viernes, 13 de abril de 2012

LA JUEZA DE ORIHUELA ARCHIVA CUATRO PIEZAS DEL "CASO BRUGAL" POR FALTA DE PRUEBAS

TRIBUNALES | En la trama de las basuras


Europa Press | Orihuela (Alicante)

La juez que instruye el 'caso Brugal' en Orihuela (Alicante), Ana Belén Cordero, ha archivado por falta de pruebas cuatro piezas derivadas del 'caso Brugal' relacionadas con supuestos pagos por parte del empresario Ángel Fenoll a alcaldes y a una serie de concejales de varios ayuntamientos de la comarca alicantina de la Vega Baja.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV), la magistrada ha cerrado, ante la falta de indicios, cuatro investigaciones abiertas en torno a unas supuestas cantidades de dinero entregadas por Fenoll a varios ediles de una serie de municipios del sur de Alicante para obtener presuntos tratos de favor.

En el marco de estas averiguaciones, la juez ha tomado declaración tanto al empresario, imputado por otras piezas relacionadas con el mismo caso, como a uno de sus hijos, al igual que ha requerido diversa documentación de los ayuntamientos investigados.

Igualmente, se han practicado una serie de comprobaciones patrimoniales de los implicados, todo lo cual ha llevado a la magistrada a concluir que no existían pruebas suficientes para continuar adelante con las citadas causas. El TSJCV ha subrayado que los ediles y alcaldes que han sido relacionados con estas piezas del 'caso Brugal' ya archivadas no están imputados.

"CASO NÓOS"; VELA ATRIBUYE A GERARDO CAMPS LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE CONTRATAR A URDANGARÍN

Jorge Vela tras prestar declaración. | Jordi Avellà
Exdirector general valenciano
Declara que no se reunió ni con Urdangarin ni con su socio, Diego Torres
El ex conseller balear Joan Flaquer declarará finalmente como testigo

Esteban Urreiztieta | Palma

El exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) y actual director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, ha atribuido a Gerardo Camps (ex vicepresidente económico y número dos del expresidente valenciano Francisco Camps) la responsabilidad técnica de la contratación del duque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Vela ha declarado poco más de una hora ante ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, por un supuesto desvío irregular de dinero público al Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin.

Durante su declaración, también ha asegurado que no se reunió ni con Urdangarin ni con Torres, en el marco de los dos convenios suscritos por él con la entidad investigada para la celebración del evento 'Valencia Summit' y que todo lo llevaban a cabo sus subordinados.

En esta línea, el encausado ha asegurado que nunca ordenó a la exdirectora de Gestión de CACSA, Elisa Maldonado, manipular un informe técnico para cubrir la apariencia de legalidad en el expediente de 2004 del Valencia Summit, tal y como postulan los investigadores, según recoge Europa Press.

Después de Vela ha comparecido ante el juez el exconseller balear de Turismo Joan Flaquer, cuyo departamento participó en una serie de contrataciones con el Instituto Nóos cuya legalidad está investigando la justicia.

El exdirector general de CACSA ha llegado a los juzgados de Palma antes de la hora fijada para su declaración, las 9.30 horas, pero el inicio de su comparecencia se ha demorado porque el juez tenía que resolver otros trabajos urgentes, por lo que los letrados personados en la causa han tenido que esperar 45 minutos, informa Efe.

El instructor del caso Palma Arena, titular del juzgado número 3 de la capital balear, también tiene previsto tomar declaración a partir del mediodía a Antonio Ballabriga, que trabajó con Urdangarin y su socio Diego Torres en el Instituto Nóos. Las tres declaraciones se grabarán en vídeo para agilizarlas, tal y como decidió el juez tras la comparecencia el pasado febrero durante dos días del marido de la infanta Cristina.

Aunque Flaquer estaba citado en principio como imputado, el juez aceptó ayer su petición de declarar en calidad de testigo, si bien los otros dos lo harán como imputados.

La Fiscalía indaga en esta pieza del Palma Arena varios delitos de corrupción y centra sus investigaciones en los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió Nóos entre 2004 y 2007, cuando lo presidió Urdangarin y Diego Torres, de los gobiernos balear y valenciano por organizar eventos relacionados con el deporte.

Además

"CASO PALMA ARENA"; RETIRAN A MATAS LA FIANZA DE 2,5 MILLONES QUE ABONÓ PARA ELUDIR SU INGRESO EN PRISIÓN

Jaume Matas en su 'palacete' de la calle Sant Feliu
El juez Castro
El juez considera 'que ya no se dan las condiciones para mantenerla'
La intención de Matas es ahora saldar la deuda con el Banco de Valencia
También se han retirado las medidas contra Pepote, Durán y Rodríguez

María J. García | Eduardo Colom | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado retirar al expresidente del Govern Jaume Matas la fianza de 2,5 millones de euros que había depositado para eludir su ingreso en prisión, si bien 500.000 euros se traspasarán a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma para cubrir su responsabilidad civil por la reciente sentencia condenatoria impuesta a Matas en su primer juicio por el caso Palma Arena. El juez considera "que ya no se dan las condiciones para mantenerla".

Así lo han informado fuentes del TSJIB, que han indicado que mediante un auto dictado este viernes el magistrado también ha decidido retirar las medidas cautelares que pesaban sobre el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exportavoz del PP en el Ayuntamiento Rafael Duran -una fianza de 15.000 euros- y otro de los primeros imputados en esta causa, el exjefe de obras del velódromo palmesano Miguel Ángel Rodríguez , al considerar que ya no se mantienen las condiciones por los que les fueron decretadas.

Se da la circunstancia de que recientemente la defensa del expresidente, ejercida por el abogado Antonio Alberca, presentó un escrito ante el juez para solicitar que le devolviera la fianza a cambio de entregarle sus inmuebles, entre ellos el conocido 'palacete' hasta cubrir la cantidad que le fue impuesta como caución -en su día por valor de tres millones de euros, posteriormente rebajada a 2,5 millones-, algo a lo que la propia Fiscalía Anticorrupción no se oponía.

En esta causa, el expresidente balear se encuentra desde marzo de 2010 bajo fianza de 2.500.000 euros y con las medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y obligación de comparecencia quincenal.

Saldar la deuda con el Banco de Valencia
Ahora, la intención de Matas pasa por saldar la deuda que mantiene con el Banco de Valencia a raíz del préstamo de tres millones que le dio para poder hacer frente a la fianza (de los cuales el exministro ya pagó 500.000 euros). Sin embargo, la cuestión no queda ahí zanjada, puesto que a los 2,5 millones que el imputado debe a la entidad acreedora, se suman cerca de un millón por los intereses del crédito y gastos procesales acumulados, por lo que el 'canje' únicamente se llevaría a cabo con el visto bueno del banco.

Para ello, el Banco de Valencia debería exigir cerca de 3,5 millones de euros al expresidente, por lo que de no pagar esta cantidad, la entidad bancaria -intervenida en la actualidad por el Banco de España, que por tanto también tendría que aceptar la operación- sacaría finalmente los bienes que tiene como garantía -el 'palacete', un inmueble de La Rambla y un local que posee en la calle Sant Miquel-, por haberle prestado el dinero para la fianza.

Se mantiene la subasta del 'palacete'
De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma mantiene en pie la fecha para la puja -el 25 de abril- y por el momento la entidad no ha solicitado ningún tipo de suspensión ni modificación al respecto, según han confirmado a Europa Press fuentes de la causa.

Fue en mayo del pasado año cuando el banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de treinta días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió. Al no ser devuelta la cantidad, la entidad solicitó al Juzgado que las fincas salieran a subasta pública.

"TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA ALAYA LE IMPONE AL EXDIRECTOR GENERAL DE TRABAJO UNA FIANZA DE 686 MILLONES

Javier Guerrero, con gafas oscuras, antes de su declaración ante la juez.
Javier Guerrero, encarcelado desde el sábado
La juez rechaza excluir a la Junta como acusación particular del caso
La cuantía proviene del monto total presuntamente defraudado
El instructor puede sumar hasta un tercio de esa cantidad total

S. Torres | A. Salvador | Agencias | Sevilla

La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 686 millones de euros al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el sábado pasado.

Se trata de una medida cautelar de carácter personal, sino real. Es decir, la juez Alaya ha impuesto esa medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión, decretada sin posibilidad de fianza, han precisado a Efe fuentes del caso.

La petición de la Fiscalía elevaba la fianza para Guerrero hasta 933 millones de euros. Finalmente, la juez le ha exigido 686 millones: 552,8 millones en los que cifra el dinero público defraudado hasta 2008 en que cesó como director general de Trabajo más el tercio adicional que impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La fianza por responsabilidad civil tiene como finalidad garantizar la devolución de los importes que, en el futuro, una sentencia pueda considerar que han sido defraudados y hacer frente a las eventuales multas que pudieran imponérsele a Guerrero, como presunto autor de los delitos continuados de malversación y fraude que le imputa la juez. Además, le imputa supuestos delitos continuados de prevaricación, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial.

En un auto notificado este viernes, la juez también ha rechazado expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso, como había pedido el abogado de Guerrero.

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