miércoles, 15 de febrero de 2012

"CASO IBATUR"; MIQUEL BONET ATRIBUYE A FRANCESC BUILS EL CONVENIO ENTRE IB BLAU Y BITÁCORA

Bonet esta mañana en los juzgados. | J. Avellà
Declaración ante el juez
Ha defendido la legalidad de proceso que se siguió
Culminó con el patrocinio de actividades de promoción del sector náutico

Efe | Palma

El exsecretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miguel Ángel Bonet ha atribuido hoy al exconseller de Turismo Francesc Buils la decisión de firmar un convenio con la la empresa Bitácora que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que se suscribió para malversar fondos públicos.

Bonet, que ha declarado esta mañana ante el juez que investiga esta presunta trama enmarcada dentro del caso Ibatur, ha defendido la legalidad de proceso que se siguió para que el consorcio público Ib Blau, del que él mismo era gerente, patrocinara actividades de promoción del sector náutico balear con Bitácora, entidad vinculada a la que era su pareja, Magdalena Estarellas.

El exsecretario de Ibatur está imputado también en otras causas de presunta corrupción ligadas a la Conselleria de Turismo en el periodo de la pasada legislatura en el que la dirigía Unió Mallorquina y el próximo sábado está citado a declarar como imputado en el caso Nóos. En su declaración de hoy ante el juez Pedro Barceló, Bonet ha señalado que Buils tomó la decisión de que Ib Blau firmara un convenio de colaboración con Bitácora, algo para lo que estaba facultado, aunque posteriormente el acuerdo no fue convalidado por la junta rectora del consorcio como era preceptivo.

El imputado se ha ratificado en el informe sobre la validez del convenio de patrocinio que realizó como asesor jurídico del Ibatur, aunque ha recordado que en este documento expresó sus reticencias respecto a que el acuerdo se firmase cuando Ib Blau aún no contaba con presupuesto.

Respecto a la posibilidad de que hubiera incurrido en incompatibilidad por su relación con Estarellas, Bonet ha señalado que no cree que fuera así, porque no dio un trato de favor a Bitácora y su pareja ya se había apartado de la presidencia de la entidad. En relación al importe del convenio con Bitácora, que la Fiscalía cifra en 600.000 euros, el exsecretario del Ibatur ha indicado que la aportación de esta entidad tenía un límite de 116.000 euros.

Para reforzar su argumento de que no benefició a Bitácora, Bonet ha recalcado que poco antes de ser destituido de sus cargos por una acusación de apropiación indebida emitió un informe sobre deficiencias en la documentación aportada por esa empresa. No obstante, preguntado por diversas facturas presentadas por Bitácora, el exgerente de Ib Blau ha confirmado que todas se ajustan a trabajos efectivamente desarrollados.

EL FISCAL PIDE DIEZ AÑOS DE PRISIÓN PARA DOS EX DELEGADOS DE LA ZONA FRANCA

CÁDIZ | Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna
Cree que ambos cargos cometieron un delito de malversación de fondos públicos
Cuestiona la adjudicación y gestión del portal informático Rilco

Ana M. Fopiani | Cádiz

La Fiscalía de Cádiz, en su escrito de calificación provisional, pide para los ex delegados de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, diez y ocho años de prisión, respectivamente. El fiscal considera que ambos cometieron un delito de malversación de fondos públicos con la puesta en marcha del portal informático Rilco, sistema cuya pretensión era servir de puente para transacciones comerciales con Iberoamérica.

La gestión del portal informático fue adjudicada a Miami Free Zone, de los empresarios Germán y Camila Leyva, matrimonio imputado por el juez instructor, bajo la presidencia en Zona Franca de Rodríguez de Castro, quien ocupó este puesto entre 1996 y febrero de 2001.

Ya el titular del Juzgado de Instrucción número 4, en su auto judicial, recoge las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio, también reflejadas por el Tribunal de Cuentas, además del acuerdo que asegura cerró Rodríguez de Castro con el matrimonio Leyva, en una clara "estrategia para incrementar su patrimonio ante su inminente salida, en el año 2000, de la Zona Franca de Cádiz".

Está adjudicación, según el auto judicial, supuso por parte del ente estatal una inversión de 6,7 millones de euros, de los que 4.321.639 euros fueron a parar directamente a la empresa que debía gestionar el portal Rilco. Dinero que, según el juez, pudo ser desviado en beneficio propio de Rodríguez de Castro.

El fiscal, sin embargo, va más allá en la acusación a Miguel Osuna, que sustituyó a Rodríguez de Castro en la presidencia de la Zona Franca en marzo de 2001. Si bien el juez le atribuye un delito de "omisión del deber", la Fiscalía considera que es responsable también de la malversación de caudales públicos.

Presuntamente, Osuna, pese a las dudas que le suponía la gestión del portal Rilco y el trabajo realizado por la empresa adjudicataria, abonó el dinero acordado por su antecesor -más de 4,3 millones de euros- a Miami Free Zona a finales del año 2002.

La Fiscalía respalda así imputaciones realizadas por el juez instructor que les atribuye a ambos ex delegados de la Zona Franca gaditana los delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental.

"CASO MALAYA"; GARCÍA MARCOS DECLARA QUE MAR MORENO APOYÓ LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA JULIÁN MUÑOZ

En 2003


José Carlos Villanueva | Málaga

La que fuera tránsfuga del PSOE en Marbella, antigua líder de la oposición al GIL entre 1991 y 2003, Isabel García Marcos, ha declarado este miércoles que la actual consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía y portavoz del Ejecutivo autonómico, María del Mar Moreno, "apoyó y respaldó" la moción de censura contra Julián Muñoz desde su cargo como secretaria de Política Municipal en la dirección regional socialista.

"Fue una sorpresa que me expulsaran del partido", le ha contestado al fiscal, Juan Carlos López Caballero, cuando éste se ha interesado por los pormenores de aquella rocambolesca operación de transfuguismo que acabó con el mandato de Muñoz en agosto de 2003, tras ser electo alcalde en las elecciones de mayo de dicho año.

La ex edil socialista ha insistido en que le pareció "sorprendente" que el 1 de agosto de 2003 la dirección regional del PSOE-A "apoyara esta moción", cuando se presentó en el Ayuntamiento de Marbella y luego "retirara su apoyo". También ha incluido al ex presidente de la Diputación de Málaga Salvador Pendón, y a la ex secretaria provincial socialista, Marisa Bustinduy, entre los "conocedores" de dicha operación, quienes, además, le mostraron su apoyo.

No es la primera vez que la que fuera látigo de Jesús Gil, luego báculo, implica en dicha trama a los tres citados dirigentes socialistas. Ya en su momento se desvincularon por completo y dijeron que García Marcos mentía.

La que fuera primera teniente de alcalde del Consistorio marbellí, entre agosto de 2003 y marzo de 2006, también ha situado al ex presidente del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, entre quienes "apoyaron" la moción, porque -ha acotado- "participó en todas las reuniones". Finalmente -ha remachado-, "el PP no se sumó porque la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, se encontraba en Suecia". En 2003 la versión de la ex edil socialista fue que Muñoz "puso como condición ser la alcaldesa" para unirse a la operación contra Julián Muñoz.

García Marcos ha justificado el haberse unido a una facción del GIL en que los concejales contrarios Muñoz "estaban aterrorizados por ir todos los días a declarar a los juzgados". En su opinión "era una oportunidad inmejorable para gobernar una ciudad ingobernable".

En el marco de un tenso cara a cara con el fiscal, alargándose considerablemente en sus respuestas, con un marcado discurso político, ha negado que Jesús Gil estuviera detrás de la moción de censura. Sí ha reconocido que negoció en todo momento con el principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca. El considerado cerebro de la trama de corrupción municipal "actuaba en nombre del GIL".

Hasta el momento el fiscal no ha preguntado a la ex munícipe por los pagos que Roca asegura haberle hecho. Concretamente más de 378.000 euros aparecieron en su casa, repartidos en sobres con billetes de 500 euros. El ex asesor municipal sostiene que pagó a los ediles del equipo de gobierno que presidió Marisol Yagüe "por mandato de Jesús Gil", con el fin de "mantenerlos unidos y evitar transfuguismos". Negó, además que los pagos se correspondieran con la aprobación de resolución urbanística alguna.

García Marcos se enfrenta a 12 años de prisión por los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

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