domingo, 11 de marzo de 2012

"CASO EMARSA"; GIMENO DICE QUE PACTÓ CON EMARSA CREAR UNA EMPRESA PARA CONTRATARLA

El exconcejal del PP en Valencia imputado insiste en que su firma fue falsificada
El exconcejal del PP en Valencia imputado insiste en que su firma fue falsificada

Ignacio Zafra Valencia

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Juan Carlos Gimeno, que fue concejal en los Ayuntamientos de Valencia y Paterna y portavoz del PP en la Diputación de Valencia en los años ochenta y noventa, declaró ayer como imputado que en 2004, cuando aún era empleado de Emarsa, pactó con sus dirigentes su despido y la creación de una empresa que sería a su vez contratada por la sociedad pública. Gimeno fue despedido en 2004 con una indemnización de 71.000 euros. Inmediatamente constituyó la empresa IEM creada “ex profeso para Emarsa”. En el pacto habrían participado, según Gimeno, el exgerente de la sociedad y exdirigente local del PP en la ciudad de Valencia Esteban Cuesta, y el entonces presidente de Emarsa, Enrique Crespo, recientemente dimitido de la alcaldía de Manises y la vicepresidencia de la Diputación de Valencia con el mismo partido.

El contrato firmado recogía una sorprendente duración de 12 años. El exedil ofreció una explicación que sería igual de llamativa si no se tratara de Emarsa: “Se acordó así porque yo en ese momento tenía 49 años y pactamos unas cláusulas de duración que me permitieran acercarme a la jubilación”.

El juez cree que Gimeno, como el resto de proveedores imputados en la causa, se dedicó a facturar a Emarsa por conceptos falsos o por importes muy superiores a los servicios prestados. El fraude global se habría elevado, al menos, a 25 millones de euros, según el juez instructor Vicente Ríos. El hecho de que Gimeno afirmara ayer que la idea de crear la empresa partió de Cuesta y Crespo reforzaría la tesis del instructor de que los responsables de la sociedad diseñaron un sistema con apariencia de legalidad para vaciar de fondos la sociedad pública.

El exedil admite que él asistía a los cursos que facturaba su propia empresa

Gimeno explicó ayer que tras abandonar la Diputación entró a trabajar en Fervasa, la sociedad pública encargada del tratamiento de basuras de Valencia. “En Fervasa hubo mil irregularidades que ya denuncié. Y me atrevo a decir que fue muy parecido el pufo de Fervasa con el de Emarsa”.

El exconcejal afirmó hace unas semanas ante la prensa que Emarsa debía ser investigada desde 1991, el año en que Rita Barberá se convirtió en alcaldesa de Valencia, y no desde 2004 como se está haciendo en este momento, porque de lo contrario quedarían ocultos “pufos importantes”. Gimeno agregó que cada año salían de la sociedad pública de depuración “tres millones de euros para mantener estómagos agradecidos del PP”. También afirmó que Emarsa pagaba “bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público”, aunque no quiso dar su nombre.

Ayer Gimeno llegó a declarar con dos maletas, lo que despertó la especulación de que hubiera acudido a tirar de la manta apoyándose en documentos. Su declaración fue, sin embargo, corta: había anunciado que solo respondería a las preguntas del juez, la fiscal y su letrado, pero el interrogatorio se interrumpió sin que la fiscalía ni su abogado hubieran hecho ninguna pregunta. Fuentes del caso señalaron que el motivo fue el tratamiento médico que Gimeno está recibiendo. Su declaración proseguirá en los próximos días.

De lo que explicó ayer resulta que mientras aún trabajaba en Emarsa como director de Calidad, el exconcejal empezó a facturarle con otra empresa, CRM Adecua. La firma ofrecía cursos de formación. Gimeno admitió que en algunos casos los únicos alumnos de los cursos que cobraba su empresa habrían sido él mismo y otro empleado de la planta. Los cursos tenían nombres como: Control de no conformidades y acciones correctivas (1.020 euros) o Gestión operativa de la satisfacción de clientes (1.740 euros). El exconcejal facturó con dicha empresa 119.608 euros a Emarsa por supuestos cursos de formación entre 2004 y 2010.

Gimeno no supo nombrar ayer prácticamente a ningún trabajador de Emarsa que asistiera a los cursos; ni pudo recordar el apellido de algunos de los profesores, ni aclaró por qué, en algún caso, el curso figura en la factura como impartido en Madrid y en realidad habría tenido lugar en Valencia.

El exedil insistió en que solo firmó un contrato con Emarsa, en 2004, y que no conocía los otro cuatro contratos que constan en la causa en los que su firma habría sido falsificada. Gimeno aceptó la propuesta del juez de someterse a una prueba caligráfica.

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EN OTROS MEDIOS

"CASO GÜRTEL"; TECONSA ADMITE QUE RTVV LE PAGÓ 7 MILLONES ANTES DE LA VISITA DEL PAPA

Un directivo de la empresa declara ante el juez que la compañía cobró un mes antes.
Subcontrató los trabajos adjudicados por la televisión autonómica
La red Gürtel se apoderó de 3 de los 7,4 millones que presupuestó Canal 9

José Antonio Hernández Madrid

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Un directivo de la constructora leonesa Teconsa, adjudicataria del contrato de la televisión pública valenciana Canal 9 para la instalación acústica y sonora de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006, admitió este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que esta firma carecía de experiencia para acometer ese proyecto. Es decir, que le fue adjudicado ese contrato a pesar de que no tenía los medios ni la experiencia para realizar esa tarea, que obligó a subcontratar a otras empresas que sí la tenían, según asistentes al interrogatorio

Los informes policiales del caso Gürtel indican que Teconsa fue utilizada para este cometido como empresa pantalla por la red que dirigía Francisco Correa en Madrid y su lugarteniente Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia. Ello permitió a la red corrupta obtener una de las mayores tajadas corruptas de su andadura: el montaje fue presupuestado en 7,4 millones de euros por Canal 9, casi el doble de lo que realmente costaba, ya que la trama se quedó con algo más de tres millones.

Rafael Martínez Molinero, directivo de Teconsa, reconoció implícitamente ante el juez que todo estaba amañado entre Canal 9, la red Gürtel y Teconsa al admitir que hubo que subcontratar la tarea con otras empresas que sí tenían experiencia en este tipo de instalaciones. Martínez Molinero subrayó que estampó su firma en el contrato por orden de sus superiores, pero que él no lo negoció ni intervino en su gestación. Señaló que esa tarea la realizaron los máximos responsables de Teconsa, ya que él nunca ha tenido relación con los cabecillas de Gürtel.

El directivo admite que subcontrataron porque los trabajos no se encontraban en su competencia

Otro de los directivos de Teconsa cuya firma figura en esos contratos, Jesús Alonso Galindo, también se desmarcó ante el juez de la operación que permitió a Teconsa adjudicarse una obra que no se correspondía con su objeto social.

Por su lado, el vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez Parra, hizo este jueves lo mismo que Pablo Crespo el jueves, negarse a declarar. Los otros responsables de Teconsa que estaban citados como imputados por el juez no declararon alegando que su letrado estaba fuera de España.

El juez Ruz cree que los 11 imputados podrían haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y falsedad

En el saqueo por la visita papal a Valencia hay 11 imputados por delito fiscal, ya que las empresas que realizaron finalmente los trabajos emitieron facturas con cantidades no declaradas para ocultar supuestamente la comisión que se llevó la red Gürtel, que buscó como firma testaferro a Teconsa. De los tres millones de comisiones, Teconsa recibió 200.000 euros; el jefe de Gürtel, Correa, 1,4; Crespo, 600.00 euros y el entonces director de Canal 9, más de 500.00.

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TRAMA DE LOS ERE"; GUERRERO SE CREE "PRESA FÁCIL" Y DICE QUE LOS "INTRUSOS" TENÍAN DERECHO A LAS AYUDAS

Guerrero, camino del juzgado el pasado viernes para prestar declaración. | Jesús Morón
Se las concedió a familiares y conocidos

Sobre su suegra: 'Cumplía los mismos requisitos que otros trabajadores'
En relación a un empresario jubilado en el año 2000: 'Se conservaba bien'
Apunta que 'más de una persona' ha podido destruir los expedientes

Efe | Sevilla

El exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el sábado por los ERE fraudulentos, dijo en su declaración ante la juez que se siente una "presa fácil" y que creía que los "intrusos" que autorizó, entre ellos su suegra, tenían derecho a recibir las ayudas.

En el texto de su declaración, Guerrero explica que su suegra era una ex trabajadora y por ello le concedió una ayuda sociolaboral, sin consultarlo a sus superiores dados los vínculos familiares, porque "no se cuestionó la ilegalidad de la ayuda, pues cumplía los mismos requisitos que otros trabajadores".

Sobre otros "intrusos" en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) como el presidente de Aglomerados Morell, que fue incluido en una póliza a los 69 años pese a estar jubilado desde el año 2000, Guerrero declaró que "se conservaba bien" y no aparentaba esa edad.

El ex director general informó a la juez Mercedes Alaya que su sueldo era "de unos cuatro mil y pico" euros al mes, pero además cargaba a la Junta los gastos de comidas, hoteles y desplazamientos y tenía a su disposición un piso en la zona de Viapol de Sevilla por el que la Administración pagaba una renta de 1.100 ó 1.200 euros.

Guerrero declaró que "aunque ha sido afiliado al PSOE, es una persona normal, que nunca ha pertenecido al aparato del partido" y por eso cuando se descubrió la "discrecionalidad que ha tenido la Junta para conceder las ayudas", en un sistema que a él "le impusieron", se convirtió en una "presa fácil para que otras personas salven su honorabilidad".

Sistema de pagos
Relató que nada más tomar posesión, en 1999, se estaban pagando ayudas a Cárnicas Molina de Jaén y ya la Intervención Delegada de la Junta puso "reparos" por la "excepcionalidad de las ayudas".

Entonces fue cuando se diseñó el sistema de pagos que investiga la juez de instrucción 6 de Sevilla, porque "en la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación que lo mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor, Astilleros, la Bahía de Cádiz e incluso la Faja Pirítica de Huelva", por lo que el entonces consejero José Antonio Viera y el viceconsejero Antonio Fernández "le transmiten que había que dotarse de un sistema operativo con los propios medios de la Consejería de Empleo" con el objetivo de mantener la paz social.

Sobre la destrucción de expedientes tras saltar el caso de los ERE falsos, Guerrero afirmó que "no dice que se hayan destruido, sino que no están" pese a que en su tiempo estaban completos, y precisó que los amigos que le quedan en la Junta le han informado de que "más de una persona" ha podido participar en la operación para hacerlos desaparecer.

También negó haber actuado en secreto pues "informaba de todas las ayudas, directas y sociolaborales" al Consejo de Dirección de la Consejería, donde "eran una información general los datos esenciales, las empresas, los importes de las ayudas, el colectivo de trabajadores, el nombre de esas personas, el tipo de ayuda y las cuantías, y nunca le pusieron reparos".

Aunque los únicos que le podían imponer la concesión de ayudas eran el consejero y viceconsejero, había otros que "le daban la lata", añadió.

Ayudas a familiares y amigos
Guerrero reconoció que una de sus secretarias "le pidió ayuda para una empresa de su suegro", pero "le dieron una cita como a cualquier otro" y explicó que a J.G.M., vecino de El Pedroso (Sevilla) -su localidad natal- le concedió en 2003 una ayuda de 90.151 euros porque le presentó un plan para un bar y no porque hubiese sido empleado de su padre y le conociese desde pequeño.

La juez Alaya reprochó en su interrogatorio que el sindicalista Juan Lanzas estuviese "colocando a toda su familia", pues su esposa, suegra y cuñada recibieron ayudas, lo que el ex director dijo desconocer, y la magistrada comentó irónicamente a Guerrero en una de sus preguntas si actuó "con fines caritativos con cargo a los fondos públicos".

También calificó como "una barbaridad" la afirmación de Guerrero de que "como eran ayudas discrecionales y que no tenían publicidad, lo lógico es que se enteraran personas de su entorno, personas del entorno de la Consejería de Empleo, de la Junta o de los sindicatos".

A la pregunta de por qué solo se concedieron ayudas a Ayuntamientos gobernados por el PSOE, la mayoría entre finales del 2003 y abril de 2004, el imputado respondió que "porque alguien les contaría que podían ayudarlos", ya que él se las habría dado a otros que no fueran socialistas, de haberlas pedido.

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