Declaración
José Carlos Villanueva | Málaga
La ex líder del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, ha arremetido este lunes de nuevo contra su antiguo partido político y más concretamente contra la Junta de Andalucía, en materia urbanística, por sentarse a negociar con el principal acusado, Juan Antonio Roca, así como con Jesús Gil, antes de la moción de censura de agosto de 2003. Las críticas se han producido durante su segundo día de declaración en el juicio por el caso 'Malaya'.
El abogado que representa como acusación particular al Ayuntamiento de Marbella, Alberto Peláez, le ha preguntado a la que fuera tránsfuga socialista si el entonces asesor urbanístico municipal, Juan Antonio Roca, no era un "obstáculo" para la legalidad que ella pretendía preservar, de la mano de la Junta de Andalucía, frente al alcalde depuesto, Julián Muñoz.
"Al señor Roca y al señor Gil les recibían en los despachos de la Junta de Andalucía y a mí no", ha sido la contundente respuesta de la que fuera látigo y luego báculo del ex regidor ya fallecido.
García Marcos ha hablado de "todas las administraciones" a la hora de referirse a los organismos donde Gil y Roca tenían las puertas abiertas. Además de la Junta, se ha referido explícitamente a "Diputación y Mancomunidad", gobernadas ambas por el PSOE e IU.
La que fuera candidata socialista a la Alcaldía de Marbella en cuatro ocasiones, entre 1991 y 2003, ha calificado a los cargos públicos que se reunieron con Roca y Gil como "prorroquistas que son ahora antirroquistas".
Previamente, a preguntas del fiscal, ha mantenido en todo momento que el equipo de gobierno tripartito del que ella formó parte, presidido por Marisol Yagüe entre agosto de 2003 y marzo de 2006, "nunca otorgó ninguna licencia ilegal, contraria al PGOU vigente de 1986".
Lo cierto es que García Marcos y otros ex ediles de aquella corporación, como el ex secretario provincial del PA, Pedro Pérez Salgado, se reconocieron recientemente culpables de un delito de prevaricación en el marco de la aprobación de un proyecto de ejecución que consolidaba una licencia ilegal otorgada previamente por Julián Muñoz. Todos ellos pactaron con el fiscal una multa de 3.650 euros e inhabilitación durante 10 años para cargo público, en lugar del año de prisión que solicitó inicialmente el Ministerio Público.
"Créame que si yo creyera un poco más en esta institución no pactaría", le ha respondido la ex concejala socialista al letrado municipal, en alusión a la administración de Justicia, cuando el jurista le ha recordado su condena por dicho delito urbanístico.
García Marcos ha incidido en que cuando su equipo de gobierno otorgó dichos permisos "nadie inició ningún expediente de lesividad por las licencias". Ha recordado, además, que en el Pleno de la corporación marbellí "estaban representados todos los partidos", por lo que "si a ellos les parecieron ilegales había una omisión de funciones clara". Allí tenían representación PSOE, PP y PA. "La Junta a través de su partido político pudo iniciar un procedimiento de lesividad y no lo hizo".
La ex edil socialista ha eludido mencionar la decena de denuncias urbanísticas que interpuso contra ella y el resto del tripartito su sucesor en la portavocía socialista, Silvestre Puertas. Precisamente a él y a su compañero de filas, Diego Lara, se debe la primera condena contra la que fuera denunciante de la mayoría de los desmanes urbanísticos de Jesús Gil y Julián Muñoz.
El abogado de la Junta de Andalucía, José Manuel Delgado, le ha preguntado a García Marcos si ella no conocía las causas penales en las que estaba incurso Roca cuando se unió a él en la moción de censura contra Julián Muñoz.
La ex primera teniente de alcalde ha respondido que "no había ninguna sentencia firme contra él". Sorprendentemente, antes de pactar con el GIL ella llegó a pedir la dimisión de Juan Antonio Roca en diversas ocasiones.
El letrado del Ejecutivo autonómico ha recordado la detención de Roca, en abril de 2002. La ha enmarcado, erróneamente, en "los informes del Tribunal de Cuentas" sobre el Ayuntamiento de Marbella. No fue así. El arresto del entonces gerente de urbanismo municipal fue decretado por el ex juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. Era el llamado 'caso saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999. Se trató del desvío de 24 millones de euros municipales a cuentas privadas entre 1991 y 1995. Actualmente Roca cumple condena firme de 6 años por ello.
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