”. Sólo responde a su abogado. La letrada de Roca, Rocío Amigo, le ha lanzado una pregunta envenenada: “¿No sale más rentable reconocer un cohecho inexistente que admitir negocios con Roca?”. Silencio como respuesta.

Además

"CASO URDANGARÍN"; CAMPS DIO AL INSTITUTO NÓOS LOS JUEGOS EUROPEOS PESE AL VETO DEL COI


INVESTIGACIÓN
Le adjudicó 6 millones 'a dedo' para organizar los estos juegos
El presidente de los comités olímpicos europeos los tildó de 'imposibles'

Madrid

La Generalitat valenciana presidida por Francisco Camps concedió seis millones de euros a dedo a Urdangarin por la organización de los Juegos Europeos -unas olimpiadas en versión continental- pese a que el Comité Olímpico Internacional (COI) les había advertido previa y públicamente que el proyecto era «inviable» e «imposible».

Anticorrupción investiga esta secuencia de acontecimientos toda vez que sustenta, aún más si cabe, la presunta comisión de un delito de prevaricación -tomar una resolución injusta a sabiendas-.

El 21 de octubre de 2005 se celebró una rueda de prensa por todo lo alto en el Palau de la Generalitat de Valencia en la que comparecieron Francisco Camps, a la sazón presidente autonómico; Iñaki Urdangarin, en calidad de presidente del Instituto sin ánimo de lucro Nóos, y el entonces y ahora máximo responsable del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

El que llevó la voz cantante fue el presidente valenciano. Francisco Camps declaró que los Juegos Europeos constituían en su opinión "no una utopía, sino un sueño, algo palpable". El número uno del Ejecutivo autonómico añadió, a preguntas de los periodistas, que la organización de este evento "supondría un esfuerzo inversor de 400 millones de euros" en las tres provincias que componen la Comunidad Valenciana.

Acto seguido, tomó la palabra el duque de Palma, quien puntualizó que se tomaba la organización de los Juegos Europeos en Valencia en 2010 como "un reto personal".

Tan sólo una semana después terció en la polémica el presidente de los comités olímpicos europeos y actual vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Mario Pescante.

El dirigente olímpico italiano tumbó la idea valenciana desde la mismísima sede del Comité Olímpico Internacional en la ciudad suiza de Lausana. Pescante, hombre de confianza de Jacques Rogge, presidente de la máxima institución deportiva planetaria, se preocupó en hablar con la agencia Efe. Y lo hizo para recalcar que "en estos momentos es imposible la puesta en marcha de unos Juegos continentales".

El presidente de los comités olímpicos europeos abundó en el argumento financiero: "Es un tema económico. Con lo que gana por la venta de derechos de televisión de sus campeonatos de Europa, la IAAF [Federación Internacional de Atletismo] trabaja cuatro años. No veo por qué va a admitir unos Juegos que hagan competencia a su propia competición".

Ni la severidad ni la lógica de este aviso a navegantes disuadieron a Francisco Camps, que el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, adjudicó a dedo a Urdangarin el contrato de seis millones para organizar unos Juegos Europeos que el propio COI había tachado de "inviables" e "imposibles".

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ DICTA LA SENTENCIA DE CAMPS Y DA CINCO DÍAS PARA RECURRIR ANTE EL SUPREMO

Juicio por los trajes
Climent ordena que se les devuelvan las fianzas que aportaron Camps y Costa

Europa Press | Valencia

Juan Climent, el magistrado presidente del tribunal del jurado que ha juzgado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio, ha dictado este lunes la sentencia de absolución contra los acusados -tras decretar el jurado, por cinco votos a cuatro, su no culpabilidad-, al tiempo que ha ordenado que se cancelen y se devuelvan las fianzas que tuvieron que aportar.

Así consta en la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que también declara de oficio las costas, y agrega que no tiene previsto, al no solicitarlo las partes en sus conclusiones definitivas, pedir testimonios de particulares sobre la base de las discrepancias entre varios testigos y entre algunos de los documentos aportados a la causa. Contra esta resolución cabe un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en el plazo de cinco días.

El magistrado ha dictado esta sentencia en base a las afirmaciones realizadas por el jurado, quien consideró que Camps encargó en Milano únicamente cuatro trajes, que fueron devueltos al ser imposible arreglárselos, dado que no tenían tallas adecuadas para él; y que encargó y adquirió en Forever tres trajes -entre principios de 2007 y marzo de 2007-, un par de zapatos en marzo de 2007, un traje antes de verano de 2008 y una americana de color azul.

Sobre estas últimas prendas, el jurado estimó que fueron abonadas por el propio Camps "personalmente" a José Tomás, quien se definió ante el jurado como 'director de moda'. Por todo, estimó a Camps no culpable de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir.

Por otro lado, los miembros del jurado consideraron que Costa había pagado las prendas que le fueron confeccionadas en Milano; que nunca encargó trajes en Forever Young ni recibió prendas de este establecimiento; y que, por tanto, también es no culpable del delito que se le acusaba. Ante ello, el magistrado ha dictado la sentencia absolutoria para ambos.

Cuestionario al jurado
El magistrado recoge en la sentencia el cuestionario remitido a los miembros del jurado objeto de su deliberación. La primera parte hace referencia a hechos comunes de Camps y Costa, y versa sobre la posibilidad de que durante los años 2005 a 2008, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo -presuntos cabecillas de la trama Gürtel- para ganar el favor de algunos funcionarios y autoridades, les realizaran regalos, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir.

También se les preguntaba, a este respecto, si consideraban que estos objetos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión S.A. y Forever Young, en Madrid, y que se facturaban, según los casos, a las sociedades Diseño Asimétrico S.L.; Servimadrid Integral S.L.; y Orange Market S.L.

En un segundo apartado, los jurados tenían que debatir sobre hechos achacados a Francisco Camps. Así, debían responder sobre si recibió, al menos, varios regalos por un importe total de 13.121,5 euros. En concreto, se hacía referencia a tres trajes y tres americanas adquiridas en Milano entre finales de 2005 y septiembre de 2006; a cinco trajes y tres pares de zapatos adquiridos en Forever entre finales de 2006 y julio de 2007; a cuatro corbatas de este último establecimiento a finales de 2007; y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y otro par de zapatos.

También se les interpelaba por si pensaban que Camps había aceptado estos regalos sabedor de que le eran entregados en reiterada consideración al cargo público de presidente de la Generalitat que ejercía entonces y desde el que podía tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias. En un tercer apartado, el jurado debía responder sobre la culpabilidad o inculpabilidad de Camps.

Climent destinaba el cuarto apartado a los hechos atribuidos a Ricardo Costa, y sobre él preguntaba si pensaban que había recibido varios regalos por un importe total de 10.075 euros: cuatro trajes, tres pantalones y dos americanas de Milano entre enero y agosto de 2006; y otros seis pantalones y un traje de Forever entre finales de 2006 y julio de 2007. El último apartado del cuestionario interpelaba sobre la culpabilidad o inculpabilidad de Costa.

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