miércoles, 23 de mayo de 2012

EL JUEZ REACTIVA EL "CASO ORQUESTA" TRAS LA RATIFICACIÓN DE 28 IMPUTACIONES

CASO ORQUESTA
La fiscalía confirma los cargos contra los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Corcubión
El regidor socialista de Muxía, llamado a declarar como testigo

Paola Obelleiro A Coruña


No habrá sobreseimiento. Por el momento. Y casi 30 personas —cargos públicos, funcionarios, empleados municipales y constructores— continuarán imputadas en la Operación Orquesta, la trama de corrupción destapada por casualidad hace ya dos años y medio en la Costa da Morte. “No procede acordar en este momento procesal el sobreseimiento de la causa respecto de ninguno de los imputados”, resolvió la fiscalía en un informe de febrero pasado. Siguen en libertad provisional, acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, los alcaldes de Fisterra, José Manuel Traba, y de Mazaricos, José Manuel Santos, ambos del PP; el exregidor independiente de Cee Ramón Vigo, desbancado del cargo por una moción de censura en marzo pasado y que evitó la cárcel al pagar 29.000 euros de fianza; así como concejales de estos tres ayuntamientos, entre otros. El último imputado, ya a finales de septiembre de 2011, fue el alcalde de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema Fuentes.

Su homologo de Muxía y compañero de filas, Felix Porto, deberá declarar el 12 de junio, en calidad de testigo, ante el instructor del caso y titular del Juzgado número dos de Corcubión, Andrés Lago Louro. La secretaria municipal también está convocada para ese día. Con ambas citaciones se reactiva esta investigación judicial, tras desestimar la fiscal las alegaciones de uno de los imputados, Carlos Rey Paz. Funcionario del Juzgado de Paz de Muxía, está imputado al considerar el juez instructor por “posee, dirige y protagoniza su propia actividad defraudatoria”, al margen de los manejos de los demás implicados, como alcaldes y constructores.

Rey Paz, cuyos teléfonos fueron intervenidos a los largo de 2010, está acusado de “falsificar facturas para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta” de la Xunta. Actuaba en “clara connivencia con funcionarios de la Consellería de Cultura”, según un auto del juez. El propósito final era organizar festejos a través de asociaciones para buscar el reedito electoral del PP de Corcubión, según consta además en las citadas escuchas policiales.

Este funcionario de Muxía está también investigado por actuar como intermediario de otro de los principales encausados de esta trama de corrupción, el representante de orquestas Jorge López Lago. A cambio de comisiones en metálicos, Carlos Rey Paz se encargaba supuestamente de cobrar comisiones para que ayuntamientos de la comarca, como el de Muxía, contratasen los servicios del agente artístico y de las formaciones a las que representaba.

La fiscalía es tajante en su informe para desestimar las alegaciones de este funcionario contra su imputación por cohecho, tráfico de influencias y fraude de subvenciones públicas: “A poco que se haga una mínima aproximación al caso de Carlos Rey Paz, resultan numerosísimas las cuestiones a juzgar”. Cuando concluya, con un auto de procesamiento, el análisis de la abultada cantidad de documentación y conversaciones grabadas que recoge este sumario, reseña la fiscal, habrá que determinar si Rey Paz, además de autor del “cohecho pasivo que se investiga”, también es cooperador necesario o inductor de la comisión de ese delito.

La declaración como testigo del alcalde de Muxía ayudará a avanzar en la resolución de este punto concreto. Porto será interrogado sobre las sucesivas conversaciones grabadas entre Jorge López y Carlos Rey, entre febrero y mayo de 2010, en las que ambos hablan de la organización “de un fiestón en Muxía” y su pago. Incluye una comisión de 500 euros que el regidor, según dicen los dos imputados en las escuchas policiales, supuestamente hizo entregar “en un sobre para no andar con bancos ni transferencias” al funcionario por estas gestiones. Rey Paz incluso indica a su socio que “apalabre el 50% facturado y el 50% sin factura”.

La contratación de obras públicas, bajo sospecha
El meollo de la trama de corrupción investigada en la Costa da Morte está en las obras públicas concedidas la mayor parte del tiempo a dedo por alcaldes, previo amaño y posterior pago de sobornos, a Construcciones Ogando, una empresa de Muxía dirigida por padre e hijo, ambos entre los principales encausados del caso Orquesta. Las escuchas policiales a las que, durante un año, la policía sometió a los protagonistas de este entramado derivó en febrero de 2011 en la detención de los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Cee —ahora ya relevado—, sus ediles de Obras y los dos constructores mencionados.

La lista de implicados fue creciendo —suma ya 28 personas, incluidos los secretarios municipales de estos tres ayuntamientos— a medida que los investigadores fueron analizando los documentos intervenidos tanto en las sedes de estas corporaciones como en la oficina de los promotores Ogando. Allí fue donde la policía encontró papeles sobre dos obras localizadas en Corcubión que llevó al juez a imputar, siete meses después de aquellas detenciones, al propio regidor de este ayuntamiento. Lema Fuentes, primer socialista directamente implicado en esta trama, está acusado de tráfico de influencias y prevaricación.

El alcalde de Muxía de momento no está imputado. Pero también hay una obra contratada por este ayuntamiento a la empresa de los Ogando, por importe de 168.395 euros para acondicionar tres caminos, que también está bajo sospecha. La policía considera en su informe sobre documentos incautados a los constructores que, al igual que en Mazaricos, Cee y Fisterra, se le pudo dar a esas obras de Muxía “una aparente formalidad al procedimiento de contratación [negociado sin publicidad] de la obra decidida de antemano”.

Muchos de los amaños entre los alcaldes de la Costa da Morte y los constructores Ogando se resolvían durante comidas. En diciembre de 2010, por ejemplo, los dos empresarios del ladrillo organizaron una grande con políticos y funcionarios de la comarca. En su informe sobre el ágape, con reportaje fotográfico incluido, la policía no pudo acreditar la asistencia del alcalde de Muxía, que estaba invitado. Pero sí acudió la secretaria municipal, acompañada de su pareja.

EL JUEZ DEL TSJ MANTIENE LA IMPUTACIÓN AL EX ALCALDE DE TORREVIEJA POR PREVARICACIÓN

Hernández Mateo, durante una comparecencia en el TSJ. | Benito Pajares
TRIBUNALES | Por irregularidades en el contrato de las basuras



Alicante

El magistrado instructor de la sala Civil del Tribunal Superior de Justica, Juan Climent, ha concluido la instrucción abierta a consecuencia de una denuncia presentada contra Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado y ex alcalde Torrevieja, por supuestas irregularidades en el proceso de adjudiciación de un contrato de recogida de residuos sólidos.

El juez mantiene en su auto la imputación de Hernández Mateo por los supuestos delitos de prevaricación en la adjudicación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte y vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento del término municipal de Torrevieja. También mantiene la imputación por falsedad documental en la propuesta y en el Decreto de la adjudicación del contrato de consultoría.

Archiva, por otra parte, la imputación a Pilar García, oficial mayor del Ayuntamiento de Torrevieja y jefa de servicio de contratación. Ha llegado a esta decisión después de haber admitido las declaraciones testificales del Ministerio fiscal en las que se considera que Francés "carecía de capacidad de propuesta, de capacidad decisoria y al no haber quedado acreditada mínimamente su intervención en los hechos, más allá del cumplimiento de órdenes".

El magistrado de la Sala Civil ha dado traslado a las partes para que en diez días soliciten apertura de juicio oral o sobreseimiento.

BLASCO AL LÍDER DE LA TRAMA DE LAS ONG: "YO QUIERO ACABAR CONTIGO DE ALCALDE DE NUEVA YORK"

Rafael Blasco, portavoz parlamentario del PP valenciano. | José Cuéllar
CORRUPCIÓN | Fraude en las ayudas al tercer mundo
La Policía grabó una conversación con Tauroni antes de dejar la Conselleria
'Estate bien que va a salir todo muy bien', le dice Blasco al empresario

Rodrigo Terrasa | Valencia

El sumario que investiga la presunta trama para desviar el dinero de la Generalitat Valenciana para ayudas al tercer mundo hacia distintas empresas y ONG revela infinidad de conversaciones que comprometen al ex conseller de Solidaridad y actual portavoz parlamentario del PP valenciano.

La información publicada este miércoles por EL MUNDO revela la estrecha relación de Blasco con Augusto César Tauroni, señalado por la Policía como el 'cerebro' de la trama y el único imputado que sigue en prisión.

Prueba de su vínculo son las conversaciones que mantuvieron Blasco y Tauroni en los días previos a la salida del primero de la Conselleria que dirigía desde 2008. El 21 de junio de 2011, Francisco Camps, entonces presidente de la Generalitat, ejecutó una de sus mayores crisis de gobierno y relevó a Blasco de la cartera de Solidaridad y Ciudadanía.

Blasco, que había sido conseller en distintas dependencias desde 1983 y con todos los presidentes del gobierno valenciano, desde el socialista Joan Lerma al 'popular' Francisco Camps, se quedaba por primera vez sin responsabilidad en el Consell.

Apenas dos semanas antes de cesar como conseller, Rafael Blasco hablaba con Augusto César Tauroni. Le tranquilizaba sobre su futuro e incluso bromeaba con la posibilidad de acabar juntos en Nueva York- La Policía registró la siguiente conversación telefónica a las 19:59 horas del 8 de junio de 2011:

Augusto César Tauroni (A).- Hola

Rafael Blasco (R).- Hola, estate bien, ¿eh?

A.- No, si yo estoy bien. Bueno... (inteligible entre risas)

R.- No, pues no no, estate bien que va a salir todo muy bien. (ininteligible) ... con más tranquilidad, pero van a ir las cosas mejor que lo que lo teníamos. Lo que pasa solamente, pues es, los sacrificios que tiene que hacer uno de aguantar un rollo que es muy pesado pero a cambio tener otras cosas aseguradas, y yo creo que...

A.- Ya...

R.- Y yo creo que ese es un poco el tema. Y así, pues... Lo importante es resistir y...

A.- Mmm.

R.- ...y mantener el tipo, ¿eh¿ Y a ver, de momento, esto lo otro yo creo que va a ir exactamente bien ¿eh¿ Pero de momento, eso, sólo es una interlocución para que cualquier cambio no produzca efectos no deseados. Porque, lo de eso, es sencillamente lo digo, muy fuerte, ¿no? Es de efectos internos. Pero en fin... Ya sabes que yo quiero acabar en compañía tuya de alcalde de Nueva York y de comisario de...

A.- No, no, no. Alcalde no...

R.- risas

A.- (ininteligible) ... yo las calles no, por favor

R.- Ya está, pues nos haremos alguna cosa por ahí, no te preocupes.

A.- Venga un abrazo.

R.- Ya hablamos, un abrazo y gracias, ¿eh? Hasta luego.

Además

"CASO VOLTOR"; BUILS AFIRMA ANTE LA JUEZA QUE "JAMÁS" PACTÓ RÉDITOS PARA UM O PARA SÍ MISMO

Declaración ante el juez


ELMUNDO.es | Palma

El exconseller de Turismo Francesc Buils ha asegurado hoy a la jueza del caso Voltor que "jamás" pactó "con nadie" réditos para su partido, Unió Mallorquina (UM), ni para sí mismo, en referencia a las acusaciones de un imputado que afirmó que así lo hizo a cambio de abrir una cuenta con dinero público.

Buils ha declarado hoy ante la jueza Carmen Abrines, instructora de este caso de supuesto desvío de fondos desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) cuando este organismo dependía de la Conselleria del miembro de la extinta UM.

El exconseller ha respondido a las acusaciones del que fuera jefe del departamento económico del Inestur Álvaro Llompart, quien sostuvo esta semana ante la jueza que Buils y UM pactaron obtener comisiones y "prebendas" de la entidad Banif por abrir una cuenta ilegal en 2008 con dinero público.

"Jamás, en cualquier caso, pacté o hablé con nadie sobre réditos ni para el partido, ni para terceras personas, ni para mí. Ni con el señor Llompart ni con nadie", ha explicado Buils.

La Administración autonómica no podía legalmente abrir esa cuenta puesto que Banif no estaba dentro del acuerdo marco de bancos con el que podía contratar, un aspecto que Buils ha dicho desconocer en ese momento aunque Llompart aseguró que, una vez abierta, le comunicó la existencia de un informe de la Conselleria de Economía advirtiendo que era ilegal.

"Si Llompart dice que me informó, miente", ha asegurado al respecto.

Buils ha narrado que la idea de abrir la cuenta fue de Llompart, que también llevaba la contabilidad de UM, y ha explicado que en la operación participó el exportavoz de UM en el Consell Miquel Ángel Flaquer, pero no en representación del partido, sino como economista y "persona de más absoluta confianza" del exconseller.

Ha reconocido que mantuvo una reunión con los responsables de Banif -la división de banca privada del Grupo Santander- y con Llompart, pero ha apostillado que en ella no se habló de las condiciones de la cuenta, en la que se ingresaron 1,2 millones del Inestur y que finalmente no dio ningún interés a las arcas públicas.

Se siente 'traicionado'
Uno de los representantes de la entidad que participaron en la reunión es tío de Llompart, un hecho del que Buils ha dicho que se enteró por el sumario del caso y por el que se siente, ha apuntado, "traicionado".

Buils ha explicado que tiene una hipoteca y varias cuentas en el Banco Santander, una entidad que, según Llompart, le prometió beneficios en "hipotecas personales y condiciones de las mismas".

El exconseller ha insistido en que Flaquer no llevó las negociaciones del tema, sino que fue Llompart, en quien él confió porque "no tenía por qué dudar de él".

Finalmente, Buils ha asegurado que en el tiempo que estuvo en la Conselleria de Turismo de máximo responsable "nadie" le dijo que el dinero público no se podía invertir en una entidad privada.

La cuenta que centra esta pieza del caso Voltor la cerró el sucesor de Buils en la Conselleria y compañero del partido extinto, Miquel Nadal, y nunca generó intereses, algo que Llompart atribuyó a que no se llegó a ingresar la cantidad pactada con el banco, de 4 millones de euros.

"OPERACIÓN ALMEXIA"; TRES IMPUTADOS DECLARAN EN EL CASO DE IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS EN ALMOGÍA

Petición de la Fiscalía


Europa Press | Málaga

El Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga ha tomado declaración este miércoles a tres imputados en el caso en el que se investigan presuntas irregularidades urbanísticas en la localidad malagueña de Almogía y en el que hay imputados funcionarios municipales, promotores y el alcalde, Cristóbal Torreblanca.

Según han confirmado fuentes judiciales, de las tres personas que han declarado este miércoles como imputadas, dos lo hacen por primera vez, como son un policía local y un promotor. Para este jueves, está previsto que comparezcan, también como imputadas, otras cuatro personas, todas particulares solicitantes de licencias.

Estas declaraciones se producen tras pedirlo la Fiscalía y una vez que la Junta de Andalucía ha presentado los informes solicitados para analizar, según han dicho a Europa Press las fuentes, determinadas licencias urbanísticas investigadas, la clasificación y calificación del suelo, obras proyectadas y si éstas son legalizables.

Agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo en octubre de 2099 el registro del Ayuntamiento de Almogía y de la Casa de la Cultura, donde se encontraba documentación relativa a los expedientes de obras. En esta causa se investigan fundamentalmente delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.

En concreto, en estas diligencias se investigan licencias urbanísticas en hábitat rural y diseminado y también determinados permisos de obras expedidos para reforma de viviendas, así como los informes emitidos por la Policía Local respecto la antigüedad de las construcciones.

El alcalde está imputado por delitos de falsedad en documento público y prevaricación urbanística. Además, también se imputó al que era delegado de Obras, que sigue en la Corporación municipal, y al que era concejal de Urbanismo, así como al secretario municipal, a al menos dos policías locales y a funcionarios.

Además

LA ÚLTIMA DETENIDA EN LA OPERACIÓN DE CASARES PAGA LA FIANZA DE 70.000 EUROS


CORRUPCIÓN | Imputada por blanqueo y pertenencia a organización criminal


Europa Press | Málaga

La última detenida en la presunta trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística que se investiga en el municipio malagueño de Casares, que el pasado viernes pasó a disposición judicial y para la que el juez impuso prisión eludible bajo fianza de 70.000 euros, ha abonado esta semana la cuantía determinada.

El Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 2 de Estepona (Málaga), que se encarga del caso declarado secreto, le imputa los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las otras dos personas que también debían abonar esta semana la fianza, aún no lo han hecho. Por un lado, a A.C., imputada por blanqueo de capitales y relación con organización criminal, se le impuso una fianza de 100.000 euros, teniendo de plazo, en un primer momento, hasta el pasado viernes para pagarlos.

Sin embargo, el juez le prorrogó el tiempo para depositar la fianza hasta este jueves, día 24. Además, le mantuvo las mismas medidas cautelares, por lo que debería acudir todos los días al juzgado y no podría abandonar el país.

La otra persona que tiene que pagar la fianza esta semana está imputada por los delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal. A ésta se le impuso una cantidad de 50.000 euros, teniendo de plazo para efectuar el pago hasta este viernes, día 25.

El juzgado investiga desde finales de 2010 una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística, supuestamente relacionada con organizaciones criminales, y centrada fundamentalmente en el proyecto denominado Majestic. En total, por el momento son 11 las personas imputadas, de las que siete fueron detenidas y el resto se les citó como imputadas.

Entre los detenidos se encontraba el ex alcalde de Casares Juan Sánchez, acusado de los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. Sánchez, que actualmente era edil de Vivienda y Relaciones Institucionales, ha renunciado al cargo este miércoles.

DIMITE COMO EDIL EL EX ALCALDE DE CASARES ACUSADO DE COLABORAR CON MAFIA RUSA


CORRUPCIÓN | Concejal de Vivienda y Relaciones Institucionales
Cree que será lo mejor para el pueblo, para el Ayuntamiento y para IU

Efe | Málaga

El ex alcalde de Casares Juan Sánchez, que el pasado viernes salió de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre donde estuvo tras ser acusado, entre otros delitos, de colaborar con la mafia rusa, ha presentado su dimisión como concejal de Vivienda y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento.

Fuentes de Izquierda Unida, formación a la que pertenecía hasta que fue detenido por la Guardia Civil el pasado 14 de mayo, han informado este miércoles a Efe de su renuncia.

En su carta de dimisión, Sánchez agradece "públicamente todos los gestos de apoyo, solidaridad y confianza que he recibido durante estos días de mis vecinos y vecinas". Dice que toma esta decisión "convencido que será lo mejor para mi pueblo, para su Ayuntamiento y para mi organización, los tres pilares que han marcado mi trabajo durante toda mi vida".

Juan Sánchez asegura que tiene "la conciencia limpia sabiendo que mi único cometido ha sido siempre trabajar por y para mi pueblo", que "acata el Código Ético de Izquierda Unida" y que "no voy a realizar ningún tipo de declaraciones ya que no quiero interferir en el trabajo de la justicia".

La dirección provincial de IULV-CA ha querido hacer público su "agradecimiento" por esta actitud, ya que Sánchez aplica el código ético y lo califica como "herramienta que diferencia a nuestra organización y que nos hace ir por el camino de la coherencia, sobreponiendo lo común a lo personal".

Sánchez abandonó la cárcel tras depositar su abogado la fianza de 200.000 euros que le impuso el juez que instruye el caso de blanqueo de capitales en la Costa del Sol relacionado con la mafia rusa que coordina la Fiscalía Anticorrupción.

En la operación se bloquearon 236 casas, 165 cuentas de 19 bancos y 19 vehículos y el juez decretó para el exalcalde prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros por los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales.

TRAMA DE LOS ERE; LA JUEZA ALAYA IMPONE UNA FIANZA DE 807 MILLONES AL EX CONSEJERO DE EMPLEO ANTONIO FERNÁNDEZ

El ex consejero Antonio Fernández, el día que ingresó en prisión. | Jesús Morón
Por responsabilidad civil
La fianza supera en 121 millones a la que se impuso a Javier Guerrero
El ex consejero de Empleo es uno de los imputados en la causa que está preso
La Audiencia estudia el recurso de Fernández pidiendo su excarcelación

Antonio Salvador / Sebastián Torres | Sevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La cuantía de la fianza a Fernández, que ha sido notificada este míércoles a las partes, es ligeramente inferior a la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, que la cifraron en 890 millones de euros.

Esta cantidad está calculada para cubrir la eventual responsabilidad civil de Fernández, a quien la juez considera "artífice" del sistema de ayudas investigado, y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras cuatro días de declaraciones.

Fernández se encuentra en prisión preventiva desde el 24 de abril, imputado de seis delitos: cuatro continuados de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación de fondos y obtención indebida de subvenciones, además de cohecho y falsedad en documento mercantil.

El que fue consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010 fue uno de los dos firmantes del convenio marco del 17 de julio de 2001 que permitía disponer del dinero para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas supuestamente en crisis de forma arbitraria y sin transparencia.

Por este convenio se creó la famosa partida 31.L, bautizada por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero como "fondo de reptiles" en su declaración ante la Policía Nacional en diciembre de 2010.

La fianza por responsabilidad civil impuesta por la instructora del caso de los ERE al ex consejero Antonio Fernández supera en unos 121 millones de euros la fijada para Guerrero, en prisión desde el pasado 10 de marzo. Además de Guerrero y Fernández, también se encuentra en prisión preventiva por orden de la juez Alaya el que fuera chófer del ex director general, Juan Francisco Trujillo Blanco.

El auto por el que la magistrada impone fianza al antiguo consejero de Empleo -que lo fue con José Antonio Griñán al frente de la Junta- se conoce mientras la Audiencia de Sevilla ha de dilucidar el recurso interpuesto por el abogado de Fernández, en el que solicita su excarcelación.

Embargos a 17 imputados
Asimismo, la juez Alaya ha decretado el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de 17 imputados en la causa, destacando el caso del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para quien ordena el embargo de cinco cuentas y de sus bienes a fin de cubrir los 686.190.686,36 euros que le impuso como fianza de responsabilidad civil.

Además