martes, 24 de abril de 2012

LA TRAMA GÜRTEL REGALÓ BOLSOS DE LUJO AL PP BALEAR A CAMBIO DE JUGOSOS CONTRATOS

Obsequios personales para Matas y su mujer

El partido trucó los procedimientos para conceder a la empresa Over Marketing adjudicaciones por valor de 3 millones de euros

MADRID
La Guardia Civil intervino en el registro practicado a la empresa Over Marketing en Madrid en junio de 2010, varias facturas de compras realizadas en joyerías y tiendas de ropa de lujo, según informa este martes 'El Mundo'. Los beneficiarios de estos bienes fueron altos cargos del Gobierno del PP balear que presidía Jaume Matas y que tramitaron contratos por un valor de 3 millones de euros a favor de una de las empresas pantalla de la trama Gürtel. Ese dinero servía posteriormente para financiar el partido de forma irregular en esa comunidad.

El empresario Daniel Mercado, perteneciente a Over Marketing, se encargaba de enviar regalos por valor de 2.000 euros a los políticos balaeares, desde bolsos de Loewe o Louis Vuitton para los mujeres a carteras del mismo importe y de la misma firma a los hombres.

Según fuentes de la investigación, el propio Mercado se encargaba de seleccionar a los destinatarios y de elegir los regalos personales para Matas y su mujer.

Pero no solo había regalos de lujo. Para los directores generales y algunas de las secretarias del Ejecutivo se escogían regalos de un importe inferior, como corbatas y billeteras de Carolina Herrera.

Además de estos obsequios, la Fiscalía Anticorrupción ha acreditado que Over Marketing también pagó gastos electorales del partido en las islas baleares. Todo esto a cambio de una serie de contratos recibidos de forma ilegal procedentes de nueve de las trece consejerías del Gobierno balear y de ocho ayuntamientos.

La Guardia Civil acusa ahora a los técnicos que tramitaron los contratos a Over Marketing de falsedad documental y fraude a la Administración, al trucar los procedimientos públicos para que siempre resultara siempre ganadora la empresa que pertenecía a Mercado. De la misma forma, ha pedido que sea imputado, además de los funcionarios, el dueño del grupo Over.

En el centro de esta investigación se sitúa el mayor contrato de todos los que recibió la empresa: el de la promoción del nuevo hospital de referencia de las islas Baleares, el centro Sos Espases, encargado a dedo a Mercado por un millón de euros.



"CASO PALMA ARENA"; LA AUDIENCIA DA A MATAS LA POSIBILIDAD DE SALVAR "EL PALACETE" DE LA SUBASTA

El juzgado nº10 tiene la última palabra
El Tribunal acepta sustituir la fianza de medio millón por las escrituras
El juez podría suspender la subasta prevista para este miércoles a las 10.30

María J. García | Eduardo Colom | Palma

La Audiencia Provincial de Palma permite al ex president recuperar el medio millón de euros en efectivo que le retiene como fianza penal a cambio de que deposite en la Sección Primera de este tribunal, el mismo que le condenó a seis años de prisión en el juicio de la primera pieza del caso Palma Arena, las escrituras de dos de sus propiedades: el palacete y el bajo comercial de la calle San Miguel. Según tasación, ambos inmuebles suman, 2,55 millones de euros.

La resolución será comunicada al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma para que adopte, si así lo considera, podría suspender la subasta prevista para este miércoles a las 10.30 horas, si bien la puja se mantiene a fecha de hoy en los términos previstos.

La resolución se produce a la vez que el Banco de Valencia recupera los dos millones de euros que el juez Castro convino hace unas semanas que fueran devueltos al banco (que en su día prestó los 3 millones de fianza al ex ministro).

La Audiencia atiende con su decisión la solicitud del abogado del ex ministro, Antonio Alberca, de devolución de la fianza a cambio de entregar los tres inmuebles hasta cubrir los 2,5 millones de caución que pesaban sobre él con el objetivo de saldar la deuda que mantiene con el banco.

El palacete de Palma, cuya subasta está prevista para mañana, es la principal vivienda que el ex presidente posee en la capital balear. Se trata de inmueble de 475,4 metros cuadrados y de estilo manierista, que está tasado en 1.650.000 euros, aunque no habrá precio de salida para poder pujar por el céntrico inmueble.

Además

"LA TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA CRITICA QUE FERNÁNDEZ PERMITIÓ ENRIQUECER "A UNOS" Y "EMPOBRECIÓ" LAS ARCAS PÚBLICAS

Auto de prisión sin fianza de Antonio Fernández
Alaya ordena encarcelarlo por la gravedad de los indicios contra Fernández
Cree que el ex consejero ideó, elaboró y dijo cómo aplicar las ayudas ilícitas
La juez investigará si las ayudas se dieron con criterios políticos o jurídicos
Critica su 'absoluto desprecio al Derecho prolongado en el tiempo'
Alaya reprocha que el ex consejero no haya hecho nada por reintegrar el dinero
También acusa al consejero de 'malversación continuada'

Europa Press | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, considera que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández "habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos", y todo ello "por la absoluta falta de control, autorizada, conocida y consentida" por el imputado.

Así lo afirma la juez en el auto de prisión, de 77 páginas, en el que justifica su decisión al entender que el imputado podría entorpecer la instrucción de la causa y que hay riesgo de fuga. Lo argumento porque, "pese a tener suficiente arraigo familiar y laboral, la gravedad" de los delitos y las penas "y los importantes indicios" existentes "podrían generar el más que lógico temor ante una eventual condena, riesgo que no se evitaría por dicho arraigo", pues al exconsejero, "dados los importantes cargos públicos que ha desempeñado, se le supone suficiente capacidad económica para dicha evasión".

"Lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar el cumplimiento de la Ley" en la Junta, dice el auto

Según la magistrada, "presuntamente" el ex consejero, además de "idear y elaborar" el convenio marco de 2001 que reguló las ayudas investigadas, fue quien "ordenó las directrices para la aplicación" del mismo, las cuales "impartió" en su propio despacho al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

"Estas directrices no se amparaban en normativa estatal ni de desarrollo reglamentario por parte de la Junta" sino que "eran criterios verbales que se manejaban en la Consejería y que sólo sabían las personas o cargos más cercanos a la Administración, de ahí que los beneficiarios tuvieran que tener estrecha relación con ellos", señala la juez.

Ésta justifica que la imputación de Fernández "se basa especialmente en el mantenimiento del procedimiento específico, en connivencia con otros, una vez conocidas por el inculpado las graves consecuencias que el mismo generaba en virtud" del informe de la Intervención General.

La juez asegura que Fernández mantuvo la concesión irregular de ayudas aun sabiendo "las graves consecuencias" de este método

Tras subrayar que "la política no puede ir contra la Ley y el Derecho, aunque sea avalada por los servicios técnicos y jurídicos de la Junta", la instructora dice que investigará "si en el asesoramiento que pudo recibir Fernández en toda su etapa como consejero por los servicios jurídicos" con relación al convenio marco "hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos".

En opinión de la magistrada, "que se trate de una implantación normalizada en el proceder de la Junta durante diez años no quiere decir que el procedimiento derivado del convenio sea conforme a Derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar el cumplimiento de la Ley", añadiendo que el abogado de Fernández "ha reconocido las excepciones y abusos más que aparentemente producidos" al amparo del convenio, "que podrían ser constitutivos de delito".

Según la instructora, "resulta difícil de creer que Fernández, como consejero y viceconsejero, no tenía el grado de conocimiento suficiente, siendo además formado en derecho, para adivinar la pregunta ilegalidad del procedimiento". Todo ello "sirve para justificar la presunta comisión de los delitos continuados de prevaricación por su actuación de absoluto desprecio al Derecho prolongada en el tiempo y de malversación continuada por consentir en virtud de dicha actuación que terceros hayan dispuesto ilegítimamente de fondos públicos".

Alaya afirma que los únicos "privilegios" de los beneficarios de las ayudas irregulares "procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz"

La magistrada pone de manifiesto que, durante el mandato de Fernández como viceconsejero y como consejero se concedieron en aplicación de este convenio 837 ayudas sociolaborales por valor de 395 millones y 294 ayudas directas a empresas por importe de 82 millones, las cuales "fueron otorgadas en su mayoría" por Guerrero y, "en menor medida", por su sucesor, Juan Márquez, "consintiendo el imputado, de manera indiciaria, la total y absoluta falta de competencia de aquellos para dichas concesiones".

Además, advierte que, y al no existir controles y estar las ayudas huérfanas del procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz", señala la juez, que imputa al ex consejero haber "omitido burdamente la normativa estatal y autonómica" y de manera "clamorosa" la normativa comunitaria de obligado cumplimiento.

Además, "y con total despreocupación por el destino del dinero público", el ex consejero "no ordenaría ni supervisaría" que se comprobara el fin dado a las ayudas por parte de los beneficiarios, "lo cual se ha traducido en que una buena parte de estas subvenciones encubiertas se hayan utilizado para el enriquecimiento personal de sus perceptores", extremo del que "fue conocedor y consentidor" el imputado, "quien no iniciaría ninguna actuación para el reintegro de los fondos ilegalmente percibidos".

Igualmente, la jueza que investiga los ERE fraudulentos dice en su auto que de la declaración del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández se deduciría que las ayudas del programa 31L, que la Junta "estaba repartiendo indiscriminadamente", no eran de "público conocimiento" para los ciudadanos.

Además