lunes, 7 de mayo de 2012

"CASO EMARSA"; UN CONTRATISTA DE EMARSA DICE QUE LAS FACTURAS NO COINCIDÍAN CON LOS TRABAJOS

José Alcácer, actual portavoz del PP en Albuixech


Efe | Valencia

El exadministrador de una empresa de transporte subcontratada por Emarsa y actual portavoz del PP en Albuixech (Valencia), José Alcácer, ha admitido ante el juez que las facturas del transporte de lodos no coincidían con los trabajos realizados para la gestora de la depuradora de Pinedo.

Alcácer ha comparecido como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia para responder sobre la supuesta facturación fraudulenta de su empresa y la de su mujer.

El edil es administrador único de Hispavas desde 2004 y hasta la actualidad, mercantil dedicada a la prestación de servicios de transporte de residuos orgánicos que facturó a Emarsa en 1998 y, posteriormente, a partir de 2010.

En ese periodo, de 1999 hasta 2010, facturó a Emarsa la sociedad que Alcácer creó con su mujer, Francisca Ruiz Sanjerónimo, que dio su nombre a la mercantil aunque permanecía bajo la dirección de su marido por motivos "fiscales", ha señalado.

Hispavas facturaría a Emarsa de 2005 a 2009 a través de Adobs Organics, que subcontrataba el transporte de lodos procedentes de la depuradora de Pinedo hasta las fincas agrícolas que Adobs le indicaba, aunque durante el primer año no habían suscrito ningún contrato, ha explicado ante el juez.

"En el transporte hay muchos trabajos en los que no se firma contrato", ha reconocido el concejal, que ahora trabaja en Pinedo para la UTE que gestiona actualmente la depuradora sin "ningún contrato firmado".

Anteriormente, Adobs había contratado a la empresa de Francisca Ruiz, ha apuntado Alcácer, que se puso en contacto por primera vez con esta mercantil a través del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta en mayo de 2005.

El empresario ha explicado que la razón por la que requirieron sus servicios fue que "la producción de lodos iba aumentando y que Emarsa no podía hacerse cargo de la gestión".

Según ha indicado, el lodo era transportado a eras de agricultores mediante "indicaciones verbales" de otro de los imputados en la causa, el ex responsable de Medio Ambiente en Emarsa Adolfo Polo, y que luego transportaba a determinados campos "mediante indicaciones" de un responsable de Adobs.

Preguntado sobre las incongruencias entre las facturas que se realizaban a Emarsa -en las que principalmente se reflejaban transportes de lodos a Moixent, Benguacil y Requena- y el resumen de lodos de la gestora de la depuradora de Pinedo durante varios años -que recogía muchos más municipios-, Alcácer ha explicado que en los recibos se aludía siempre al "esparcidor" del fango, no al destino.

Así, en el campo de Requena, el esparcidor siempre era A.O., y otro estaba asignado a la zona de Moixent, J. G.: "Se ponía el destino aproximado por zonas", y nunca el destino preciso, ha apuntado.

En 2010, el exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal llamó a Alcácer para indicarle que a partir de ese momento debería facturar directamente a la empresa gestora de la depuradora porque "era una tontería facturar a otra empresa", ha declarado.

Sobre cómo es posible que "Ayora sea campo de Moixent" dada la distancia entre ambos municipios, de 54 kilómetros, ha precisado que en este caso "tendría que haberse puesto al esparcidor que iba y no Moixent o Benaguacil".

Además

IMPUTAN A DOLÇA MULET EN EL "CASO BOMSAI" Y LA CITAN A DECLARAR EL 25 DE MAYO

CORRUPCIÓN | Mallorca


Europa Press | Palma

El juez instructor del caso Bomsai, Juan Catany, ha imputado a la exconsellera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, quien ha sido citada a declarar el próximo día 25 para ser interrogada en torno a las subvenciones que obtuvo de la anterior Conselleria el empresario Jaume Fluxà -quien estuvo afiliado a Unió Mallorquina (UM)- pese a estar declarado insolvente, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El magistrado ha acordado su encausamiento un año después de que así lo solicitase el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán tras la comparecencia que efectuó el empresario, quien admitió haber percibido subvenciones por valor de unos 54.000 euros de la Institución insular entre 2004 y 2006 a pesar de que no estar al día en el pago de sus deudas y en sus obligaciones tributarias, requisito imprescindible para acceder a las ayudas de la administración.

Es más, Fluxà manifestó que percibió estos pagos tras haberse entrevistado con la propia Mulet para que ésta apoyase las subvenciones. Tal y como precisó, en 2004 recibió una subvención de 24.000 euros del Consell y por la misma cantidad en 2005, mientras que en 2006 la Institución y el Ayuntamiento de Pollença otorgaron 6.000 euros a la organización de la Nit Niu, de la que Fluxà era impulsor a través de la empresa Puerto Pollença Leisure, que se encuentra inactiva.

De hecho, también han sido citados los dos hijos del empresario, quienes figuran como participantes a partes iguales en Puerto Pollença. En su caso, ambos han sido emplazados a declarar el 8 de junio.

Se trata de una de las líneas de investigación de esta causa, en el marco de la cual se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde el Govern a través de la empresa pública CAIB Patrimoni, durante el proceso de adjudicación para construir la nueva sede de la Conselleria de Salud y la del parque de bomberos.

En este contexto, las pesquisas apuntan a que la mercantil Atlas, que asesoró a CAIB en materia financiera y jurídica y confeccionó el pliego de condiciones que debía servir a la hora de efectuar las adjudicaciones, facturó de forma irregular a la UTE ganadora del concurso para la ejecución del parque de bomberos un total de 426.216 euros en concepto de honorarios de éxito, así como 142.848 euros a la concesionaria de la construcción de la Conselleria. Unos abonos que suponían el 1,8% del volumen de inversión de cada uno de los proyectos.

Los investigadores apuntan a la ilegalidad e improcedencia del pago de los honorarios de éxito con la finalidad de que fuesen abonados por el contratista, ya que estos abonos son incorporados por la UTE adjudicataria al coste del proyecto y, por tanto, sufragados directamente desde las arcas públicas. Es más, hacen referencia a una falta de proyecto y de presupuesto para efectuar estas contrataciones, al fraude de ley cometido, a la innecesariedad del gasto y a la desproporción en el precio del servicio.

Cabe recordar que entre las ocho personas que fueron detenidas en el marco de este procedimiento se encuentran el exdirector general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, el de Emergencias, Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y el exgerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, mientras que también está imputado el exconseller de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la magistrada sustituta Margarita Bosch decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

"CASO MALAYA"; LA EX ASESORA DE URBANISMO EN MARBELLA DICE QUE "ROCA PROPONÍA EL VOTO DE LOS EDILES"

Raquel Escobar durante su declaración en el juicio. | Cabanillas
Raquel Escobar
"Yagüe no entendía la terminología y se dejaba asesorar por Roca", asegura

José Carlos Villanueva | Málaga

«El señor Roca proponía en la mayoría de los casos el sentido del voto de los concejales». La frase es de la abogada Raquel Escobar, antigua asesora del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y ex mano derecha del principal acusado en el juicio por el caso 'Malaya'.

La testigo Escobar ha declarado este lunes fiel a su estilo, demostrado en comparecencias anteriores. Se trata de un testimonio claramente incriminatorio contra el que fuera su jefe directo. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción tiene depositadas grandes expectativas en su versión, para poder demostrar el poder decisorio del considerado cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí.

«Roca tenía absoluto conocimiento de todo lo que tuviera que ver con el urbanismo de Marbella», ha remachado la letrada. Acto seguido ha dejado claro el papel, testimonial, de la entonces alcaldesa marbellí, la gilista Marisol Yagüe: «Los conocimientos de ella eran nulos en urbanismo, no entendía la terminología y se dejaba asesorar por el señor Roca».

Escobar recaló en el Ayuntamiento de Marbella en el verano de 1999. Jesús Gil acababa de perder la presidencia de la Mancomunidad Occidental, donde ella era asesora jurídica de confianza, y la trasladó al cuartel general de Roca, la empresa municipal Planeamiento 2000 S.L.

Cuando ella llegó a Urbanismo las licencias de obras se concedían en base a la revisión del PGOU, aprobada por silencio administrativo, frente a la Junta de Andalucía, en el famoso pleno nocturno de agosto de 1998.

Frente a la reiterada versión de los ediles gilistas acusados, quienes apuntan a Escobar como la causante de sus imputaciones en delitos urbanísticos- por no informarles de irregularidades- ella ha declarado lo siguiente: «Ellos votaron en Pleno esa revisión del Plan, tanto en 1998 como en 2000», en alusión a que contravenían el PGOU de 1986 con conocimiento de causa.

Habla Escobar de una «decisión política» de Jesús Gil en cuanto a no emitir informes jurídicos sobre el PGOU del 86 a la hora de otorgar licencias.

No fue hasta 2003, con la revisión del PGOU del 98 invalidada por la Junta y los tribunales, cuando se empezaron a incluir informes jurídicos en todos los expedientes de licencias que iban a las comisiones de gobierno.

Roca conocía con antelación los asuntos urbanísticos que se iban a tratar en las juntas locales de gobierno, a las que él no asistía. El entonces asesor gilista tenía una «mayor intervención» cuando existía controversia en determinadas licencias, según Escobar.

Frente al argumento de los ediles del GIL sobre falta de información de Escobar hacia ellos la letrada ha sido clara: «Su interés era conocer si el proyecto se adecuaba a la revisión del 98, nunca al Plan del 86». Además, ha añadido, «no prestaban especial atención».

El grado de complicidad entre Escobar y Roca fue tal que las escuchas telefónicas detectaron cómo ambos se recreaban en provocar la imputación del funcionario Jorge González, en base a declaraciones del entonces gerente de urbanismo marbellí: «Eso lo tienes que hacer por mí», le dijo la abogada a su jefe: Ella ya había resultado imputada en sumarios por delitos urbanísticos.

Conviene recordar que gracias al testimonio de González, en el marco del sumario por la construcción del hotel Guadalpín Marbella, el juez Miguel Ángel Torres abrió las diligencias 4796/2005 que dieron lugar a la operación ‘Malaya’.

María José Lobera
Este lunes también ha prestado declaración la que fuera secretaria personal de Juan Antonio Roca, María José Lobera. A preguntas de la defensa del ex asesor marbellí la testigo ha dicho que «la sintonía del señor Roca con la Junta de Andalucía siempre fue buena».

De hecho, se han leído cartas ante el tribunal en las que Roca se dirigía al entonces delegado de Obras Públicas en Málaga, Carlos Morales, como «querido amigo». También otra misiva, dirigida a la ya ex consejera de Obras Públicas Josefina Cruz. En ella se daba cuenta de una querella retirada por Jesús Gil contra ella y el ex consejero Francisco Vallejo.

«Esperamos seamos capaces de entablar una nueva etapa de colaboración». De esta forma se despedía Roca de altos cargos de la Junta mencionados, tras desistir Gil de actuar contra ellos en los tribunales.

La ex secretaria personal también ha corroborado que numerosas y relevantes personas se interesaron por Roca al ingresar en prisión preventiva en abril de 2002, por el caso 'saqueo 1'. Uno de ellos fue el empresario y terrateniente murciano Ricardo Pérez Reales, habitual mecenas del PP de Marbella. «Si hace falta un talón de 100 millones de pesetas lo tengo ya», decía el militante popular para pagar la fianza de Roca, según Lobera. Él fue uno de los aportantes para reunir la cantidad de 450.000 euros que le permitió salir de prisión.

Además

PABLO CRESPO TRAS NEGARSE A DECLARAR EN LA AUDIENCIA: "NO SÉ QUÉ ES GÜRTEL

Pablo Crespo, rodeado de periodistas, tras salir de la Audiencia Nacional. | Bernardo Díez
JUSTICIA | 'Número 2' de la trama
'Creemos que el procedimiento no es limpio', asegura tras negarse a declarar
Considera 'absolutamente lamentable' que Correa siga en prisión

Europa Press | Madrid

El ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, ha asegurado desconocer "qué es Gürtel" tras negarse a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por las supuestas irregularidades en que se produjeron en la contratación de empresas por parte de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) durante la visita que el Papa realizó a Valencia en 2006.

"No tengo ni idea, no conozco qué es Gürtel. A mí si me habla de empresas, le puedo contestar pero no sé que es Gürtel", ha declarado Crespo al ser preguntado a su salida del juzgado si la trama de corrupción ofreció sobornos al ex director de la televisión pública valenciana Pedro García Gimeno para hacerse con estos contratos.

Crespo se ha negado a contestar a las preguntas del magistrado y las partes personadas en la causa alegando que "todo el mundo sabe que se han violado" los derechos de los imputados. "Creemos que el procedimiento no es limpio y no lo es desde un principio y esa es la razón por la que me he acogido a mi derecho a no declarar", ha dicho.
Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. | B. Díaz

El imputado, presunto 'número 2' de la trama Gürtel, también ha aprovechado la ocasión para considerar "absolutamente lamentable" que prosiga "el ensañamiento judicial y la prisión de Francisco Correa". "Es lo que les voy a decir cada vez que les vea", ha añadido.

Tanto Crespo como el presunto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, y el presunto líder de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', se han negado a declarar argumentando que la investigación debería ser invalidada debido a las escuchas en prisión con sus abogados que fueron autorizadas por el juez Baltasar Garzón y por las que el Tribunal Supremo condenó al magistrado 11 años de inhabilitación.

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