sábado, 7 de abril de 2012

"CASO PALMA ARENA"; EL FISCAL NO SE OPONE AL CANJE DE MATAS: ENTREGAR EL PALACETE A CAMBIO DE LA FIANZA

Jaume Matas en su 'palacete' de la calle Sant Feliu
Busca evitar así la subasta






Eduardo Colom | María J. García | Palma

La Fiscalía Anticorrupción no se opone a que el expresidente balear Jaume Matas recupere los 2,5 millones de euros que depositó hace dos años como fianza para eludir la prisión mientras continúa la macroinvestigación judicial sobre su gestión política y su presunto enriquecimiento siempre que el expolítico entregue a cambio al Juzgado como garantía provisional sus dos propiedades más valiosas.

Por un lado, su lujosa vivienda de la calle San Felio coloquialmente conocida como el palacete y por otro, el local comercial de la calle San Miguel de donde el ex líder del PP asegura que provenían los ingresos de dinero en efectivo por cuyo afloramiento y gasto en efectivo también se le está investigando.

Según aseguran fuentes jurídicas, el Ministerio Fiscal ya tiene decidida su postura después de que el propio Matas solicitase esa «permuta» –una estrategia de defensa avanzada por EL MUNDO/El Día de Baleares– inmediatamente después de ser condenado a seis años de prisión por la Audiencia Provincial en una de las numerosas ramificaciones del caso Palma Arena. Una condena por seis delitos de corrupción impuesta por «impulsar desde la sombra» adjudicaciones amañadas para el periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, que no está siendo cumplida debido a que está pendiente de ser revisada por el Tribunal Supremo.

Para la Fiscalía, Matas está en su derecho de solicitar ese canje y dejar de responder por la caución con fondos para hacerlo con propiedades inmobiliarias, algo que por otra parte es habitual en los Juzgados. No en vano, hay que recordar que aquella fianza carcelaria, que inicialmente ascendía a 3 millones de euros y que luego fue rebajada a 2,5 millones, le fue impuesta como efecto disuasorio al considerar el juez José Castro que existía riesgo de fuga. No era una sanción económica o una fianza civil sino una medida para asegurar su sometimiento a la Justicia.

Sorprendentemente, el que fuera líder del PP balear respondió por la fianza no con bienes. Sino mediante dos transferencias bancarias de 1,5 millones de euros. Lo hizo gracias a un préstamo hipotecario que le fue concedido por el Banco de Valencia por 3 millones de euros. Un crédito suscrito a cambio de las dos propiedades antes mencionadas (el palacete se tasó en 1,65 millones de euros y el local de San Miguel en 900.000 euros) y un tercer inmueble ubicado en Las Ramblas de Palma y valorado en 450.000 euros.

Matas no ha pagado los intereses de aquel préstamo, elevando su deuda bancaria hasta los 3,04 millones de euros. Esto provocó que mientras esperaba su primer juicio celebrado en febrero de este año el Banco sacase a subasta sus bienes. La puja está señalada para el día 25 de abril. Ante la posibilidad de perder su patrimonio y asesorado por su abogado, Antonio Alberca, Matas decidió solicitar la permuta para no perder su patrimonio. Su plan pasa por entregar dos de los inmuebles a cambio del dinero.

Si recupera esos 2,5 millones de euros de fianza los devolverá al Banco para saldar su deuda principal. Para pagar los intereses tiene previsto dar en pago el piso de las Ramblas.

Pese a que el criterio de la Fiscalía puede ser determinante, todavía resta por conocer el de la Comunidad Autónoma, también personada como acusación. Luego será el juez quien deba pronunciarse.

"CASA PALMA ARENA"; TORRES DICE QUE SU ESPOSA NO TENÍA NADA QUE VER CON NÓOS AL CONTRARIO QUE LA INFANTA

Torres, Tejeiro y su abogado a su llegaa a los juzgados de Palma es pasado febrero | Efe
Está citado a declarar el 22 de mayo
Su abogado recurre el auto en el que el juez desestima archivar la imputación
Recuerda que Doña Cristina era vocal de la entidad y no está imputada

Europa Press | Palma

La defensa de Diego Torres, exsocio del Duque de Palma Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, ha puesto de manifiesto en un recurso que "ni por asomo" su mujer Ana María Tejeiro formaba parte de esta entidad, por lo que si la Infanta Cristina "siendo como lo era y es, por demás, vocal, con mayor razón habrá de expulsar" de las investigaciones sobre Nóos a la esposa de Torres, imputada en este procedimiento judicial.

Así lo ha expuesto el abogado de Torres y Tejeiro en el recurso de reforma y que ha interpuesto contra el auto mediante el que el juez instructor del caso Palma Arena desestimaba archivar la imputación de Tejeiro.

En su escrito, el letrado Manuel González Peeters asevera que "no consta en autos elemento alguno del que sea posible colegir que [Tejeiro] tomara suerte de decisión de la que extraer su incriminación" y, en esta misma línea, incide en que "en nada intervino" su patrocinada en relación con la actividad presuntamente irregular desplegada por Torres y Urdangarin cuando ambos estaban al frente de Nóos.

"El hecho de ostentar un determinado cargo en una sociedad no es de por sí suficiente y a la vez eficiente para atribuir a una persona responsabilidad alguna", insiste en un recurso de once páginas la defensa de los dos cónyuges, quienes el pasado 11 de febrero se acogieron a su derecho a no declarar cuando comparecieron ante el juez Castro en el marco de estas pesquisas.

Al hilo de lo anterior, el abogado, amparándose en las teorías de diversos juristas, defiende además que el sobreseimiento de la causa para un imputado se puede adoptar en "embrionaria fase de instrucción" si no existen indicios de criminalidad alguna, como en su opinión sucede con Tejeiro.

Y ello, prosigue, "en aras a poner fin al procedimiento contra quien eventualmente puede resultar desde un principio injustificadamente traído al mismo en condición de imputado", evitándose de esta forma "un innecesario sometimiento al proceso en si" y ahorrándole así "lo que ya el inspirador -Alonso Martínez- de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal tildara de innecesaria estigmatización del banquillo".

Por otro lado, González Peeters se refiere a otro de los argumentos expuestos por el juez en el auto recurrido -que la decisión de citar a Tejeiro no fue recurrida-, a lo que el letrado se pregunta: "¿Y? ¿Acaso no impugnar una decisión es impeditivo de pedir más adelante el pronunciamiento absolutorio anticipado? ¿Se va a marcar a partir de ahora cuándo, cómo y por qué la defensa puede o no recurrir una decisión, cercenando así su derecho de defensa?".

La defensa lamenta asimismo que, según el auto del magistrado, se opusieron a la petición de sobreseimiento de Tejeiro la defensa de Urdangarin y el sindicato Manos Limpias si bien "de ello no se nos ha conferido traslado, lo que no deja de ser una merma en el margen de maniobra que tiene reconocido el denominado derecho de defensa. En fin". "Si bien ocioso no sería conocer si en su nueva faceta de quehacer dispar con la defensa de un imputado, ha comparecido ahora Urdangarin como acusador popular o incluso como acusador particular, vete tú a saber", sentencia.

Cabe recordar que en el caso de Torres, éste está citado a declarar el próximo 22 de mayo a las 9:30 horas, después de que su defensa solicitase formalmente ante el Juzgado volver a ser emplazado a comparecer ante el juez.

Además

"CASO MAQUILLAJE"; UM COMPRÓ EL "VOTO LATINO" CON EMPLEOS PÚBLICOS Y "PARRILLADAS"

CORRUPCIÓN | Conclusiones policiales tras la investigación
Dos jueces indagan el desvío de fondos públicos a UM en campaña
Existen testimonios de compra de votos por '80 euros y trabajo en EMAYA'

Eduardo Colom | María J. García | Palma

El «plan preconcebido» de Unió Mallorquina para «captar y comprar votos» con cargo al Consell de Mallorca y otras instituciones de cara a las «elecciones de 2007» se extendió también a «líderes de colectivos y asociaciones de inmigrantes». Principalmente, «auspiciando» y costeando desde la institución insular «ingentes» eventos y fiestas como «parrilladas y asados» con el objetivo de la «emisión de votos para la formación a cambio de trabajos y beneficios que en algunos casos se concretaron en contrataciones en Emaya».

Estas son algunas de las conclusiones preliminares a las que ha llegado el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía en el último año de pesquisas. Una información plasmada en los informes judiciales sobre los que se acaba de levantar el secreto de sumario y que reflejan las gestiones que durante un año han estado efectuando los agentes policiales en torno a la última ramificación del llamado caso Maquillaje.

La que empezó a destapar este diario hace meses y que implica de lleno a las pseudoasociaciones de inmigrantes latinoamericanos entre las que UM realizó una activa campaña de captación de voto utilizando la maquinaria de los organismos públicos que gobernaba. La Policía ha peinado una treintena de expedientes de contratación del Consell de Mallorca que hasta 2007 presidía la histórica líder de UM Maria Antònia Munar por valor de decenas de miles de euros, a los que llegó tirando del hilo de unas compras de 4.300 euros efectuadas por miembros del colectivo argentino en el comercio para mayoristas Makro en los días previos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Adquisiciones de comida, bebida, utensilios de menaje y electrónica entre las que, como reveló EL MUNDO/El Día de Baleares, se detectó la compra de viandas para el catering del certamen de Miss Argentina en Baleares con cargo a la tarjeta de compra del Consell.

'Ingentes eventos'
Tras analizar esos expedientes e interrogar a un variado grupo de activistas del colectivo inmigrante, principalmente de origen argentino, la Policía ha emitido extensos informes en los que disecciona la trama y a los que ahora ha tenido acceso este diario.

«A raíz del estudio policial de los expedientes tramitados en la Dirección Insular de Relaciones Institucionales del Consell –a cuyo frente estaba Josep Lliteres– que contienen facturas de Makro», relata la Policía en documentos que todavía están siendo fruto de investigación judicial, «se ha llegado a un expurgo de documentación que ha revelado hechos de interés». Para los expertos de Delincuencia Económica, esos hallazgos «se encuadran en el plan preconcebido de captación y compra de votos de las elecciones de 2007» entre «líderes de colectivos y asociaciones de inmigrantes». Especialmente entre aquellos que tenían también la nacionalidad española o alguna otra comunitaria, lo que les daba derecho a votar.

A ese colectivo, prosigue la Policía, el partido «movilizó para que con promesas de empleo a ellos mismos, a sus socios y seguidores, todos votasen a UM, preferiblemente por correo», pues esta última fórmula «con el resguardo correspondiente tiene más garantías».

La Policía esboza también el modo en que se desarrollaba en la práctica esa estrategia. Así, relata cómo «en actos o eventos tales como parrilladas o asados auspiciados por el Consell de Mallorca» se empleaban métodos «sutiles pero contundentes y convincentes» para comprar votos. «Los líderes o captadores de voto de UM no se subían a un escenario y desde la palestra solicitaban por megafonía a voz en grito ese voto» sino que se dedicaban a «ir de mesa en mesa» y aprovechar «el boca a boca de los captadores y dinamizadores de voto que a cambio de emitir este a favor de UM prometían a los electores trabajos y beneficios, que en algunos casos se concretaron en contrataciones en EMAYA».

Fue el caso, por ejemplo, de un extrabajador de la empresa de aguas y alcantarillado quien confesó ante la Policía cómo «ingresaron en EMAYA premiados por UM» tanto él mismo como otros «miembros de la Casa Argentina y de otros colectivos de inmigrantes», llegando a dar cuatro nombres, entre ellos el del cantante de tangos que amenizaba las famosas fiestas argentinas. El número de esos eventos pagados por el Consell, subraya la Policía, no sólo «fue ingente» sino que «fue acrecentándose al acercarse el 23 de mayo de 2007, fecha final para ejercer el voto por correo»

El propio exgerente de la Fundación Pública Illesport, destacado integrante del colectivo argentino incluido en la candidatura de UM, confesó ante la Policía que medió para colocar a «cinco» de sus compatriotas cazavotos cuando éstos presionaron para que el partido cumpliera sus promesas de colocación. Es más, ha admitido ante la Policía que lo hizo «desconociendo si tenían calificación profesional para ello».

Para recompensar a los líderes de esas asociaciones (el mismo ex alto cargo de Illesport ha testificado que «algunas de esas asociaciones eran ficticias o tenían un solo integrante») «previamente se les 'contrataba o colocaba' en el Consorcio de Informática Local del Consell» o en empresas contratistas de la órbita del partido. De tal forma, relata el análisis policial, que «luego pudieran realizar su labor de captación del voto a tiempo completo». Incluso en algunos casos «se les realizaban transferencias o pagos por servicios totalmente intangibles» a sus empresas a través del Consell.

Sea como fuere, todas estas averiguaciones se hallan todavía en fase de investigación judicial, habiéndose reactivado recientemente las pesquisas tras levantarse el secreto de sumario.

"TRAMA DE LOS ERE"; UN EXDIRECTIVO DE VITALIA IMPUTADO POR LOS ERE FALSOS CULPA A LA JUNTA DE UNA INTRUSA

Autorizó el pago 'sin contrastar absolutamente nada'
El imputado niega que tuviera participación en los hechos
Señala a la empresaria como responsable de la intrusa
Sostiene que Vitalia se dedicaba sólo a hacer cálculos actuariales

Efe | Sevilla

Antonio Albarracín, ex directivo de la consultora Vitalia imputado por los ERE irregulares, dice en un escrito que la culpable de la "intrusa" aparecida en el restaurante sevillano Río Grande fue la empresaria, que firmó la póliza, y la Junta por autorizar el pago "sin contrastar absolutamente nada".

En un escrito entregado al juzgado de instrucción 6, el abogado de Albarracín afirma que Vitalia actuaba como "consultora", por lo que niega la acusación de que no estaba autorizada como correduría de seguros, según ha certificado la dirección general de Seguros.

Vitalia no entraba en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuando la empresa decidía desprenderse de trabajadores ni cuando negociaba las ayudas de la Administración, sino posteriormente, cuando ya estaba decidida la subvención, según la defensa.

Es entonces cuando llevaba a cabo los "cálculos actuariales" para calcular la prestación pública, el desempleo, las cotizaciones a la Seguridad Social o la pensión a cada prejubilado.

"La intervención de Vitalia en ningún caso es la de asegurar o correr el seguro, sino la de realizar los cálculos contables que luego se considerarán para cerrar la operación", añade.

En dicho escrito, el abogado de Albarracín pide el archivo de la causa respecto a su cliente, que la juez Mercedes Alaya ha rechazado porque otro imputado declaró hace dos semanas que este directivo le entregó en dos ocasiones sobres con dinero a modo de soborno para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta encarcelado desde el pasado 9 de marzo.

En el caso de Río Grande, la defensa afirma que el jefe comercial de Vitalia en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, se limitó a recoger los datos "y de manera inmediata enviarlos a las oficinas de Vitalia en Barcelona, que es donde realizan todas las operaciones".

"La información en ningún caso pasa por Madrid", oficina donde desarrollaba sus actividades Albarracín.

La defensa también niega la acusación de la juez de que Vitalia cobraba por su mediación hasta un 15 por ciento por encima de la media de mercado, ya que su empresa, "como consultora de previsión social, tan solo cobra sus honorarios conforme al servicio que presta, que es el cálculo actuarial".

Albarracín, que figura entre el medio centenar de imputados por la juez Alaya, ha sido acusado por el ERE para 13 personas en el restaurante sevillano Río Grande, donde fue incluida Carmen Fontela, una pensionista de 67 años que nunca trabajó en la empresa, y una amiga de la dueña que fue contratada tres meses antes de cumplir la edad de jubilación y seis meses antes del ERE.

Sobre Fontela, su escrito afirma que "está claro que aquí el responsable" de las irregularidades "es la empresa que firma por triplicado el certificado, la Junta que autoriza dicha persona y su coste, sin contrastar absolutamente nada, y las personas imputadas que la incluyen".

El imputado no tuvo nada que ver con los cobros de las compañías de seguros, pues se trataba de un trabajador por cuenta ajena que nunca percibió "a título personal comisión alguna en relación con las pólizas", afirma en otra parte de su escrito.

Además